El covid-19 irrumpió con tanta fuerza que dejó absolutamente todo lo demás en un recóndito segundo plano. Se acabó la visibilidad para la, hasta entonces primera emergencia, la climática, que ocupaba posiciones prioritarias en la estrategia del Gobierno de coalición que había elevado a categoría de vicepresidencia la Transición Ecológica. La emergencia sanitaria se ha impuesto con un estricto confinamiento dirigido a salvar vidas. Se ha sacrificado la libertad de movimientos y la propia economía en pro de la mejor de las causas: es una cuestión de vida o muerte. Ahora que la denominada desescalada está a la vista, el Gobierno anuncia nuevas caras en el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, entre ellas la de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llamada a liderar el tránsito de la emergencia sanitaria a la emergencia climática.
Y aunque Ribera no llega sola a esta segunda fase decisiva de retorno a la normalización de la actividad, su papel se prevé decisivo a tenor del reto climático que sigue acechando pese al parón global. En la próxima fase del Comité Técnico, a la vicepresidenta se suman sus otros tres homólogos, Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Nadia Calviño, ésta última al frente de la reconstrucción económica tras la pandemia.
También la ministra portavoz, María Jesús Montero, se incorporará a la reunión diaria del grupo técnico para hacer frente al covid-19. Hasta este anuncio del Gobierno, las cuatro autoridades delegadas por el presidente, Pedro Sánchez, eran los titulares de la cartera de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska y el de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Mientras el covid-19 arrasa con todo a su paso, a la espera de un programa de detección masiva que permita la contención real del contagio y de la llegada de una vacuna, la única certeza compartida es que la realidad dará un giro de 180 grados. Otra de las evidencias es que ese cambio, que impactará de forma decisiva en toda la actividad económica, deberá implementarse, necesariamente, de acuerdo con los objetivos y condiciones que marca la transición hacia un nuevo modelo energético.
En otras palabras, si bien es cierto que el planeta se ha detenido, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), la penetración de las renovables en el mix energético, el almacenamiento energético, la descarbonización, la electrificación de la economía, la transición justa o la neutralidad climática siguen en marcha. Y una de las primeras tareas tras el confinamiento y la desescalada progresiva, será retomar donde se quedaron todos los compromisos en materia de Transición Ecológica, el negociado de Ribera. Pero no sólo después de la pandemia. En el presente, una emergencia convive con la otra en el cumplimiento de plazos que no pueden esperar.
La Unión Europea también pone la vista en la desescalada y ha elaborado una Hoja de ruta para los países miembro. Porque, si bien la primera reacción de los 27 ante la emergencia sanitaria fue descoordinada, la Comisión Europea intenta subsanar ese error ahora, y busca una acción conjunta y ordenada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han presentado este miércoles esta guía de recomendaciones.
En ese conjunto de medidas, la Comisión Europea también reconoce que «el regreso a la normalidad será muy largo», si bien «está claro que las medidas extraordinarias de confinamiento no pueden durar indefinidamente». Por lo pronto, asume que «el virus continúa circulando y que cualquier nivel de relajación gradual del confinamiento conducirá inevitablemente a un aumento de casos».
El plan de recuperación, que discutirán de nuevo los jefes de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo del próximo 23 de abril, ese «Plan Marshall» al que se refiere Von der Leyen, será de «billones de euros», pero no ha dicho ni cuántos, ni cómo se financiará dicho plan.
EL MINISTERIO DE RIBERA NO HA PARADO
El covid-19 ha dejado una caída de la demanda eléctrica y una reducción significativa de las emisiones contaminantes. Un efecto inesperado que facilita retomar posiciones de salida con cierta ventaja, pero que, si la actividad regresa a su pleno rendimiento, según lo deseable, este ambiente anormalmente descontaminado volverá con rapidez a su estado habitual.
Por eso, la actividad en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no ha parado. A finales de marzo, el Gobierno remitía a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El plan persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. Este objetivo implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten. Se trata de un esfuerzo «coherente» con un incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.
El texto enviado coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero. Con esta nueva comunicación a la Comisión Europea, España da cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
El plan estima una movilización de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 que se destinarán, fundamentalmente, al impulso a las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia, y a electrificación y redes. De esta cantidad, el 80% se corresponde con inversiones del sector privado.
Por otro lado, hace tan sólo una semana, España hacía un llamamiento a la Comisión Europea para que el Pacto Verde se convierta en la palanca para la recuperación económica de Europa. En una carta que firma Ribera, en nombre de España, los países solicitan a la Comisión que analice qué elementos de los que integran el Pacto Verde pueden ir adelantándose para acelerar una recuperación verde y una transición justa.
“Necesitamos ampliar las inversiones, especialmente en los campos de la movilidad sostenible, las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular”, afirman los homólogos de Ribera. En este sentido, los países consideran que la crisis del covid-19 nos ha recordado «la importancia de dar respuestas tempranas, de trabajar juntos y de manera solidaria«, al igual que ocurre ante la crisis climática y ambiental.
