El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionaras de las 9 autopistas que quebraron en la última crisis financiera de 2008, un importe que asciende a 120 millones de euros.

La primera garantía que ha solicitado el Departamento que dirige José Luis Ábalos corresponde a la autopista entre Madrid y Toledo (AP-41), cuyo valor asciende a 10,12 millones de euros, con la previsión de seguir incautando las del resto de vías de peaje rescatadas.

Las nueva autopistas que se encuentran en liquidación concursal son la radiales de Madrid R2, R3 y R5 (bajo una única sociedad), R4, M-12 (eje aeropuerto), AP-41 (Madrid-Toledo) y AP-36 (Ocaña-La Roda), así como la AP-7 de circunvalación a Alicante y la AP-7 entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).

Junto con la resolución de los contratos de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de todas estas vías, el Gobierno también contemplaba la incautación de las garantías de explotación, un procedimiento que ahora ha iniciado.

Los avalistas, sociedades concesionarias en liquidación concursal y determinadas sociedades y fondos acreedores presentaron distintos recursos frente a los acuerdos de julio de 2018 del Consejo de Ministros, que, según defiende Transportes en un comunicado, han sido resueltos mediante sentencias firmes por el Tribunal Supremo a favor del Ministerio y en el sentido recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros.

PRECIO DEL RESCATE

De esta forma, el Gobierno se escuda en estas resoluciones judiciales para reclamar los 120 millones de euros dispuestos en garantías, lo que aminorará la factura del Estado por este rescate, un coste que asciende actualmente a 411 millones por la AP-36 (Ferrovial Infraestructuras, Europistas y Budimex) y de cero euros tanto para la M-12 (OHL) como para la R-3 y R-5 (Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), a falta de calcular la factura del resto de autopistas.

El organismo encargado de ejecutar la incautación total de las garantías de explotación depositadas por las sociedades concesionarias será la Caja General de Depósitos. Las fianzas de estas cuatro autopistas, que estaban controladas por tres concesionarias, asciende a 12,9, 7 y 29,7 millones de euros, respectivamente.

El resto se distribuye en 15,5 millones para la R-2 (Abertis, ACS, Acciona y Globalvía), en 18,3 millones para la R-4 (Ferrovial y Sacyr), en 18 millones la AP-7 (Globalvía y Ploder), en 8 millones la circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) y en 10,1 millones la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), para la cual ya ha sido solicitada la incautación.

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves el recurso presentado por una ciudadana que era titular de un bono de Banco Popular que fue convertido en acciones en el marco del proceso de resolución de la entidad en junio de 2017 y reclamaba una indemnización por el daño sufrido.

En concreto, era titular de un bono de 50.000 euros de valor nominal emitido por BPE Financiaciones antes de la resolución del banco. En el proceso de liquidación del Popular dictado por la Junta Única de Resolución (JUR), el bono fue convertido en acciones de la entidad el 7 de junio de 2017.

La afectada impugnó ante la Justicia europea la decisión de la JUR y las dos valoraciones provisionales sobre la disolución del banco que realizó Deloitte como experto independiente. Reclamó, además, una indemnización del perjuicio sufrido como consecuencia de la conversión del bono en acciones.

El Tribunal General declaró en primera instancia que el recurso era inadmisible, pero la afectada recurrió esta decisión el Tribunal de Justicia. En su sentencia, sin embargo, el TUE desestima este recurso de casación presentado.

La defensa de la afectada alegaba que el tribunal de primera instancia había incurrido en un error de Derecho y vulnerado su derecho de defensa al basarse en la oferta firme presentada por Banco Santander, pese a que este documento no fue incorporado a los autos del procedimiento. Además, denunciaba que el Tribunal General no había adoptado ninguna diligencia de ordenación del procedimiento para subsanar esta omisión en los autos.

Por eso, defendía que haber conocido dicha oferta le habría permitido demostrar que la misma no establecía ninguna condición o requisito acerca de los instrumentos de capital de nivel 2 que debían convertirse.

Sin embargo, el TUE rechaza que el Banco Santander no hubiese formulado ninguna condición o requisito acerca de los instrumentos de capital de nivel 2 que debía convertirse, así como que el Tribunal General desnaturalizase la oferta de este banco.

En concreto, el tribunal señala que de la carta del proceso de venta del FROB de 6 de junio de 2017 indicaba que «todos los instrumentos de capital de nivel 2 enumerados en su anexo 2», incluidos los de la afectada de este asunto era titular, «debían ser convertidos en acciones y posteriormente transferidos a Banco Santander«.

Por lo tanto, añade el fallo, «el hecho de que la oferta de Banco Santander no quedara incorporada a los autos no constituye una vulneración del derecho de defensa» de la demandante.

Tras haber desestimado la anulación parcial de la decisión de resolución del Popular, el TUE desestima también las alegaciones de la demandante con respecto a la anulación de las valoraciones efectuadas por Deloitte y de la pretensión de compensación, puesto que estaban supeditadas a la primera.

La comisión ejecutiva del Banco de España ha aprobado el diseño del marco local de las pruebas TIBER-EU del Banco Central Europeo (BCE), en virtud del cual someterá a un análisis avanzado de ciberseguridad a las entidades financieras que así lo soliciten.

El marco local ha sido denominado TIBER-ES y tiene como objetivo fundamental fortalecer la ciberresiliencia de las instituciones financieras que operan en España, contribuyendo así a la estabilidad del sector en el país.

El regulador ha aclarado que el marco español ha sido diseñado para su aplicación en el ámbito financiero, a pesar de que la versión europea permite ser utilizada por compañías de cualquier sector.

En esta línea, ha explicado que cualquier institución financiera que opere en España podrá someterse a pruebas bajo el marco local, de manera voluntaria.

Para ello, en los próximos meses se publicarán las guías y cualquier entidad y proveedor de ciberseguridad interesado en tener más información sobre TIBER-ES o en la realización de las pruebas tendrá que dirigirse al buzón tiberes@bde.es.

Banco de España ha indicado que TIBER-ES cumple los principios de TIBER-EU, por lo que las pruebas realizadas bajo este marco local garantizarán el reconocimiento de autoridades en otras jurisdicciones que también lo hayan adaptado localmente.

La ‘autoridad propietaria’ de TIBER-ES será el Banco de España, si bien contará con la cooperación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSyFP) cuando las entidades que vayan a someterse a las pruebas pertenezcan a su ámbito de competencia.

El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos ha añadido que la tecnología es un elemento imprescindible para que las instituciones financieras puedan ofrecer sus servicios de modo fiable, seguro y acorde con su modelo de negocio y estrategia.

No obstante, el elevado número de interconexiones, la continua y veloz evolución tecnológica, el aumento en el número y sofisticación de ciberamenazas, el desplazamiento masivo de la operativa a los canales digitales o el trabajo en remoto, han convertido la resiliencia y la ciberseguridad de las entidades en una prioridad, tanto desde el punto de vista prudencial como desde el de estabilidad financiera.

El gasto medio en el comercio electrónico en España se mantendrá en una media de 900 euros por persona en 2021, lo que supondrá alcanzar un total a nivel nacional de entre 40.000 y 45.000 millones de euros, cifra que dependerá de la duración y severidad de la crisis económica y las restricciones derivadas del coronavirus, según los datos de la multinacional del comercio electrónico Astound Commerce.

En concreto, el informe cifra a nivel mundial que las compras digitales aumentarán en un 18%, hasta alcanzar los 665.000 millones de euros.

El estudio muestra que más del 80% de los españoles comprará por Internet en algún momento durante este ejercicio, y casi la mitad lohará desde un ‘smartphone’, superando así los temores iniciales sobre compras seguras que lastraron el canal.

«Se habla mucho sobre el crecimiento imparable del ‘ecommerce’ y el impulso provocado por el confinamiento prolongado. En los últimos meses se ha avanzado el equivalente a cinco años, sin embargo, no parece que ese ritmo sea sostenible para 2021 aunque será todavía muy significativo y permanente», ha explicado el vicepresidente de Astound Commerce para España y Portugal, Daniel Carnerero.

De hecho, el estudio señala que es posible que la frecuencia de compra este año no crezca tanto como en 2020 (+51%), ya que se producirá un efecto de normalización en las compras impulsivas, por promociones o pánico. «Esperamos una desaceleración del crecimiento una vez la actividad vuelva a cierta normalidad, algo que va a tardar más de lo que se proyectaba inicialmente», ha estimado Carnerero.

LOS QUE MÁS CRECEN

Por otro lado, Astound estima que el canal ‘online’ alcance el 17,5% del comercio minorista, con el crecimiento más significativo en el sector de la moda, donde se acelerará el cambio de tienda física a Internet. Para 2023, la moda, en el canal digital, estará en unos 2,08 billones de euros, 75% más que en 2017.

En cuanto a otras categorías, la alimentación, cuidado personal, música, mobiliario y accesorios se llevan la mayor parte del gasto, mientras que la parte destinada a viajes y ocio queda muy supeditada a las restricciones de movilidad.

Respecto a los ‘marketplaces’ preferidos para hacer las compras por Internet, Amazon, con el 15,7% del mercado en 2020, verá acentuado su liderazgo en 2021 (alrededor del 16,2%), con muchos pequeños comercios incorporándose a su ya amplia oferta.

Algo similar ocurrirá con Aliexpress, que alcanzará al 5%, desde su actual 4,4%. Ambos capitalizan ser buscadores de referencia, canales de información y portales de compra.

Las concursos empresariales se dispararon un 15% en febrero en relación al mismo mes de 2020, hasta sumar 574, mientras que la creación de empresas apenas subió, sólo un 0,8%, y las disoluciones de sociedades bajaron un 3,1% interanual.

Así se desprende de un análisis realizado por Iberinform, que subraya que tras el claro incremento de los concursos registrado en diciembre y la contención del indicador en enero, el dato de febrero ha vuelto a marcar un crecimiento de dos dígitos, acumulándose en los dos primeros meses del año un alza de los concursos del 5,4%.

«Tanto España como los mercados de nuestro entorno han adoptado medidas para frenar las declaraciones de quiebra, modificando los umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del acreedor para forzar su admisión o proporcionando suficiente apoyo financiero al deudor para retrasar su presentación. En el caso de España, la actual moratoria finalizará el 14 marzo, salvo que se publique una nueva extensión», apunta Iberinform.

Cataluña, con el 27% del total de concursos, y Madrid, con el 18%, son las comunidades autónomas donde más insolvencias se declaran. Les siguen la Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (7%). Por sectores, predominan los concursos de empresas ubicadas en el sector servicios (53% del total), seguidas por la construcción (19%) y la industria (13%).

Frente al fuerte incremento de los concursos, las disoluciones empresariales y la creación de empresas mostraron en febrero tasas interanuales más contenidas, del -3,1% y del 0,8%, respectivamente, hasta un total de 2.943 disoluciones y 8.651 constituciones.

En el conjunto del año, Iberinform destaca que ambos parámetros siguen mostrando valores negativos, en línea con los trimestres de pandemia de 2020 marcados por el retraso en la toma de decisiones sobre el cese definitivo de la actividad o la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Por regiones, la constitución de empresas se concentra en Madrid (21%), Cataluña (20%) y Andalucía (17%). Por sectores de actividad, servicios (43%) y construcción (37%) concentran la creación de nuevo tejido empresarial, a mucha distancia de la industria manufacturera (5%).

En el caso de las disoluciones, Madrid, con el 26% del total, Andalucía (13%) y la Comunidad Valenciana (12%) son las comunidades autónomas donde más disoluciones se declaran, seguidas de Galicia (7%) y Cataluña (6%). Por sectores, destacan las disoluciones de compañías dedicadas a los servicios (46% del total) y construcción (23%), seguidas de la industria manufacturera (7%).