El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que es necesario legislar sobre el teletrabajo y asegura que se tienen que mantener los mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales.

Así lo ha señalado Pino durante un encuentro con los medios celebrado este miércoles, en el que ha remarcado que el teletrabajo ha pasado de ser el 4% a afectar a casi 10 millones de personas en España.

Es por ello que ve necesario crear una norma sobre esta modalidad de trabajo «para que se den todas las garantías y no quede en manos de los empresarios esta fuente de derechos». El Gobierno tiene que legislar y crear una norma», ha hecho hincapié.

Pino ha criticado que el Gobierno haya sacado a consulta pública un proyecto de ley para el teletrabajo y ha remarcado que esta no es una modalidad de diálogo social y que desconocen lo que se recoge en el borrador, «porque no se ha enviado a los agentes sociales». Solo conocemos lo que dicen los medios de comunicación«, ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que no le parece mal que el Gobierno haya acelerado en esta materia, pero «siempre que lo consulte con agentes sociales». «Parece que hay un pensamiento de que si se va rápido quizás se consiga el teletrabajo que hay en estos momentos», ha señalado Pino refiriéndose a una vez termine la situación de alarma por el coronavirus.

Para el sindicato, un teletrabajo «digno» es aquel que potencia la eficacia de conciliación de la vida familiar o personal y la laboral del trabajador, fomenta la igualdad, respeta los derechos de los trabajadores, protege la salud y seguridad, no carga sobre el trabajador los costes propios del puesto de trabajo (equipos, mantenimiento, redes o suministros, entre otros) e impide el abuso, las jornadas excesivas y asegura el derecho a la desconexión.

Asimismo, aboga por establecer una obligación empresarial de elaborar y aplicar un plan de teletrabajo, «previa negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores», incluir el teletrabajo preponderante, fijar un mínimo y un máximo de tiempo dedicado a realizar la prestación a distancia, no inferior a una jornada completa ni superior a los cuatro días.

JORNADA DE CUATRO DÍAS

Preguntado sobre la jornada de cuatro días, Pino ha explicado que existe una demanda por parte de los sindicatos europeos de reducir la jornada de trabajo. Por ello, cree que hay que ir en la dirección de reducir la jornada a cuatro días de trabajo a la semana.

UGT también ve necesario que obligatoriamente se refleje en el contrato de trabajo el lugar donde se desarrollará la actividad, que la empresa asuma la disposición y el mando de equipos informáticos, conexión y demás material necesario para la prestación de la actividad.

Asimismo, insta a que la empresa compense económicamente al trabajador por los gastos que genera el teletrabajo (luz, Internet, mobiliario, etc) y que se desarrolle de forma expresa el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada para esta forma de organizar el trabajo.

Pino cree que cuando la patronal escuche las peticiones de los sindicatos «va a tener poco interés en el teletrabajo». «La patronal entiende que el teletrabajo es que todo va a costa del trabajador y nosotros ya hemos dicho que por ahí no vamos», ha remarcado.

El secretario de política sindical del sindicato ha pedido que se abra un espacio de trabajo en la negociación colectiva para proteger los derechos de trabajadores y ha insistido en que Gobierno debe crear la norma «para que los empresarios no sigan en esa situación feliz de tener las relaciones laborales por la reforma laboral en sus manos».

«Se tiene que corregir la situación, queremos hablar de teletrabajo. No es posible que las cosas vayan adelante sin acuerdo que deje claro que estamos en contra del telemando y no del teletrabajo, que es otra cosa», ha incidido.

Pino también ve necesario que, junto con la patronal en el marco del diálogo bipartito, se vaya pensando en las primeras reuniones de seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para que se valore si se puede alcanzar un acuerdo de teletrabajo para trasladárselo al Gobierno y para trabajar ya en un próximo AENC en el que se desarrollen las relaciones laborales del futuro.

Capital Group considera los bonos de grado de inversión que han sido degradados durante la crisis del Covid-19 hasta alto rendimiento, conocidos en la jerga inversora como ‘ángeles caídos’, presentan una oportunidad y se convertirán en una temática de inversión dominante en los próximos dos años.

Con la pandemia del Covid, la gestora estima que este año y el próximo, bonos de grado de inversión con un valor de unos 500.000 millones de dólares (unos 440.000 millones de euros) podrían asistir a una rebaja de rating que los sitúe en la categoría de ‘high yield’, ya que «las agencias de calificación son ahora más agresivas en comparación con crisis anteriores».

Con el tiempo, este tipo de emisiones tienden a superar el índice general de alto rendimiento, explica el director de inversión de renta fija de Capital Group, Jeremy Cunningham, que ve a estos ‘ángeles caídos’ «más como una oportunidad que como un riesgo».

En concreto, la gestora señala que muchas empresas de sectores como el energético, el automovilístico, el industrial, el de materiales y el de consumo cíclico son «buenos candidatos para volver al grado de inversión en los próximos cinco años.

Cunningham considera que el atractivo de los bonos de alto rendimiento depende de lo que ocurra. Una posible vacuna para el Covid-19 y el apoyo de los bancos y los gobiernos podrían reducir las tasas de impago, si bien, hay otros factores negativos como un aumento aún mayor de la deuda de los gobiernos, que los bancos centrales no tomen más medidas y la ausencia de una vacuna podrían hacer que las tasas de impago aumenten.

La industria de la alimentación y bebidas ha advertido que 2020 no será un buen año para el sector, ya que este ejercicio acabará con la tendencia de crecimiento de los últimos seis años por el impacto del coronavirus, que provocará un descenso de la producción de casi el 4% o del 8%, dependiendo de si hay un rebrote de la Covid-19 a lo largo del año.

«El 2020 va a acabar con la tendencia de crecimiento de los últimos seis años, pero con las medidas adecuadas este año puede ser una mala pesadilla que pase rápido», ha asegurado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, que ha recordado la importancia de recuperar cuanto antes el canal Horeca y el turismo.

De esta forma, el sector ha realizado unas estimaciones sobre cómo cerraría este año en el caso de no haya un rebrote del coronavirus o de si lo hubiera, como se especula, para finales de año.

En el caso del primer escenario, se prevé una caída de la producción de un 3,8%, que sería un «impacto brutal», hasta alcanzar los 114.748 millones de euros, con un descenso de las exportaciones del 6% (30.407 millones de euros) sobre todo en el caso de las bebidas (-8,2%), mientras que se destruiría 4.000 empleos.

Sin embargo, el escenario más dramático sería con un posible rebrote de la Covid-19 en lo que queda de año. Así, se estima una caída de la producción de hasta el 8% (109.708 millones de euros), con un desplome del 11,3% de las ventas al exterior, hasta alcanzar los 28.690 millones de euros, niveles similares a 2016, y un pérdida de 11.000 empleos. «Una situación que no veíamos desde hace muchos años», ha señalado García de Quevedo.

El director general de FIAB ha reiterado la necesidad de que el Gobierno disponga de una serie de medidas para mitigar el impacto de esta crisis. Así, ha vuelto a reseñar la necesidad de garantizar liquidez a las empresas, así como evitar medidas impositivas que lastren el consumo. «Se ha demostrado que esos impuestos lo que hacen es bajar y destrozar el consumo», ha recordado.

El sector también insta a fomentar y proteger el empleo con medidas como la flexibilización y alargamiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), además de la necesidad de generar confianza desde los ámbitos públicos.

ARANCELES DE TRUMP Y BREXIT

García de Quevedo ha solicitado al Gobierno también un mayor apoyo a las exportaciones de los productos españoles, afectados ya por los aranceles de Estados Unidos y ante la amenaza del ‘Brexit’. «Hemos encontrado muchas dificultades para exportar por el cierre de mercados, y éste ha sido nuestro eje de crecimiento en los últimos años y no podemos perderlo», ha recalcado.

De esta forma, la industria agroalimentaria registró un crecimiento del 6% de sus exportaciones en 2019, hasta alcanzar los 32.363 millones de euros.

En este sentido, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha mostrado la preocupación del Gobierno por posibles medidas proteccionistas por parte de algunos países. «Con la crisis es cierto que hay una nueva corriente de proteccionismo que nos preocupa y no es bueno. No nos conviene a ningún país y hay que preservar el mercado único europeo», ha reiterado.

Respecto a las negociaciones con la Admnistración de Estados Unidos por los aranceles a la aceituna de mesa, aceite de oliva o vino, Miranda ha señalado que la actitud de España es la de «solventar las diferencias para desescalar la problemática y normalizar las exportaciones», aunque ha recordado que en este momento en EEUU están en «modo electoral», lo que dificulta el llegar acuerdos.

Desde FIAB han recordado que los aranceles están teniendo impacto en las exportaciones españolas de determinados productos sobre todo en aceite de oliva y vino, ya que las ventas a Estados Unidos crecieron el pasado año un 10% hasta octubre, fecha en la que se impusieron las tasas, lo que provocó una caída en productos con aranceles de hasta un 12% de octubre a diciembre.

Respecto al Brexit, que también podría impactar en los productos españoles este año, García de Quevedo confía en que la Unión Europea negocie como un «solo bloque» y con una «postura común y fuerte» para que los productos españoles no se vean afectados.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno «no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora» y ha reiterado que la propuesta fiscal del Ejecutivo se encuentra ya en el Congreso con algunas figuras nuevas, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, y en el fallido proyecto presupuestario.

Así lo ha señalado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien por cuarta sesión consecutiva ha inquirido a la ministra sobre la subida de impuestos que tiene prevista el Ejecutivo.

«Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora», ha repetido en dos ocasiones Montero, quien ha explicado que la propuesta fiscal del Gobierno de coalición se encuentra ya en la Cámara Baja, con algunas figuras fiscales, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, y en el proyecto de Presupuestos que no salió adelante.

Estos contemplaban medidas como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.

La semana pasada también presentó un anteproyecto para la creación de un gravamen a recipientes de un «solo uso» a razón de 0,45 euros por kilo de envase.

Por su parte, Espinosa de los Monteros (Vox) ha reprochado a Montero que no responda a sus preguntas «concretas» sobre si se va a subir el IRPF a trabajadores, el impuesto de Sociedades, las cotizaciones o se va a obligar a pagar Sucesiones y Donaciones, mostrando su temor de que «la clase media va a cargar con más impuestos».

El diputado de Vox le ha recordado a Montero que antes de su Gobierno ya existían impuestos, así como ministros, desde 1705 con Felipe V, e incluso socialistas como Solbes o Salgado, que «comparados con los de hoy parecen muy moderados.

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno hable de «políticas anticíclicas» en «el peor momento de más crisis y de liquidez, en parte por la epidemia, en parte por la gestión de la crisis».

Por ello, le ha reprochado que «amenacen» con nuevas tasas e impuestos, «amenazando al crecimiento de la economía y a los trabajadores. Así, ha pedido al Ejecutivo que vuelva a la senda de la «moderación tradicional» del PSOE y no se deje «arrastrar» por «radicales» como el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

VOX REPRESENTA «A LOS QUE SE MANIFIESTAN EN DESCAPOTABLES»

Ante estas afirmaciones, Montero ha indicado a Espinosa de los Monteros que no le va a encontrar en «ataques personales» a miembros del Gobierno ni a diputados, y ha defendido el modelo de sociedad que busca ser «más fuertes ante las situaciones de vulnerabilidad» en materia de educación o sanidad, frente al de Vox, que a su juicio representa a «los que se manifiestan en descapotables y con palos de golf».

Además, ha subrayado que lo que representa una «amenaza» es la posición de Vox, ya que «permanentemente hacen incitación a la confrontación y el odio, a enfrentar a diferentes colectivos y territorios», a lo que la ciudadanía asiste «atónita».

Sin embargo, ha dicho que lo que a ella le preocupa es la posición del PP, ya que, ha recordado, Vox afirmó que la manifestación del orgullo gay dejaba «mal olor», ayer el portavoz ‘popular’ en el Senado, Javier Maroto, aseguró que España «huele al 8M». «Señores del PP, ¿qué significa que España huele al 8M?, ¿a qué olemos las mujeres?», ha añadido.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que en el encuentro que se mantendrá a lo largo de esta mañana en el marco del diálogo social se verá «si hay base o no» para alcanzar un acuerdo para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios celebrado este miércoles, donde ha apuntado que el acuerdo no será posible si no aparece la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas «para que no se pase de un escenario de ERTE a expediente de regulación de empleo (ERE)».

No obstante, también ve necesario que se dé continuidad al contador a cero, es decir, conservar el paro al que se tenía derecho antes de la pandemia; o que se recoja que no es posible que los trabajadores en situación de desempleo pasen a cobrar el 50% una vez transcurran seis meses.

El acuerdo «va a depender de la voluntad del Gobierno«. Según Pino, sería necesario que pusiera ya «de una vez encima de la mesa» qué recursos tiene, «vengan de la vía europea o de donde sea», para llevar los ERTE al 30 de septiembre o al 31 de diciembre. Pese a todo esto, Pino espera que se alcance el acuerdo.

Por otro lado, ha señalado que su organización sindical no está a favor del «ERTE acordeón». Según el sindicato, los empresarios quieren manejar cómo tienen que estar los trabajadores en ERTE.

«Hay una norma que habla de cómo se aplican los ERTEs en nuestro país y si se ha de cambiar algo o buscar algún tipo de flexibilidad añadida, que se exponga en la mesa de negociación aquello que pretenden, pero nunca estaremos de acuerdo en un ERTE acordeón a disposición de los empresarios», ha apostillado.

El presidente de la Federación de Bolsas de Valores Europeas (FESE, por sus siglas en inglés), Petr Koblic, cree que simplificar el marco regulatorio de las salidas a Bolsa es un elemento clave para reequilibrar la economía del ‘Viejo Continente’.

«Simplificar el marco regulatorio para las empresas en su viaje al mercado y hacer que su vida como cotizada sea más eficiente y menos burocrática, es clave para reequilibrar la economía europea», indicó Koblic en la presentación del informe de FESE sobre el papel de las Bolsas en el escenario postCovid-19.

Koblic, que también es miembro del Foro de Alto Nivel sobre Unión de Mercados de Capitales (HLF, por sus siglas en inglés), ve necesario igualmente que se eliminen los obstáculos a los que se enfrentan los inversores institucionales y minoristas. «Deben apoyarse las inversiones realizadas por ciudadanos de la Unión Europea», añadió.

«La equidad es necesaria para hacer frente a ‘shocks’ exógenos y se necesitará más que nunca para que los mercados, en la medida de sus capacidades, puedan ayudar a las empresas a superar la crisis actual y financiar el crecimiento posterior a la crisis», explicó el presidente de FESE.

El HLF, compuesto por expertos de alto nivel, ha identificado algunos de los problemas que requieren atención inmediata y propone recomendaciones específicas para avanzar y apoyar el crecimiento de las empresas y los mercados.

El enfoque se dirige fundamentalmente a lograr que los mercados sean más atractivos para las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, proponen, entre otras acciones, ampliar la definición de pyme o incluso desarrollar índices específicos para este colectivo.

Al mismo tiempo, abogan por la creación de un punto de acceso único europeo que ayude a las empresas, sobre todo de los Estados miembros más pequeños, a atraer inversores. Esta plataforma no incurriría en costes adicionales para los emisores y facilitaría a los inversores el acceso a los datos de la empresa.

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles al Gobierno portugués a ayudar con 1.200 millones de euros a la aerolínea Transportes Aéreos Portugueses (TAP), con el objetivo de cubrir sus necesidades inmediatas de liquidez tras sufrir el parón por las medidas contra la propagación del coronavirus.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha precisado que este apoyo deberá servir también para «allanar el camino hacia una reestructuración» de la compañía que garantice su viabilidad «a largo plazo».

Vestager apunta el grave impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en el sector aéreo, cuya flota comercial ha quedado prácticamente al completo en tierra, pero confía en que con la desescalada y la reapertura de las fronteras se relance el turismo y ello «beneficie indirectamente al sector turístico portugués y a la economía del país en su conjunto».

Bruselas ha anunciado su ‘luz verde’ apenas un día después de que Portugal notificara formalmente al Ejecutivo comunitario su intención de dar este apoyo a TAP, aerolínea que opera en 38 países y conecta a cerca de 17 millones de pasajeros cada año entre Portugal y destinos internacionales.

El rescate, subraya la Comisión Europea en un comunicado, no se acoge al marco temporal establecido durante la pandemia para flexibilizar las condiciones de las ayudas de estado a empresas dañadas por esta crisis, sino que debe servir tanto para resolver los problemas de liquidez de la compañía como para «preparar un plan para su viabilidad a largo plazo».

TAP se encontraba ya en dificultades a finales del año pasado, precisa el Ejecutivo comunitario, por lo que el marco normativo que se le aplica es el de reestructuraciones y rescates, por el que los Estados miembro pueden apoyar a compañías con problemas con ayudas públicas «limitadas en el tiempo y en su alcance» y que contribuyan a un interés común.

Los planes de rescate pueden tener una duración máxima de seis meses, para dar tiempo a la empresa a avanzar en soluciones urgentes, y, en este caso, las autoridades lusas se han comprometido a que TAP devolverá el préstamo o emprenderá una reestructuración en ese plazo de seis meses.

Las empresas del Pleno de la Cámara de Comercio de España han realizado hasta el momento aportaciones por valor de más de 640 millones de euros para mitigar los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.

En total han puesto en marcha más de 300 iniciativas de diversa índole orientadas a aliviar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis, recopiladas en la campaña #EmpresasATuLado lanzada por la Cámara de España.

Entre estas acciones destacan soluciones financieras como la creación de fondos económicos de apoyo, moratorias y facilidades de pago para colectivos vulnerables y adelantos en el pago de las pensiones o las prestaciones por desempleo.

Las iniciativas más numerosas son las relacionadas con la donación de material sanitario, ya sea adquiriendo estos productos a proveedores o poniendo su capacidad productiva al servicio de la sociedad, fabricado equipamiento de protección y material médico.

Asimismo, diversas entidades han donado alimentos de primera necesidad para ayudar a los colectivos más afectados por la pandemia. Además, se han lanzado acciones relacionadas con la información, tanto para concienciar a la sociedad sobre la situación actual y difundir las medidas puestas en marcha por las administraciones públicas, como para atender las consultas de la población.

En este sentido, diferentes compañías del sector asegurador han reforzado y puesto en marcha plataformas digitales para permitir la asistencia por teléfono o a través de aplicaciones móviles.

En la mima línea, las compañías de servicios han garantizado desde el comienzo de la crisis el suministro de servicios básicos de agua, gas y electricidad, así como el transporte de productos alimenticios.

Por su parte, las empresas de telecomunicaciones han donado material digital como tablets o móviles a los más necesitados para que puedan estar en contacto con sus seres queridos o puedan seguir formándose de manera digital.

Destacan también otras iniciativas realizadas por las empresas del Pleno de la Cámara de España para agradecer la labor de los sanitarios, para entretener y formar a la población en general o para facilitar la creación de hospitales de campaña.

Los gobiernos de toda la Unión Europea pierden hasta 15.000 millones de euros al año por la presencia de productos falsificados en el mercado, al producirse una reducción de los impuestos directos e indirectos y por las cotizaciones sociales que se dejan de abonar.

Así se desprende de un nuevo informe publicado este miércoles por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.

Para la EUIPO, los daños económicos y sociales provocados por el comercio de falsificaciones «privan a los Gobiernos de ingresos» y pueden servir de apoyo «a formas graves de delincuencia, como el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales».

Además, cada año se pierden en la UE «hasta 19.000 millones de euros de ventas en el sector de los cosméticos y el cuidado personal, el sector del vino y las bebidas espirituosas, el sector farmacéutico y el sector de los juguetes y los juegos debido a la falsificación», según la estimación de la EUIPO.

«Las falsificaciones no se someten a los mismos ensayos rigurosos que los productos auténticos para garantizar que son seguros para el consumo o el uso de las personas», han recordado.

La pérdida de ventas en el sector de los productos cosméticos y el cuidado personal, en particular, ha aumentado en más de 2.500 millones de euros desde que la EUIPO publicó el último análisis en 2019: «el mayor incremento entre los sectores estudiados».

«Aproximadamente, el 14,1% de las ventas de productos cosméticos y de cuidado personal (9.600 millones de euros) se pierde anualmente en el conjunto de la UE debido a la presencia de productos falsificados», han agregado y han precisado que, en España, la cifra alcanza el 18,5%, «lo que equivale a 1.150 millones de euros de pérdidas de ventas cada año, lo que supone un incremento de 309 millones de euros desde que se realizó la última estimación«.

A nivel internacional, la investigación de la EUIPO y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pone de manifiesto que el 1,1% de todos los productos falsificados en el comercio internacional incautados por las aduanas vulnera los derechos de propiedad intelectual de empresas establecidas en España.

El análisis de la EUIPO indica que los productos falsificados peligrosos que se registraron podían suponer un grave riesgo para los consumidores. La mayor parte de los productos en cuestión estaban destinados a niños y eran juguetes, artículos de puericultura o ropa infantil.

VÍNCULOS CON DELITOS GRAVES

Investigaciones llevadas a cabo por la EUIPO y Europol también revelan la existencia de vínculos entre las falsificaciones y otros delitos graves. Desde 2016, los responsables de velar por el cumplimiento de la ley han llevado a cabo, en toda la UE, 29 operaciones importantes de lucha contra la falsificación y la piratería, dirigidas a bandas organizadas que también participaron en otros delitos graves, entre ellos, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

El director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, ha señalado que «la falsificación no es un delito que no provoque víctimas. Los productos falsificados merman los ingresos por ventas de los negocios legítimos y privan a los Gobiernos de ingresos muy necesarios. Suponen riesgos claros para la salud y la seguridad de quienes los utilizan».

«Como muestra el trabajo conjunto que hemos llevado a cabo con Europol, los réditos aparejados a la falsificación también pueden servir de apoyo a la gran delincuencia organizada. Para abordar íntegramente estas cuestiones, es necesaria una acción internacional concertada a todos los niveles», ha comentado.

Las estimaciones dadas a conocer este miércoles por la EUIPO figuran en el Informe de situación sobre las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual de 2020, que agrupa el trabajo de información de la agencia sobre la propiedad intelectual a escala de la UE y mundial, incluidas las conclusiones de las investigaciones realizadas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El informe incluye estudios sobre el volumen de productos falsificados y pirateados en el comercio internacional, y muestra cómo contribuyen los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual al crecimiento económico y al empleo. El informe incluye nuevas perspectivas sobre la utilización de la propiedad intelectual por las pequeñas y medianas empresas (pymes).

SOBRE LA EUIPO

La EUIPO es una agencia descentralizada de la UE con sede en Alicante. Se encarga de gestionar el registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), que proporcionan protección de la propiedad intelectual en todos los Estados miembros de la Unión Europea. También colabora con las oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales de la UE.

El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual se creó en 2009 para respaldar la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual y ayudar a combatir la creciente amenaza que suponen las vulneraciones de la propiedad intelectual en Europa. El Observatorio fue transferido a la EUIPO el 5 de junio de 2012.

CCOO-Industria, UGT-FICA y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han firmado un acuerdo para intentar evitar la destrucción de empleo y cierres de empresas en el sector por los efectos económicos del Covid-19, según han informado los sindicatos en un comunicado.

De esta forma, sindicatos y patronal manifiestan en el acuerdo que «sólo y exclusivamente» cuando en las empresas no sea suficiente con las medidas de flexibilidad interna pactadas, se podrá iniciar, como medidas previa a extinciones de contratos o despidos, y en este orden, expedientes de reducciones de jornada, o suspensiones de contrato de trabajo de carácter temporal, incluyendo cláusulas de salvaguarda del empleo en el período de consultas.

Asimismo, el acuerdo contempla que la duración del expediente sea lo más reducido posible; la presunción de concurrencia de causa que justifica el expediente cuando se venga de un proceso anterior por la misma causa y con acuerdo entre las partes, y el mantenimiento de las medidas de acompañamiento social en el nuevo expediente.

En la mima línea, se ha pactado la rotación de las plantillas como criterios de afectación «más equitativo y justo»; la no afectación a dos personas de la misma unidad familiar; que en igualdad de capacidad para el desempeño del puesto que se necesite cubrir se tenga en cuenta el criterio de género, y la inclusión de los contratos temporales y fijos discontinuos al objeto de que dispongan de cobertura de ingresos.

Establecer anticipos salariales y mejoras salariales como complemento a la prestación por desempleo cuando las causas del ERTE no sean económicas; que el período de vacaciones y las pagas extraordinarias se disfruten y abonen íntegramente con independencia de que las personas estén o no afectadas por las medidas de suspensión del contrato y que la interlocución en el período de consultas sea con los sindicatos más representativos del sector cuando no haya representación legal de los trabajadores en la empresa son otros de los elementos que figuran en el acuerdo.

Con el fin de minimizar los efectos de la pandemia, en el acuerdo se sugiere que en la medida de lo posible y siempre que sea legal y operativamente posible, las empresas del sector con mayor carga de actividad ofrezcan posibles colaboraciones de producción, que permita a estas mantener su actividad, evitando así tener que recurrir a ajustes de plantillas y despidos.

Según las centrales sindicales, el acuerdo suscrito con la patronal es «una apuesta decidida» de los agentes sociales del sector de la alimentación en favor del ERTE «como mecanismo efectivo para evitar despidos».

Los sindicatos destacan que el canal Horeca (bares, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc.) se ha visto obligado a suspender su actividad desde la declaración del estado de alarma y, por tanto, la industria de la alimentación y bebidas está muy afectada por este cese de actividad y tendrá una «lenta recuperación» por la caída del turismo y el descenso de las exportaciones de aquellos productos cuyo destino son países muy afectados por la crisis del Covid-19.