El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) está incrementando su poder en la toma de decisiones de la empresa pública Correos y Telégrafos, hasta el punto de que ha convencido al nuevo presidente –ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y sin ningún tipo de experiencia en el sector postal– de que es necesario aumentar el gasto en personal aunque los números rojos no dejen de crecer año tras año. El pacto laboral alcanzado con la compañía, dependiente de la estatal SEPI, generará un coste adicional de 150 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar las pérdidas de 178 millones contabilizadas por la empresa pública en 2018.
Así lo confirman fuentes del sector postal que trabajan en el departamento financiero de una de las múltiples empresas privadas que compiten con Correos y que le reclaman una estrategia financiera con criterios de mercado para que no exista competencia desleal. Tras la llegada de Juan Manuel Serrano a la presidencia se ha recuperado la sintonía entre los representantes laborales y la dirección, dando luz verde a un ambicioso plan de expansión del gasto a pesar de desconocer cuáles serán sus ingresos en los próximos años. Todo depende de la partida destinada a la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), cuyo cálculo Bruselas ha puesto en cuarentena.
De momento, Serrano ha anunciado que en el primer trimestre Correos ha logrado beneficios por primera vez en los últimos ocho años –de 15,2 millones de euros– en un periodo marcado por el crecimiento de doble dígito en el área de paquetería y a falta de contabilizar los ingresos derivados de la vorágine electoral. Sin embargo, el presidente admite que en el conjunto del ejercicio Correos no será capaz de ganar dinero. En concreto, el plan presupuestario contempla unas pérdidas de 15 millones de euros en 2019, que se suman a los números rojos de 320 millones de euros contabilizados en los cuatro años anteriores.
Y es en este contexto en el que Correos ha alcanzado un acuerdo plurianual hasta 2020 en el que se incluye la consolidación de 11.200 puestos de trabajo, de los cuales Serrano ya ha anunciado 4.055 plazas fijas para labores de reparto atención al cliente y clasificación. Se pretende con ello reducir la temporalidad –que ronda el 30% de los contratos– aunque el verdadero problema laboral que tiene la empresa se encuentra en el elevado absentismo.
“El acuerdo no contempla incrementos de plantilla sino reducción de la temporalidad. Las convocatorias de empleo van encaminadas a la conversión de empleo temporal en fijo, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio postal público prestado a los ciudadanos”, indica a MERCA2 un portavoz oficial de CCOO tras afirmar que ninguno de estos puestos de trabajo afecta a Correos Express, empresa mercantil que –junto con Nexea Gestión Documental y Correos Telecom, pertenecen al grupo estatal.
El sindicato coincide con Serrano en que la viabilidad financiera de Correos se debe lograr con un aumento del dinero público que ingresa la compañía por la prestación del SPU, pasando de los 120 millones de euros aportados por el Estado en 2018 a unos 270 millones de euros, que es la cifra que CCOO considera que bastaría para financiarlo. Sin embargo, las autoridades europeas llevan años cuestionando el modelo y, lejos de incrementar los fondos, ha obligado a la compañía a devolver 167 millones de euros correspondientes a ayudas ilegales de Estado concedidas desde 2004 a 2010 precisamente con la excusa de financiar el SPU.
LA AUTORIDAD FISCAL PIDE CIERRES Y DESPIDOS
Y, en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ultima las conclusiones de un profundo análisis sobre las subvenciones que recibe Correos cuyo resultado temen tanto la presidencia de la empresa como los sindicatos.
Según la versión preliminar del documento que ya está sobre la mesa del Gobierno, es urgente acometer “un plan de eficiencia a corto plazo que reduzca la pérdida operativa y la necesidad de contraprestación» de dinero público. Entre las recomendaciones el organismo que dirige José Luis Escrivá apunta a la necesidad de reducir la plantilla, cerrar oficinas y reconsiderar toda su estrategia comercial.
“Aunque el debate político se haya centrado en la polémica por el cambio de logotipo y el coste que supone para las arcas públicas lo importante es que tras unos años de cierta contención en el gasto se ha retomado la senda del despilfarro. Modificar la identidad corporativa pagando cientos de miles de euros es un síntoma de cómo se hacen las cosas en Correos”, indican las fuentes empresariales consultadas por este diario.
EL CAMBIO DE LOGOTIPO INDIGNA A LAS EMPRESAS
Por su parte, la patronal española de logística y transporte, UNO, denuncia también que Correos «malgaste recursos en cambiar su logotipo teniendo en cuenta que es una empresa con un déficit declarado de, al menos, 178 millones de euros». Así lo indica el presidente de la organización y vicepresidente de CEIM, Francisco Aranda, quien considera «indignante que se malgaste el dinero público en cambiar logotipos de empresas teniendo en cuenta la situación de nuestras cuentas públicas y las necesidades de nuestro Estado de Bienestar”.
Asimismo, el presidente de UNO expone que “los ciudadanos tenemos el derecho de conocer tanto el coste del cambio de diseño de Correos como el de aplicar la nueva identidad corporativa en los más de 300 millones de logotipos, junto con el de la campaña de publicidad que llevará aparejada”.
Para el líder de las empresas de logística y transporte, «resulta vergonzoso que una empresa, que ya ha sido multada por Europa por hacer competencia desleal, dedique fondos de los contribuyentes a cambiar su logotipo.
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN CORREOS EXPRESS
Otro de los elementos que generan quejas por parte de los empresarios que se dedican a la actividad de la paquetería en el mismo segmento de Correos Express es el uso indiscriminado de trabajadores autónomos para realizar las entregas. Preguntado por esta cuestión el portavoz oficial de CCOO, recuerda que “la figura del trabajador por cuenta propia no es ilegal” y defiende su uso por parte de la compañía.
“Tanto en Correos Express, sociedad mercantil sujeta al derecho privado y diferenciada de Sociedad pública Estatal Correos y Telégrafos, como el resto de las paqueteras, normalmente tiene transporte contratado con autónomos. Si es eso a lo que se hace referencia, todo el sector realiza esa práctica. Si se refiriera a otros supuestos, se deberían detallar para ver y analizar la legalidad de la figura utilizada”, apunta.
La clave para conocer si se trata de falsos autónomos, o de empleados por cuenta propia que realizan su actividad dentro de la legalidad, está en analizar cada subcontrata que realiza servicios para Correos Express. La empresa saca a concurso periódicamente contratos que acaban consiguiendo terceras empresas que son, al fin y al cabo, quienes tienen en nómina –o no– a los trabajadores.
Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de comunicación de Correos para conocer su valoración de la situación económica y laboral pero han preferido no realizar declaraciones.
