El Ministerio de Hacienda presentará en las próximas semanas un proyecto de ley para modificar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el que los contribuyentes que vendan su vivienda por menos valor del que lo compraron, no tendrán que reclamar ante su Ayuntamiento por el impuesto de plusvalía. Llana Consultores informa de las novedades que a partir del próximo verano se incluirán en dicha reforma
Tras ser anulado por el Tribunal Constitucional el pago a los Ayuntamientos del impuesto de plusvalía, para aquellos contribuyentes que hayan vendido sus inmuebles con pérdidas, el Gobierno ultima la presentación de un proyecto de ley que modifica el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Por lo tanto, a partir del próximo verano, los ciudadanos que vendan su vivienda por menos valor del que lo compraron, no tendrán que reclamar ante el Consistorio por dicho impuesto.
Sin embargo, tal y como informa La Asesoría Fiscal Llana Consultores, se trata de una medida que no tiene carácter retroactivo, por lo que se obliga al ciudadano a que aporte pruebas para demostrar que efectivamente ha perdido dinero tras vender el inmueble muy por debajo de su valor de compra. En este sentido, el texto legal establece que para estar exento de este tributo, el contribuyente deberá mostrar las escrituras de compraventa o de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, es decir, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Por tanto, según explica la Asesoría en Gijón Llana Consultores, en próximas fechas, el Ministerio de Hacienda dará a conocer las novedades respecto a la modificación de dicho Impuesto de Plusvalía, que se resumiría en que: los contribuyentes que hayan vendido el inmueble en pérdidas en los últimos meses y ya hayan recurrido deberán seguir con el procedimiento administrativo o judicial, según la vía escogida, porque la norma no tendrá carácter retroactivo.
Otra de las nuevas medidas que incluirá la normativa consiste en la aprobación de unos coeficientes, en función del número de años transcurridos desde la adquisición, con un máximo de 20, que servirán para determinar la revalorización del inmueble en función del mercado. Estos coeficientes serán actualizados anualmente por Hacienda para ajustarlos a la evolución del sector.
Estas modificaciones, que se van a presentar próximamente en el nuevo proyecto le ley, pretenden convertirse más adelante, según explica el Gobierno, en una reforma de la financiación local mucho más ambiciosa, donde se prevé reformar el sistema fiscal municipal en profundidad.
Fuente Comunicae
