El Instituto BBVA de Pensiones advierte en un estudio de que elevar la base máxima de cotización sin subir en paralelo la pensión máxima quebraría la contributividad del sistema en el caso de las rentas altas.

La base máxima de cotización este año se sitúa en 4.070,10 euros mensuales (48.841,2 euros anuales), de forma que las rentas que superan esta cantidad no cotizan a la Seguridad Social. La pensión máxima, por su parte, asciende este año a 2.683,34 euros mensuales (37.566,76 euros al año).

De esta forma, la actual relación entre la base máxima y la pensión máxima es del 77%, de manera que están cotizando más de lo que posteriormente perciben en forma de pensión, pues ésta se encuentra topada por ley.

También el Banco de España ha señalado recientemente que es necesario mantener el carácter contributivo del sistema para que exista una relación adecuada entre lo que aportan los participantes y lo que esperan recibir a cambio.

«La relación entre la base de cotización y la pensión es un elemento clave en la redistribución intrageneracional del sistema de pensiones. Los trabajadores que más cotizan ya están aportando solidaridad al sistema con esta parte de pensión no percibida. La cuestión es que, para mantener la contributividad del sistema, un aumento de las bases máximas debería ir acompañado de un incremento de la pensión máxima», explica el director del Instituto BBVA de Pensiones, Luis Vadillo.

Sin embargo, el problema es que si sube la base máxima en paralelo a la pensión máxima se neutralizaría el objetivo de incrementar los ingresos y reducir los gastos de la Seguridad Social, apunta Vadillo.

En opinión del Instituto, la subida de las bases máximas tendría dos consecuencias negativas. Para los trabajadores de mayores rentas supondría cotizar más sin obtener una pensión mayor, siempre y cuando no se aumentara de manera proporcional la pensión máxima. Para las empresas, los costes salariales subirían, pues tendrían que cotizar más por los empleados que excedan estos niveles de rentas.

Actualmente, la empresa se hace cargo del 23,6% de la base de contingencias comunes del trabajador, mientras que el trabajador asume el 4,7% de dicha base. «A largo plazo, esta medida puede tener perniciosos efectos sobre el mercado laboral, dado que las empresas perderían competitividad frente a competidores de otros países con costes laborales más contenidos», explica el Instituto.

«Al desincentivar la contributividad se pueden fomentar prácticas que busquen reducir o eludir las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que a la larga puede ocasionar un problema de mayor magnitud», argumenta Vadillo.

El Instituto BBVA de Pensiones recuerda que el sistema de la Seguridad Social se basa en España en varios principios y uno de ellos es la proporcionalidad contributiva, es decir, que las prestaciones que se perciben están directamente relacionadas con las aportaciones que se efectúan a través de las cotizaciones sociales, con las excepciones de los complementos a mínimos y rentas elevadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso que planteará una revisión de la legislación para agilizar la ejecución de los fondos europeos, y ha anunciado que, para ello, instalará una unidad de seguimiento en Moncloa.

Asimismo, ha asegurado que él mismo presidirá una Comisión interministerial y que las comunidades autónomas participarán también en otra Comisión presidida por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Por otro lado, el Ejecutivo propondrá el control parlamentario de estos fondos y su evaluación a través de la Comisión Mixta para las relaciones con la Unión Europea, integrada por diputados y senadores.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha informado de que en la última reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron la celebración de una conferencia de presidentes autonómicos a finales de octubre o principios de noviembre junto con la presidenta para hablar de este fondo de recuperación.

BAJA EJECUCIÓN

Todo ello ante la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso le ha advertido de que entre 2014 y 2020 apenas se han ejecutado un 30% de los fondos procedentes de la Unión Europea, y le ha preguntado por la gestión que piensa hacer.

Así, le ha instado a «articular una nueva legislación específica» para tramitar los fondos «si se quiere ser efectivo». «Tal y como está la legislación actual, no llegaríamos nunca, sería un auténtico cuello de botella», le ha alertado, animando al Gobierno a «ser imaginativo» y anticipar cambios legales que «puedan servir para un nuevo modelo de gestión».

Esteban también ha incidido en que la industria «tiene que tener una presencia relevante si se quiere ser verdaderamente transformador y poner las bases para una economía diferente. En este sentido, ha lamentado que «sorprende el limitado énfasis» al sector en los planteamientos iniciales por parte de España.

Asimismo, ha advertido al presidente de que «no puede ni debe gobernar en exclusiva o cuasi exclusiva» estos fondos, pidiéndole que cuente con las comunidades «en su diseño, pero también en su gestión si realmente se quiere llegar más allá de la gran empresa» y que los proyectos sean «aquellos que cambien el modelo productivo» y «donde haya tejidos suficientes para llevarlos a cabo». «Los clústers son fundamentales», ha apostillado.

Frente a ello, Sánchez ha comprometido una «revisión de la legislación básica para garantizar esa ejecución», y ha compartido con el portavoz del PNV en el Congreso la importancia de la industria, así como el compromiso de «cogobernanza» de estos fondos.

Así, ha asegurado que ya en la última Conferencia de Presidentes les trasladó que la voluntad del Gobierno es «cogobernar» estos fondos, dadas las competencias transferidas que tienen las administraciones autonómicas en aspectos como la renovación urbana, la rehabilitación de viviendas o la movilidad sostenible.

El precio medio de la vivienda en España registró una caída del 0,4% en el tercer trimestre de este año, lo que supone el primer descenso interanual desde el tercer trimestre de 2015, al tiempo que experimentó un descenso del 1,6% durante la crisis sanitaria, entre el primer y el tercer trimestre, hasta situarse en 1.361 euros por metro cuadrado, según las tasaciones de vivienda nueva y usada realizadas por Tinsa.

En concreto, Tinsa constata un ajuste generalizado de valores en el tercer trimestre de este año, después de un segundo trimestre en el que el confinamiento alteró la dinámica del mercado y la obtención de valores medios representativos.

El precio medio en España es un 13,7% superior al mínimo registrado en la crisis anterior y se mantiene un 33,6% por debajo del nivel máximo alcanzado durante el ‘boom’ inmobiliario, en 2007.

En todas las comunidades autónomas el precio medio de la vivienda fue inferior al que registraban al cierre del primer trimestre, cuando se decretó el estado de alarma. Los mayores ajustes durante la crisis, por encima del 8%, se registraron en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En tasa interanual, Baleares y Canarias (+0,4%) y el Principado de Asturias (+3,0 %) fueron las únicas regiones que mantuvieron incrementos en tasa interanual. Los mayores descensos en los últimos doce meses se localizaron en La Rioja, Extremadura y Andalucía, con caídas superiores al 5%.

El ajuste sufrido en los últimos meses situó el precio medio en Castilla y León, Extremadura y Galicia en su nivel mínimo desde que estallara la crisis financiera en 2008. En el extremo contrario, la Comunidad de Madrid mantuvo un valor medio un 36,5% superior al mínimo que marcó durante la crisis financiera.

En Cataluña, por su parte, el aumento desde su mínimo alcanzó el 28% y el 24,7% en Navarra.

«Las distintas cifras regionales comparten el signo negativo en sus tasas de variación respecto al primer trimestre del año y son mayoritarios los descensos interanuales. El hecho de que estos descensos sean la tónica actual, más allá de las distintas cifras registradas, apunta al comienzo de una nueva tendencia que, en los próximos meses, podrá evidenciar la intensidad del ajuste y la posible heterogeneidad geográfica que se produzca», ha resaltado el director del Servicio de Estudios de Tinsa, Rafael Gil.

Según Tinsa, mercados del interior peninsular son los que más han acusado el ajuste de valores durante en los seis meses de crisis sanitaria.

Así, septiembre se caracterizó por una tendencia de ajuste de precios, tras un agosto relativamente estable. Pese a ello, todavía 13 provincias y 18 capitales mantienen precios superiores a los que tenían hace un año.

Las capitales del interior peninsular concentraron los descensos más significativos durante la crisis sanitaria y nueve ciudades mostraron descensos superiores al 10% desde el primer trimestre de este año, destacando Ourense, Zamora y Valladolid con los ajustes más intensos.

Entre las cinco mayores capitales españolas, Zaragoza es la que más ha visto reducido su valor medio desde el primer trimestre del año (-7,9%).

En Barcelona, por su parte, el ajuste desde el inicio de la crisis sanitaria es del 4,3% (-4,7% interanual), mientras que en Madrid el valor se ha reducido un 5,8% desde el primer trimestre del año y un 3,6% en tasa interanual.

Madrid no registraba caídas interanuales en el precio medio de la vivienda nueva y usada desde el primer trimestre de 2015, al tiempo que en Barcelona los descensos interanuales comenzaron hace ya un año, en el tercer trimestre de 2019.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje) han suscrito un acuerdo para desarrollar de forma conjunta proyectos de interés para ambas instituciones.

El objetivo de esta colaboración es difundir y acercar los productos de financiación del ICO, así como los fondos gestionados por Axis, su filial de capital riesgo, a las empresas españolas, con el fin de contribuir a su crecimiento y capacidad de generación de empleo.

La colaboración entre ambas entidades se desarrollará en torno a diferentes líneas de actuación, entre las que destaca el impulso al Premio Nacional Joven Empresario. Este premio, que se entrega desde 1989, es un galardón que va dirigido a emprendedores y empresarios menores de 41 años, y valora a los jóvenes empresarios que hayan logrado crear una empresa fuerte y competitiva, capaz de generar empleo y contribuir a la riqueza del país.

Además, el ICO participará activamente en todas las actividades que se organicen en el Congreso Nacional de Ceaje para que los jóvenes empresarios conozcan de primera mano todas los instrumentos y distintas fórmulas de financiación a las que pueden optar para llevar a cabo sus proyectos y potenciar su actividad.

Por otro lado, el ICO colaborará de forma estrecha con Ceaje en la identificación y atención a la necesidad de financiación de los jóvenes empresarios a través de la Oficina de Financiación de Ceaje y de los encuentros mensuales entre gerentes de asociaciones de jóvenes empresarios territoriales.

Ceaje, por su parte, se compromete a difundir información de interés sobre la financiación ICO en las newsletters y otras comunicaciones digitales que envía a sus asociados. Asimismo, dará difusión a las diferentes iniciativas lanzadas por el ICO a través de las diferentes asociaciones territoriales, con el fin de que las empresas de todas las provincias tengan acceso directo a la información.

Con la firma de este nuevo convenio de colaboración, el ICO potencia su objetivo de apoyar la financiación de las empresas, autónomos y emprendedores españoles a través de su catálogo de productos, mientras que Ceaje ha trasladado que es fundamental contar con un «referente» como el ICO, «lo que sin lugar a dudas redundará en un mejor servicio a los asociados».

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir de este 1 de octubre un 4,9% de media en el último trimestre del año, con respecto a la tarifa vigente desde julio.

Este descenso se debe a la reducción del coste de la materia prima en los mercados internacionales respecto a la anterior actualización, así como a los nuevos costes por peajes incorporados a la tarifa como consecuencia de la nueva metodología de peajes, aprobada por la circular 6/2020 de 22 de julio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de los valores aprobados por el ‘superregulador’ para los peajes, de aplicación en el periodo octubre a septiembre 2021, según informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Tarifa de Último Recurso de gas natural es una tarifa a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de baja presión cuyo consumo anual sea inferior a los 50.000 kWh. De acuerdo a los últimos datos disponibles, 1.576.927 usuarios están acogidos a la tarifa de último recurso de gas natural.

Con el estado de alarma por la crisis del coronavirus, el Gobierno aprobó que solo permitiría una revisión a la baja del precio de la TUR de gas natural para los consumidores. En el caso de que tocará una revisión al alza, se mantendrían congelados.

NUEVA ESTRUCTURA DE PEAJES

Además, la TUR de gas natural se ha adaptado a la nueva estructura de peajes del sistema gasista, que supondrá un descenso de en torno al 0,5% en la factura de los consumidores de TUR 1 de gas natural; y del 3,2% en el caso de los usuarios de TUR 2, a partir de este 1 de octubre.

Esta modificación responde a la aplicación parcial, a partir del 1 de octubre, de la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que define la nueva estructura de peajes.

El Real Decreto-ley 1/2019 fijó las competencias de la CNMC para garantizar su independencia como regulador del mercado de electricidad y de gas, de acuerdo con la normativa comunitaria.

En aplicación de esta norma, el ‘superregulador’ pasó a ser el organismo competente para determinar una parte de la composición de la factura, los peajes. El resto de componentes de la TUR son la materia prima, los costes de comercialización y los cánones y cargos.

En relación con estos dos últimos conceptos, en la actualidad, el Gobierno está tramitando un Real Decreto para definir una nueva metodología para el cálculo de los cánones y cargos del sistema gasista. La circular, en su totalidad, entrará en vigor el 1 de octubre de 2021.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado este miércoles que la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre ha sido «muy, muy buena», con una creación de empleo, en términos promedios y desestacionalizados, de unos 100.000 puestos de trabajos respecto a agosto.

Escrivá, en declaraciones a RNE, ha destacado que esta cifra se ha conseguido a pesar de las restricciones a algunas actividades adoptadas por algunas comunidades autónomas para limitar los contagios, como las puestas en marcha por la Comunidad de Madrid.

«Puede parecer un poco sorprendente o contradictorio (…), pero puedo anticipar que el dato va a ser muy, muy bueno (…) El ritmo de recuperación de agosto se ha intensificado en septiembre», ha apuntado el ministro.

Escrivá, cuyo Departamento publicará los datos de afiliación el próximo viernes, ha recordado que septiembre es un mes en el que suele crecer mucho la ocupación en el sector de la educación por el inicio del curso escolar, pero ha precisado que, si se excluye a este sector, otras actividades también han mostrado bastante dinamismo.

Preguntado por si esta tendencia se va a poder mantener hasta final de año, el ministro ha afirmado que es «bastante difícil de decir» porque depende también de cómo evolucione la pandemia.

En todo caso, ve difícil que se mantenga un ritmo «tan intenso» de recuperación del empleo como el que se está teniendo en los últimos meses dado que hay actividades que dependen de la demanda exterior.

Sobre cuántas personas han podido salir de ERTE en septiembre, el ministro calcula que en torno a 100.000 trabajadores se han reincorporado a la actividad desde principios de este mes.

Así, ha explicado que a día de hoy algo más de 600.000 trabajadores permanecen en ERTE de fuerza mayor y en torno a 120.000 se encuentran en ERTE de causas económicas, organitavizas, productivas y técnicas (ETOP).

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declara hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.

De Guindos deberá comparecer personalmente –aunque sea por medio telemático debido a la situación generada por el covid-19– ya que el instructor denegó la posibilidad de que lo hiciera por escrito, tal y como solicitó a principios de año aludiendo a su cargo en el BCE y a las responsabilidades profesionales que tendría que desatender, al menos, el día de la citación.

Con la declaración de De Guindos, ministro de Economía en el momento de la resolución del banco Popular, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 reanuda la ronda de testificales que inició el pasado 17 de septiembre con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien aseguró que no formó parte del equipo del despacho Linklaters que asesoró en 2016 a la entidad en la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros.

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

MÁS TESTIGOS

Para seguir indagando, el magistrado instructor continuará escuchando a más testigos la próxima semana, en concreto el 6 de octubre, cuando ha citado a cinco directores territoriales del Popular en el año 2016 y al que fuera responsable de la red del Banco Pastor en ese mismo periodo, Fernando Merino.

A estos seis directivos le seguirá dos días después la presidenta del banco Santander, Ana Botín; y el día 15 de octubre el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique.

El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional, si bien el instructor retiró la condición de investigado al entender que no tiene por qué asumir la responsabilidad penal en las que se hubiera incurrido.

Las testificales estaban previstas para antes del verano pero fueron suspendidas por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus.

Las empresas que tengan vigentes expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con origen en la pandemia deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del 20 de octubre, según consta en el Real Decreto-Ley que prorroga los ERTE hasta el 31 de enero publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Los ERTE en vigor se prorrogarán automáticamente, manteniendo los trabajadores incluidos en los mismos su derecho al cobro de prestaciones, cuya cuantía ascenderá al 70% de la base reguladora.

Si los ERTE prorrogados de manera automática pertenecen a alguna de las 42 actividades que el decreto considera como más afectadas por la pandemia tendrán además derecho a exoneraciones en las aportaciones empresariales del 85% por cada mes del periodo octubre 2020-enero 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de febrero de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50 empleados. Estas exenciones se aplicarán tanto a los trabajadores que se queden en el ERTE como a los que salen.

La norma, fruto del acuerdo con los agentes sociales, considera empresas más afectadas por la pandemia a aquellas que han recuperado del ERTE a menos del 65% de los trabajadores y que tienen en un CNAE concreto a más del 15% de personas reguladas del total de afiliados al Régimen General. En total, la lista incluye 42 actividades, entre las que se encuentran hoteles, transporte aéreo y marítimo y espectáculos.

Además de los ERTE de estas actividades, podrán beneficiarse de estas exoneraciones del 75% y del 85% aquellas empresas que formen parte de su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de las 42 actividades establecidas en la norma.

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, las empresas cuya facturación, durante 2019, se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en la norma, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos.

La declaración de empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor deberá ser solicitada ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del ERTE que se encuentre vigente, acreditando debidamente las circunstancias mencionadas, entre el 5 y el 19 de octubre.

Estas exoneraciones también podrán aplicarse a las empresas que transiten desde un ERTE de fuerza mayor por Covid a uno de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) cuya actividad se clasifique en alguno de los sectores incluidos en la norma, o a aquellas que hayan sido calificadas como integrantes de la cadena de valor que también realicen esa transición. También se aplicarán a las empresas que se encuentren en un ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción (ETOP) si forman parte de las 42 actividades amparadas en la norma.

Estas exenciones serán incompatibles con las establecidas para las dos nuevas figuras de ERTE que se crean en el decreto y que vienen a reemplazar a los llamados ‘ERTE de rebrote’, que se instauraron en la prórroga anterior.

NUEVOS ERTE DE IMPEDIMENTO Y LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD

En el caso de estas dos nuevas modalidades de ERTE, a las que podrán acogerse empresas de cualquier sector y actividad, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades españolas y extranjeras (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las empresas que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Estos ERTE de limitación de actividad irán acompañados de altas exoneraciones empresariales de cuotas, a aplicar de octubre a enero, para los trabajadores con las actividades suspendidas. En concreto, si la empresa contaba con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de este año, las exenciones serán del 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 85% en diciembre y del 80% en enero. Si contaba con más de 50 trabajadores, los porcentajes alcanzan el 90%, el 80%, el 75% y el 70%, respectivamente.

Por su parte, los ERTE de impedimento de la actividad (cierre por decisión de las autoridades) tendrán exenciones del 100% si la plantilla de la empresa era inferior a 50 trabajadores en febrero de este año y del 90% si esta cifra era superior.

La norma mantiene los límites impuestos en la anterior prórroga de los ERTE: mientras éste siga vigente no se podrán realizar horas extra, externalizar actividades ni realizar nuevas contrataciones directas o indirectas salvo casos justificados.

Asimismo, no podrán acogerse a ellos empresas domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales y las empresas no podrán proceder al reparto de dividendos en el ejercicio fiscal en el que se aplique el ERTE, salvo si devuelven las exenciones disfrutadas.

Se mantiene también el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses, al que se suma un nuevo compromiso de otros seis meses. Así, las empresas que reciban las nuevas exoneraciones incluidas en esta prórroga de los ERTE quedarán comprometidas a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, aunque si estuvieran afectadas por un compromiso anterior, el nuevo periodo de seis meses empezará a contar una vez finalizado dicho compromiso previo.

Se prorroga además hasta el 31 de enero de 2021 la «prohibición» al despido por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.

PROTECCIÓN SOCIAL: NUEVA PRESTACIÓN PARA FIJOS DISCONTINUOS

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas los ERTE se mantendrán también hasta el 31 de enero. Las empresas afectadas por esta nueva prórroga y las que estén aplicando un ETOP deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del próximo 20 de octubre.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses desde su percepción (evitando así que bajen al 50% de la base reguladora) y el ‘contador a cero’, que se eleva de 180 a 196 días, se extenderá hasta del 1 de enero de 2022.

Asimismo, la norma mejora la protección de fijos discontinuos y de trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que tendrán acceso a una prestación extraordinaria.

Además, se establece una compensación económica para aquellos trabajadores en ERTE que han visto reducida su prestación en proporción al tiempo de trabajo por tener en el momento del reconocimiento de la misma una o varias relaciones laborales a tiempo parcial.

A partir de la entrada en vigor de este decreto, si la percepción de la prestación por desempleo asociada al ERTE se compatibiliza con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado.

Para aquellos trabajadores incluidos en ERTE que no sean beneficiarios de la prestación por desempleo respecto de los que la empresa no tenga la obligación de cotizar, se considerará el periodo de suspensión o reducción de jornada como efectivamente cotizado, tomándose como base de cotización la de los seis meses anteriores.

Otra de las novedades de esta prórroga es que los trabajadores en ERTE tendrán prioridad par acceder a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo.