El Registro de Impagados Judiciales (RIJ), el primer fichero de solvencia negativa basado en resoluciones judiciales firmes, ha gestionado desde su puesta en marcha en junio del año pasado más de 9,8 millones de euros de deuda.

Este servicio, creado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con Informa y Everis, permite a los despachos de abogados hacer visible la deuda que hasta ahora gestionaban de una forma silenciosa, al no estar registrada en los ficheros tradicionales de morosidad.

La responsable legal del RIJ, Reyes Rodríguez Zarza, destaca que la herramienta posibilita hacer públicos los impagos judiciales para que se cumpla la ejecución de las sentencias y, por tanto, el derecho de cobro de los ciudadanos, al tiempo que permite a los abogados comunicar la información sobre los impagos al sistema financiero y empresarial gracias a Informa. En concreto, más de 3.000 abogados han podido comunicar esta información a través de los informes de la compañía.

Según explica Rodríguez, en la actualidad «miles de sentencias quedan incumplidas o son infructuosas, quedando los ciudadanos indefensos«, ya que después de «largos años» de proceso ven incumplido su derecho de cobro o de que se les restituya el daño económico que los llevo a reclamar ante la justicia. Destaca que con la herramienta, desde 29,9 euros y vía telemática es «más sencillo y eficaz» reclamar el dinero.

DETECTAR CLIENTES MOROSOS

La responsable legal del RIJ explica que en la parte visible de la deuda total aparecía hasta ahora reflejada solo un 20%, referido a la deuda del sector financiera o de grandes compañías de suministro, recogida en los ficheros tradicionales de solvencia negativa.

De esta forma, impagos de pensiones de alimentos, de cuota de comunidades propietarios, cuotas de alquiler, la generada por una liquidación de una sociedad de gananciales, por una partición de herencias o por una indemnización, entre otras deudas gestionadas por los despachos, serán ahora también tenidas en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de las personas.

De igual forma, Rodríguez ha indicado que el fichero ofrece información sobre la minuta que un cliente ha dejado de pagar a otros compañeros, lo que permite «protegerse de potenciales clientes morosos».

Para utilizar este servicio se puede acceder, con el certificado ACA, a través de RedAbogacía o en la web del RIJ (www.registrodeimpagadosjudiciales.es).

El impacto inmediato del coronavirus sobre la industria del transporte aéreo se perfila como «peor» que el de los ataques terroristas del 11S, cuando tardó cerca de una década en recuperarse por completo, ya que la caída actual es de más del 95%, frente al 30% de 2001, según un análisis realizado por Oliver Wyman.

Tras las cuatro fases de desescalada programas, la ‘nueva normalidad’ traerá consigo la reactivación completa de la economía, incluyendo los vuelos. La capacidad de aportar certidumbre en materia de salud y seguridad será «fundamental» para la reconstrucción de la confianza en la sociedad, sobre todo en el caso del transporte aéreo.

Para restablecer esta confianza en el corto y el largo plazo, es necesario disponer de protocolos de evaluación de amenazas, basado en datos científicos, que explique a los pasajeros la «gravedad de la situación» y qué están haciendo las aerolíneas para mitigarla.

Tras el 11S, se creó un sistema de evaluación del nivel de amenaza, codificada por colores, que informaba a los viajeros sobre el grado de riesgo existente.

Por ello, el análisis de Oliver Wyman propone la cooperación entre los gobiernos y la industria de transporte aéreo para crear un sistema similar que controle los brotes de enfermedades infecciosas como el coronavirus. Este tendría que ser «mucho más transparente» sobre los datos que determinan el riesgo y mucho más específico cobre los procedimientos de seguridad que acompañarán a cada nivel.

El sistema evaluaría la amenaza de enfermedades infecciosas en cinco niveles, codificadas por colores, que detallaría las condiciones de correlación entre cada color y los procedimientos seguidos por las aerolíneas y aeropuertos.

Por ejemplo, el coronavirus estaría actualmente en la categoría de «muy grave», basándose en la declaración del estado de emergencia, las órdenes de confinamiento y la propagación de la enfermedad.

En este nivel, por tanto, los viajeros podrían esperar que las aerolíneas proporcionen equipo de protección personal para todos los pasajeros y empleados, la obligatoriedad del lavado recurrente de manos y la desinfección de las superficies durante los vuelos y la ausencia de servicio a bordo, entre otras cosas.

La evaluación de la amenaza de enfermedades infecciosas ayudaría a educar a los pasajeros sobre cómo volar bajo ciertas condiciones y qué esperar al llegar a los aeropuertos o al subir a los aviones.

Tras el 11S se establecieron las restricciones a la hora de portar líquidos, en envases individuales de no más de 100 militros y la obligación de descalzarse en los controles de los aeropuertos.

Con la evaluación de la amenaza de enfermedades infecciosas, los pasajeros podrían tomar conciencia de que con fiebre o tos fuerte, probablemente, no podrían acceder al avión cuando el nivel sea naranja o superior y que los pasajeros a bordo podrían ser obligados a usar mascarilla.

Tomar la temperatura de los pasajeros antes de los vuelos o presentar los resultados de las pruebas de anticuerpos virales también podría ser necesario eventualmente.

La elaboración de un conjunto de normas acordadas por todas las aerolíneas facilitará el cumplimiento y podrían facilitar los viajes internacionales al proporcionar a los gobiernos un conjunto de medidas de control común, según detalla el informe.

España e Italia serían los principales beneficiarios del Fondo de Recuperación Europeo, del que recibirían transferencias de unos 85.000 y 65.000 millones de euros, respectivamente, según el escenario base manejado por Goldman Sachs, que eleva estas cantidades hasta los 120.000 millones en el caso italiano y 100.000 millones en el español si el reparto de fondos da mayor importancia al impacto de la Covid-19.

En su análisis, tras conocer la propuesta franco alemana, el banco estadounidense confía en que finalmente este Fondo de Recuperación tendrá una dotación de alrededor de medio billón de euros, de los que unos 450.000 millones serán transferencias y unos 50.000 millones corresponderán a préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Según los distintos escenarios previstos por el banco estadounidense para el reparto de fondos, en relación con la contribución de cada país al presupuesto europeo, en el escenario base Italia recibiría la transferencia a largo plazo de recursos equivalentes al 1,5% del PIB y España del 2%, mientras que en el caso más generoso contemplado por la entidad, estos ratios alcanzarían el 3,5% y el 5% del PIB, respectivamente.

A pesar del apoyo significativo del fondo a España e Italia, Goldman Sachs calcula una contribución «modesta» del mismo a la hora de cerrar la brecha de necesidades de financiación de estos países en los próximos años como consecuencia de la limitada capacidad del nuevo instrumento y el enfoque multianual de los desembolsos, por lo que subraya que será mucho más significativo el papel que puede desempeñar en este aspecto el Banco Central Europeo (BCE) a través de sus programas de compra de deuda soberana.

En este sentido, la entidad estima que los desembolsos del Fondo de Recuperación en el escenario central reducirían al 19% del PIB las necesidades de financiación de Italia y al 21% las de España, mientras que en el escenario más generoso este descenso se vería incrementado en unos 2 o 3 puntos porcentuales.

De este modo, Goldman Sachs subraya la importancia en la reducción de las brechas de financiación de los países más afectados por la Covid-19 como España o Italia de que el BCE ejecute su programa de compras de deuda contra la pandemia (PEPP) con una desviación respecto de las claves de capital de los países, adquiriendo así más bonos de los países más perjudicados.

NO ANTES DE 2021

«Tras la propuesta de la Comisión Europea el 27 de mayo, dará comienzo el procedimiento institucional habitual, comenzando con las discusiones informales entre gobiernos en contacto con el Parlamento Europeo», apunta el banco estadounidense, que prevé las fechas más tempranas para la aprobación del Fondo el 11 de junio, con reunión del Eurogrupo, y el 18 de junio, con Cumbre de la UE, aunque advierte de que al ser necesaria la unanimidad de los Veintisiete, el proceso se alague todo el verano.

De este modo, una vez que el acuerdo entre los 27 países de la UE se haya alcanzado, se procederá a la aprobación formal por parte del Parlamento Europeo y a la ratificación del mismo por cada uno de los 27 parlamentos nacionales, por lo que Goldman Sachs espera que los fondos se desembolsarán entre 2021 y 2023, con unos 300.000 millones el primer año.

«También consideramos un escenario ‘rápido’ con el desembolso en dos años, incluyendo 400.000 millones en 2021, así como un escenario ‘lento’ en el que el proceso se prolonga cuatro años, con solo el desembolso de 100.000 millones en 2021», advierte la entidad.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que la tasa de paro efectiva en abril alcanzo el 36,4%, con 8,4 millones de parados, sumando el paro registrado, los afectados por ERTE y por ceses involuntarios de actividad ligados al Covid, por lo que ve especialmente «desaconsejable» en este momento derogar la reforma laboral de 2012 al ser «esencial» la flexibilidad para mantener el empleo.

Esta previsión se traducirá en un «fuerte deterioro» de las cuentas públicas, estimando un incremento del gasto público de en torno a 50.000 millones de euros, con una caída de ingresos de una cuantía similar, lo que arrojará un déficit presupuestario de más de 130.000 millones, casi el 12% del PIB, a los que se suman los vencimientos de deuda por otros 170.000 millones, elevando las necesidades de captación de recursos a unos 300.000 millones.

Así se desprende del segundo boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid elaborado y publicado por Fedea, que apunta que el impacto de la crisis comienza a apreciarse en algunos indicadores de gasto público y con mayor claridad en el incremento de la emisión de deuda pública y en los ocasionales repuntes de la prima de riesgo.

Fedea señala que los efectos son ya «evidentes», en algunos casos de forma «muy llamativa», en los datos de empleo y de prestaciones por desempleo y cese de actividad de abril, y refleja su «gravedad» en el dato de paro efectivo, definido como la suma del paro registrado más los afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad, lo que supone la suma total de los activos que no están trabajando, estén o no dados de alta en la Seguridad Social.

En dos meses, a este colectivo se han incorporado algo más de 5 millones de personas elevando su número hasta un récord histórico de 8,4 millones de personas, lo que representa una tasa de paro efectiva de entorno al 36,4% en abril, ante una población activa de 23 millones de parados según la última EPA.

Esto se traducirá «inevitablemente» en un «dramático deterioro de las cuentas públicas», alerta Fedea, que advierte de que, ajustando en alguna medida las previsiones recogidas en el Programa de Estabilidad, prevé que el gasto del conjunto de las administraciones públicas españolas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros en relación a 2019, mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía similar, dejando un déficit presupuestario de más de 130.000 millones (casi el 12% del PIB).

A esto, añade, hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de casi 170.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones, el 27% del PIB, lo que «supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas».

ELIMINAR LA OBLIGACIÓN DE MANTENER EMPLEO 

Los autores del documento consideran que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para desvincular los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma es «un paso en la dirección correcta» pero «insuficiente» para despejar la incertidumbre existente sobre el proceso de retirada de estas ayudas.

A su juicio, habría sido preferible fijar criterios explícitos para la extensión de la fuerza mayor en los sectores que lo pudieran necesitar y un mecanismo de retirada gradual de las ayudas que, al menos en determinados sectores, debería incluir la conversión automática de los ERTEs por fuerza mayor en otros por motivos económicos, así como contemplar la posibilidad de retrocesos temporales del proceso de desescalada.

También sostienen que debería eliminarse la obligación de mantener el empleo por seis meses porque puede poner «en peligro» la viabilidad de muchas empresas. «La excepción que se ha añadido en el último decreto, por riesgo de entrar en concurso, supone una exigencia excesiva y de difícil comprobación, que también agrava la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas tras la finalización del estado de alarma», avisan.

«DESACONSEJABLE» DEROGAR LA REFORMA LABORAL

Además, opinan que a agravar esa inseguridad ha contribuido también el reciente anuncio, desmentido por el PSOE, de un acuerdo entre los socialistas con Podemos y Bildu para la derogación «íntegra» de la reforma laboral de 2012.

«Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, su derogación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo», apunta Fedea.

«Esta medida sería desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actuales, en las que la flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo», ha añadido.

SE VUELVE A «SOBREPROTEGER» A LAS CCAA

El informe también es crítico con el diseño del nuevo Fondo que canalizará 16.000 millones de ayudas a las autonomías por razones tanto de equidad como de eficiencia. Dada la naturaleza del shock considera que hay buenas razones para que el Gobierno central mutualice una parte importante de sus costes, pero cree que ha de hacerse de una forma que no elimine los incentivos de la autonomías para comenzar a adaptarse a la nueva situación lo antes posible.

Sin embargo, critica que «como ya sucedió en la crisis anterior, el Gobierno central ha optado por sobreproteger a las CCAA, absorbiendo enteramente los efectos inmediatos del shock de una forma que permitirá a estas administraciones posponer la necesaria reacción más de lo que sería prudente».

A este «problema de eficiencia» opina que se suma otro de equidad, ya que el reparto del tercer tramo del fondo (que compensaría las pérdidas de recaudación propia) busca preservar la distribución actual de la financiación autonómica, que «no es precisamente equitativa».

Dado que la desigualdad en el acceso a los servicios públicos es «especialmente objetable» en una situación de emergencia como la actual, cree que sería importante utilizar el nuevo fondo para corregir en alguna medida la inequidad del reparto existente.

Por ello, propone que una parte significativa del fondo tome la forma de créditos en vez de ayudas no reembolsables y que el tercer tramo del mismo se reparta con el fin de mejorar la financiación por habitante ajustado de aquellas comunidades que están actualmente por debajo de la media nacional, tras corregir las últimas cifras disponibles de financiación por los previsibles cambios en la recaudación homogeneizada de los llamados tributos cedidos tradicionales.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que la entrada de turistas a España será un hecho en julio, por ello anima a los viajeros internacionales, especialmente a franceses y alemanes, a disfrutar de sus vacaciones en nuestro país puesto que la cuarentena finalizará una vez concluya el estado de alarma.

A raíz de las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica e Inclusión de Francia, Elisabeth Borne, en las que desaconsejaba viajar a España este verano por las medidas contradictorias del Gobierno, Maroto ha explicado en una entrevista en el programa ‘Más de uno’ de Onda Cero que considera «coherente» pedir que los turistas extranjeros vayan planificando sus vacaciones para venir a España con la medida de cuarentena de dos semanas ya que esta medida se eliminará cuando finalice el estado de alarma.

La ministra asegura que el turismo español ha sido uno de los sectores más afectados por el Covid-19 pero insiste en que «tenemos un destino y un sector turístico muy resiliente«, por lo que «vamos a salir reforzados» de esta crisis.

«Si trabajamos como estos dos años, sobre la base de nuestros productos, la profesionalización de los trabajadores y reposicionando la marca como destino seguro, vamos a poder salvar un poco el verano», considera.

Así, anima a los españoles a que planifiquen sus vacaciones. «Unas vacaciones que van a ser distintas, pero creo que todos nos merecemos después de estas semanas de confinamiento«, asegura la ministra, animando también a los mercados emisores europeos, especialmente a franceses y alemanes a que se trasladen a nuestro país.

«España siempre ha sido un destino muy querido, tenemos una reputación muy buena dentro de los países emisores», insiste, al tiempo que señala que cuentan con todos los protocolos sanitarios preparados para tener los destinos a punto «y se pueda disfrutar con seguridad de unas merecidas vacaciones».

SECTOR ESTRATÉGICO PARA ESPAÑA

Respecto a las predicciones de la evolución de la actividad, asegura que aún no puede realizar estimaciones para este verano porque desconoce cómo se va a comportar la demanda.

En este punto, indica que están preparando en su Ministerio una encuesta sobre las preferencias de los ciudadanos sobre el producto turístico que quiere consumir este verano y ha pedido un plan específico de relanzamiento del turismo a la Unión Europea con ayudas concretas a los territorios más afectados.

Maroto apunta que el turismo es un sector estratégico para España y tiene segmentos de un alto valor añadido. Estoy convencida que este sector nos va a ayudar a salir de la crisis económica y social«, asegura Maroto, añadiendo que el turismo es una de «nuestras fortalezas» para relanzar la economía en los próximos meses.

Sobre si es partidaria de la derogación íntegra de la reforma laboral, subraya que hay que recuperar el consenso y «hay que actualizar nuestro marco de relaciones laborales en ámbitos tan importantes como la digitalización».

«La responsabilidad de todos es reconstruir este país y el diálogo social tiene que fortalecerse para que sea un protagonista como lo fue en el pasado de los grandes consensos que este país necesita», concluye.

Las nuevas generaciones «no parecen enfrentarse», en términos de temporalidad, a un mercado de trabajo más precario que generaciones anteriores, según el Banco de España, aunque, en términos de parcialidad, la institución sí observa una «clara tendencia estructural» hacia una menor duración de la jornada que afecta a todos los grupos de edad y a todos los niveles educativos, pero con mayor intensidad a los jóvenes menos formados y con estudios medios.

«En términos de precariedad laboral, las generaciones más jóvenes se enfrentan a una temporalidad ligeramente menor, pero, por otro lado, quienes permanecen con contratos temporales sufren una mayor rotación, mientras que la parcialidad ha acelerado su ritmo de avance, especialmente entre los jóvenes con estudios medios y bajos», subraya el organismo.

Así lo asegura la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos en un artículo en el que analiza las tendencias laborales entre generaciones en las últimas décadas. De su estudio, que sólo tiene en cuenta a la población masculina por la menor participación de la mujer en el mercado laboral, se obtienen varias conclusiones.

En primer lugar, el Banco de España constata que los salarios reales medios percibidos a cada edad por los trabajadores más cualificados han caído a lo largo de las distintas generaciones, mientras que apenas han variado en el caso de los trabajadores de menor cualificación.

Cuando se combinan dichos datos con la cantidad de tiempo trabajado, el resultado es una caída generalizada de las rentas anuales medias en el periodo más reciente, desde la crisis financiera de 2008. En este punto, el Banco de España señala que el empeoramiento de las rentas anuales que sufren las generaciones más jóvenes «parece tener un cierto componente cíclico».

MÁS FORMADOS POR MENOS SALARIO

En este estudio, el Banco de España apunta que el salario mensual medio percibido por los trabajadores menos formados apenas ha variado a lo largo de las distintas generaciones, mientras que en el caso de los mejor formados se observan caídas en las generaciones más recientes.

Así, el salario medio mensual de los trabajadores con estudios bajos nacidos en 1967 superaba ligeramente los 1.000 euros al cumplir los 20 años, incrementándose de manera progresiva, en consonancia con la acumulación de experiencia laboral, hasta superar los 2.000 euros mensuales a la edad de 40 años.

En el caso de trabajadores con estudios altos, un universitario nacido en 1967 recibía un salario medio de algo más de 2.500 euros al mes a los 30 años, cifra que aumenta con la edad, hasta acercarse a los 4.000 euros a los 40 años.

Según el Banco de España, antes de la crisis de 2008, los salarios medios mensuales antes de los 30 años de las generaciones nacidas más tarde eran similares a los recibidos por las generaciones anteriores, e incluso algo mayores en el caso de los trabajadores de baja cualificación.

Sin embargo, con la llegada de la crisis y en años posteriores, «los salarios medios dejaron de crecer con la misma intensidad ante incrementos de la experiencia, un fenómeno generalizado entre todas las generaciones y niveles educativos».

De este modo, un trabajador con estudios altos nacido en 1977 recibía un salario medio a los 40 años (en 2017, es decir, una vez finalizado el período de crisis) «sensiblemente inferior» al percibido a esa misma edad por los nacidos en 1967. Mientras que los nacidos en 1967 tenían entre 30 y 40 años en el decenio 1997-2007, un período expansivo, los nacidos en 1977 tenían esa edad entre 2007 y 2017.

Esta caída salarial tras la crisis, precisa, también ha afectado a los trabajadores menos formados, «pero en menor medida». No obstante, si se suma el efecto del ciclo económico sobre los salarios, las diferencias entre generaciones apenas cambian.

«Esto sugiere que el fenómeno de salarios medios más bajos observado tras la crisis financiera para las generaciones más recientes, y, por tanto, tendría un carácter más permanente», afirma la institución.

«Hasta la llegada de la crisis de 2008, los salarios medios mensuales a tiempo completo presentaban una estabilidad intergeneracional bastante marcada, tan sólo rota por ligeras subidas en el caso de los jóvenes menos formados y pequeñas bajadas en los trabajadores de mediana edad más cualificados. Sin embargo, la llegada de esa crisis coincidió con moderaciones salariales generalizadas para las nuevas cohortes, que han sido más intensas para los trabajadores más formados», resume.

Si se examina la renta salarial anual total, que incluye los períodos de desempleo y las horas trabajadas, además de los salarios mensuales a tiempo completo, la conclusión del Banco de España es que ha producido una caída generalizada de las rentas salariales anuales para las generaciones más recientes, que parece tener «un cierto componente cíclico».

A modo de ejemplo, un trabajador nacido en 1967 o en 1977 con estudios bajos recibía, en promedio, en torno a 2.000 euros anuales cuando tenía 20 años. Sin embargo, a esa misma edad, un trabajador con el mismo nivel de formación nacido en 1987 recibía una renta bastante superior, de casi 6.000 euros anuales.

Esta mejora también se produjo a otras edades y también para los trabajadores de alta formación. Así, la renta anual típica de un trabajador universitario nacido en 1967 era algo superior a 20.000 euros anuales a los 30 años, mientras que, a esa misma edad, la renta de uno nacido 10 años después aumentaba a 25.000 euros.

No obstante, con la llegada de la crisis financiera, las rentas anuales «empeoraron significativamente» para todos los trabajadores, con independencia de su nivel de formación. Sin embargo, si se tiene en cuenta el efecto del ciclo económico, gran parte de las diferencias entre generaciones desaparecen, de forma que las curvas de renta tienen un perfil muy parecido, independientemente del año de nacimiento.

El 87% de las empresas no ha suspendido sus aportaciones a los planes de jubilación de la plantilla durante la crisis, a pesar de las pérdidas registradas por las caídas de los mercados por la pandemia del Covid-19, según Mercer.

La firma ha señalado que una fracción «importante» de empresas ya se plantea suspender estas aportaciones a los planes de empleo, dada la situación económica y social actual.

Asimismo, las reducciones salariales han provocando la disminución de aportaciones, toda vez que el sistema público de pensiones se ha debilitado por la paralización económica.

Ante este panorama, Mercer ha planteado la necesidad de flexibilizar estructuras para mejorar los rendimientos, así como el uso de vehículos de inversión diversificados que ayuden a reforzar la previsión de riesgos.

Para mejorar el rendimiento de los sistemas de ahorro ve necesario que las empresas cuenten con una estrategia de inversión bien diversificada y sin concentración de riesgos, y que contemple el perfil de riesgo de cada colectivo de la plantilla según su edad, más o menos próxima a la jubilación.

Para ello, considera que el vehículo más adecuado es el plan de pensiones de ciclo de vida, un instrumento que puede implementarse en cualquier momento y al que se puede migrar sin tributar, conservando el régimen fiscal transitorio que permite la deducción del 40% por capitalización.

Además del reto de la sostenibilidad del sistema de pensiones español, Mercer ha destacado el previsible aumento de las jubilaciones anticipadas y de las prestaciones por incapacidad así como el creciente rescate de fondos de pensiones.

Mercer propone la revisión de convenios colectivos, renegociar los seguros para ajustarlos a los tipos de interés más bajos, implementar sistemas de retribución flexible para empleados y ampliar las coberturas de riesgos relativos longevidad e inflación. «De no implementar medidas, peligra tanto el sistema público de previsión como el privado», ha advertido.

La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha insistido en la necesidad de cobrar un peaje por circular por la red de autovías del país con el fin de levantar fondos para su mantenimiento y que deje así de depender de las arcas públicas, ante el «mayor gasto social» derivado de la crisis.

«En la actual coyuntura del país, con el incremento del gasto social derivado de la crisis, es un debate que habría que abrir en cuanto se pueda», indicó el presidente de Seopan, Julián Núñez.

Se trata de un peaje que ya se ha articulado en 23 países de la UE y que «permitiría que el mantenimiento de la red de carreteras se financie con los recursos los usuarios de las mismas y no con cargo a todos los contribuyentes», argumentó durante un encuentro telemático de ‘Nueva Economía Forum’.

La patronal constructora insiste así en la necesidad de tarificar la red de carreteras que ya planteó a comienzos del pasado mes de marzo, en vísperas de la crisis.

Seopan propuso entonces poner un peaje por circular por toda la red de 14.130 kilómetros de autovías del país de una media de 0,09 euros por kilómetro recorrido para los coches y de 0,19 euros para los camiones.

Según detalló entonces, estas tasas permitirían, además de levantar un importe al adjudicar la concesión del sistema de peaje, recaudar 4.827 millones de euros anuales por tráfico y otros 4.698 millones en impuestos.

Asimismo, el Estado se ahorraría los 825 millones que actualmente destina cada año a mantener las carreteras con cargo a las ‘arcas públicas’, según los cálculos de Seopan.

No se trata de la primera vez que las constructoras piden cobrar por circular por las autovías, una cuestión sobre la que el Gobierno ha mostrado su disposición a abrir un debate, en busca de consenso político y social, al considerar necesario «garantizar la sostenibilidad futura» de estas infraestructuras.

RECLAMACIONES AUTOPISTAS

Durante su intervención en el foro, el presidente de Seopan se refirió también a las autopistas de peaje del país, que suman unos 2.250 kilómetros de longitud, para indicar que las empresas que tienen la concesión de su explotación no descartan reclamar al Gobierno por el desplome de tráfico registrado por la crisis sanitaria, el estado de alarma y la consiguiente reconstrucción de la movilidad.

No obstante, indicó que dichas reclamaciones se formularán «en su momento, una vez los tráficos se vayan recuperando y se tenga una estimación del impacto real». «No se puede reclamar ahora, porque aún no se sabe qué reclamar», añadió.

Núñez remarcó que, en caso de que las concesionarias tengan derecho a un reequilibrio económico de sus contratos, «no supondría ni un sólo euro de recursos públicos», dado que se puede ‘pagar’ aumentando el periodo de explotación de la vía.

No obstante, el presidente de la patronal indicó que «ya habrá tiempo» de plantear al Gobierno posibles reclamaciones y «tratar sobre consideraciones jurídicas», indicó en relación al pronunciamiento de la Abogacía del Estado indicando que la crisis sanitaria no sería supuesto para reequilibrar cuentas de las concesiones de autopistas.

El debate sobre el peaje de las autovías y las eventuales reclamaciones de la autopistas por la crisis se plantean en tanto la actual estrategia del Gobierno pasa por no alargar la concesión de las autopistas que vencen su contrato de concesión que, de esta forma, levantan el peaje y revierten al Estado.

Tres vías de pago han revertido ya al Estado en los dos últimos años, la AP-1 Burgos-Armiñón, el tramo de la AP-7 que une Tarragona, Valencia y Alicante, y la AP-4 Sevilla Cádiz. El próximo año, está previsto que esto mismo ocurra con la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo otro tramo de la AP-7, es que discurre entre Tarragona, Barcelona y el paso fronterizo de La Jonquera.