El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que es «muy difícil» llegar al martes de la próxima semana a un acuerdo para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

«Todavía en este momento no tenemos papeles del Gobierno. Los de la CEOE están, los de sindicatos están, pero no he visto ningún papel del Gobierno«, ha apuntado.

Según Garamendi, «es muy difícil que se hable de flexibilidad y que se esté pidiendo a su gente que tenga que trabajar el domingo, porque llegue papel a la tarde y noche para que el lunes se diga que sí.

No obstante, ha dejado claro que la intención de la patronal siempre es la de negociar, trabajar y llegar a acuerdos. Estamos donde estamos y por tanto nuestro interés es defender a la economía española, a nuestro país y también que estas empresas puedan estar hibernadas y defendiendo a los trabajadores y protegiendo el empleo, que es el que se protege con los ERTE.

El Banco Central Europeo (BCE) ha defendido su «controvertida» decisión de exigir a los bancos de la zona euro la suspensión del reparto de dividendos y de las recompras de acciones subrayando que habría sido imprudente no hacerlo ante la incertidumbre por la crisis por la Covid-19, aunque la entidad ha asegurado que derogará esta restricción cuando la recuperación sea sólida, según ha indicado el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.

«Esta medida es de naturaleza excepcional y temporal, y la derogaremos tan pronto como se disipe la incertidumbre económica y la recuperación sea sólida», ha señalado Enria, quien reiteró que espera ofrecer más claridad al respecto el próximo mes de julio, tomando en consideración la recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

La JERS, presidida por Christine Lagarde, ha emitido una recomendación para que las autoridades insten a las entidades financieras bajo su supervisión a que se abstengan de repartir dividendos y de llevar a cabo recompras de acciones propias «al menos hasta el 1 de enero de 2021», lo que supone extender al menos en tres meses la moratoria en vigor.

En este sentido, Enria ha subrayado que la recomendación de suspender el dividendo y las recompras de acciones busca preservar el capital de las entidades en un contexto marcado por la incertidumbre respecto de la profundidad y duración de la «esta peculiar recesión» y ha defendido que «hubiera sido imprudente» permitir que casi 30.000 millones de euros salieran del sector mientras una tormenta de magnitud desconocida se cierne sobre el horizonte.

«Soy consciente de que esta ha sido una decisión controvertida y reconozco que puede haber jugado un papel en la disminución de las valoraciones del mercado de los bancos europeos, ya deprimidas en los últimos meses. Aún así, restringir los dividendos y las recompras fue la decisión correcta para mantener dentro del sistema la mayor capacidad de absorción de pérdidas posible«, ha afirmado.

De este modo, ha indicado el banquero italiano, si la recesión resultara ser más suave de lo esperado actualmente, nada impedirá a los bancos abonar dividendos extraordinarios en el futuro para compensar a sus accionistas por su paciencia en estos momentos, mientras que, en el caso de que la recesión sea aún más dura de lo previsto, los accionistas se beneficiarán de la resiliencia de los bancos, que les permitirá conservar el valor de sus inversiones a largo plazo.

FECHA, OCTUBRE

El pasado mes de marzo, el BCE instó a los bancos a que no abonen ningún dividendo a sus accionistas hasta al menos el próximo mes de octubre, ya sean estos a cuenta de 2019 o de 2020, debido al impacto del coronavirus Covid-19, con el fin de elevar la capacidad de las entidades de absorber pérdidas y apoyar los préstamos a hogares, pequeñas empresas y compañías durante la pandemia.

De hecho, el propio Andrea Enria llegó a advertir en abril de que el BCE empleará las medidas legales a su disposición para obligar a los bancos a no pagar dividendos en línea con su recomendación.

A este respecto, el italiano informó al Parlamento Europeo el pasado mes de mayo de que la banca europea ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas a causa de la pandemia de Covid-19, lo que representa un 75% del total que las entidades financieras tenían previsto repartir antes del brote de la enfermedad.

BBVA Research constata que el gasto entró en terreno «positivo» en las provincias que pasaron a la fase 2 del proceso de desescalada y que se registra un aumento de las retiradas de efectivo en cajeros.

Así lo señala en la actualización de esta semana del informe sobre el gasto en tarjetas realizado por el servicio de estudios de la entidad, que explica que las provincias en fase 2 desde el 25 de mayo han entrado ya en terreno positivo en cuanto al gasto, con incrementos de hasta el 10% los primeros días de pase de fase.

De esta forma, dejan atrás las caídas superiores al 60% que llegaron a registrar a mediados de abril, que se han ido moderando progresivamente conforme al levantamiento de restricciones.

Además, aquellas provincias que pasaron a la fase 2 el pasado 1 de junio estaban ya a punto de entrar en terreno positivo la semana pasada. De igual forma, constata que la recuperación es generalizada en todos los sectores en la mayoría de provincias en fase 2.

DESESCALADA

El análisis refleja que el avance de la desescalada ha impulsado las compras físicas, de forma que la caída se ha moderado hasta el 10% en la semana del 7 de junio, frente a casi el 70% que llegó a rozar a mediados de abril.

Por su parte, las compras online han reducido su caída también hasta en torno el 25%, frente al descenso que llegaron a alcanzar a mediados de abril. Las compras físicas representan el 82% del total, frente al 18% de la rama online.

Por otra parte, BBVA Research destaca que se consolidan los «brotes verdes» en Estados Unidos y Turquía, así como en México, aunque más moderado, y por primera vez, ve ya «recuperación» en América del Sur, sobre todo en Colombia y Perú, mientras que no tanto en Argentina.

En detalle, subraya que se recupera rápidamente el gasto en servicios como restaurantes después del levantamiento de restricciones en la UE y en Estados Unidos, al tiempo que mejora también el gasto en transporte.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta el máximo histórico de 1.224.161 millones de euros, alcanzando el 98,9% del PIB, por lo que aumentó en términos absolutos un 2,96% respecto a diciembre de 2019, con 35.294 millones de euros más como consecuencia de la crisis del Covid-19, y se incrementó un 2,3% respecto al mismo trimestre del año pasado, con 27.494 millones más, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

De esta forma, la deuda pública marcó su máximo histórico en el primer trimestre, afectado desde mediados de marzo por las medidas de restricción de movilidad derivadas del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del Covid-19, al elevarse un 3% en términos trimestrales y un 2,3% interanual.

Repunta un 3% respecto al último trimestre de 2019 y un 2,3% en tasa interanual

En consecuencia, la ratio de deuda pública sobre PIB escaló al 98,9%, lo que supone 3,3 puntos porcentuales respecto a la ratio de cierre de 2019, cuando consiguió bajar y cumplir con el objetivo del 95,5% del PIB), y representa el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018.

Para este año el Gobierno augura una ratio de deuda pública del 115,5% del PIB como consecuencia del PIB, y el Tesoro revisó recientemente su programa de financiación elevando sus previsiones de emisiones en 100.000 millones ante las mayores necesidades.

CORPORACIONES LOCALES

Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de enero y marzo de este año, salvo en las corporaciones locales. Así, la deuda del Estado subió en el primer trimestre a 1.094.947 millones de euros, un 3,1% más que en el trimestre anterior y un 2,7% más interanual, lo que representa el 88,5% del PIB, con un alza de 3,3 puntos porcentuales, marcando su mayor ratio de la historia.

Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 0,9% intertrimestral y un 0,6% interanual, hasta los 297.866 millones de euros en el primer trimestre, equivalente al 24,1% del PIB, cuatro décimas más que en 2019.

Por el contrario, las corporaciones locales redujeron un 1,5% su deuda en el primer trimestre, hasta los 28.878 millones de euros, un 11,9% menos interanual, lo que representa el 1,8% del PIB, una ratio una décima inferior a la de 2019.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en 55.025 millones de euros, por lo que marcó su récord histórico al crecer un millón, sumando 11.957 millones de euros más en un año, con un alza del 27,8%. La ratio sobre PIB es del 4,4%.

Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad con carácter mensual de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector administraciones públicas, explica el Banco de España.

LAS CCAA MÁS ENDEUDADAS

Dentro de las comunidades autónomas, la deuda se elevó en términos absolutos en todas las regiones respecto al trimestre anterior salvo en Andalucía, Canarias, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Concretamente, Cataluña (79.429 millones de euros), Comunidad Valenciana (48.158 millones), Andalucía (35.244 millones) y Madrid (34.052 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.395 millones), Castilla y León (12.780 millones), Galicia (11.687 millones), Murcia (9.965 millones), Islas Baleares (9.004 millones) y País Vasco (8.976 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.835 millones), Canarias (6.489 millones), Extremadura (4.904 millones), Asturias (4.788 millones), Navarra (3.011 millones), Cantabria (3.439 millones) y La Rioja (1.708 millones).

No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 42,2%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 36,2%, y Cataluña, con el 33,7%.

Les siguen Murcia (30,8%), Baleares (26,9%), Cantabria (24,2%), Extremadura (23,8%), Aragón (23,2%), Castilla y León (21,4%), Andalucía (21,3%), La Rioja (19,5%), Asturias (19,9%), Galicia (18,1%) y Navarra (14,4%).

De su lado, la Comunidad de Madrid (14,3%), País Vasco (12,1%) y Canarias (13,8%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

MADRID Y BARCELONA 

Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 500.000 habitantes acumularon una deuda de 4.377 millones de euros hasta marzo, 364 millones menos que el trimestre previo, al tiempo que aquellos con más de 300.000 y menos de 500.000 la situaron en 740 millones, 21 millones menos, en tanto que la del resto de capitales bajó a 2.478 millones, 39 millones menos.

Entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 2.005 millones de euros (-10,2% intertrimestral), sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Zaragoza, con 703 millones (un millón menos) y Barcelona, con 731 millones (-6,5%). No obstante, las tres han reducido su endeudamiento respecto al trimestre previo y respecto al año anterior.

Les siguieron Valencia (357 millones), Málaga (340 millones), Murcia (298 millones) y Sevilla (241 millones), que en todos los casos también la han reducido.

El Ministerio de Sanidad ha dictado una Orden por la que autoriza, a partir del próximo 15 de junio, la puesta en marcha de un programa piloto para el establecimiento de un corredor turístico seguro desde Alemania hacia las Islas Baleares mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores.

Así, desde el próximo lunes se permitirá la entrada de turistas a Baleares procedentes de Estados miembros o Estados asociados Schengen a través de rutas aéreas específicas, así como la entrada a territorio nacional a través de las fronteras interiores a las personas que lleguen a Baleares a través de este corredor, quedando éstos exceptuados de guardar el periodo de cuarentena.

En total, la Orden recoge 47 vuelos procedentes de diversos aeropuertos alemanes programados entre el 15 y el 30 de junio, la mayoría a Mallorca; ocho conexiones a Ibiza y sólo se prevé un vuelo a Mahón.

Para este lunes hay dos vuelos programados de Frankfurt y Dusseldorf a Palma; el primer vuelo confirmado a Ibiza, desde Dusseldorf, será el miércoles 17 de junio; y el único vuelo confirmado con Mahón, el 27 de junio.

Cabe recordar que desde el Govern reconocían que el mercado alemán es mayoritario en Mallorca pero no tiene tanta presencia en las otras islas, por lo que han expresado su voluntad de trabajar por que se comercialicen vuelos que permitan un reparto más equilibrado de visitantes entre las distintas islas. Según una Orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la apertura de los corredores turísticos requerirá que la comunidad autónoma de destino se encuentre en la fase III del Plan de Transición a la Nueva Normalidad.

Asimismo, se exigirá que tanto el Estado de origen de los turistas como la Comunidad Autónoma de Baleares tengan una tasa de ataque de Covid-19 por 100.000 habitantes en siete días consecutivos inferior a nueve casos, garantizando con ello una situación de equivalencia epidemiológica. Será necesario que el turista que se desplace sea residente en el mismo Estado donde se ubique el aeropuerto de origen.

CONTROL Y REQUISITOS A CUMPLIR

Los turistas que accedan al territorio nacional a través de los corredores turísticos deberán estar en disposición de aportar prueba de billete de ida y vuelta desde el aeropuerto de origen del corredor turístico, así como de alojamiento en Baleares por todo el periodo de estancia, que no podrá ser inferior a cinco noches.

Los corredores turísticos seguros únicamente se podrán establecer en conexiones cuyo destino en la comunidad autónoma conserve la consideración de aeropuerto designado como punto de entrada con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.

Los aeropuertos de origen y de destino, así como las compañías aéreas que vayan a hacer los vuelos dentro del corredor turístico seguro deberán formar parte del Programa Voluntario de Monitorización de la Implementación del Protocolo Operativo de EASA para el covid-19 o tener implantadas las recomendaciones de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) a partir del 15 de junio de 2020 o, en su caso, a partir del momento en que se vayan a efectuar los vuelos.

Las compañías aéreas también deberán informar del número máximo de plazas diarias que pretendan comercializar dentro del corredor turístico seguro y facilitar el formulario de salud pública para localizar a los pasajeros (Passanger Location Card), que deberá portar el viajero a la llegada a España.

En el aeropuerto de llegada, el personal de Sanidad Exterior llevará a cabo los controles sanitarios necesarios, lo que incluirá el control documental en base a la Passanger Location Card y cualquier otro que se estime oportuno.

En la Orden se establece además que, a partir de hoy mismo, quedarán exceptuados de cumplir cuarentena a su llegada a España los trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones; los profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral, siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de coronavirus; personas que accedan al territorio nacional a través del corredor turístico hacia Baleares por el levantamiento parcial de fronteras interiores, y los ciudadanos de los Estados miembros o Estados asociados Schengen que se desplacen a España para participar en una operación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

El objetivo de este programa piloto, según ha explicado el Ministerio de Sanidad, es comprobar el funcionamiento del modelo de levantamiento de los controles temporales de las fronteras interiores y la recuperación de la libertad de circulación. Para ello, se constituirá un Comité de Seguimiento que se reunirá cada dos días y cuyas decisiones se adoptarán por consenso.

Dicho Comité estará compuesto por representantes del Ministerio de Sanidad, de la Secretaría de Estado de Turismo, de Aena, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de los órganos competentes en materia de Sanidad y Turismo de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

El sector asegurador español se ve preparado para afrontar una segunda crisis del coronavirus en caso de que llegase a producirse y augura más consolidación, según ha aseverado el 91% de los 138 directivos que han participado en un estudio de Deloitte.

La fuerte caída de la nueva producción en la comercialización de seguros a raíz del estado de alarma y la situación de los mercados ha afectado negativamente a las compañías del sector. De hecho, el 56% de los encuestados expone que la caída en la venta de pólizas es el ámbito que más impacto ha sufrido, seguido de la situación financiera (30%) y el aumento de la siniestralidad (13%).

Sin embargo, el 54% ha manifestado que dichos impactos no llegarán a desencadenar la disolución de ninguno de sus competidores, si bien no descartan que se produzca una concentración del mercado a finales de ejercicio. En este sentido, el 70% pronostica que la crisis dará lugar a operaciones de adquisición o concentración, principalmente de aquellas entidades que, con anterioridad a la pandemia, ya estaban sufriendo problemas de solvencia y competitividad comercial.

RIESGOS PARA LAS COMPAÑÍAS

Preguntados por los principales riesgos a los que se están expuestas sus compañías a raíz del Covid-19, la ciberseguridad ha perdido peso durante el estado de alarma, lo que Deloitte achaca a que el 74% de entidades ha tomado las medidas necesarias para proteger las infraestructuras tecnológicas. Así, por delante de la ciberseguridad les preocupan los tipos de interés y rentabilidad de las inversiones, la distribución de seguros, la gestión del cambio y la solvencia.

También ha sido destacado el impacto en la solvencia, mientras que el riesgo reputacional ha quedado relegado a los últimos riesgos a los que se han visto expuestas las compañías, gracias a las actuaciones de acción social realizadas durante la pandemia.

En cuanto al empleo, los directivos del sector asegurador han señalado que no será necesario tomar medidas drásticas, aunque solo el 1% aumentará las contrataciones y el 72% cree que se reducirán o se congelarán.

En cambio, destaca que el 80% de los proyectos sigue su curso habitual, frente al 19% que se ha paralizado temporalmente y el 1% que se ha visto obligado a cancelar.

El 83% de las respuestas manifiestan que la situación generada por el Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la transformación digital de las entidades y el 42% entiende que se acelerará la digitalización de los departamentos comerciales.

Por el cambio de conducta en los consumidores, la amplia mayoría considera que se modificará el modelo de distribución y comercialización de sus productos de seguros hacia la venta online. Por otra parte, aunque son conscientes de que se introducirán medidas dirigidas a garantizar la sostenibilidad a futuro en el corto y medio plazo, el 61% de los encuestados no considera que la sostenibilidad sea un área que deba verse incrementada en su inversión.

En general, el 90% de los encuestados es optimista en cuanto a las nuevas oportunidades para el sector a las que dará paso la crisis sanitaria, tanto en coberturas como en la prestación de nuevos servicios añadidos, aunque la misma proporción considera que el volumen de primas emitidas por parte de su entidad se verá reducido a corto-medio plazo, no esperando una recuperación económica hasta 2021.

FALTA DE MEDIDAS FISCALES

El estudio refleja que la mayoría de directivos del sector asegurador considera que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) se ha mostrado cercana a ellos con su seguimiento y tutela desde la declaración del estado de alarma.

Sin embargo, los participantes veían necesario, de forma unánime, que se hubieran fomentado medidas de diferimiento de impuestos para asegurar la liquidez de las entidades y, consecuentemente, el mantenimiento del empleo.

Deloitte concluye en su informe que el sector asegurador tiene la suficiente solvencia para haber superado los efectos que ha causado la primera fase de la pandemia. En opinión del socio y responsable de seguros de Deloitte Legal, Ignacio Ortiz del Río, el músculo financiero de las aseguradoras las convierte en «uno de los pilares de la recuperación económica» que empieza a afrontar el país.

La agencia Fitch Ratings actualizará este viernes su evaluación de la solvencia de la deuda de España, a la que adjudica una calificación a largo plazo ‘A-‘ con perspectiva estable, en lo que supone el primer examen de la nota española por parte de la entidad desde el pasado mes de diciembre y que vendrá marcado por el impacto de la crisis de la Covid-19.

A finales del pasado mes de mayo, la agencia de calificación revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para España hasta reflejar una contracción estimada del PIB en 2020 del 9,6%.

De este modo, Fitch será la última de las grandes agencias en evaluar el rating soberano de España en el primer semestre de 2020, después de que el pasado mes de mayo, DBRS confirmase el rating español en ‘A’, pero empeorase la perspectiva a ‘estable’ desde ‘positiva’

El pasado 20 de marzo, S&P Global Ratings decidió mantener sin cambios la nota de solvencia ‘A’ de la deuda a largo plazo emitida por España con una perspectiva estable, mientras que Moody’s confirmó la nota de solvencia ‘Baa1’ de la deuda soberana a largo plazo emitida por España con una perspectiva estable.

S&P Global Ratings y Moody’s volverán a coincidir el próximo 18 de septiembre en su segunda evaluación de 2020 de la nota de solvencia de España, mientras que la canadiense DBRS tiene previsto volver a examinar el rating español el próximo 4 de septiembre. Por su parte, la agencia Fitch evaluará nuevamente el rating de la deuda española el 11 de diciembre.

Según la regulación europea en vigor desde 2014, las agencias de calificación están obligadas a publicar un calendario con las fechas previstas para la actualización de las notas de solvencia soberana y la perspectiva de las mismas. En este sentido, la normativa sobre agencias de rating requiere a las entidades que tales fechas sean viernes y que sus anuncios tengan lugar fuera del horario regulado de negociación en los mercados europeos.