La Audiencia Nacional anula la absolución y ordena un nuevo juicio
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que el pasado año absolvía a Ana Duato y a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, de un delito de fraude fiscal en el marco del caso Nummaria. El tribunal estima que la resolución inicial no justificó de forma lógica y suficiente la ausencia de dolo, por lo que ordena repetir el juicio ante un magistrado distinto.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad penal de quienes utilizaron estructuras societarias para rebajar sus cuotas del IRPF. En el caso de Duato, la acusación señalaba que ingresó a través de una sociedad instrumental cantidades que le habrían supuesto un ahorro fiscal indebido. La primera sentencia absolvía al considerar que la actriz se limitó a seguir el asesoramiento de su consultor fiscal, Fernando Peña, sin ánimo de defraudar.
Ahora, la Sala de Apelación censura que aquellos argumentos no explicaran “ni justificaron adecuadamente por qué no hubo fraude u ocultación”. En apenas once meses, el tablero judicial gira por completo para la protagonista de Cuéntame cómo pasó.
En un comunicado difundido tras conocerse la anulación, Ana Duato ha expresado su “perplejidad” y ha denunciado un trato ejemplarizante. “La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia. A las personas públicas, como le ocurrió a Lola Flores, nos han utilizado para meter miedo al resto de contribuyentes”, afirma. La actriz recalca que pagó todos sus impuestos y que espera que el nuevo proceso confirme el mismo resultado absolutorio.
El precedente de Lola Flores y la sombra del uso ejemplarizante
La mención a Lola Flores no es anecdótica. En marzo de 1989, la icónica cantante se sentó en el banquillo acusada de no haber presentado la declaración de la renta durante cuatro ejercicios. Aquel juicio, que inicialmente terminó con absolución y luego con una condena del Tribunal Supremo a una multa de 28 millones de pesetas, se convirtió en un hito mediático.
De hecho, durante la vista oral Lola Flores pronunció una frase que todavía resuena: “Si una peseta diera cada español, quizás saldaría la deuda”. Tres décadas después, el fiscal de aquel proceso, Luis Jordana de Pozas, admitió que la artista fue “escogida como ejemplo”, aunque con razones suficientes para ser denunciada.
La lucha contra el fraude fiscal necesita sentencias sólidas, no famosos en el banquillo como única prueba de contundencia.
La conexión con el caso Duato es inmediata. La actriz interpreta que Hacienda está repitiendo la estrategia de elegir un perfil de alto impacto mediático para enviar un mensaje disuasorio al conjunto de la sociedad. Su comunicado trasluce la misma sensación de indefensión que atenazó a La Faraona.
¿Por qué Hacienda persigue a las caras conocidas? Análisis
Detrás de la decisión de recurrir una absolución unánime hay más que una discrepancia jurídica. Desde la Agencia Tributaria, las causas contra famosos tienen un valor simbólico doble: por un lado, refuerzan la percepción de que la ley se aplica con independencia del estatus; por otro, disuaden a miles de pequeños contribuyentes que ven que ni siquiera las personas con recursos evitan el peso de la justicia.
Esta estrategia, sin embargo, tiene un reverso delicado. El propio fiscal Jordana de Pozas admitió que Lola Flores fue escogida como ejemplo, y el Tribunal Supremo, pese a confirmar la condena, redujo la multa inicial en más de un 80%. Eso revela que el impacto perseguido no siempre coincide con la gravedad objetiva del incumplimiento.
En el caso Nummaria, el contraste con Imanol Arias es elocuente. El actor, compañero de reparto y amigo de Duato, pactó con la Fiscalía Anticorrupción, aceptó una condena de dos años y dos meses de prisión y abonó más de 2,2 millones de euros al fisco. Su perfil, aunque popular, no despertó el mismo interés mediático que el de ella. Mientras Arias optó por cerrar el capítulo, Duato ha mantenido una defensa firme que ahora se convierte en un pulso con la propia Administración.
Para la acepción común, el mensaje está claro: si Hacienda no duda en perseguir a la querida Merche de Cuéntame, cualquier ciudadano debe saber que no hay impunidad. Pero la pregunta que planea es si la anulación de la absolución obedece a una flaqueza real de la sentencia anterior o a la voluntad de no permitir que un tribunal absuelva a quien el fisco considera culpable.
Todo apunta a que el nuevo juicio será un termómetro de la independencia judicial en asuntos donde la Agencia Tributaria ha mostrado un interés estratégico. Ana Duato confía en que “se repita el mismo resultado”, pero el camino se ha alargado y el coste reputacional no tiene marcha atrás.
