El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado una orden por la que se inhabilita para ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a la sucursal en España de Europetrol Distribution al no cumplir las condiciones para el desempeño de esta actividad, según la orden, de fecha 24 de junio, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Abogacía del Estado ha emitido informe favorable a la inhabilitación de esta compañía, y sus observaciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración de esta orden. Por ello, el departamento que lidera Teresa Ribera ha comunicado la presente orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que, una vez surta efectos, proceda a dar de baja a la empresa en el listado de operadores petrolíferos al por mayor.

La presente orden pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

También podrá interponerse recurso de reposición ante la ministra Ribera en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente orden, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación del mismo.

LO QUE DICE LA LEY

La Ley del Sector de hidrocarburos de 1998 establece que podrán actuar como operadores al por mayor de productos petrolíferos exclusivamente aquellas sociedades mercantiles que cumplan las condiciones para la realización de la actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirá la suficiente capacidad técnica del solicitante y encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, debiendo acreditar el cumplimiento de dichas condiciones en caso de que les sea requerido por el Ministerio para la Transición Ecológica o por la CNMC.

La empresa Europetrol Distribution (sucursal en España), con sede en Rumanía y con diferentes sucursales a nivel europeo, figura en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos publicado en la página web de la CNMC, del que será excluido tras la publicación de esta orden.

El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de transporte, movilidad y vivienda, en el que se incluyen las condiciones de licitación del suelo público que Sepes pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 80 años, entrará en vigor este jueves tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta colaboración de la Administración Pública con el sector privado ayudará a mitigar la creciente demanda de vivienda asequible en alquiler. Una situación que ha agravado la actual crisis económica.

De hecho, hay que tener en cuenta que cada vez son más las familias expulsadas del mercado de la compraventa que tienen que decantarse por el alquiler. De este modo, ya no son solo los más jóvenes los que deben optar por el arrendamiento si quieren emanciparse, sino que muchos propietarios se han visto obligados a vender su vivienda para lograr liquidez. 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntó ayer, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que el canon que estas empresas pagan cuando se adjudican la licitación puede llegar a ser cero.

Esta medida tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas», reiteró el ministro, que apuntó que las viviendas de alquiler social en España son únicamente el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la UE.

El texto apunta que el acuerdo delimitará los derechos y obligaciones que cada uno de los firmantes ostenta frente a la superficie, tanto durante las fases de construcción del edificio como durante el alquiler de las viviendas, así como el tipo y el alcance de los mismos.

El convenio con Sepes establecerá los ámbitos geográficos de actuación, las modalidades de participación de la organización y estimará las aportaciones a realizar por el Estado y garantizará la sostenibilidad económica de Sepes por cualquier obligación o incidencia derivada de la ejecución de los acuerdos administrativos o los derechos de superficie constituidos sobre terrenos de su titularidad.

El real decreto señala que la vigencia se extenderá hasta el cumplimiento completo de las obligaciones asumidas por Sepes en el acuerdo administrativo.

Ábalos puso en valor que esta es una medida «importante» porque elimina un «obstáculo de carácter legal» que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social.

El decreto señala que, en ningún caso, la Administración General del Estado o sus entidades dependientes o vinculadas con competencia en materia de suelo y vivienda podrán ostentar responsabilidades derivadas del derecho de superficie posteriores al inicio del arrendamiento de vivienda en régimen de alquiler asequible o social.

Además, el real decreto-ley recoge también otras medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda. Así, con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario, para evitar devolver al Estado el remanente no usado.

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha constatado que la formalización de nuevos préstamos con un tipo de interés fijo ha intensificado su tendencia ascendente desde finales de año, alcanzando casi el 45% de las nuevas contrataciones en 2020.

Según ha resaltado en su informe entorno económico-financiero de balance de 2019 y primer trimestre de 2020, esta modalidad repuntó debido a «unas ofertas muy competitivas que presenta el mercado en este terreno», representando casi el 45% de nuevas contrataciones en el promedio de 2020 (contando con los últimos meses de marzo y abril, de menor actividad), tras permanecer estable en el entorno del 30%-34% de la financiación en los ejercicios previos.

En general, las caídas de los tipos de interés han sido más acusadas en las contrataciones a tipo de interés fijo que en las de interés variable. Según la AHE, «parece lógico pensar» que se mantendrá el escenario de tipos extraordinariamente bajos durante este año, a la vista de las actuaciones intervencionistas acometidas por el Banco Central Europeo (BCE).

La AHE prevé que la pandemia influya en la tasa de dudosidad y presione la rentabilidad de los bancos

Los tipos de interés efectivos se encuentran rozando mínimos por el entorno de tipos cero y de la presión competitiva entre entidades, situándose en 2019 el promedio del tipo de interés medio ponderado en el 1,99%, frente al 1,97% registrado en 2018, pese a registrar su mínimo histórico en el cierre de 2019, tras cerrar con una tasa del 1,69%.

La AHE también ha resaltado que el entorno expansivo ha incidido en gran medida sobre la cotización del Euríbor a 12 meses, que en agosto de 2019 afrontó su mínimo histórico (-0,356%), para posteriormente iniciar una «suave y gradual senda de escalada», hasta el -0,081% que alcanzó en mayo, un repunte de «escasa incidencia» sobre la cuota hipotecaria, que se produce en un contexto de cierta incertidumbre.

DETERIORO CONTABLE

Por otro lado, la Asociación Hipotecaria ha realizado un análisis del mercado hipotecario y del negocio bancario en el entorno de pandemia de coronavirus, que probablemente interrumpirá la evolución favorable de saneamiento de los balances de las entidades.

En este sentido, estima que los préstamos experimentarán «algún nivel de deterioro contable, en mayor o menor grado, dependiendo del grado e intensidad de la reactivación económica, una vez concluyan los periodos de carencia previstos en las moratorias» decretadas por el Gobierno y pactadas por los bancos.

La AHE ve «posible» que las tasas de dudosidad de los próximos meses estén influidas por la nueva situación, caracterizada por «una economía afectada por la crisis y una cartera que en parte ha sido objeto de moratoria», mientras que las autoridades han liberado temporalmente y de forma excepcional a las entidades de la obligación de tener que revisar a la baja la clasificación contable de los préstamos acogidos a estas moratorias.

El aumento de las pérdidas por deterioro de la calidad de los activos, junto a los ajustes procedentes de las cotizaciones bursátiles y al menor volumen de actividad esperada derivado del empeoramiento de la actividad económica, también «tendrá su incidencia sobre la rentabilidad de los bancos, ya en sí misma afectada por el entorno de tipos de interés bajos», ha advertido la Asociación Hipotecaria.

En cualquier caso, ha destacado que, sin perjuicio de las «significativas» implicaciones económicas que la crisis del coronavirus supondrá sobre el conjunto del sistema, actualmente el sector bancario en su conjunto goza de mejor salud financiera que en la crisis financiera de 2007, la economía se encuentra «mucho menos apalancada» y los niveles de capitalización y liquidez de la banca se han visto reforzados «sustancialmente» en cumplimiento con los requisitos regulatorios.

Además, la AHE sostiene que las decisiones adoptadas por algunos bancos relativas a la suspensión temporal de dividendos y el resto de medidas de contingencia puestas en marcha «contrarrestan los efectos negativos y dibujan un escenario menos dramático que aquel que se vivió hace una década».

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) urge al Gobierno a aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo en su actual redacción e inmediatamente empezar a trabajar para dotarlo de mayor ambición e incluir otras herramientas como compensaciones sobre los peajes de transporte y distribución.

La asociación señala que año y medio después de iniciado el proceso de tramitación del Estatuto, tras el grave deterioro de la economía provocado por la Covid-19, España no puede demorar más la incorporación a su legislación de la figura del consumidor electrointensivo, la cual puede ser decisiva en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, que se anuncian dirigidos a una serie de ecosistemas industriales y entre ellos el de las industrias intensivas en energía. «Simplemente, no nos podemos quedar fuera del Green Recovery», alerta.

Aspapel considera que las compensaciones que recoge el Estatuto no son la solución para la industria exportadora, ya que el diferencial de precios con los competidores europeos persiste; pero suponen al menos «un punto de partida».

Y empezar a trabajar para dotarlo de otras herramientas como compensaciones sobre los peajes de transporte y distribución

Así, remarca que el Estatuto es una de las herramientas «fundamentales» -no la única- del paquete de soluciones para la industria, con el que el Gobierno busca rutas alternativas para conseguir un precio competitivo de la energía en línea con lo que permite la Comisión Europea.

Este paquete incluye compensaciones indirectas, fomento de los contratos a largo plazo, estatuto electrointensivo, mecanismos de gestión de la demanda armonizados, fondos para la innovación y eficiencia energética, etc. Así, remarca que hasta ahora, el sistema de interrumpibilidad era el principal mecanismo que permitía a la industria reducir el coste de la factura eléctrica, y ahora se exploran nuevos caminos.

De este modo, tras un largo y complejo proceso de tramitación (consulta pública, visto bueno de la CE y la CNMC y aprobación aún pendiente del Consejo de Estado), que se inició con el mandato contenido en el Real Decreto-Ley 20/2018, Aspapel estima «prioritario» desatascar el tema y echar a andar con un Estatuto «mejorable y abierto a mejoras», que en una de sus disposiciones abre la posibilidad de incluir medidas adicionales sobre las que aplicar compensaciones.

Reconoce que la redacción del Estatuto no ha sido sencilla, ya que debe ser compatible con la legislación nacional y con la legislación europea en materia de ayudas de Estado, por ello cree que se debe reconocer al Ministerio de Industria, y en especial a la Secretaría General de Industria, su esfuerzo y dedicación.

Aspapel insta al Gobierno a, una vez aprobado el Estatuto, a trabajar para ir dotándolo de más herramientas e incluir compensaciones sobre los peajes de transporte y distribución y sobre las medidas derivadas de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

«La industria española ya estaba haciendo malabares para mantener y aumentar su competitividad exterior, lo que permitió que las exportaciones fueran la tabla de salvación durante la crisis financiera. La Covid-19 ha supuesto un reto sin precedentes para toda la industria. Si antes del mes de marzo era necesario tomar medidas, ahora es vital», subraya.

Asimismo, considera que la caracterización recogida en el Estatuto que determina qué industrias son electrointensivas «es adecuada y está en línea con lo propugnado por la Comisión Europea».

El Estatuto incluye también en su último borrador la máxima ayuda compensatoria permitida por la CE (85%) sobre todos los cargos compensables (no peajes) soportados por las industrias electrointensivas aprobados por el órgano comunitario (financiación de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y coste por la extrapeninsularidad) y con un umbral mínimo de consumo, que se ciñe al mínimo permitido por la Comisión, 1 GWh, evitando discrecionalidades.

El actual borrador se alinea de esta manera con lo permitido por CE y se basa en los máximos por ella autorizados. Igualmente la Proposición No de Ley sobre el tema, aprobada el pasado 17 de junio en el pleno del Congreso de los Diputados, insiste en su redacción final en la compatibilidad con la normativa comunitaria.

LOS VALORES COMPENSATORIOS

En cuanto a los valores compensatorios, Isaac del Moral, director de Energía de Aspapel, explica que «hasta ahora los peajes eléctricos englobaban, en un peaje integral y sin una metodología explícita, tanto los peajes de transporte y distribución como los cargos (renovables, cogeneración, extrapeninsularidad, etc.). El Ministerio propone ahora distribuir los cargos en función de la elasticidad del consumidor. No son valores aleatorios y responden a una metodología. A lo que soporta cada consumidor por cargos se le aplica la máxima compensación que es el 85%. Y si un consumidor soporta más por cargos, recibe una compensación mayor».

«Es preciso tener en cuenta además -añade del Moral- que los consumos más elevados no siempre están conectados a los niveles de tensión más altos posibles. Es una condición necesaria para conectarse a muy altos niveles de tensión tener potencias muy elevadas de consumo. Sin embargo, la conexión depende de la disponibilidad y cercanía de las redes. Gran número de industrias con altos consumos se ven obligados a estar conectados a niveles de tensión inferiores a los que podrían optar técnicamente, por no tener una posición de conexión disponible o estar lejos de las líneas de mayor tensión».

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no será candidata a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque su «decisión muy personal» es que quiere «contribuir al multilateralismo desde España» y desde su Gobierno.

En un desayuno informativo de Europa Press, González Laya ha bromeado con que no le consta que se haya presentado una candidatura a su nombre, con lo que ha reconocido que lo «prudente» es entender que no la habrá. La próxima medianoche termina el plazo para la presentación de candidatos.

Según ha dicho, eso se debe a una «decisión muy personal», porque llegó a España el 14 de enero después de 20 años fuera y tiene la «ilusión de contribuir al multilateralismo comercial y al multilateralismo en general desde España».

«No me consta que se haya presentado una candidatura en mi nombre, yo estoy comprometida con mi país y con la dirección de la poltica exterior de la UE y de la cooperación al desarrollo de mi país, es ahí donde le estoy poniendo las ganas».

El Real Decreto-Ley en el que se incluye la prórroga hasta septiembre de las moratorias de hipotecas y de alquiler entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Consejo de Ministros aprobó ayer, en el marco de este decreto, tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre el llamado «escudo social».

El primero de los paquetes pretende aliviar las cargas financieras de la hipoteca; el segundo está relacionado con el alquiler; y el tercero, con los suministros. Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. A fecha 30 de junio, se han concedido 226.285 solicitudes (el 83% de las presentadas).

La moratoria legal (la que otorga el Gobierno) y la convencional (la que otorga el sector financiero) se podrán conceder simultáneamente, por lo que los hogares que soliciten ambas serán beneficiarios de una moratoria legal de 3 meses (sin devengo de intereses), seguida de una moratoria convencional de 9 meses (con devengo de intereses).

Asimismo, la moratoria sobre créditos al consumo, de la que se han concedido 364.407 solicitudes (el 85% de las solicitudes presentadas), se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. Al igual que para el caso de la moratoria hipotecaria, tanto la legal como la convencional se pueden conceder simultáneamente.

En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre.

Se amplía también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda, para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Además, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta el 2 de octubre.

CORTES DE LUZ, AGUA O GAS

Por otro lado, se prolonga hasta el final del mes de septiembre la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda.

Esta prohibición, habilitada excepcionalmente durante el estado alarma, se amplía como parte de las medidas de extensión del escudo social. Por tanto, hasta el 30 de septiembre de 2020, no se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

La prohibición de cortes de agua, electricidad y gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo por canalización está dirigida exclusivamente a particulares y para los suministros adscritos a su vivienda habitual, cuestión que el consumidor podrá acreditar a través de cualquier medio documental que acredite fehacientemente esta circunstancia.

Se amplía igualmente el periodo de tiempo por el que no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión de suministro por impago. Por tanto, si el primer aviso de pago se ha producido desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre, los plazos que han de transcurrir hasta que el suministrador pueda cortar el suministro empezarán a contar desde el 1 de octubre.

Igualmente, se ha aprobado la prórroga automática de la vigencia del bono social eléctrico, un descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables, hasta el 30 de septiembre.

Una vez concedido, el bono social tiene una vigencia de dos años. A su término, es necesario volver a tramitar la prestación que se concede siempre que se cumplan los requisitos. Con motivo de la declaración del estado de alarma, y para evitar que los beneficiarios que necesitasen renovarlo dejasen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto-ley 8/2020, prorrogó de forma automática todos los bonos que expiren hasta el 15 de septiembre de 2020.

Con el fin de homogeneizar la duración de las medidas del escudo social, se amplía la prórroga quince días más. Se estima que unos 70.000 usuarios se benefician, cada mes, de esta prórroga automática.

La Agencia Tributaria (AEAT) habilitará desde este miércoles trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ave pin), con la denominación de Centro de atención telefónica de Recaudación (REC@T).

Así se establece en una resolución del Departamento de Recaudación de la AEAT, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que señala que es el momento de hacer extensiva la habilitación para determinados trámites y actuaciones a través de este canal telefónico para continuar con la tendencia de reducir los tiempos invertidos en la obtención de información y asistencia en cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos.

Hacienda cita expresamente los costes de planificación, de desplazamiento y de tiempo, a lo que se suma que un sistema de identificación y autenticación electrónica basado en la utilización de un código de usuario y una contraseña facilitadas al obligado por la AEAT cuenta con «suficientes garantías y condiciones de seguridad, junto a los «importantes y modernos» desarrollos informáticos implementados en la nueva estructura de atención telefónica.

Por ello, se habilita el canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve PIN) para determinados trámites y actuaciones, con la denominación REC@T (Centro de atención telefónica de Recaudación).

La aplicación al canal telefónico del sistema de la firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve PIN) permitirá, en todo caso, asegurar la identidad del interlocutor. El sistema automático habilitado pedirá el NIF/NIE del obligado tributario y un dato contraste (fecha o número soporte) tras lo cual, se le enviará el PIN a su teléfono móvil.

A continuación, el código PIN será solicitado por el agente telefónico que, tras comprobar que es correcto, procederá a atender la demanda solicitada.

TRÁMITES Y CONSULTAS

Los trámites o actuaciones habilitados para su atención telefónica son, en el procedimiento de apremio, la consulta de deudas y la generación de documentos de ingresos de vencimientos; consulta del procedimiento del embargo de cuentas bancarias, así como de sueldos, salarios y pensiones, bienes y derechos, y la generación de documentos de ingreso de diligencias de sueldos y salarios.

También se podrá consultar el procedimiento de embargo de valores, así como de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o corto plazo, en paralelo a la generación de documentos de ingreso de diligencias de créditos (comerciales y arrendaticios) y de documentos de ingreso de diligencias de crédito en relación a las terminales de punto de venta.

De igual forma, se habilita la consulta sobre el procedimiento de embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos; sobre el procedimiento de embargo de bienes muebles y semovientes, así como del embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie.

En cuanto al aplazamiento y fraccionamiento de deudas, se podrá presentar solicitud de los mismos, contestar requerimiento de datos y de datos de cuenta bancaria para domiciliación; gestionar aplazamientos; domiciliaciones, consulta de envío de orden de domiciliaciones a entidad de crédito y la gestión de aplazamientos cono obligado tributario (cartas de pago, cambio de domicilio, desistimiento expreso y domiciliación bancaria).

Respecto a la compensación a instancia del obligado tributario, se habilita la presentación de solicitudes, la modificación de datos de la compensación y la consulta de las mismas; en compensación de oficia se podrá consultar los acuerdos y se podrá realizar el pago de impuestos mediante cargo en cuenta.

Son muchas las personas que prefieren acabar su vida laboral antes de llegar a la edad legal de jubilación, a fin de poder librarse por fin de las obligaciones propias de quién tiene que ir a trabajar todos los días. Por eso, junto a figuras como la jubilación anticipada existen otras que también permiten el retiro antes de tiempo, es lo que conocemos como prejubilación.

Ahora que estamos en una situación difícil y muchas empresas no saben cómo afrontar la vuelta a la normalidad y se ven obligadas a hacer ajustes en su plantilla, las prejubilaciones vuelven a estar de moda. Con ellas, los empleados de mayor edad se retiran del mercado laboral y la empresa tiene un coste menos que asumir. Si tu empresa te ha propuesto una prejubilación o valoras pedirla, presta atención a todo lo que tienes que saber sobre este tema.

¿Qué es la prejubilación?

Los términos prejubilación y jubilación anticipada suelen confundirse, pero en realidad son cosas totalmente diferentes. La jubilación anticipada es aquella situación en la que un trabajador se retira de la vida activa antes de alcanzar la edad legal para ello y pasa a cobrar una prestación contributiva de jubilación.

Pero en la prejubilación esto no ocurre. El trabajador afectado no pasa inmediatamente a cobrar una pensión de jubilación, ya que no ha alcanzado la edad para acceder a ella, sino que es compensado por la empresa a cambio de concluir la relación laboral. De hecho, quizá te sorprenda saber que la prejubilación realmente no existe, no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se rige por los acuerdos entre empresa y trabajador.

¿Qué requisitos debes cumplir para acceder a la prejubilación?

Tal y como acabamos de señalar, no existe una figura jurídica con el nombre de prejubilación, por lo que no hay una regulación uniforme. Son las empresas las que suelen establecer las reglas para que sus empleados puedan acceder a esta forma de retiro de la vida laboral. Por eso, no hay ni una edad mínima para la prejubilación, podría darse a los 60 años, pero también a los 50.

No obstante, las empresas suelen establecer requisitos en cuanto a la prejubilación, y lo hacen porque esta opción tiene costes para ellas. Lo habitual es que se permita acceder a esta forma de poner fin a la vida laboral a quienes han alcanzado ya una determinada edad, tienen cierta antigüedad o están enfermos.

Esto implica que si estás interesado en prejubilarte debes hablarlo con los responsables de tu empresa. Serán ellos los que decidan si puedes acogerte o no a esta modalidad y te ofrecerán la compensación económica que consideren adecuada.

Así se gestiona esta forma de dejar el trabajo

Toda prejubilación es fruto de una negociación, sin importar si es el empleado el que la solicita o la empresa la que la ofrece. Hay que tener en cuenta que el trabajador que se retira sufre una pérdida económica al quedarse sin un sueldo, por lo que la negociación suele girar entorno a con qué cantidad va a indemnizar la empresa a su empleado.

Lo que ocurre en estos casos es que la organización sigue pagando una cantidad mensual a su ex empleado, pero este no acude a trabajar. Es decir, que realmente lo que se está cobrando es algo similar a un sueldo pero sin que haga falta trabajar para obtenerlo.

¿Vas a cotizar si estás prejubilado?

Ya sabes que si optas por esta modalidad para dejar de trabajar antes de tiempo vas a recibir mensualmente la cantidad que hayas acordado con tu empresa, que siempre será inferior a la que cobrarías si siguieras acudiendo a tu puesto de trabajo. Ahora bien, ¿en qué situación legal quedas, sigues cotizando?

A todos los efectos legales un prejubilado es un trabajador en activo, puesto que sigue cobrando de una empresa, por eso debe cotizar. Lo que suele ocurrir en estos casos es que la empresa negocia un convenio especial con la Seguridad Social. De este modo, la empresa te paga a ti una cantidad igual a lo que debes cotizar y eres tú quien debe hacer el ingreso en la Seguridad Social cada mes.

Es decir, que la empresa abona indirectamente tus cotizaciones. Por lo que podrás acceder, si así lo necesitas, a prestaciones de incapacidad y, en el futuro, a una prestación de jubilación. En algunos casos es posible que consigas que tu empresa te siga haciendo aportaciones a un plan de pensiones mientras estás prejubilado, lo que te ayudará a ahorrar de cara al momento de la jubilación.

La prejubilación beneficia a la empresa y al empleado

Esta figura es muy utilizada en las empresas, especialmente con directivos y personas que ocupan cargos altos. En ciertos casos es mejor prejubilarlos antes que tener que pagar la indemnización por despido para que dejen la empresa, pero no es este el único beneficio que consigue la empresa.

Se suele utilizar esta medida como forma de reducir costes y plantilla, permitiendo a la vez el relevo generacional al ocupar personas más jóvenes el puesto que han dejado quienes han optado por prejubilarse.

En cuanto a los beneficios para el empleado, estos están clarísimos. Si te prejubilas vas a recibir un salario sin tener que trabajar. Es cierto que vas a perder algo de poder adquisitivo, pero también te vas a ahorrar los costes asociados a ir todos los días a trabajar (gasolina, abono transportes, comidas fuera de casa, ropa, etc.) y además quedas liberado de todo tipo de responsabilidades laborales. Y como sigues cotizando, cuando llegue el momento puedes acceder tranquilamente a una pensión de jubilación.

Cobrar menos pero vivir mejor

Al final todo se reduce a esto. Si te prejubilas vas a perder un poco de poder adquisitivo, pero te librarás del estrés y los gastos asociados a tener que ir a trabajar a diario. De ahí que la mayoría de las personas que se acogen a esta figura se sientan muy satisfechas con su decisión.

Si estás pensando en prejubilarte, no le des muchas más vueltas y habla con tu empresa. Eso sí, procura obtener un acuerdo que sea lo más rentable posible para ti y que te permita vivir cómodamente hasta que puedas empezar a cobrar una pensión de jubilación.