La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde al mecanismo de capacidad español, un esquema de pagos por disponibilidad que movilizará 9.000 millones de euros para reforzar la seguridad de suministro eléctrico en la península. La autorización, que se ajusta a las normas comunitarias de ayudas de Estado, supone un espaldarazo político a un modelo que llevaba años gestándose en el Ministerio para la Transición Ecológica y que ahora podrá empezar a desplegarse en los próximos meses.
Así funciona el mecanismo de capacidad: pagar por estar disponible, no por producir
Los mecanismos de capacidad no son nuevos en Europa. Países como Reino Unido, Francia o Italia llevan años utilizando subastas de capacidad para garantizar que, incluso en las horas de menor generación renovable, haya centrales o sistemas de almacenamiento listos para entrar en operación. La gran diferencia es que, hasta ahora, España no contaba con un instrumento similar tras la desaparición de los antiguos pagos por capacidad a las centrales de carbón y gas.
El nuevo esquema retribuirá a los participantes con un pago fijo por cada megavatio de capacidad que se comprometan a tener disponible durante un periodo determinado, generalmente varios años. A cambio, deberán responder cuando el operador del sistema, Red Eléctrica, lo requiera. No se paga por la electricidad que generen, sino por el compromiso de estar ahí si hace falta.
Según el diseño preliminar, podrán participar centrales de ciclo combinado de gas natural, instalaciones de almacenamiento —incluidas baterías y bombeos hidroeléctricos— y también la demanda gestionable, es decir, grandes consumidores industriales capaces de reducir su carga de forma rápida y predecible a cambio de una compensación económica. El objetivo es diversificar al máximo las tecnologías que aportan firmeza al sistema.
Las subastas serán organizadas por Red Eléctrica y supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se prevé que la primera ronda de adjudicaciones arranque en 2027 y que los contratos se extiendan por periodos de entre cinco y diez años, lo que permitirá a los inversores recuperar los costes fijos de mantener activas las instalaciones.
Pagar por estar listo tiene sentido, pero el verdadero riesgo es que ese pago frene la transición hacia un sistema sin emisiones.
El impacto en la factura y en el ‘mix’ energético
El coste del mecanismo, esos 9.000 millones de euros a repartir entre los adjudicatarios a lo largo de la próxima década, se repercutirá íntegramente sobre los consumidores a través de los peajes de acceso a la red eléctrica. Los analistas del sector calculan que el sobrecoste podría rondar los 15 euros anuales para un hogar medio, una cifra modesta pero que, sumada a otras partidas, presiona una factura que ya acumula incrementos en los últimos ejercicios.
La factura eléctrica del consumidor medio absorberá el coste del mecanismo, que se estima en unos 15 euros al año por el hogar. Las grandes industrias, por su parte, verán un impacto proporcionalmente mayor en función de su consumo, aunque también podrán beneficiarse de los pagos si participan como demanda gestionable, un equilibrio que la nueva regulación intenta alcanzar.
Desde el punto de vista del mix de generación, el mecanismo supone un balón de oxígeno para las centrales de gas natural, que en los últimos años habían visto reducir drásticamente sus horas de funcionamiento debido a la fuerte penetración de renovables. Sin embargo, también abre una ventana de oportunidad para el almacenamiento, que podrá competir en las subastas con costes cada vez más ajustados, acelerando la integración de baterías a gran escala.
Análisis: ¿seguro necesario o peaje constante hacia la descarbonización?
La luz verde de Bruselas llega en un momento delicado para el sistema eléctrico español. Con el cierre programado de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 y la desaparición definitiva del carbón, la garantía de suministro dependerá de manera creciente de la gestión de la demanda y del almacenamiento. Mientras esas tecnologías no alcancen la madurez suficiente, las centrales de gas seguirán siendo el respaldo último. Por eso, el mecanismo de capacidad se presenta como un seguro colectivo que evite apagones y volatilidad extrema de precios en las horas de escasez.
Pero el diablo está en los detalles. La Comisión Europea ha autorizado el esquema con condiciones medioambientales: solo podrán participar instalaciones con emisiones inferiores a 550 gramos de CO2 por kilovatio-hora y que presenten un plan de descarbonización creíble. En la práctica, eso excluye a las plantas de carbón y fija un estándar que las centrales de ciclo combinado pueden cumplir con relativa facilidad, como ya ocurre en otros países.
A mi juicio, el mecanismo es inevitable en el corto plazo. Sin él, el sistema correría el riesgo de sufrir tensiones de suministro en los próximos inviernos y los inversores no financiarían nueva capacidad firme. Sin embargo, el verdadero reto no es encender las centrales de gas cuando faltan renovables, sino evitar que los pagos por capacidad se conviertan en un subsidio perpetuo a tecnologías fósiles que retrase la transición. La clave estará en cómo evolucione la senda de emisiones exigida en futuras subastas y en la capacidad del almacenamiento —especialmente baterías y bombeos— para desplazar al gas del papel de respaldo.
El Gobierno tendrá que vigilar de cerca esta cuestión. De lo contrario, corremos el riesgo de pagar dos veces: una, en la factura de hoy, por mantener centrales que emiten CO2; y otra, mañana, en forma de inversiones adicionales para desmantelarlas antes de tiempo porque la descarbonización exigía otra cosa. La primera subasta, prevista para 2027, será la mejor radiografía de hacia dónde se inclina realmente la balanza energética.
