El Estado resolverá en un plazo máximo de seis meses las solicitudes de empresas del nuevo Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros, y quedará eximido de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) si tiene que adquirir participaciones en el capital social con cargo al fondo, incluso en el caso de que esa participación superase el 30% del capital social, porcentaje a partir del cual la ley obliga actualmente a lanzar OPA por la totalidad de la compañía.

Así se desprende del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor desde mañana, martes, y el que se recogen nuevas medidas por importe de más de 51.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del Covid-19 y propiciar la reactivación.

En la norma se incluye la creación del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, fondo carente de personalidad jurídica, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, y que será gestionado, desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el Consejo Gestor de nueva creación también, órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda.

El fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

La dotación inicial del fondo asciende a 10.000 millones de euros y se integrarán en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, de la participación, en su caso, en los órganos de administración de las empresas solicitantes, así como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorados por las minusvalías y gastos.

SEIS MESES PARA RESOLVER

La competencia para resolver sobre las solicitudes corresponde al Consejo Gestor, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones, y el plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud de la empresa.

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones del Consejo Gestor ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

SEPI RECIBIRÁ COMPENSACIÓN ECONÓMICA

En todas las operaciones y acciones relativas al Fondo, SEPI actuará en nombre y representación de la AGE y todas las operaciones efectuadas con cargo al Fondo serán registradas en una contabilidad específica, separada e independiente de la de los miembros del Consejo Gestor. Las responsabilidades del fondo se limitarán, exclusivamente, a aquellas contraídas por el Consejo Gestor, según marca la norma.

Para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a SEPI en ejecución del real decreto-ley, dicha entidad podrá contratar con cargo al fondo todos aquellos servicios de apoyo externo que sean necesarios. Anualmente, con cargo al fondo y previa autorización por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los costes incurridos por SEPI en el desarrollo y ejecución de sus funciones de gestión delegada del fondo en el ejercicio anterior serán objeto de la correspondiente compensación económica.

EXENTAS DE IMPUESTOS

Además, la norma fija que todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, directa o indirectamente de la aplicación de la disposición e, incluso, las aportaciones de fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización y/o reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con cargo al fondo, estarán exentos de cualquier tributo estatal, autonómico o local, sin que proceda, en este último caso, la compensación en materia de tributos locales.

Igualmente, todas las transmisiones, operaciones y actos gozarán de exención del pago de cualesquiera aranceles y honorarios profesionales devengados por la intervención de fedatarios públicos y de registradores de la propiedad y mercantiles.

En supuestos de participación en el capital social de la empresa, los votos que corresponden al Consejo Gestor, sus consiguientes derechos políticos y su incorporación al órgano de administración de la entidad mediante la designación del número de consejeros equivalente a su cuota de participación redondeada al número entero más próximo, se determinará sin necesidad de ningún acto o acuerdo salvo la notificación al Registro Mercantil.

De igual forma, la responsabilidad que le pudiera corresponder, en su caso, al empleado público como miembro de los consejos de administración de las empresas objeto de participación en su capital social, será directamente asumida por la Administración, si bien el Consejo Gestor podrá exigirle de oficio la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

EL ESTADO QUEDA EXIMIDO DE LANZAR OPA

También se establece que la adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al fondo «quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los supuestos previstos en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores».

Por consiguiente, se exime al Estado de tener que lanzar una OPA en caso de tener que ‘rescatar’ una empresa estratégica incluso cuando la participación supere el 30% de los derechos de voto de una empresa cotizada, porcentaje a partir del cual actualmente la ley establece la obligatoriedad de presentar una OPA por la totalidad de la compañía.

Por su parte, el funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del fondo, así como las condiciones aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones se determinarán por acuerdo de Consejo de Ministros, sin requerir ulterior desarrollo normativo, y se ajustarán a la normativa de Ayudas de Estado de la Comisión Europea y en particular.

En el real decreto-ley también se fija que los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, «no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos».

Quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes designados por el Consejo Gestor y por SEPI. Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren.

Por último, la supresión del fondo será acordada mediante orden dictada por la ministra de Hacienda, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y en el momento de la supresión del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, el saldo será ingresado en el Tesoro.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remitido a la Comisión Europea la nueva actualización de la ‘Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España’, con el que pretende la mejora energética de 1,2 millones de viviendas.

En la actualización del plan, conforme a la directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios, se establece una hoja de ruta con escenarios de intervención, medidas e indicadores de progreso para la rehabilitación del parque edificado, la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de alta eficiencia energética y la descarbonización del sector en 2050.

España presentó su primera Estrategia en 2014, realizó la primera revisión en 2017 y ahora, tres años después, como establece la directiva europea, se procede a su actualización, adaptando su contenido a las nuevas directrices.

Según el Gobierno, los contenidos de la estrategia de rehabilitación energética están alineados con otros planes y estrategias desarrollados a nivel nacional y específicamente con el Plan Nacional de Energía y Clima y con la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, actualmente en desarrollo.

Asimismo, contempla los objetivos planteados en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, relacionados con la rehabilitación energética de los edificios.

El sector de la edificación, en su conjunto (residencial y terciario) supuso aproximadamente el 30% del consumo de energía en España con datos de 2018. El peso de la edificación residencial fue del 17,1% y el del terciario, del 12,4%.

REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS

El objetivo del Gobierno de cara 2050 es reducir en un 36,6% el consumo de energía final del sector de la edificación respecto al consumo actual, pasando de los 304.276 GWh actuales a 192.728 GWh en 2050, y que el consumo de energía procedente de fuentes fósiles, que se sitúa actualmente en torno a los 126.211 GWh, se reduzca a prácticamente cero en 2050.

En el sector residencial los ahorros se producirían fundamentalmente en los usos de calefacción y ACS, que representan de media actualmente más del 60% del consumo de las viviendas.

El objetivo a 2030 es disminuir el consumo de energía final en el sector residencial en 26.394 GWh, reduciendo el consumo correspondiente a los usos térmicos (calefacción y ACS) en 21.910 GWh.

El escenario base planteado implica la rehabilitación de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y ACS, con una inversión total de 25.951 millones de euros.

80.000 NUEVOS EMPLEOS

En términos de creación de empleo, este iría creciendo a lo largo de la década, comenzando por 33.000 empleos el primer año y concluyendo con 88.000, en paralelo al incremento del número de viviendas rehabilitadas.

La estrategia también contempla medidas de rehabilitación en los hogares de situación de pobreza energética, un problema social que afecta a más de 3,5 millones de personas en nuestro país.

En la estrategia se prevé un ahorro de 2.915 GWh, respecto del escenario tendencial, en los usos de climatización, ACS e iluminación, con una inversión total de 3.671 millones de euros, centrada en gran medida en la mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Administración Pública (estatal, autonómica y local).

Asimismo, se desarrollan un importante paquete de medidas, necesarias para la consecución de los objetivos, estructuradas en los siguientes ejes de acción: impulso de la coordinación sectorial, desarrollo normativo y medidas administrativas a favor de la rehabilitación energética, rehabilitación de los edificios de las administraciones públicas y otras medidas ejemplarizantes, financiación pública, fomento y movilización de la financiación privada, lucha contra la pobreza energética, despliegue de un nuevo modelo energético en el sector de la edificación y modernización del sector de la rehabilitación.

Para el desarrollo de la estrategia, el Ministerio de Transportes, con la colaboración de Green Building Council España (GBCe), ha realizado un proceso participativo, mediante el cual se han recabado las propuestas de los diferentes agentes y sectores relacionados con la rehabilitación energética de la edificación.

Este proceso ha servido de «punto de encuentro» entre los diferentes actores de la rehabilitación, buscando soluciones comunes y creando una comunidad de diálogo, según destaca Transportes.

Las empresas turísticas tendrán que haber sufrido una reducción de al menos el 40% de promedio en la facturación o ingresos de los meses entre marzo y mayo de 2020 en comparación con la media del mismo periodo de 2019 para poder solicitar la moratoria hipotecaria aprobada el pasado viernes por el Gobierno en el consejo de ministros.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ofrece la moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística, a lo que tendrán derecho los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España y para el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria, es decir, una reducción de al menos el 40% de su facturación entre marzo y mayo.

Para acreditar la reducción de los ingresos o la facturación, la empresa o el trabajador autónomo deberá aportar la información contable que lo justifique. No se considera que exista dificultad financiera derivada de la crisis del coronavirus cuando el préstamo haya sido objeto de impago total o parcial antes del 1 de enero de 2020 o si se hubiera declarado el concurso del deudor antes del estado de alarma.

Tampoco podrán beneficiarse si para el préstamo ya se han acogido a la moratoria aprobada el 17 de marzo o el 26 de mayo por el Gobierno, así como si se ha acordado de forma voluntaria entre el deudor y el acreedor tras la entrada en vigor del estado de alarma, aunque en este caso podrá acogerse a la moratoria si renuncia previamente a la acordada con el acreedor.

No obstante, si el préstamo ha sido objeto de alguna de estas moratorias durante un plazo inferior a doce meses, el deudor podrá beneficiarse de esta durante el tiempo restante hasta alcanzar un total de doce meses.

La moratoria será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de enero de 2020 y conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante el plazo solicitado por el deudor. El prestatario podrá elegir la forma de abono del importe aplazado a través de la redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés o ampliando el plazo de vencimiento en el número de meses equivalentes a la moratoria.

Si el inmueble fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que el aplazamiento o la condonación no se hubiera pactado antes entre las partes.

El Gobierno ha corregido el texto inicial del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Plan Moves), de forma que ahora permite aplicar de forma retroactiva las ayudas para la adquisición de motos eléctricas.

Tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado, se ha introducido una modificación del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula la segunda edición del Moves, recogiendo un cambio en la disposición adicional y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

«Las adquisiciones de vehículos susceptibles de acogerse a la actuación 1 del anexo I, realizadas por personas físicas sin actividad profesional o que no desarrollen actividad económica, que hayan sido formalizadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto, serán consideradas actuaciones subvencionables en el ámbito de aplicación de las respectivas convocatorias que establezcan las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, no aplicándose lo dispuesto por el artículo 10.2 de este real decreto», recoge el texto.

Para ello, se exigirá que se formalice y registre la correspondiente solicitud, así como que se cumplan los demás requisitos que se establecen en este real decreto para esta tipología de actuaciones subvencionables, así como los que puedan establecerse por la convocatoria correspondiente, que tendrá que tener en cuenta a todos los efectos la fecha de formalización de estas adquisiciones.

Esta corrección en el BOE llega después de que el pasado 23 de junio la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciase que las motocicletas eléctricas podrán acogerse a las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves II) «desde ya».

«Incorporamos una pequeña modificación puntual para describir explícitamente que los particulares pueden adquirir desde ya mismo motocicletas eléctricas y acogerse a las ayudas«, señaló la ministra, que aludió que esta posibilidad ya existía para los turismos pero no se había incluido «por error» esa previsión para la adquisición de motos eléctricas.

La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) valoró positivamente que el Gobierno finalmente fuese a aplicar retroactividad a las ayudas para comprar motos eléctricas en el marco del Programa Moves II.

«Comprendemos el error porque el volumen de trabajo que desarrolla la Administración en el marco la crisis del Covid-19 es muy elevado. No obstante, la reacción del Ministerio ha sido rápida y soluciona un problema que hubiera causado un gran perjuicio al mercado de la moto eléctrica», señaló el secretario general de Anesdor, José María Riaño.

El precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) en España ha descendido un 1,1% desde el inicio del estado de alarma, según el índice general de la estadística Tinsa IMIE General y Grandes Mercados. El mercado inmobiliario, uno de los principales pilares de la economía española, ha sido de los más afectados por la pandemia del coronavirus y  la posterior crisis económica.

El índice se situó en junio en los 1.527 puntos. A pesar de la caída registrada este año desde marzo, el índice se mantiene en positivo en tasa interanual y registra un incremento del 1,5%.

Tras más de dos meses sin cambios significativos en el mercado debido al confinamiento de la población y la hibernación económica, el índice basado en las tasaciones de vivienda nueva y usada muestra en junio «el primer ajuste generalizado de valores, con un descenso respecto a marzo en todos los grupos geográficos», según ha apuntado el director del Servicio de Estudios de Tinsa, Rafael Gil.

Además, hay que tener en cuenta que los expertos inmobiliarios avisan de que hay una elevada demanda embalsada que aún se mantiene a la espera por miedo a que empeore la situación económica. Pero ya se empieza a notar su interés por las promociones de obra nueva.

Las capitales y grandes ciudades registraron una menor variación de precios (-0,2% en junio respecto a marzo) que aquellos mercados más dependientes de la demanda extranjera, como son la costa mediterránea (-3,8% desde marzo) y el grupo insular de Baleares y Canarias (-2,4% desde marzo).

La evolución en las áreas metropolitanas se mantuvo en línea con la media nacional, puesto que registró un descenso del 1,3% desde el mes que se inició el estado de alarma. En los municipios del interior agrupados en ‘resto de municipios’, el ajuste ha sido también moderado, con un descenso del 0,6% desde el tercer mes de este año.

Pese a estos descensos, interanualmente todavía se observan crecimientos en tasa interanual en la mayoría de los grupos geográficos. Las islas son las que muestran la mayor diferencia al alza respecto al mismo mes de 2019, con un aumento del 5,4% en junio.

También destacan los incrementos de las capitales y grandes ciudades (+2,4%) y el grupo de resto de municipios ha registrado un incremento del 1,3%. Las áreas metropolitanas y la costa mediterránea muestran precios medios inferiores a los de un año antes, con incrementos del 1,1% y del 0,3% interanual, respectivamente.

El precio medio en España es un 16,6% superior al mínimo registrado en febrero de 2015. Desde máximos alcanzados en 2007, el estudio apunta que el precio medio en la costa mediterránea registra todavía una caída acumulada del 43%, muy por encima del 33,1% de a media nacional.