Los distritos y barrios de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), Aravaca (Madrid) y Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón) son las zonas que registraron en 2022 las mayores rentas brutas medias declaradas de toda España.

Así se desprende de la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los mayores municipios por código postal referida al año 2022 elaborada y publicada este miércoles por la Agencia Tributaria.

En concreto, La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, es el barrio con mayor renta bruta de toda España, con una renta media de 197.220 euros, un 3,3% más respecto al año anterior (2021).

Le sigue Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), que escala de la sexta posición de 2021 a la segunda en 2022, pasando de 96.094 euros a 108.472 euros, respectivamente, un 12,9% más entre un año y otro.

Tras estas zonas destacan también, con rentas brutas medias superiores a los 100.000 euros, Aravaca (Madrid), con 102.537 euros; Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón), con 101.205 euros y Salamanca-Goya (Madrid), con 100.016 euros.

TORREBLANCA (SEVILLA), EL DE MENOR RENTA BRUTA MEDIA

En el extremo contrario, los distritos con menos renta bruta media de España en 2022 son Torreblanca (Sevilla), con 10.514 euros, inferior a los 10.780 euros registrados en 2021. Le siguen Nou Alacant (Alicante), con 16.059 euros, y Carrús-Plaza Barcelona (Elche), con 16.728 euros.

La selección de los municipios por parte de la Agencia Tributaria para esta estadística se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el censo de población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.

El Banco de España tramitó 33.191 reclamaciones de clientes bancarios durante el año 2023, un 2,8% menos que en 2022, de nuevo impulsadas por las hipotecas, las cuentas corrientes y las tarjetas, según detalla la Memoria de Reclamaciones 2022 publicada este miércoles.

A pesar del descenso de reclamaciones durante 2023, el organismo ha avisado de que el ritmo se aceleró durante la segunda mitad del año y se ha intensificado en los primeros meses de 2024. Solo con datos del primer semestre, se habían registrado 38.619 reclamaciones, cerca del máximo histórico logrado en 2017 con 40.176 expedientes.

Tras la rectificación de sus actuaciones, las entidades devolvieron 4,38 millones de euros a sus clientes en 2023, un 27,4% menos que en 2022, cuando se registró la mayor cifra de la última década.

El Banco de España ha precisado que la regulación del procedimiento de reclamaciones no tiene entre sus finalidades ni el resarcimiento de los eventuales perjuicios económicos del reclamante ni el establecimiento de compensaciones por daños o perjuicios. Por esto, en la mayor parte de los casos, no se dispone de información ni de la cantidad objeto de disputa que subyace a la reclamación ni de lo que podría haberse acordado entre ambas partes.

El organismo únicamente recoge la información declarada por las partes, sin que haya habido una comprobación posterior en el trámite del expediente. No obstante, el descenso se debe al menor número de expedientes que han finalizado con allanamiento, desistimiento o informe final.

Los productos más reclamados el año pasado fueron las hipotecas, con 10.145 expedientes, con un alza del 63,9% sobre el año anterior, debido en gran medida a que se han disparado las reclamaciones motivadas por los gastos de formalización de la hipoteca.

LOS GASTOS HIPOTECARIOS, EL TEMA «ESTRELLA»

En concreto, Banco de España ha destacado que desde los despachos de abogados especializados se ha publicitado intensamente el derecho de clientes a reclamar gastos hipotecarios, resaltando que no están prescritos. En todo caso, el organismo recuerda en la memoria que no tiene competencia en materia de cláusulas abusivas.

El incremento en las reclamaciones por gastos de formalización se ha extendido a 2024, algo que el director general de Conducta Financiera y Billetes, Alberto Ríos, ha destacado como el «tema estrella», tanto de finales del año pasado como este.

En todo caso, la amplía mayoría de reclamaciones por este motivo son inadmitidas, porque el Banco de España no tiene potestad para pronunciarse sobre abusividad de cláusulas o su nulidad, que es lo que más suelen reclamar los clientes.

En segundo lugar pasaron a ser las reclamaciones sobre tarjetas, con 9.635 reclamaciones (-24,6%). Los motivos más habituales siguen siendo los pagos realizados en contexto de fraude o engaño, así como la falta de entrega de documentación.

Seguidamente se sitúan los 5.046 expedientes de reclamaciones sobre cuentas corrientes, un 32,9% menos que en 2022, y motivados sobre todo por disconformidad con el cobro de comisiones y por bloqueos o cancelaciones.

Las transferencias son el cuarto producto más reclamado, con 2.972 expedientes, un 37,8% más, mientras que los préstamos personales avanzaron un 2,5%, hasta los 1.172 expedientes.

Por provincias, el mayor número de reclamaciones se concentró en Madrid (24,2%), seguida de Barcelona (11,2%), Valencia (5,9%), Sevilla (4,4%), Alicante (3,4%) y Málaga (3,2%).

En todo caso, Alberto Ríos ha destacado como medida positiva que los servicios de atención a clientes de las entidades estén aumentando su volumen de dictámenes favorables a los clientes. En 2023, los servicios de atención a clientes de los bancos se pronunciaron a favor de los clientes en un total de 332.043 reclamaciones, frente a las 289.520 del año anterior.

CONSULTAS Y ADMISIONES

Por otro lado, la memoria recoge que el Banco de España atendió 49.620 consultas en 2023, un 1,9% menos que en 2022. De estas, 10.876 fueron realizadas por escrito y 38.744 por vía telefónica. Destacan las consultas realizadas sobre cuentas y depósitos, préstamos hipotecarios, servicios de pago y procedimiento de reclamaciones.

De las 33.191 reclamaciones recibidas, fueron admitidas a trámite el 39%, es decir, 12.937 reclamaciones, mientras las 17.968 restantes fueron inadmitidas por información incompleta, por traslado a otros organismos, por haberse devuelto a los Servicios de Atención al Cliente (SAC) de las entidades o por otras causas.

En un 79,8% de las reclamaciones admitidas por el Banco de España, es decir, en 9.586, el cliente ha visto satisfechas sus pretensiones frente a la entidad, ya sea a través de allanamiento o desestimación.

La memoria incluye un desglose de las materias en las que se han emitido informes favorables al reclamante, de tal manera que se puede observar la operativa en las que las actuaciones de las entidades han sido «más deficientes».

Así, destacan las relacionadas con préstamos hipotecarios (43,2% del total), con fraude (19%), cuentas corrientes (13,1%) y tarjetas (8,8%). Respecto a las hipotecas, el Banco de España se pronuncia a favor de los reclamantes sobre todo por la aplicación del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, por comisiones indebidas o por disconformidad con el cálculo de la cuota pagada.

LOS BANCOS MÁS RECLAMADOS

La mayoría de reclamaciones se concentraron en tres grupos bancarios: CaixaBank (9.474), BBVA (5.904) y Santander (3.763). Por detrás se sitúan Unicaja (2.381), Sabadell (1.662), Bankinter (1.242), ING (1.197), Ibercaja (1.118), Abanca (946), Wizink (673), Kutxabank (673), Cajamar (536) y Deutsche Bank (337).

Entre las entidades más reclamadas, las entidades con un mayor porcentaje de informes favorables al reclamante fueron Kutxabank (39,4%), Unicaja (35,9%), Deutsche Bank (35,5%), Banco Santander (35,2%) e Ibercaja (35%).

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha mostrado su deseo de que Repsol «desarrolle todo su programa de inversión en España» y ha asegurado que se une a «no despreciar ninguna tecnología» para abordar la transición energética y el objetivo de Europa de ser neutra en términos climáticos de cara al año 2050.

En su participación en la jornada ‘La transformación industrial hacia el Net Zero’ organizada por Fundación Repsol y celebrado en la sede de la petrolera, coincidiendo en una mesa redonda con el presidente de la energética, Antonio Brufau, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Górtazar, Hereu tendió así la mano a Repsol.

La energética se ha mostrado en los últimos tiempos crítica con la política del Gobierno y ha condicionado su inversiones para la modernización de sus centros industriales a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España, siendo especialmente beligerante, además, con el impuesto extraordinaria que a energéticas y banca para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania.

Así, Hereu consideró «importantísimo» contar con todo el mundo para alcanzar esas cifras inversoras de unos 800.000 millones de euros anuales que recogen informes como el realizado por Mario Draghi para impulsar la economía y productividad de la UE para hacer frente a la brecha abierta respecto a Estados Unidos y China.

El ministro se mostró convencido de que España por ubicación geografíca, competitividad y su fortaleza en energía renovable «puede encabezar un proceso de reindustrialización».

Por otra parte, apostó por mantener los objetivos marcados, aunque poniéndoles «realismo, sentido común, más fuerza» y haciendo «mucha más apuesta» por una dimensión europea.

Asimismo, el titular de Industria defendió la posición española de crear un nuevo pacto europeo para la industria que garantice una competencia justa con terceros países.

A este respecto, indicó que España está alineada con la agenda industrial europea que requiere mecanismos de financiación comunes y apostó por movilizar recursos financieros europeos que permitan el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas, dando continuidad al Plan de Recuperación más allá de 2026.

La industria necesita un entorno de competencia justo, donde los productos fabricados bajo normativas medioambientales no queden en desventaja frente a los importados de países con requisitos menos rigurosos», destacó, recordando que hay que aumentar la inversión en innovación y tecnología, reducir los costes energéticos y trabajar por un mercado interior europeo más unido y efectivo.

AYUDAS.

Por otra parte, Hereu anunció que este jueves se publicará la propuesta de concesión de ayudas para consumidores electrointensivos por valor de 25,5 millones de euros. En total, 378 empresas han sido las beneficiarias en esta convocatoria.

Estas ayudas sirven para compensar ciertos costes relacionados con el apoyo a las energías renovables y a la producción de energía más eficiente, así como para cubrir los gastos adicionales en las islas y otros territorios no peninsulares.

Este anuncio viene a complementar otra serie de ayudas a la industria electrointensiva, como los más de 900 millones de euros en compensaciones por emisiones de CO2 que este Gobierno ha adjudicado desde 2019.

Las ciudades europeas deben invertir 1,5 billones de euros en medidas de movilidad urbana sostenible para cumplir con los objetivos de emisiones del Green Deal de la Unión Europea, según un estudio realizado por EIT Urban Mobility.

El documento será presentado el próximo 6 de noviembre en el marco de Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), que se celebra del 5 al 7 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa la institución ferial en un comunicado este miércoles.

La investigación ha realizado una simulación detallada de tres escenarios de transición en doce prototipos de ciudades europeas, reflejando la diversidad de entornos urbanos dentro de la UE.

Concluye que la única vía de reducción de emisiones para la movilidad urbana que cumple con el objetivo del Green Deal para 2030 implica una reducción del 44% en las emisiones, pero «conlleva desafíos significativos en términos de aceptación pública y cambio de comportamiento».

La presidenta de TMWC, Maria Tsavachidis, ha señalado que el informe «subraya la urgencia de priorizar las inversiones correctas en movilidad limpia y sus retornos positivos para la salud y el medio ambiente.

El sistema eléctrico registró un déficit provisional de 927,8 millones de euros hasta julio, según datos correspondientes a la séptima liquidación facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el total de ingresos fue de 7.604,3 millones de euros, mientras que los costes se situaron en los 8.532,1 millones de euros. Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir los costes reconocidos, el coeficiente de cobertura -la relación entre los costes que se pueden pagar con los ingresos disponibles y los que se deberían pagar con cargo a las liquidaciones provisionales- fue del 87,3%. Mientras, la demanda en consumo se situó en 112.504 gigavatios hora (GWh).

Esta liquidación se acumula a las anteriores del ejercicio 2024, sumando un total de 2.809,92 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente), desde el 1 de enero hasta el 31 de julio.

Del total acumulado, 2.780,36 millones de euros son pagados con cargo al Sector Eléctrico, mientras que 29,55 millones de euros lo son con cargo a Presupuestos Generales del Estado (PGE), que corresponden al 50% de la retribución específica de instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares.

Este mes se produjeron desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que la liquidación acumulada con cargo al Sector Eléctrico se ve afectada por un coeficiente de cobertura de 87,3% y la cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 380,03 millones de euros.

Para el pago de la parte correspondiente a las instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares, a la fecha del cierre de esta liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida, siendo la cantidad a pagar de 4,27 millones de euros.

SECTOR GASISTA.

En lo que respecta al sector gasista, el total de ingresos liquidables declarados en la liquidación décima, que cubre el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2024, ascendió a 1.854,82 millones de euros, un 13,7% inferiores a los declarados en el periodo comparable del ejercicio anterior.

Los ingresos hacen frente a las retribuciones reconocidas y otros saldos deudores. En total, se han obtenido los ingresos liquidables por cargos del sistema (11,2 millones de euros), almacenamientos subterráneos (+63,88 millones de euros), redes locales (1.067,05 millones de euros), red de transporte troncal (360,74 millones de euros) y planta de GNL (310,2 millones de euros).

Estos ingresos hacen frente a las retribuciones reconocidas y otros saldos deudores. En total, se han obtenido desvíos por cargos del sistema (-301.186,10 euros), almacenamientos subterráneos (-1,82 millones de euros), redes locales (-123,96 millones de euros), red de transporte troncal (+79,45 millones de euros) y planta de GNL (+449,64 millones de euros).

La demanda de gas en el año 2024 facturada hasta el 31 de julio asciende a 226,9 teravatios hora (TWh). Esta cantidad es un 14,9 TWh inferior a la del mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, las exportaciones de gas natural por gasoducto fueron de 24,0 TWh, el gas trasvasado desde las plantas de regasificación a buques fue de 14,2 TWh y el gas cargado en cisternas de 8,1 TWh. En total, la energía de salida del sistema gasista en el periodo de liquidación ascendió a 252,7 TWh.

La ‘fintech’ Qonto, especializada en dar servicios a pymes y autónomos, se ha convertido en la primera entidad de pago autorizada para colaborar en la recaudación de impuestos con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

«Este hito marca un avance significativo en la modernización de los procesos tributarios, permitiendo a los usuarios pagar sus impuestos directamente desde plataformas online como Qonto y desde su cuenta con IBAN español, sin necesidad de recurrir a la banca tradicional para cumplir con sus obligaciones fiscales», ha destacado la compañía.

Al permitir que estas entidades de pago y dinero electrónico actúen como colaboradoras en la recaudación tributaria, el Ministerio de Hacienda, tras las recomendaciones previas y trabajo conjunto con la Asociación Española de Fintech (AEFI), responde a las demandas de la normativa europea para incluir a las entidades de pago y dinero electrónico.

Para Qonto esto supone un paso adelante para promover la competencia, la innovación en el sector de servicios de pago y la modernización de la recaudación tributaria. De este modo se fomenta un ecosistema financiero más seguro y adaptado a la economía digital», han resaltado desde la empresa.

Así, pymes, emprendedores y autónomos podrán cumplir con sus obligaciones fiscales directamente desde su cuenta, simplificando el proceso a través de Qonto.