En el panorama actual del sector agrícola español, la aceituna de mesa está experimentando un momento singular. Las últimas tres campañas han sido testigo de cosechas por debajo de la media, lo que ha desencadenado una serie de consecuencias en el mercado que se hacen evidentes en la presente recolección. La demanda está superando notablemente a la oferta, lo que ha llevado a que las primeras partidas comercializadas alcancen cotizaciones sin precedentes en todo el territorio nacional.

Esta situación excepcional tiene su origen en los bajos niveles de existencias con los que se inicia la campaña actual, con tan solo 265.000 toneladas disponibles. Este escenario ha intensificado la competencia entre las entamadoras de aceituna de mesa, que no solo deben disputarse el producto entre ellas, sino que también se enfrentan a la demanda de las almazaras, tanto cooperativas como empresas productoras de aceite de oliva, que requieren aceitunas frescas para la molturación. Este conjunto de factores está configurando un mercado dinámico y altamente competitivo, donde cada kilogramo de aceituna adquiere un valor extraordinario.

El impacto de las cosechas reducidas en el sector olivarero

La jornada número 42 de Aceituna de Mesa organizada por Asaja-Sevilla en Espartinas se convirtió en un foro crucial para analizar la situación actual del sector. Con la presencia de casi 200 olivareros especializados en aceituna de mesa, el evento arrojó luz sobre las consecuencias de las recientes campañas de baja producción. José Pedro Guzmán, responsable de la sectorial de aceituna de mesa de Asaja, subrayó que las producciones españolas de 2022 y 2023 fueron significativamente inferiores a la media, situándose en 414.000 y 407.000 toneladas respectivamente.

Lo más preocupante para el sector es que las previsiones para la campaña de 2024 no son más alentadoras. El aforo realizado por Asaja indica que se espera una nueva campaña corta, con una producción estimada de apenas 426.000 toneladas. Esta sucesión de tres cosechas reducidas consecutivas ha tenido un impacto considerable en la cadena de suministro, dejando los almacenes prácticamente vacíos y aumentando la dependencia de aceitunas importadas de terceros países.

Esta situación ha obligado a los envasadores españoles a recurrir a la importación de aceituna foránea para cumplir con sus compromisos comerciales, a menudo a precios más elevados que los del producto nacional. Este escenario no solo afecta a la rentabilidad de las empresas del sector, sino que también plantea desafíos en términos de calidad y trazabilidad del producto final que llega al consumidor.

Desafíos laborales y de seguridad en el sector olivarero

Más allá de las cuestiones de producción y mercado, el sector olivarero se enfrenta a otros retos significativos. Uno de los más apremiantes es la escasez de mano de obra para la recolección. Este problema se ha vuelto especialmente agudo en un contexto donde la demanda de aceituna es alta y los precios son atractivos. La mano de obra representa una parte sustancial de los costes de cultivo, con la poda y la recolección acaparando hasta el 80% de los gastos totales.

Para abordar esta problemática, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha lanzado una iniciativa en coordinación con Asaja. Cesar Moreno, representante del SAE, explicó la puesta en marcha de una campaña específica de oferta y demanda de peones agrícolas para la recolección de aceituna de mesa. El objetivo es optimizar la conexión entre la oferta y la demanda laboral, priorizando la contratación de trabajadores locales antes de recurrir a mano de obra foránea.

Otro desafío que enfrenta el sector es el aumento de los robos, un fenómeno que se ha intensificado debido a las altas cotizaciones de la aceituna de mesa. Esta situación ha requerido una respuesta coordinada entre diferentes instituciones. El presidente de Asaja destacó la eficaz colaboración con la Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos, lo que ha permitido recuperar parte de la aceituna robada y establecer medidas disuasorias para los delincuentes. Estas acciones conjuntas están contribuyendo a crear un entorno más seguro para los productores, aunque el problema persiste y requiere una vigilancia constante.

La reciente presentación del informe final por parte del grupo de Diálogo Estratégico en la Comisión Europea ha generado una ola de descontento en el sector agrícola, especialmente en la organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Este documento, que se esperaba fuera un punto de inflexión para la política agraria común (PAC), ha sido duramente criticado por la organización, calificándolo como «literatura fácil y con poco fundamento».

La decepción de Unión de Uniones radica en la percepción de que se ha desaprovechado una oportunidad crucial para alinear la política agraria con la realidad del campo y las necesidades de quienes trabajan en él. La organización sostiene que el informe recurre a lugares comunes y generalidades, sin aportar soluciones concretas o innovadoras a los desafíos que enfrenta el sector agrícola europeo. Esta situación ha llevado a cuestionar la eficacia del proceso de diálogo y la capacidad de las instituciones europeas para abordar de manera efectiva las problemáticas del sector agrario.

El presupuesto de la PAC y las exigencias medioambientales

Uno de los puntos que Unión de Uniones reconoce como positivo en el informe es la alineación con su posición respecto a la financiación de la PAC. El documento destaca la necesidad de dedicar más recursos dentro de la PAC y fondos adicionales para lograr objetivos medioambientales ambiciosos y mejorar la competitividad del sector. Esta recomendación es considerada por la organización como revolucionaria, dado que el presupuesto de la PAC ha permanecido prácticamente congelado en las últimas reformas.

La organización señala que los agricultores y ganaderos están asumiendo el incremento de costes derivados de las mayores exigencias medioambientales y la subida del coste de la vida. Este escenario plantea un desafío significativo para la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que se ven presionadas por normativas cada vez más estrictas sin un respaldo financiero proporcional.

El llamado a aumentar los recursos destinados a la PAC representa una oportunidad para equilibrar las demandas de sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica del sector agrario. Sin embargo, la implementación efectiva de esta recomendación requerirá un compromiso firme por parte de las instituciones europeas y una revisión profunda de las prioridades presupuestarias de la Unión Europea.

Preocupaciones sobre la dieta y la política comercial

Unión de Uniones expresa su preocupación por ciertas recomendaciones del informe que considera peligrosas para el sector. Una de ellas es el fomento de una dieta «equilibrada, saludable y que requiera menos recursos», que la organización interpreta como un apoyo implícito a las tendencias de consumo que reducen la ingesta de proteína de origen animal y favorecen las dietas veganas y los sucedáneos. Esta postura es vista como un potencial ataque al sector ganadero, fundamental para el mantenimiento de las economías rurales.

La organización también critica la timidez del informe en cuanto a las recomendaciones sobre la política comercial europea. Se considera que el documento es demasiado cauteloso al sugerir únicamente una mayor coherencia entre la política comercial de la UE y la sostenibilidad. Unión de Uniones aboga por un reconocimiento más explícito de la importancia estratégica de la agricultura en las negociaciones comerciales y una revisión más profunda de las estrategias y evaluaciones de impacto en los acuerdos comerciales.

Un punto particularmente controvertido es la ausencia de recomendaciones para adoptar cláusulas espejo en los acuerdos y tratados comerciales. Estas cláusulas son consideradas por Unión de Uniones como esenciales para evitar la competencia desleal en las importaciones, que están teniendo impactos negativos claros en las producciones europeas. La organización lamenta que, después de seis meses de trabajo, el grupo de Diálogo Estratégico no haya incluido esta recomendación, lo que sugiere una falta de comprensión de las necesidades reales del sector agrícola europeo frente a la competencia internacional.

El sector de la construcción en España ha experimentado un notable repunte durante el primer semestre de 2024, marcando una tendencia positiva que contrasta significativamente con el declive observado en el año anterior. Según el informe elaborado por DoubleTrade, una prestigiosa firma de soluciones analíticas, el gasto en construcción ha registrado un incremento del 33% en comparación con el mismo período del año precedente, alcanzando la impresionante cifra de 61.706 millones de euros.

Este resurgimiento del sector no solo se refleja en términos monetarios, sino también en el volumen de obras realizadas, que ha experimentado un aumento del 5,6%, totalizando 29.193 proyectos. Xavier Piccini, director general de DoubleTrade España, se muestra optimista sobre el panorama actual, atribuyendo esta recuperación a factores clave como la inyección de fondos europeos y el control efectivo de la inflación. Estas condiciones favorables auguran un año 2024 «muy provechoso» para la industria de la construcción en el país.

El impacto de los proyectos de gran envergadura

El estudio ‘Análisis y evolución del sector de la construcción’ destaca febrero como el mes estrella en términos de inversión en el sector. Este pico de actividad se debe principalmente a la ejecución de proyectos de gran escala que han requerido desembolsos significativos. Entre estas obras monumentales, sobresalen tres iniciativas que han marcado la pauta: una mina de litio con una inversión de 1.430 millones de euros, una planta de biocombustibles 2G que ha supuesto un gasto de 1.200 millones, y la planta de hidrógeno verde ‘Besaya H2’, con una inversión de 850 millones.

Estos megaproyectos no solo representan hitos importantes en el desarrollo de infraestructuras clave para la economía española, sino que también reflejan una apuesta decidida por sectores estratégicos como la energía renovable y la minería sostenible. La diversificación de las inversiones en estos campos promete impulsar la innovación y la competitividad del país en el escenario internacional, al tiempo que genera un impacto positivo en la creación de empleo y el desarrollo regional.

El aumento en la inversión en construcción no se distribuye uniformemente por todo el territorio nacional. Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana se posicionan como las regiones líderes en cuanto a captación de inversiones en el sector. Este liderazgo regional puede atribuirse a una combinación de factores, incluyendo políticas locales favorables a la inversión, la presencia de clusters industriales, y la disponibilidad de mano de obra cualificada en estas áreas.

Cambios en el perfil de las obras y distribución sectorial

Un aspecto interesante revelado por el informe de DoubleTrade es la disminución en la superficie media de las obras construidas. Mientras que en el primer semestre de 2023 la superficie media se situaba en 500,78 metros cuadrados, en 2024 esta cifra ha descendido a 423 metros cuadrados. Esta tendencia sugiere un cambio en el enfoque de las inversiones, orientándose hacia proyectos más pequeños pero de mayor valor añadido.

Este giro hacia construcciones de menor tamaño pero mayor complejidad o sofisticación puede interpretarse como una respuesta del sector a las cambiantes demandas del mercado. Factores como la urbanización creciente, la necesidad de rehabilitación de edificios existentes en centros urbanos, y la apuesta por la eficiencia energética podrían estar impulsando esta tendencia hacia proyectos más compactos pero técnicamente más avanzados.

En cuanto a la distribución sectorial de las obras, el informe señala que se mantiene una línea similar a la observada en el año anterior. La construcción de viviendas continúa liderando el ranking con 5.120 proyectos, seguida por los centros deportivos con 2.202 obras, y el sector industrial con 1.969 construcciones. Esta distribución refleja las prioridades actuales en materia de infraestructura social y económica del país.

La predominancia de la construcción residencial subraya la persistente demanda de vivienda en España, un fenómeno que puede atribuirse a factores demográficos, movimientos migratorios internos y la recuperación económica post-pandemia. Por su parte, la significativa presencia de centros deportivos en el segundo puesto del ranking podría indicar una creciente inversión en infraestructuras para el bienestar y la salud pública, posiblemente como respuesta a una mayor concienciación sobre la importancia de la actividad física en la sociedad.

Perspectivas y desafíos para el sector de la construcción

El panorama actual del sector de la construcción en España presenta un horizonte prometedor, pero no exento de desafíos. El significativo aumento en el gasto y el número de obras sugiere una recuperación robusta que podría tener efectos positivos en cascada sobre otros sectores de la economía. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva equilibrada y considerar los potenciales obstáculos que podrían surgir en el camino.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector es la sostenibilidad a largo plazo de este crecimiento acelerado. La dependencia de fondos europeos, aunque beneficiosa en el corto plazo, plantea interrogantes sobre la capacidad del sector para mantener este ritmo de crecimiento una vez que estos estímulos se reduzcan. En este sentido, será fundamental que las empresas y las administraciones públicas trabajen en conjunto para desarrollar estrategias que garanticen un crecimiento sostenible y autosuficiente del sector.

Otro aspecto a considerar es el impacto ambiental de este auge constructivo. En un contexto global de creciente preocupación por el cambio climático, el sector de la construcción tiene la responsabilidad de adoptar prácticas más sostenibles y eficientes energéticamente. La transición hacia métodos constructivos más ecológicos y la implementación de tecnologías verdes en los nuevos proyectos no solo responderá a las exigencias medioambientales, sino que también podría abrir nuevas oportunidades de negocio y diferenciación en el mercado.

Por último, la escasez de mano de obra cualificada podría emerger como un cuello de botella significativo si el crecimiento del sector continúa a este ritmo. La formación y capacitación de profesionales en nuevas tecnologías y métodos constructivos será crucial para satisfacer la demanda creciente y mantener la competitividad del sector a nivel internacional. En este sentido, la colaboración entre el sector educativo, las empresas y las administraciones públicas será fundamental para desarrollar programas de formación que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral en la construcción.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reafirmado el compromiso del Gobierno español con el mantenimiento de un ciclo integral del acero en Asturias. Esta declaración se produce en un momento crucial para la industria siderúrgica de la región, que se enfrenta a desafíos significativos en términos de competitividad y sostenibilidad ambiental. La visita del ministro a la factoría de Fertiberia en Corvera de Asturias sirvió como escenario para abordar las preocupaciones sobre el futuro de este sector estratégico.

En un contexto de incertidumbre, donde ArcelorMittal, el gigante siderúrgico, aún no ha clarificado sus planes respecto a la utilización de los 450 millones de euros concedidos por el Gobierno como parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización en Asturias, las palabras de Hereu cobran especial relevancia. El ministro ha subrayado que el interés del Gobierno trasciende a una empresa específica, enfocándose en la actividad estratégica que representa la producción de acero para la economía y la industria nacional.

Estrategias para mantener la competitividad del sector siderúrgico

El ministro Hereu ha puesto de manifiesto la complejidad del panorama al que se enfrenta la industria siderúrgica, no solo en España sino a nivel global. ArcelorMittal, como empresa multinacional, debe considerar en sus análisis y decisiones las tendencias mundiales del sector, lo que añade un nivel adicional de complejidad a las negociaciones y planes de futuro. Esta realidad subraya la importancia de que el Gobierno mantenga una postura proactiva y flexible en su apoyo al sector.

La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, mencionada por el ministro, se presenta como una herramienta crucial para fortalecer la posición de España en sectores industriales considerados estratégicos. Esta legislación busca dotar al Gobierno de instrumentos más efectivos para implementar políticas públicas que aseguren la permanencia y el desarrollo de actividades industriales clave en el territorio nacional. En el caso específico de la siderurgia asturiana, estas políticas podrían ser determinantes para garantizar su viabilidad a largo plazo.

El proceso de electrificación de una de las acerías de ArcelorMittal en Asturias, destacado por Hereu, es un ejemplo concreto de los pasos que se están dando hacia la modernización y sostenibilidad del sector. Esta iniciativa no solo demuestra el compromiso de la empresa con la región, sino que también se alinea con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética promovidos por el Gobierno español y la Unión Europea.

Perspectivas y posibles escenarios para la industria siderúrgica asturiana

La afirmación del ministro Hereu de que el ciclo integral del acero en Asturias podría ser liderado por ArcelorMittal «o quien sea» abre la puerta a diversas hipótesis sobre el futuro de la industria en la región. Esta declaración sugiere que el Gobierno está preparado para considerar diferentes escenarios que garanticen la continuidad de la producción siderúrgica, incluso si ello implica cambios en el liderazgo empresarial del sector.

La posibilidad de que otros actores puedan asumir un papel prominente en la industria siderúrgica asturiana plantea interrogantes sobre las potenciales reestructuraciones o alianzas que podrían surgir en el futuro cercano. Esto podría implicar la entrada de nuevos inversores, la formación de consorcios o incluso la participación más directa del Estado en la gestión de activos estratégicos. Cada uno de estos escenarios conllevaría sus propios desafíos y oportunidades para la economía regional y nacional.

El énfasis del Gobierno en el «interés estratégico» por la actividad, más allá de la empresa que la lidere, refleja una visión a largo plazo centrada en la preservación de capacidades industriales críticas. Esta postura reconoce la importancia del sector siderúrgico no solo como fuente de empleo y actividad económica, sino también como pilar fundamental para la autonomía industrial y la seguridad nacional en sectores clave como la construcción, la automoción y la energía.

En conclusión, el futuro de la industria siderúrgica en Asturias se presenta como un tema de vital importancia para el Gobierno español, que está dispuesto a explorar diversas vías para asegurar su continuidad y desarrollo. La combinación de apoyo gubernamental, innovación tecnológica y posible reestructuración empresarial podría ser la clave para revitalizar este sector estratégico, adaptándolo a las exigencias de un mercado global cada vez más competitivo y a los imperativos de sostenibilidad ambiental del siglo XXI.