El negocio de Axa Real State, perteneciente al grupo francés Axa, con la Generalitat de Cataluña ha sido redondo. Y lo seguirá siendo durante muchos años, gracias a Artur Mas. La relación se fortificará en los próximos días cuando más de 2.200 funcionarios catalanes se muden a la Ciudad de los Funcionarios. Un complejo que tiene detrás a una de las filiales del gigante galo, Zumaran Inversiones, creadas para la ocasión y que, a su vez, ha levantado muchas suspicacias por su peculiar adjudicación. Hasta el punto, de que hay una denuncia por medio (remitida a Antifraude). Una situación que no ha impedido a la aseguradora francesa a seguir engordando a su gallina de los huevos de oro que ya le ha generado 100 millones con una rentabilidad superior al 30%.
El vínculo entre ambas, idílica para la francesa, viene desde 2013. En dicho momento, la crisis golpeó con fuerza a las arcas catalanas hasta el punto de que se decidió idear un megaproyecto para profundizar en el ahorro de costes. La nueva estrategia planeada por Mas comprendía la venta de los inmuebles públicos y orquestar, seguidamente, un contrato de arrendamiento de un grupo de hasta 13 edificios de oficinas que incluían las sedes de dos consejerías y el de la Fiscalía de Cataluña, por un importe de 172 millones de euros. El contrato se lo adjudicaron tres empresas –Zumaran Inversiones, Olaen Business y Riglos Business– con un nexo común: su máximo accionista es Axa (a través de otra filial, Lindisfarme, que controla con distintas sociedades francesas).
Un par de años después, el grupo galo todavía conseguiría sacar más rédito a su trato con Mas. Pocos días antes de convocar elecciones, en pleno julio, el ejecutivo catalán adjudicó a Zumaran Inversiones la construcción y explotación de su Ciudad de los Funcionarios. El macrocomplejo, que tenía previsto inaugurarse en los próximos días, está situado en la Zona Franca de Barcelona y deberá contener en régimen de alquiler a los departamentos económicos de la Generalitat. Para llevar a cabo el complejo, el grupo francés le ha inyectado ya varios millones de euros. La más reciente ha sido la ampliación de este pasado miércoles 26 de febrero.
AXA DA PORTAZO AL POLÉMICO CONTRATO
La nueva inyección de capital del grupo galo busca dar portazo a los problemas mediáticos, los legales siguen vigentes, que han aparecido a raíz del contrato. El nombre clave en el entramado es el del ex director de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé. Así, al poco de conocerse la concesión a Zumaran, CCOO denunció a Estapé ante la Oficina Antifraude de Cataluña, organismo encargado de prevenir e investigar el fraude en las administraciones catalanas, por un supuesto trato de favor en la operación urbanística.
El espacio temporal y el presunto delito se habría orquestado de la siguiente manera: en un primer momento, mayo de 2015, la empresa pública Fira 2000 adjudicó a Zumaran los derechos de la superficie de un solar de la Zona Franca para la construcción de oficinas. Más tarde, en julio, fue la dirección general de Patrimonio el que adjudicó a la misma sociedad el contrato de alquiler de la futura Ciudad de los Funcionarios. En ambos casos se dio una misma constante: Estapé era tanto director de Patrimonio como presidente de la Fira y la filial de Axa la única empresa que se presentó a ambos concursos.
Unos hechos que levantaron las sospechas del sindicato y terminaron en una denuncia que todavía no está resuelta. De hecho, las últimas informaciones en referencia a la misma es que Antifraude todavía sigue su curso y permanece en fase de instrucción a la espera de resolver si, finalmente, hubo irregularidades administrativas o penales en la firma del contrato.
AXA LE HA SACADO A LA GENERALITAT MÁS DE 81 MILLONES
Las casualidades no acaban en la denuncia de CCOO, sino que van a más. Por ejemplo, las tres sociedades con las que el grupo francés se ha erigido en el gran casero de la Generalitat son prácticamente iguales. Las tres se crearon en la misma fecha, el 12 de marzo de 2013, en la misma dirección, paseo de la Castellana, y tres meses antes de la adjudicación. Tras el plan de ahorro, la administración catalana paga un alquiler anual de 16,3 millones de euros al año, una cifra que le ha permitido obtener importantes réditos a todas ellas.
Así, Zumaran ha ingresado desde el 2014 cerca de 20 millones de euros y se ha apuntado más de cinco millones como beneficios. Unas cifras que crecerán más en los próximos años una vez empiece a rentabilizar su proyecto de la Ciudad de los Funcionarios. En el caso de Olaen Business, que en 2013 se adjudicó hasta siete inmuebles del lote de venta, la facturación desde su contrato con la administración catalana asciende a 22 millones de los que cerca de nueve millones son beneficios.
Por último, Riglos Business, que se llevó cinco edificaciones, se ha llevado algo más de 32 millones con unas ganancias netas superiores a los 12 millones. En definitiva, el grupo francés ha obtenido como casera de la Generalitat unos 26 millones en beneficios tras facturarle 81,5 millones. Una rentabilidad del 31% que en los próximos años irá a más.
