Tras la celebración del último Consejo de Ministros del año, en el que se aplazó la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Gobierno ha vuelto a insistir, un día después del anuncio, en que «no renuncia en absoluto» a subir las pensiones, pero considera «razonable» posponer la aplicación hasta que haya Ejecutivo.
En este sentido, el Ejecutivo en funciones se reafirma en el incremento del 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero. «Estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación hasta que el Ejecutivo se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa», ha explicado el Ejecutivo.
El Gobierno ha remarcado que la revalorización de pensiones es una «prioridad» para el Gobierno y una cuestión de «máxima relevancia» para los pensionistas, como derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Por eso, ha asegurado que cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020.
Además, desde el Ejecutivo han recordado que en 2019 «todas las pensiones han ganado poder adquisitivo» dado que la variación media del Índice de Precios al Consumo (IPC) a lo largo del año va a resultar inferior a la revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las cuantías mínimas establecida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
El Gobierno ha explicado que mantiene la suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada de forma unilateral por el PP, porque ha sido una medida «ampliamente» cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo. Según el Ejecutivo, no ha sido aplicada en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización «que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas».
Por otra parte, una subida mínima del 0,25% obligaría a duplicar los procesos informáticos, así como el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el consiguiente incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema, ha detallado el Gobierno.
MEDIDAS DE GRAN INTERÉS SOCIAL
Durante su habitual comparecencia ante la prensa, tras la celebración del citado Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reconocido que tanto la subida de las pensiones como del salario mínimo tiene «mucho interés social» y ha asegurado que espera que haya una respuesta práctica en ambas materias en beneficio de la gente «muy pronto».
«El compromiso del Gobierno fue la subida de las pensiones en relación con el IPC y este es el 0,9% y, en relación con el SMI, en nuestra propuesta electoral se incluye la subida de este al 60% del salario medio en España, como indica la carta social europea, en una legislatura», ha dejado claro Celaá.
En esta línea, ha indicado que en 2020 el SMI se ajustará atendiendo a la conversación con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, y «redundará en el beneficio de la gente como en otras ocasiones. Además, ha señalado que la subida del salario mínimo también se aplicará de manera retroactiva.
El Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma y que afecta a unas 26.000 personas.
Por otro parte, la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones hasta el 31 de diciembre de 2019 «no ha sido suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría en los trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada, sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones».
En un comunicado, el Gobierno ha afirmado que, por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad, se hace su extensión hasta el final de 2020.
También se prorrogan algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, «dado el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019».
