El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este lunes que la Unión Europea (UE) tiene que ser «inteligente y firme» para lograr eliminar los aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios españoles, resaltando que la cercanía de las elecciones a la Casa Blanca coloca en una «buena posición negociadora» a la UE y España.

Así lo ha expresado Planas en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde, acompañado por el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, y la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, ha participado en la presentación del Anuario Agroalimentario 2020 de ‘Diario de Córdoba’, donde ha expresado que «muy posiblemente en las próximas semanas tendremos noticias».

En este contexto, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha mostrado «convencido» de la eliminación de dichos aranceles a los productos agroalimentarios españoles, a los que ha vuelto a calificar una vez más de «injustos», aunque, en su opinión, es un proceso que «no va a ser una cuestión de semanas».

Los gobiernos, tras abordar la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus y brindar a hogares y empresas vulnerables un salvavidas durante la crisis, deberán adoptar un nuevo rol con vistas a preparar la reapertura económica, en la que un incremento del 1% de la inversión pública puede impulsar en 2,7 puntos porcentuales el PIB y generar más de 30 millones de empleos en las economías avanzadas y emergentes, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La institución internacional señala en la última edición de su informe ‘Monitor Fiscal’ que la inversión pública tiene un papel central que desempeñar, ya que un aumento en las economías avanzadas y emergentes podría ayudar a reactivar la actividad económica del colapso económico mundial y a la creación a corto plazo de millones de puestos de trabajo directamente y de millones más de forma indirecta durante un período más largo.

El director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, el portugués Vitor Gaspar, afirma que «aumentar la inversión pública en un 1% del PIB podría fortalecer la confianza en la recuperación e impulsar el PIB en un 2,7%, la inversión privada en un 10% y el empleo en un 1,2% si las inversiones son de alta calidad y si la carga de la deuda pública y privada existente no debilita el respuesta del sector privado al estímulo».

En el caso de las economía avanzadas y emergentes, el FMI estima que el multiplicador fiscal alcanza en dos años un máximo por encima de 2, por lo que aumentar la inversión pública en un 1% del PIB en estas economías crearía 7 millones de puestos de trabajo directamente y entre 20 millones y 33 millones de puestos de trabajo en general si se consideran los efectos macroeconómicos indirectos.

De este modo, la institución calcula que por cada millón de dólares gastado en infraestructuras tradicionales el potencial de creación de empleos oscila entre 2 y 8 nuevos puestos de trabajo, mientras que el potencial se eleva a entre 5 y 14 empleos por cada millón gastado en I+D, electricidad verde y edificios eficientes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes a las comunidades autónomas que «no prejuzguen» la nueva Política Agrícola Común (PAC), cuyas cifras aún «no están concluidas», y que colaboren con «propuestas que sean constructivas y positivas» que «reflejen los intereses de nuestros agricultores y ganaderos».

Así lo ha expresado Planas en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde, acompañado por el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, y la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, ha participado en la presentación del Anuario Agroalimentario 2020 de ‘Diario de Córdoba’, resaltando del mismo que «refleja todo el dinamismo empresarial, económico y social de la provincia de Córdoba».

Durante su intervención, el ministro ha señalado que, «en cualquier negociación, prejuzgar un resultado, sobre todo desde el punto de vista negativo, no me parece positivo», más aún cuando esta negociación europea «era muy difícil» debido a «la salida del Reino Unido» de la Unión Europea (UE), que supone «una bajada del 13% en el presupuesto comunitario», y la situación provocada por la pandemia del coronavirus, «a la cual estamos dedicando muchos recursos presupuestarios».

En este sentido, Planas ha subrayado que «tenemos una financiación», pues «hemos conseguido no solo mantener los 45.500 millones de euros, sino subir hasta 47.724 millones de euros», a lo que hay que sumar «el programa alimentario que esta misma semana» abordará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Yo le pido a las comunidades autónomas» y a «la Junta de Andalucía que hagan propuestas positivas encima de la mesa, que no prejuzgue ningún futuro», ha insistido Planas, quien ha recalcado que «el futuro no está escrito» y «las cifras no están concluidas, pero para eso hace falta trabajar».

La nueva PAC es «una gran oportunidad para España y es una gran oportunidad para Andalucía», pues lo 47.724 millones de euros «son una excelente base para las transformaciones y los retos que tenemos de forma inmediata», como son la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente, la digitalización o el relevo generacional, entre otros.

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

Por otra parte, Planas se ha referido a la campaña de recogida de la aceituna, que empieza de forma «prácticamente inmediata», recordando que tanto él, en su posición de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, como el ministro de Salud, Salvador Illa, «mantenemos reuniones semanales» con los consejeros de Sanidad y de Agricultura regionales para hacer un «seguimiento cercano y próximo de todo lo que se refiere al trabajo de los temporeros en el campo español y para prevenir las situaciones que se puedan derivar desde el punto de vista sanitario en este contexto de pandemia».

Al respecto, el titular de Agricultura ha comentado que «ahora tenemos dos grandes campañas, la campaña de la aceituna y la campaña de los cítricos», y ha mostrado «el apoyo del Gobierno de España» a los trabajadores, señalando que también los ayuntamientos y las diputaciones «tienen mucho que hacer y que decir en una buena coordinación» con el objetivo de «lograr limitar» que se produzcan nuevos casos de brotes y contagios en «un sector que es, desde el punto de vista sanitario y social, especialmente vulnerable».

ATENDER LAS DEMANDAS DEL SECTOR

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha puesto de manifiesto que desde la institución provincial «estamos dando pasos importantes para que la propia viabilidad y las demandas del sector» sean atendidas y «tengamos los instrumentos para ello».

Es por ello que la Diputación provincial «ha creado el Consejo del Olivar de Córdoba, que este martes celebrará su primera reunión, y que, «sin duda, va a ser una herramienta muy útil para toda la agricultura y específicamente para el sector del olivar, que necesita ese apoyo en unas circunstancias realmente complicadas como las que estamos viviendo».

El sector de telecomunicaciones y audiovisual facturó en el primer trimestre de 2020 un total de 8.212 millones de euros, lo que supone un 2,5% menos que los 8.420 millones de euros que ingresó en el mismo periodo del año anterior, según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, los ingresos por servicios minoristas descendieron un 3,9% en el periodo comprendido entre enero y marzo, hasta situarse en los 5.921 millones de euros, mientras que, por el contrario, los ingresos mayoristas aumentaron un 1,6%, hasta los 2.291 millones de euros.

En cuanto a ingresos por servicios minoristas finales, los de banda ancha móvil crecieron un 1,5% en tasas interanuales, aunque la CNMC aclara que estos datos del primer trimestre todavía no reflejan el efecto que haya podido tener el Covid-19 en el mercado de las telecomunicaciones.

En esta línea, también subieron en los tres primeros meses del año la facturación de las comunicaciones de empresa (+2,2%) y la de los servicios de información telefónica (+9,4%), pero los ingresos de los servicios audiovisuales cayeron un 7,1% y los de ventas y alquiler de terminales un 17,7%.

Asimismo, en el primer trimestre del año descendieron los ingresos tanto de la telefonía móvil (-3,3%) como de la telefonía fija (-14,9%), mientras que los correspondientes a la banda ancha fija se redujeron un 0,5%.

En conjunto, los ingresos por telecomunicaciones móviles se redujeron un 0,5% en los tres primeros meses de 2020, hasta los 2.298 millones de euros, mientras que los de las comunicaciones fijas bajaron un 4%, hasta los 1.888 millones de euros.

En cuanto a los datos por operador, Movistar representa el 42,2% del total del mercado minorista, Orange el 17,4% y Vodafone el 16,8%. Dado que las tres compañías han reducido sus ingresos y su cuota de mercado, los tres principales operadores copan ahora el 76,4% de los ingresos minoristas del sector, frente al 77,3% de hace un año.

Por el contrario, los ingresos del grupo MásMóvil suponen ya un 7,6% del total, tras aumentar un 9,4% en tasa internanual. Por su parte, la cuota de mercado de Atresmedia era del 2,9%; la de Mediaset, del 2,8%; y la de Esukaltel, del 2,7%.

DESPLIEGUE DE REDES

En cuanto a accesos, las líneas instaladas de redes de nueva generación (NGA, en sus siglas en inglés) registraron una tasa de crecimiento anual del 10,5%, hasta superar los 63,5 millones. Los únicos accesos que crecieron fueron los de fibra óptica hasta el hogar, que pasaron desde los 46,6 millones de marzo de 2019 a 52,8 millones.

Además, los accesos NGA sobre los que se presta algún servicio aumentaron hasta los 13 millones, lo que representa un incremento del 11,3% respecto a los 11,7 millones que se registraron en la misma fecha del año anterior.

La CNMC también detalla que en marzo de 2020 el 68,5% del total de líneas de banda ancha eran de fibra, así como que de los 15,4 millones de conexiones de banda ancha fija, 12,8 millones tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior. En concreto, de éstas, el 94% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.

Asimismo, en marzo de 2020, el 84,1% de las líneas de banda ancha fija pertenecían a los tres principales operadores, 3,6 puntos porcentuales menos que hace un año. En concreto, la cuota de Telefónica es del 38,3%; la de Orange, del 25,2%; la de Vodafone, del 20,6%; la de MásMóvil, del 10,3%; y la de Euskaltel, del 4,1%.

En cuanto a las líneas móviles, que sumaron 55,2 millones a finales de marzo, un 84,7% tenían conexión a Internet. El 76,4% de estas pertenecían a los tres principales operadores, 1,9 puntos porcentuales menos que hace un año, ya que la cuota de Telefónica es del 29,6%; la de Orange, del 24,4%; la de Vodafone, del 22,4%; la de MásMóvil, del 13,9%; y la del resto, del 9,7%.

EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS

En el caso de los paquetes integrados, las ofertas cuádruples (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil) y quíntuples (que suma a los servicios fijos y móviles la televisión) alcanzaron los 12,5 millones a marzo de 2020.

En concreto, los paquetes quíntuples fueron los que más crecieron en el último año, con 125.000 altas netas, mientras que los paquetes cuádruples registraron alrededor de 4.000 altas netas.

En el caso de la televisión de pago, los abonados aumentaron en este trimestre hasta los 7,8 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 14,5%. La televisión IP se consolida como tecnología mayoritaria con 4,74 millones de abonados, frente a los 4,59 millones de hace un año.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha sido nombrado miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), cargo que ocupará hasta septiembre de 2025, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Garat sustituye en el puesto a Gabriel Sarró Iparraguirre, que venía defendiendo los intereses de la pesca española y europea en esta institución de la UE en los últimos años.

Este órgano consultivo de la UE, que acaba de renovar la composición de sus miembros, representa a organizaciones de empresarios, trabajadores y de otros grupos de interés de la sociedad civil ante instituciones de la UE con capacidad decisoria como la Comisión Europea, el Consejo de la UE o el Parlamento Europeo.

El CESE está compuesto por 329 miembros de todos los países de la UE, siendo su número proporcional a la población de cada país, por lo que España tiene 21.

La incorporación de Garat a este órgano, con sede en Bruselas, coincide con una etapa de especial interés para el sector pesquero español y europeo, al deber afrontar asuntos como las consecuencias del Brexit, la gestión de los fondos europeos en materia marítima y pesquera (FEMP) o el desarrollo legislativo de las estrategias de biodiversidad y de la granja a la mesa de la UE.

«La pandemia y la crisis subsiguiente han subrayado la necesidad de dar respuestas urgentes y contundentes en los ámbitos económico y social, y nuestro sector, el pesquero, puede y debe contribuir de manera clara a la recuperación y a proporcionar alimentación saludable a la población mundial. Desde el CESE trabajaré en propuestas que fortalezcan a nuestro sector para que tome posiciones como motor sostenible de la recuperación y pueda lograrlo», ha indicado Garat.

Javier Garat, también presidente de Europêche, ha sido reelegido recientemente presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA).

Por su parte, Cepesca ha querido agradecer la «magnífica y extraordinaria» labor desarrollada por Gabriel Sarró durante los últimos 14 años, siendo uno de los consejeros más activos de la Sección NAT (Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y, el «gran experto» del ámbito pesquero del Comité.

El director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Carlos Ocaña, ha alertado este lunes del riesgo de empresas ‘zombie’ en España, por lo que ha pedido ser «selectivos» en las ayudas públicas a empresas y también a trabajadores, así como reducir la incertidumbre con reformas y un plan de consolidación fiscal hasta 2025.

Mientras, ha rechazado una subida de impuestos en la actualidad, aunque ha abogado por revisar beneficios fiscales y que haya un IVA más bajo pero sin tantas diferencias entre los tipos del impuesto.

Así lo ha señalado en una conferencia online organizada por Abanca y su obra social, Afundación, en la que ha indicado que tras la caída de la actividad derivad del confinamiento, no había dudas sobre la necesidad de una política expansiva con mayor gasto público, que en el caso español ha cifrado en unos 26.000 millones de euros.

Ocaña ha indicado que ese esfuerzo de políticas «anticíclicas» ha sido mayor en otros países desarrollados que en España, si bien ha sido relevante y necesario para reducir el impacto de la crisis, aunque ha avisado de que tiene «inconvenientes muy importantes», como las «enormes» aportaciones de dinero público para recapitalizar empresas o financiar los ERTE, en un contexto de caída de la recaudación y elevada deuda.

Además, ha alertado de que estas políticas expansivas «distorsionan» los incentivos a los agentes económicos y de que las ayudas a empresas pueden generar «empresas zombie», aquellas que sobreviven solo por dichas ayudas, al tiempo que pueden generar distorsiones de competencia al favorecer más a las empresas menos eficientes y perjudicar a las más eficientes.

En esta línea, ha apuntado que las ayudas destinadas al empleo pueden ser percibidas por empleados de empresas que no las necesitan o mantener empresas que de por sí van a desaparecer, por lo que ha pedido ser «muy selectivos» con las medidas y las ayudas para no destinar recursos de manera ineficiente con políticas «más caras e ineficaces».

«Cuanto más selectiva sea una ayuda a empresa y empleos, mayor será su efectividad», ha defendido Ocaña, quien cree que el reto ahora es acertar con la retirada gradual de las políticas de preservación de empresas y empleo y no estar «indefinidamente» con estas ayudas ante la falta de recursos y la efectividad de su prolongación excesiva.

Según Ocaña, las medidas aprobadas en marzo son la «respuesta sensata» que se esperaba ante el parón de la actividad, pero se esperaba que tuviesen una duración limitada, si bien la realidad ha sido «bastantea más adversa» de lo prevista, sobre todo para sectores como el turismo, el ocio o el transporte, por lo que se han extendido hasta la actualidad y «probablemente» al cuarto trimestre y puede que 2021.

CAÍDA DE PIB DEL 13%, DÉFICIT DEL 12% Y DEUDA DEL 120% DEL PIB

Las previsiones de Funcas auguran una caída del PIB del 13% (en los seis años de la última crisis el PIB cedió un 9%) y un alza del 8% en 2021, aunque Ocaña ha resaltado que la recuperación ya se ha iniciado y se espera un crecimiento del 12% en la segunda mitad de este año.

En cuanto al paro, ha dicho que los ERTE han amortiguado el impacto de la crisis en el empleo, si bien se espera una tasa próxima al 20% a final de año, aunque es inferior la 25% que se llegó a alcanzar en la anterior crisis gracias a los ERTE.

En paralelo, se estima un desplome de casi 72.000 millones de la recaudación que, junto a un notable aumento del gasto público, elevará el déficit público por encima del 12% este año y en 2021 continuará en el 8%, en tanto que la deuda pública escalará al 120% del PIB.

REFORMAS Y REVISAR BENEFICIOS FISCALES

Ante este escenario, ha insistido en la necesidad de ser «selectivos» en las ayudas y de destinar los recursos de 140.000 millones de euros de fondos europeos que recibirá España hasta 2027, especialmente desde 2022, a proyectos que tengan viabilidad para reactivar la economía.

En todo caso, Ocaña ha comentado la dificultad de gastar el cien por cien de los fondos, a pesar del anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un cambio en los sistemas de gestión de contratación pública.

«Va a ser una ayuda significativa pero no suficiente para superar enteramente la crisis; ayudará a reactivar algo la economía pero las cantidades no se compadecen con el problema que afrontamos», ha apostillado, al estimar que España recibirá como máximo 14.000 millones de euros, en torno al 1% del PIB, frente a una caída prevista del 13%.

El director general de Funcas ha rechazado una subida de impuestos porque «no es el momento adecuado», sobre todo en lo referido a los tributos directos (IRPF o Sociedades), si bien se ha mostrado proclive a adoptar medidas respecto a la eliminación de «anomalías» en lo referido a los beneficios fiscales.

En este punto, ha sugerido establecer un IVA «a lo mejor más bajo» pero para todos los productos, en vez de las diferencias «enormes» actuales entre los tipos del 4%, 10% o 21%. Aunque no se reduzcan esas diferencias de golpe, sí ha apostado por trabajar en esa dirección.

El Tesoro Público celebrará una subasta de deuda a corto plazo este martes, con la que espera captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el marco de su programa de financiación revisado al alza ante las mayores necesidades de financiación por el impacto de la crisis del Covid-19.

Así, este martes ofrecerá letras a 6 y 12 meses, con una referencia de un tipo de interés general del -0,459% en el primer caso y el -0,445% en el segundo, registrados en la subasta del pasado 8 de septiembre.

Los inversores han seguido confiando en los títulos de deuda pública española a pesar de la crisis del Covid-19, tal y como se evidencia en la evolución del coste de financiación, con una profundización de los tipos negativos, en paralelo a un aumento de la vida media de la deuda hasta máximos.

En su última subasta, celebrada el pasado jueves, colocó 3.829,08 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y volvió a registrar tipos más bajos, profundizando en los negativos del bono a 5 años y empezando a cobrar incluso por las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

Tras la subasta de este jueves, el calendario del Tesoro programa otras dos subastas en octubre, el próximo martes día 13, de letras a 3 y 9 meses, así como una más de bonos y obligaciones el jueves día 15.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha avisado de que la financiación adicional de 100.000 millones de euros como consecuencia de la crisis podría llegar a ser un «lastre» para las generaciones futuras si no se toman las decisiones adecuadas y no se «invierte en el futuro», en el marco del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ultima el Ejecutivo en el que se proyectarán los planes derivados de los fondos europeos de 140.000 millones que recibirá España.

El organismo anunció a finales de mayo una modificación de su programa de financiación para este año, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le descontarán en torno a 21.000 millones que recibirá España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el nuevo cuadro macroeconómico, con una previsión de una caída del PIB de doble dígito que oscilaría entre el 10% y el 11% para este año, así como el nuevo límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’), si bien no verá la luz una nueva senda de estabilidad presupuestaria tras haber suspendido las reglas fiscales para 2020 y 2021, aunque sí informará sobre las tasas de referencia del déficit para que las distintas administraciones puedan elaborar sus presupuestos, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

El Ministerio de Hacienda ha convocado para este lunes a todos los consejeros del ramo para una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que lleva sin reunirse desde enero y que presidirán la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que se celebrará de forma telemática.

Seguidamente, se ha convocado para la tarde del lunes una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), según han señalado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Montero anunció el pasado miércoles la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, el Gobierno no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, ahorrándose su trámite en el Parlamento.

La decisión se ha tomado después de que el Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

A su vez, la decisión implica también que los ayuntamientos podrán hacer uso, tanto este año como el siguiente y «sin límite», de sus remanentes de tesorería, bloqueados por la aplicación de la regla de gasto y de los límites de déficit y deuda durante todos estos años.

No obstante, el Gobierno sí comunicará unas «tasas de referencia» de déficit con las que las distintas administraciones puedan elaborar sus presupuestos, que presentará a las comunidades autónomas y a las entidades locales este lunes en el CPFF y la CNAL, al tiempo que estudiará con ellas la vía para que no tengan que acometer ningún tipo de política de ajuste, así como el incremento adicional de los recursos por el Fondo Covid y previsiblemente se abordará también el asunto de los remanentes y de los fondos europeos.

TECHO DE GASTO Y CUADRO MACRO

Junto con la aprobación el martes del límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’), el Gobierno también actualizará el cuadro macroeconómico, en función del cual el Ejecutivo deberá amoldar su proyecto de Presupuestos, y que tendrá que contar con el visto bueno de Bruselas. Más adelante dará cuenta de ello en el Congreso de los Diputados.

De cara a los Presupuestos, el ‘techo de gasto’ será expansivo. Ya en febrero la ministra de Hacienda aprobó una senda de estabilidad y defendió en el Congreso el ‘techo de gasto’ para este año que se elevaba un 3,8% (hasta los 127.609 millones), e incluyó una subida del 3% en el año 2021, hasta los 131.437 millones de euros, cifras que ahora han quedado en papel mojado tras la pandemia.

De su lado, el último cuadro ‘macro’ post pandemia recogía una previsión de una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, si bien fuentes gubernamentales confirmaron a Europa Press que previsiblemente se revisará el descenso del crecimiento hasta una franja de entre el 10% y el 11%, en línea con las estimaciones de distintos organismos como el Banco de España, Comisión Europea o Funcas.

En cuanto al desempleo, las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a un incremento de la tasa de paro hasta el 19% este año y su moderación al 17,2% en 2021.

Pese a que no hay que aprobar senda de déficit, el Consejo de Ministros informará sobre unas tasas de referencia. La última senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno proyectaba un déficit público del 10,34% del PIB este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor déficit desde el año 2012, con una caída de los ingresos del 5,3%, con 25.711 millones respecto al año pasado, hasta 461.043 millones (41,2% del PIB) y un aumento del gasto público del 10,5%, con 57.765 millones de euros más, hasta 576.714 millones (51,5% del PIB). Entonces, Montero cifró el impacto de las medidas para paliar el Covid-19 en 138.923 millones de euros.

El Programa Presupuestario preveía un incremento de la ratio de deuda pública desde el 95,5% del PIB registrado el 2019 hasta el 115,5% del PIB este año.

El Gobierno trabaja con el convencimiento de que, con motivo de la pandemia, el examen de Bruselas no se centrará en la magnitud del déficit público, sino en la capacidad de ejecución de los fondos europeos aprobados para afrontar la reconstrucción económica y los proyectos que se presenten para concentrar los 140.000 millones de euros que, entre transferencias y créditos, corresponden a España.

PROYECTO DE PGE, EN OCTUBRE

Con estos pasos previos del ‘techo de gasto’ y el cuadro ‘macro’, necesarios para las cuentas públicas, el Gobierno presentará a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, con el objetivo de que esté aprobado «a finales de diciembre o principios de enero», según el calendario detallado por la ministra de Hacienda.

Entre las medidas que se han abordado por el equipo negociador formado por Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se encuentra una subida del IRPF a rentas altas, una bajada de Sociedades a pymes, la eliminación de la bonificación y la consiguiente fijación de un IVA del 21% a educación y sanidad privadas, la reducción de bonificaciones a planes de pensiones individuales y la modificación de los tipos reducidos del IVA, entre otras.

Las opciones del Gobierno contemplan en principio dos alternativas: sacar adelante las cuentas con Ciudadanos y PNV o repetir la fórmula con el apoyo de los grupos que apoyaron la investidura, entre los que figuran ERC, JxCAT o EH Bildu.

Junto con los PGE, este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará también el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que trabaja y que tiene como ejes centrales la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

En los próximos seis años España tendrá que gestionar 140.000 millones de euros, a definir en los próximos tres años, 72.000 millones de ellos en transferencias directas y el resto en préstamos.

Ya el 15 de octubre el Gobierno remitirá a Bruselas el Plan Presupuestario en el que esbozará las líneas generales de los Presupuestos y se plasmarán los planes de los fondos europeos, y a lo largo del mes presentará y llevará al Congreso los Presupuestos al Gobierno.

En caso de que los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2018 se extiendan un año más, supondría la novena prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017 y, por tercera ocasión, sucedería con los de 2018, algo que no había ocurrido anteriormente.

No obstante, desde Hacienda aseguran que se mantiene la intención de presentar «en tiempo y forma» el proyecto para su entrada vigor cuando empiece el próximo año, aunque no ocultan que podría darse una «prórroga técnica» durante varias semanas si los nuevos Presupuestos no están listos para el 1 de enero de 2021.

El secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, ha mostrado su deseo de que se pueda anunciar «próximamente» un proyecto de inversión para la fabricación de baterías para vehículos electrificados en España.

Blanco ha resaltado la necesidad de «seguir trabajando con discreción» en este sentido, aunque afirmó que existe «interés» y reconoció que se van madurando los proyectos. «Esperemos que próximamente puedan ser realidad y se puedan anunciar», afirmó.

El secretario general de Industria y de la Pyme apuntó, además, que la discreción es importante tanto para atraer proyectos de multinacionales expertas en baterías como para potenciar capacidades industriales nacionales, que también cuentan con iniciativas que se están desarrollando.

EL RENOVE, EN «SEMANAS»

Por otro lado, Blanco apuntó que en las próximas «semanas» se pondrá en marcha el sistema para solicitar las ayudas vinculadas con el Plan Renove, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y busca incentivar la compra de vehículos nuevos más eficientes y seguros.

«Nuestro objetivo es a 31 de diciembre agotar los fondos, según lo previsto. En estas semanas se va a abrir el aplicativo del plan y todos los compradores que ya hayan adquirido el vehículo podrán realizar el trámite y también los que vengan después y a partir de aquí se incorporarán las nuevas operaciones», añadió.

En esta línea, señaló que hasta la fecha, según datos de Faconauto, se han registrado unas 110.000 matriculaciones de vehículos vinculadas al Plan Renove, lo que representa un dato «magnífico» y mostró su confianza en que hasta finales de año este programa de el «último empujón», tras unos meses de verano más calmados en cuanto a ventas.

«Nunca antes un plan Renove había tenido 250 millones de euros. Es un período de tiempo muy corto y creemos que se agotarán los fondos. La mejor noticia sería que se han agotado, porque eso significaría que se ha traducido todo en ventas», afirmó.

En cuanto a una posible continuidad del plan cuando se terminen los fondos, subrayó que el Renove se planteó como un programa «único» dada la situación de crisis motivada por la pandemia y basado en la neutralidad tecnológica, por lo que afirmó que, posteriormente, los planes se centrarán en el vehículo eléctrico, como el Moves.

Por otro lado, el secretario general de Industria y de la Pyme señaló que el plan de recuperación económica que presentará el Gobierno con los fondos de reconstrucción europeos «dará continuidad» a las actuaciones del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada’, presentado el pasado mes de junio y que cuenta con una dotación de 3.750 millones de euros.

Blanco explicó que en el momento de presentar el plan sectorial no estaba claro el proyecto de fondos europeos y destacó que ahora se puede hacer «mucho más». «La intención es reforzar las líneas previstas y consensuadas con el sector e ir hacia proyectos tractores que aceleren la transformación del automóvil español en ámbitos como la electrificación o la digitalización», finalizó.

La aplicación de un IVA superreducido en los productos consumidos en la hostelería contribuiría a aumentar el gasto en este canal hasta 4.320 millones de euros, en el año 2021, pasando de un gasto de algo más de 86.000 millones de euros a más de 90.396 millones de euros, según un estudio de la alianza por el turismo competitivo en España, Competur.

Esta medida contribuiría a mitigar parte del «dramático impacto» que están sufriendo los bares y restaurantes en España a consecuencia de la pandemia Covid-19, lo que se traducirá en una mayor recaudación de impuestos por el aumento del consumo, y el sostenimiento del empleo y los negocios hosteleros.

En términos porcentuales, una reducción del IVA haría reducir en hasta 4 puntos la caída de gasto prevista para 2021 (de 20,3 puntos, en el peor escenario), según el estudio, que propone que se tome esta medida de manera integral (todos los productos consumidos en hostelería) y temporal (por un tiempo limitado para generar el efecto deseado).

Según los datos analizados por Competur, ya hay un total ocho países europeos que reconocen la efectividad de esta medida, y ya han aprobado la reducción del IVA en todo su territorio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania).

La organización asegura que en España, el sector de la hostelería tiene un peso en la economía de hasta tres veces mayor al de otros grandes mercados. Esto sitúa a España como el país en el que la hostelería representa un mayor porcentaje de su PIB nacional, con un 6,2%.

CASI 2 MILLONES DE EMPLEOS DIRECTOS

Con más de 315.000 establecimientos, el sector generó en 2019 un total de 1,7 millones de empleos directos en España. A pesar de su gran peso económico, la hostelería y el sector turístico se encuentran en un momento crítico debido a la pandemia de coronavirus que asola a todo el país.

Según el estudio, «la hostelería se enfrenta a una caída sin precedentes en el marco de la mayor contracción económica registrada en décadas por la economía española y con riesgos de ser persistente. Esto ha afectado a los subsectores ligados a la hostelería con pérdidas de ingresos ya irrecuperables».

El Banco de España ha resaltado la importancia de conjugar la educación financiera con la responsabilidad a la hora de que un ciudadano se endeude, con el fin de evitar los efectos potencialmente negativos del sobreendeudamiento excesivo.

Así lo ha indicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un acto organizado con motivo del Día de la Educación Financiera, bajo el lema ‘Finanzas Responsables, Finanzas para Todos’.

De este modo, De Cos ha explicado que el ejercicio del préstamo responsable concierne a todos, tanto a los clientes como a los propios proveedores de servicios financieros.

Así, considera que los clientes han de juzgar «con prudencia, pero sin miedo», sus posibilidades de endeudamiento y ha recordado que el propio Banco de España cuenta con herramientas online que pueden ayudarles, como los simuladores de préstamo o el presupuesto familiar.

Por su parte, ha indicado que las entidades financieras deben evaluar la solvencia del potencial prestatario antes de formalizar cualquier tipo de contrato sobre la base de una información suficiente.

En este sentido, el gobernador del Banco de España ha dicho que las diversas iniciativas legislativas de los últimos años han ido en la línea de reforzar el principio de análisis de la solvencia por parte de las entidades, con el fin de proteger al consumidor.

«No cabe duda de que atender a las necesidades financieras de los ciudadanos es fundamental para el sostenimiento de muchas actividades económicas, más si cabe en la situación actual», ha subrayado.

Según De Cos, el objetivo del supervisor es el de garantizar que la estabilidad financiera se apoye en relaciones equilibradas entre los ciudadanos y los proveedores de servicios financieros.

«Para nosotros es una labor prioritaria. Es un esfuerzo plenamente justificado», ha apostillado, añadiendo que la práctica totalidad de los españoles será cliente de un banco, ya sea porque tiene un tarjeta de crédito o porque opera con una cuenta corriente.

EDUCACIÓN FINANCIERA DESDE LA ESCUELA

En el mismo acto ha intervenido la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien ha insistido en que la educación financiera debe ser «fundamental y básica» desde la escuela, capacitando al alumnado a tomar decisiones adecuadas que garanticen su bienestar económico y social.

Para Celaá, la escuela es el mejor escenario para promover estas competencias y reducir la desigualdad, al tiempo que ha abogado por reforzar las iniciativas comunes entre lo público y privado.

«Se trata de prepararles para vivir el día de mañana de una forma independiente, que comprendan el complejo contexto económico y que estén formados como para adoptar una actitud crítica y tener capacidad de análisis ante las ofertas financieras», ha indicado.

El covid-19 y las restricciones que han sufrido los españoles este verano han empujado a muchas personas a decantarse por este tipo de turismo, el acuático. Así, las matriculaciones de embarcaciones de recreo en España registran el mejor mes de septiembre de los últimos tres años, con un crecimiento del 31,3% respecto al año anterior, según datos del Informe del mercado de embarcaciones de recreo editado por Asociación Nacional de Empresas Naúticas (Anen) a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

El mes pasado se matricularon 323 embarcaciones de recreo, frente a las 246 y 236, registradas en los meses de septiembre de 2019 y 2018,respectivamente. En el acumulado de los nueve meses transcurridos de 2020 (enero-septiembre), la caída de las matriculaciones ha ido aminorando gracias a la evolución de la temporada, que ha sido más corta pero marcada por un importante incremento de la demanda interna. Desde enero hasta septiembre se han matriculado en España 4.786 embarcaciones de recreo frente a las 5.478 efectuadas en el mismo período del año pasado.

El alquiler de embarcaciones, con una buena temporada de junio a septiembre, se ha comportado especialmente bien este último mes en el que se han incrementado las matriculaciones de embarcaciones para este uso en un 8,11% con respecto a septiembre de 2019.

En el acumulado del año, debido a las caídas de abril y mayo, las matriculaciones de barcos destinados al chárter pierden un -27,38%. Por eslora, pierden matriculaciones todos los segmentos en el acumulado del año, una caída que es menor en las matriculaciones de barcos hasta 8 metros (-11,8%) que representan el 89,4% del mercado náutico.

Por tipología de embarcaciones, las motos de agua (-0,1%), neumáticas plegables (-7%) y veleros (-8,4%) son los que pierden menos matriculaciones en el acumulado del año.