A última hora de la noche del sábado el Tribunal Constitucional adoptó una decisión salomónica: rechazar la suspensión del Pleno de Investidura a celebrar hoy a las tres de la tarde pero; y al mismo tiempo advertir al Parlament de que la investidura tiene que ser presencial, no a distancia, y autorizada por el juez Llarena. De ese modo, el Gobierno lograba respirar después de ocho horas de incertidumbre, pese a que la decisión implicaba un cierto revés.
Lo que pase, ahora mismo, es una incógnita. Pero el hecho de que el TC no suspendiera el Pleno no deja de ser una mala noticia para Soraya Sáenz de Santamaría, la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno que ha asumido de manera personal la batalla contra ese Pleno de Investidura intentando que el Tribunal Constitucional cometiera una auténtica anomalía democrática: suspender la celebración de un pleno en un parlamento democráticamente constituido.
Que estas cosas las hagan los independentistas, que han demostrado hasta ahora no tener ningún respeto por las normas que rigen un Estado de Derecho, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Pero que sea el Gobierno de España el que pretenda subvertir la democracia reclamando una actuación preventiva de la Justicia, eso tiene una lectura mucho más grave: el Gobierno colocó a los magistrados del Tribunal Constitucional en una situación extraordinariamente difícil.
Hasta este sabado el TC siempre se había mostrado unánime en la respuesta al desafío catalán, de ahí que también quisieran ofrecer esa misma imagen de unidad, razón de esa sentencia salomónica que no da la razón al Gobierno pero, tampoco, a los independentistas. Y esto es un problema porque deja abiertas todas las puertas a cualquier posibilidad, incluida la de que Puigdemont sea investido de alguna manera. Difícil, pero no imposible. Incluida la posibilidad de la desobediencia.
Y esto debería tener alguna consecuencia política. Que al final Puigdemont no logre ser investido, será una buena noticia. Pero que haya conseguido tener en un puño a todo el Gobierno de la décima potencia del mundo, sólo puede ser la consecuencia de los muchos errores que ese Gobierno ha venido cometiendo en su respuesta al desafío soberanista. Pero, ¿alguien asumirá la responsabilidad? Francamente, no lo creo, y no por eso deja de ser enorme.
