Retrasos, máquinas averiadas, suciedad, autobuses quemados… todo ello patrocinado por el Consorcio de Transportes y por un módico precio de 1.000 euros anuales. Esta es la cantidad aproximada que gasta un ciudadano del extrarradio en el transporte público para llegar a Madrid. Un agujero en la cuenta de corriente de unos empleados a los que en muchas ocasiones les es más rentable optar por el vehículo privado.
En la Comunidad de Madrid, o eres menor de 26 años o tienes un déficit de entre 54 y 82 euros cada mes, gracias a la gestión del Consorcio de Transportes. Cuando se traspasa la frontera que marca la juventud del usuario -según criterios de la Comunidad de Madrid-, éste entra en una espiral de gasto por utilizar cada día el transporte público.
Los más afectados por la «estafa» -así lo denominan muchos damnificados por esta situación- son los trabajadores que tiene su lugar de residencia en los municipios del extrarradio de la capital. Para ellos, un abono mensual para utilizar el transporte público oscila entre los 72 y los 82 euros, dependiendo del tipo (B2 o B3). Es decir, estos empleados realizarán un desembolso de entre 864 y 984 euros al año. Casi 1.000 euros por ir a trabajar y volver a su vivienda. Pero tranquilidad, cuando sea un jubilado, miembro de la tercera edad y ya no le haga falta ir a Madrid, el usuario sólo pagara 12,30 euros al cada 30 días, o lo que es lo mismo, 147,6 euros cada 12 meses.
Este elevado precio impuesto por el Consorcio de Transporte -que depende de manera directa de la Comunidad de Madrid- contrasta con las políticas de la administración que buscan una menor utilización del vehículo privado. Una incongruencia que empuja a los usuarios a utilizar su coche para ir a trabajar, antes que elegir el transporte público. Esta situación genera más contaminación, contra la que se supone que lucha la Administración. 
Tarifas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid-Los detractores del vehículo privado critican a los que lo escogen para ir a trabajar por su comodidad. Pero la realidad es que el confort no es el único motivo para utilizar el coche. El bolsillo es otra razón de peso. Porque hay ciudadanos a los que le cuesta lo mismo o incluso menos llenar su depósito de gasolina que pagar el abono transporte mensual.
Por ejemplo, un trabajador del Corredor del Henares con un coche diésel gastaría 58,50 euros al mes -contando con cinco días laborales- en llegar a Madrid, según un cálculo realizado por la página Dieselgasolina.com. Es decir, 702 euros al año y cerca de 200 euros menos que el transporte público. Evidentemente, la cifra de gasto no es exacta porque depende del combustible, del vehículo, del motor… Pero las oscilaciones no son tan grandes como decantar la balanza hacia el transporte público como medio más económico, ni mucho menos.
Pero el precio no es el único inconveniente que encuentran los trabajadores del extrarradio para llegar a la capital. De hecho, la gran mayoría de los críticos con el precio estarían de acuerdo en pagar hasta 82 euros al mes si la calidad del servicio se correspondiera con el mismo. Circunstancia que no se produce a tenor de la multitud de quejas que acumula el Metro de Madrid, Renfe Cercanías y los autobuses interubanos.
Los mayores lamentos de los usuarios guardan relación con los retrasos. En este apartado, Cercanías gana por goleada a sus compañeros de viaje -nunca mejor dicho-. Raro es el día que este servicio no acumule demoras en al menos unas de sus líneas. Los motivos son muy dispares, desde la avería de un coche a un arrollamiento, pasando por las habituales «causas ajenas». «Es imposible calcular el tiempo exacto para llegar a la hora a tu trabajo», afirma un trabajador que reside en Álcalá de Henares.
El Metro de Madrid tampoco se libra de los retrasos. El transporte que «volaba» -según rezaba su eslogan- ya no lo hace. En las redes sociales hay cuentas específicas para denunciar el tiempo de espera que sufren los madrileños en los andenes del suburbano. Tiempos que en hora punta han alcanzado los ocho minutos en líneas tan transitadas como la 6 o la 9.
Otro motivo de descontento es el estado de las infraestructuras. En este punto, tanto Metro de Madrid como Cercanías son señaladas por igual. Escaleras rotas, coches averiados, estaciones obsoletas o baños inservibles, son sólo algunos de los ejemplos de los usuarios en esta materia.
LOS AUTOBUSES NO SE LIBRAN DE LAS CRÍTICAS
Hasta aquí lo relacionado con vías, pero el transporte por carretera tampoco se libra de las iras de los trabajadores de las afueras de la capital. En este sentido, más que los retrasos -que los hay- las quejas se centran en la cadencia y el número de autobuses dependiendo del municipio del que se trate y de la falta de carriles bus vao. En este horizonte aparecen de nuevo los ciudadanos del Corredor del Henares como los más agraviados. «Para tragarme media hora de atasco en el autobús, lo hago en mi coche, con mi música y con mayor comodidad», esgrime un empleado de Torrejón de Ardoz que trabaja en Sanchinarro. El mismo ciudadano afirma que la implantación de este carril bus vao sí transformaría su manera de llegar al trabajo, porque «ahorraría mucho tiempo».
En cuanto a la antigüedad de los coches, tanto los interurbanos como la EMT tienen un grave problema. Aunque son los segundos los que mayores portadas han acaparado con autobuses envueltos en llamas en mitad de la capital.
82 EUROS AL MES POR CORRER PELIGRO DE MORIR QUEMADO
Al final, el trabajador pone en la balanza los pros y los contras de utilizar el vehículo privado o el transporte público y sin lugar a duda vence el primero. Los empleados del extrarradio no ven con buenos ojos destinar casi 1.000 euros al año por un servicio caro, sucio, impuntual y en el que corre peligro de morir quemado. La Administración ha de revisar precios, condiciones e infraestructuras del transporte público, antes de lanzar mensajes eco friendlies sin ninguna actuación detrás que lo respalde.
