El inmobiliario español mantiene su buena salud y, para ello, la clave consiste en diversificar bien las distintas áreas de negocio. En este contexto, Renta Corporación ha sido capaz de mantener al alza todas las curvas durante el último ejercicio.

En concreto, el beneficio neto alcanzó en 2019 la cifra de 17,1 millones de euros, un 3% más que el mismo periodo del año anterior, consolidándose el crecimiento de Renta Corporación de los últimos ejercicios. Mientras, los ingresos totales de la compañía se han situado en 92 millones de euros, y han registrado una importante concentración en el último trimestre del año.

Por otra parte, Renta Corporación presenta un margen de las operaciones de casi 30 millones de euros para el ejercicio 2019, lo que representa un crecimiento del 12% en relación al año anterior, y un Ebitda que crece un 7%, hasta los 21 millones de euros.

Asimismo, la actividad transaccional ha generado unos ingresos de 77,3 millones de euros. En esta línea de negocio, han destacado las operaciones de Provença, Pelai-Tallers, Passatge de la Pau, Gran Vía, Badajoz, y Rosselló, en Barcelona; así como Palencia, Embajadores y Corazón de María, en Madrid.

Una de las claves que señalan en fuentes cercanas a la inmobiliaria es que este portfolio de operaciones ha permitido a Renta Corporación profundizar en su diversificación y desarrollar su actividad en los segmentos residencial, comercial y de oficinas.

CRECIMIENTO CONTINUO DE RENTA

Por lo que respecta a la cartera de negocio de Renta Corporación, a cierre de diciembre asciende a 211 M€, lo que anticipa un notable potencial de actividad para el ejercicio 2020. En este sentido, esta cifra representa un incremento del 57% en relación con la cartera de negocio de la inmobiliaria a cierre de 2018, que ascendía a 133 millones de euros.

Otro de los aspectos destacados tiene que ver con la actividad patrimonial. En este caso, ha representado un ejercicio de importante crecimiento para la actividad de Vivenio. Durante el año pasado, la socimi ha comprado ocho nuevos activos residenciales en explotación, dos solares para su futura promoción y ha adquirido el compromiso de compra de un activo “llave en mano”. Todos estos activos están en Barcelona y Madrid, y suman un importe total de compra de 360 millones de euros y 1676 nuevas viviendas

Durante el pasado ejercicio, han destacado las operaciones de Vivenio en Avenida San Luís, Vallecas y Nuevo Mahou-Calderón, todas ellas en Madrid. A cierre de 2019, Vivenio contaba con 4.800 viviendas, de las que 3.000 ya están en explotación, además de 1.100 unidades en proyectos llave en mano, y 700 de nuevas promociones para alquiler. Todo ello suma un volumen de activos total de 1.150 millones de euros entre proyectos ejecutados y comprometidos.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

En este contexto, el Consejo de Administración que se ha celebrado esta semana ha acordado por unanimidad aprobar la distribución a los accionistas de Renta Corporación de un dividendo complementario del resultado del ejercicio 2019 de 2,1 millones de euros. Esta cifra se propondrá para su aprobación en la próxima Junta General de Accionistas, y se añade a la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados de 2019 por valor de 1,2 millones de euros aprobada por el Consejo de Administración el pasado mes de octubre. En total, el dividendo repartido por Renta Corporación a sus accionistas ascenderá a 3,3 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior.

En relación a la estrategia financiera de Renta Corporación, durante el pasado ejercicio consolidó el avance hacia una mayor diversificación y ampliación de la estructura financiera de la compañía, lo que permite acompañar el considerable crecimiento de las inversiones de la firma, optimizando así el coste financiero. En marzo de 2019 la empresa puso en marcha un programa de pagarés por un importe de 30 millones de euros y una vigencia de 12 meses. A lo largo del año se han realizado distintas emisiones vinculadas al desarrollo de las operaciones, con un saldo vivo de 12,7 millones de euros a cierre de diciembre.

Los proyectos de lujo están proliferando en Madrid y ya son varias las promotoras de alto ‘standing’ que apuestan por la ‘jet set’ madrileña. El hijo de Ernesto de Hannover e hijastro de Carolina de Mónaco, Christian Hannover, ha aterrizado en Madrid a través del fondo colombiano en el que participa, Logika European Partners, para ultimar un acuerdo inmobiliario millonario.

Se trata de un proyecto de lujo que está ultimando con la promotora especializada en alto ‘standing’, Single Home, para la adquisición del edificio situado en la calle Núñez de Balboa número 3. El edificio, que está totalmente deshabitado, cuenta con 10 viviendas, dos oficinas y un local, que hace años fue un concesionario Maserati.

Según fuentes del mercado, el edificio pertenece a varios inversores venezolanos bajo la sociedad Proyecto e Inversiones Binah y la operación de venta podría alcanzar los 24 millones de euros.

A la espera de que se confirme oficialmente, Logika ya ha incluido en su página web este proyecto como propio, por lo que podría darse por realizada esta inversión. Se trata de un edificio construido en 1940 y cuenta con una superficie construida de unos 2.000 metros cuadrados.

PROBLEMA: EL PRECIO

Al igual que sucede con otros activos en la capital, el elevado precio se ha convertido en el principal escollo para sacar adelante la operación. Además, cuenta con otro problema: parte del garaje subterráneo de este edificio se encuentra ocupado por el Hotel Wellington.

Pero como no hay dos sin tres, existe un tercer inconveniente: la entrada al spa del lujoso hotel se realiza por el portal de Núñez de Balboa 3. Una cuestión nada fácil de solventar y que supondría al hotel realizar obras para reubicar la puerta de acceso.

De hecho, estos inconvenientes están ralentizando la desinversión por parte de los empresarios venezolanos porque la solución pasaría por acercar posturas con el hotel, ya que unos pisos de alto ‘standing’ sin plazas de garaje y con una afluencia constante de clientes es complicado sacarlos al mercado.

WELLINGTON A JUICIO

Por su parte, Inversiones Binha decidió hace años poner este tema en manos de la Justicia para que busque una solución, según informa El Confidencial. El origen de este conflicto se remonta a 1950 cuando el propietario de Núñez de Balboa 3, y a su vez socio del hotel Wellington, cedió al establecimiento 354,8 metros del semisótano del edificio. Es decir, el lujoso hotel cuenta con un parking que se extiende por el subsuelo del activo a la venta.

El hotel alega que ese subsuelo le pertenece a través de unas escrituras firmadas en 1952. Pero no se trató de un acto desinteresado, sino que, a cambio, el propietario recibió un paquete de acciones del hotel. De este modo, en 2018 la Audiencia Nacional falló a favor del hotel, una decisión que dificulta la venta de este activo.

Existe una opción de compra por parte de Single Home, que se debe ejecutar en cuestión de meses. Esta modalidad es muy frecuente en el sector inmobiliario español y consiste en que un inversor realiza una opción de compra sobre un inmueble para venderlo antes de que venza dicha opción de compra. De lo contrario, el inversor escriturará la transacción.

LOGIKA EN ESPAÑA

El fondo colombiano Logika European Partners llegó a España en 2017, atraída por la llegada masiva de inversores venezolanos. Según los datos que aparecen en su web, ya han realizado cuatro adquisiciones en la capital española.

La primera fue Sagasta 27 en 2016, que cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados, y un año después adquirió Monte Esquinza 5 de 1.500 m². Ambos inmuebles ya han sido vendidos: el primero a los mexicanos Terralpa y el segundo a un ‘family office’ español, según apuntan algunos medios.

Ya en 2018 se hizo con Nicasio Gallego número 20, de 1.400 m², y en 2019 apostó fuerte por la ‘Milla de Oro’, con la inversión en Hermosilla 60, un edificio que suma un total de 2.600 m².

Por su parte, Single Home estuvo en el ojo del huracán ya que la crisis económica le azotó fuerte: en 2012 Banco Popular refinanció parte de su deuda, y tres años después consiguió que Sareb le refinanciara de nuevo.  

Los jueces europeos tienen que aclarar si las aerolíneas deben pagar automáticamente unos 1.400 euros por perder el equipaje a un pasajero o si esa cantidad se debe moderar según los daños de cada caso en concreto. Los afectados esperan al 11 de marzo, ese día se conocerá el informe del Abogado General de la UE, después el TJUE emitirá su sentencia.

El caso que se está dirimiendo en Europa es contra Vueling, la aerolínea que más reclamaciones acumula, pero la sentencia tendrá aplicación de carácter general para todos los pasajeros en el ámbito europeo.

La denuncia parte de Reclamador.es, que ya consiguió el pasado año que el Juzgado de lo Mercantil Nº 9 de Barcelona elevase la cuestión al TJUE para que determine si, en los casos de pérdida definitiva, la aerolínea debe abonar automáticamente los 1.131 derechos especiales de giro (1.400 € aproximadamente) o si esa cantidad debe ser moderada por cada juzgado en función del daño provocado al pasajero en cada caso de forma particular.

1,5 M DE AFECTADOS

Hay que tener en cuenta que, hasta ahora, los viajeros que sufren la pérdida de su maleta por parte de una aerolínea reciben de media 808 euros, una cantidad significativamente inferior. Según explican a MERCA2 desde la Legaltech, solo en 2019 gestionaron más de 42.000 reclamaciones frente a aerolíneas, de las cuales, el 8,5% fueron relacionadas con problemas de equipaje.

En España hay un millón y medio de pasajeros al año afectados por incidencias (retrasos, cancelaciones y overbooking), y unos 2,5 millones de maletas con problemas (daños, demoras o pérdidas). Sin embargo, menos del 5% de los españoles conoce las leyes que defienden sus derechos.

De hecho, según un informe de la Comisión Europea, las compañías aéreas indemnizan sólo al 2-4% de los afectados, en el 20% de los casos ni responden a las reclamaciones y en el 50% incumplen el derecho de asistencia (comida y alojamiento).

La aerolínea que más problemas ha generado en España por segundo año consecutivo es Vueling. Tanto en 2019 como en 2018, se situó al frente en el total de reclamaciones (retrasos, cancelaciones, overbooking) y problemas de equipaje.

¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?

Las cosas cambian si se trata de un retraso de la maleta o de una pérdida. Si el equipaje aparece en el plazo de 21 días, se considera un retraso y para obtener una indemnización se debe valorar el daño causado. Pasado este tiempo, pese a que aparezca, se considera equipaje perdido y la indemnización puede ascender a esos casi 1.400 euros.

Los derechos de los pasajeros en caso de problemas con el equipaje están recogidos en el Convenio de Montreal, pero únicamente señala que la indemnización máxima por problemas de equipaje será de 1.131 D.E.G. Sin desglosar la cuantificación de los daños morales que se puedan reclamar, dada la dificultad probatoria.

Así, por ejemplo, pese a que el Abogado de la Comisión Europea defendió la aplicación literal del Convenio, también advirtió a los jueces europeos sobre las dificultades a las que se enfrentan los pasajeros aéreos para probar el daño que les ocasiona la pérdida del equipaje, principalmente los daños morales. Y en palabras del propio presidente del Tribunal, se trata de un tema más complejo del que se pudiera presuponer en un primer momento.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Para reclamar un incidente con el equipaje, hay que tramitar previamente el Parte de Irregularidad de Equipaje (P.I.R.) en el aeropuerto, si no se presume que el equipaje ha sido entregado correctamente y en buen estado. El plazo para tramitar el P.I.R. es de 7 días, pero se recomienda hacerlo siempre antes de abandonar el aeropuerto.

Tras diferenciar entre deterioro, demora o pérdida, hay que acreditar los daños (mediante facturas de compra, por ejemplo). En algunos casos la reclamación puede ser mayor a 1.400 euros, cuando se ha realizado una declaración de valor al facturar o si ha habido dolo o negligencia grave de la transportista, siempre que se pruebe.

Una vez comprobado, el pasajero debe recibir su indemnización en el tiempo más breve posible. Sin embargo, la realidad demuestra que el hecho de que el Convenio de Montreal no establezca cantidades tasadas, como sucede con el Reglamento europeo en el caso de las cancelaciones, las compañías discuten el importe y a menudo hay que llegar a los tribunales para obtener una compensación justa. Es decir, se alarga en el tiempo.

Por ello, hasta que no se conozca el informe del Abogado General de la UE y la sentencia, los juzgados nacionales seguirán evaluando cada caso.