El banco privado portugués Banco de Inversión Global (BiG) ha aterrizado en España, tras su registro en el Banco de España y la apertura de su sede en Madrid, con una propuesta de atención ‘online’ y un depósito remunerado al 1% trimestral para captar clientes, entre otros productos de ahorro e inversión.

«Llegamos a España para convertirnos en la hucha de los españoles. Traemos algo nuevo. No lanzamos un banco digital para olvidarnos de los clientes, tenemos un sesgo muy humano», ha defendido el director general de Banco BiG en España, Arturo Perera, en la presentación este martes.

La entidad no ha detallado la plantilla inicial con la que cuenta en el país, si bien ha asegurado que de las cerca de 400 personas que trabajan en el banco a nivel global, en torno a un tercio está involucrado con el proyecto de BiG en España. Además, Perera ha asegurado que la previsión es multiplicar por dos el número de empleados en el próximo año.

A través de su ‘app’, que permite crear una cuenta sin papeles y de forma 100% digital, quiere ofrecer un abanico de servicios que cubra «todas las necesidades de un inversor» y seguirá ampliándose en función de la demanda. «Los móviles son las nuevas oficinas bancarias, por lo que no es un mal momento para lanzar el banco», ha apostillado Perera.

En los últimos 18 meses la entidad ha preparado soluciones de inversión para diferentes perfiles de riesgo. Para comenzar, en su oferta de ahorro, BiG ha lanzado un depósito a tres meses para nuevos clientes que remunera al 1% TAE, así como depósitos a un año remunerados al 0,25%.

Asimismo, ofrece un bróker para invertir que cuenta con dos plataformas, una más sencilla ‘Simple Trading’ para comprar acciones y fondos por particulares, y otra para profesionales, denominada ‘Advanced Trading’.

La entidad, constituida en 1998 en Portugal, también va a ofrecer servicios de ‘corporate finance’ a empresas españolas, a las que facilita el proceso de inversión en Portugal.

«La oferta bancaria está cambiando y el cambio va a acelerar en el futuro. El mercado de España es atractivo desde el punto de vista de su crecimiento», ha señalado el presidente y cofundador de Banco de Inversión Global, Carlos Rodrígues.

Rodrigues comenzó su carrera en Estados Unidos en 1977 en el Manufacturers Hanover Chemical Bank, que posteriormente se uniría al gigante JP Morgan Chase. Volvió a Portugal en 1984 para abrir el Manufacturers Hanover Portugal. En 1998 constituyó BiG junto a Nicholas Racich, actual vicepresidente de la entidad.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha asegurado que la colaboración público-privada será «esencial» en la ejecución de proyectos del plan de recuperación y que el Gobierno irá ajustando los instrumentos de apoyo a las empresas en función de sus necesidades y «mientras sea necesario».

Así lo ha asegurado durante el Foro Latibex 2020, en el que ha destacado la efectividad de las medidas mitigadores del impacto del Covid-19 implantadas por el Ejecutivo y en las que ha colaborado el sector privado, como es el caso de las líneas con avales ICO.

«Iremos ajustando los instrumentos, atenderemos el apoyo excepcional mientras sea necesario, e iremos ajustando la situación a las necesidades», ha señalado De la Cueva.

La secretaria de Estado ha apuntado que la colaboración público-privada será también esencial en la ejecución de proyectos en el marco del plan de recuperación. «Tendremos que hacer lo mismo tendremos que ser capaces de que las empresas, que son las que generan empleo, nos permitan impulsar el país y transformarlo. Creo que todos tenemos que formar parte de este proceso», ha apuntado.

En la misma línea, ha explicado que la colaboración público-privada permite incrementar la capacidad de inversión y que confía en que el plan de impulso a la economía aporte entre 2 y 3 puntos al crecimiento del PIB cada año en los tres primeros años de la implementación del plan de recuperación.

LATAM

Por otro lado, la secretaria de Estado de Economía ha destacado que las empresas latinoamericanas encuentran en España su «vía natural» de entrada en Europa y que la plataforma de BME les proporciona «un acceso sencillo y eficiente al mercado de capitales europeo, con estándares de transparencia y seguridad jurídica y la ventaja de realizar operaciones en euros lo que permite a las empresas latinoamericanas diversificar su exposición al tipo de cambio.

De la Cueva ha reconocido que el coronavirus motivó un debilitamiento en las relaciones económicas entre España y Latinoamérica en el primer semestre del año, con caída de las exportaciones y las importaciones, y ha destacado la resiliencia del sistema bancario de la región ante la pandemia, gracias a la presencia de los bancos españoles.

Según ha señalado, en el contexto actual es necesario hacer «grandes reformas» que hagan las economías más productivas, un aspecto en el que España es «un potencial aliado» de Latinoamérica, ya que los cambios estructurales se hacen a través de inversiones productivas y el stock de inversiones españolas en la región está creciendo.

Cuatro de cada diez inversores expresan preocupación por que sus ingresos no sean suficientes para lograr el estilo de vida que desean durante la jubilación, con mayor inquietud entre los ciudadanos de Bélgica, Taiwán y Japón, según el Estudio Global de Inversión de la gestora Schroders.

Los inversores de Rusia, Chile y Canadá son los que se mostraron más tranquilos por sus ingresos para mantener el ritmo de vida tras jubilarse. Las expectativas de rentabilidad promedio para los próximos doce meses se sitúan en el 8,8%.

El estudio revela que el 21% de los jubilados de todo el mundo volvería destinar sus ingresos disponibles a sus ahorros para la jubilación, lo que supone un aumento significativo respecto al 5% que lo dijeron en la encuesta de hace tres años.

Los ingresos que las personas destinan a la jubilación se mantienen estables en un 15,2%. La encuesta, realizado a más de 23.000 inversores de 32 lugares del mundo, recoge que un 26% de los jubilados invertiría en otro tipo de vehículo de inversión como acciones, bonos o materias primas.

El 55% de los encuestados considera que las provisiones del Estado por sí solas no serán suficientes para mantener su jubilación. Específicamente, los inversores de América son los que más ahorran (un 16,8%), en comparación con los de Europa, que destinan un 13,8%.

Muchos inversores alegaron que los cambios legales en torno a la jubilación en sus respectivos países estaban obstaculizando su capacidad de ahorro. En concreto, los inversores de Tailandia, Austria y China son los más decepcionados en este sentido.

Los accionistas minoritarios de Abengoa agrupados en la plataforma AbengoaShares han trasladado que su propuesta está orientada a nombrar consejo en Abenewco con De Quinto de presidente en caso de que «ganemos la Junta General Extraordinaria y tomemos el control de la sociedad».

«Estamos hablando con todas las partes para tratar de alcanzar una solución razonable a este conflicto», una relación en la que incluyen no sólo al equipo de Urquijo, sino a bancos, acreedores, ICO, SEPI, Cesce y Junta de Andalucía, indicaron fuentes de AbengoaShares.

La plataforma de accionistas minoritarias han considerado «un paso legal lógico» la aceptación de su propuesta de solo tres integrantes para el Consejo de Administración de la empresa, que Abengoa ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La propuesta de AbengoaShares de reducir a tres miembros sus candidatos para formar el Consejo de Administración de Abengoa la hizo pública el viernes, 20 de noviembre.

Frente a los siete iniciales que ofreció, AbengoaShares sacó de la relación de futuribles consejeros de Abengoa a Marcos de Quinto con el argumento de «ganar la Junta General Extraordinaria de Accionistas», convocada para el 21-22 de diciembre y entonces convocar una nueva reunión de este órgano con los siete miembros originales de su propuesta, incluido el ex vicepresidente ejecutivo de Coca Cola y ex diputado en el Congreso.

La nueva propuesta de los accionistas minoritarios queda reducida a tres nombres de consejeros: Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo. Además de estos, Ignacio Trillo Garrigues figura propuesto como secretario del consejo.

Fuentes de los accionistas minoritarios han sostenido que la aceptación de su propuesta de tres consejeros responde a que «si un 3% de los accionistas tiene una propuesta hay que tramitarla», a lo que han añadido que «suponemos que Abengoa tampoco quiere mantener el conflicto con los accionistas inútilmente».

«Haber reducido a tres nuestra propuesta para minimizar el riesgo de rechazo ha ayudado en la decisión», han trasladado estas fuentes.

LOS NOMBRES DE ABENGOA

El Consejo de Administración de Abengoa cesado el martes, 17 de noviembre, propuso la reducción de su consejo de administración a sólo tres miembros, frente a los siete actuales, y modificar la política de retribución al consejo para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de diciembre.

Los nombres de Abengoa para el órgano de gobierno de la compañía lo integran Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird, con consideración de consejeros independientes.

Prada Gayoso es socio fundador de la firma de reestructuración financiera que lleva su propio nombre. Ha actuado -por nombramiento judicial- en algunas de las crisis de más relevancia, como Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, FESA (hoy Fertiberia), MSP (actual Coto Minero Cantábrico) y Grupo IGS/PSV. Como asesor, ha dirigido la reestructuración de Nozar, Quabit y Vértice360.

Para esa Junta Extraordinaria de 21 de diciembre Abengoa propone a los accionistas una modificación de la política de remuneraciones del periodo 2018-2020 ante el impacto que ha tenido sobre el negocio de Abengoa la pandemia por el Covid-19.

CCOO ha solicitado a Banco Santander que reduzca el perímetro de afectación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que inicialmente supone la salida de un máximo de 4.000 empleados, mediante la ampliación de las opciones de recolocación tanto en el grupo como en Santander Personal.

Según la propuesta de la entidad, las medidas de flexibilidad interna se contemplan solamente para 1.090 trabajadores. Su idea es reubicar con carácter obligatorio a los trabajadores en otras sociedades del grupo, pero fundamentalmente en Santander Personal, el servicio de atención personalizada al cliente por canales remotos. A estas personas se les formaría y se les matendría la antigüedad y el salario.

Durante la segunda reunión de la mesa negociadora celebrada este martes, el sindicato, además de pedir que se rebajen las salidas mediante un aumento de las recolocaciones, también ha solicitado la retirada de las causas económicas del proceso de despidos.

Igualmente, CCOO ha propuesto la reducción del número de oficinas afectadas por la propuesta de cierre. Banco Santander ha planteado a los sindicatos la necesidad de cerrar en torno al 30% de su red de sucursales en España, es decir, entre 900 y 1.000 oficinas.

El sindicato ha recordado que ya se han venido afrontando cierres durante el ejercicio 2020, que se han sumado a las clausuras temporales motivados por la pandemia del coronavirus por falta de rentabilidad.

Desde un principio, CCOO se propuso como primer objetivo tratar de reducir al máximo las salidas y que se facilite la reubicación de los empleados dentro del grupo mediante medidas de flexibilidad interna.

La negociación del ERE se inició formalmente la semana pasada, momento a partir del cual se establece un plazo máximo de 30 días para que los representantes laborales y la dirección del banco alcancen un acuerdo sobre las condiciones del mismo.

Hostelería de España, la patronal que engloba a bares y restaurantes, ha anunciado su intención de poner en marcha una vía de interlocución directamente con la Unión Europea para lograr una línea de «ayudas de socorro» al sector, que se puedan devengar de los fondos de emergencia previstos para España, según ha informado en un comunicado.

En concreto, esta decisión llega después de que en el Consejo de Ministros celebrado este martes no se haya incluido ayudas directas necesarias para bares y restaurantes.

El sector ha recordado el compromiso público de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, hace ya casi un mes, y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada con los hosteleros, que están sufriendo las peores consecuencias económicas por las medidas restrictivas derivadas del coronavirus.

La patronal hostelera considera «inadmisible» el retraso en la aprobación de dichas ayudas y advierte de que «ralentizar este proceso y la inacción» del Gobierno podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos hosteleros, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de empleos, entre directos e indirectos, según las previsiones en el peor de los escenarios.

El sector reitera que de nuevo salen «perdiendo en la comparación» con otros países de Europa, como Francia o Alemania, que pusieron en marcha de manera simultánea la aplicación de restricciones con las medidas fiscales o las ayudas directas para proteger a la hostelería.

Los datos que arroja la crisis provocada por la pandemia han supuesto, hasta el mes de octubre, el cierre de 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y la facturación ya ha caído más del 50% respecto a 2019.

No obstante, regiones como Murcia, Galicia, Navarra, Asturias,Aragón o Cataluña ya han anunciado medidas para salvar la hostelería, pero el sector considera que es «fundamental» que a nivel estatal se aprueben dichas ayudas directas, estimadas en 8.500 millones de euros.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha trasladado este martes al Congreso una relación con unas 292 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las que no da su conformidad para su debate y votación durante la tramitación parlamentaria, y ya ha avisado además de que puede haber nuevos vetos.

Y es que, conforme a la Constitución, el Gobierno tiene posibilidad de manifestar su disconformidad sobre aquellas propuestas legislativas que supongan un aumento del gasto o una aminoración de ingresos.

En este escrito, con fecha de este martes 24 de noviembre, el Gobierno detalla una relación de 260 enmiendas que suponen aumento de gasto y otras 32 que, de aprobarse, afectaría a los ingresos de los Presupuestos.

«Ante el elevado número de enmiendas presentados a los Presupuestos (…) es posible que el listado de enmiendas identificadas en este primer oficio se complete mediante nuevo oficio que se remitirá a la mayor brevedad posible», informa el Ejecutivo.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este martes que si en Navidad hay otra ola de la pandemia de coronavirus, «no se dará por la economía sino por la responsabilidad personal» de cada uno en las casas y familias, ya que «la actividad económica está preparada para actuar» y para que este ámbito «no sea el foco de los contagios».

Así se ha manifestado durante el coloquio posterior a la ponencia titulada ‘Visión empresarial de la crisis’, ofrecido en la sede de la patronal toledana (Fedeto) con motivo de sus 24 Galardones Empresariales, y en presencia del presidente de los empresarios toledanos, Ángel Nicolás, donde ha incidido en la responsabilidad de las familias y de las personas a la hora de afrontar estas fiestas, donde van a esperar a conocer «qué se plantea».

«En el mundo de la empresa no está el Covid», ha subrayado, resaltando que de donde vienen ahora los contagios es de «la actividad social, los botellones, las fiestas en las casas o dentro de las familias», por lo que, a su juicio, lo que no se puede hacer es «castigar a la parte de la gente que lo hace correctamente». «Si es necesario que se digan cuáles son las normas a cumplir porque el señor del restaurante las va a cumplir y en casa no«, ha precisado.

Ha asegurado que no se van a quejar de lo que planteen las autoridades sanitarias, pero sí ha remarcado que la economía «funciona por confianza» y esta te la da saber que «a tal fecha puedes tener una expectativa», pero no pensar desde octubre que en el mes de mayo puedes estar cerrado, punto en el que ha reconocido que es partidario de un «sistema de alarma cada mes.

No obstante, se ha mostrado esperanzado en el sentido de que esta segunda ola es «diferente a la anterior» y se «está gestionando de manera diferente» –«mejor que en un comienzo», ha agregado–, pues «cada día se conoce mejor» la situación y están «saliendo más casos». De ahí que, ante una tercera, ha asumido que no hay miedo sino la necesidad de estar «prevenidos».

A ello se suma que la vacuna «está más cerca» y aunque ha asegurado que ser prudentes al respecto, «parece que en el primer semestre del año estará en el mercado», lo que no significa «que no tengamos que seguir trabajando», aunque ello supondrá «un cambio importante».

DEMASIADO «DEBATE DE FONDO POLÍTICO»

El presidente de CEOE ha reconocido que le gustaría que hubiera «una mayor coordinación» a la hora de afrontar la pandemia, pues las diferentes normas suponen un «auténtico despiste». «Cuando tendríamos que estar todos a una, se está aplicando mucha política de uno y otro tipo» con críticas al de enfrente y al propio no, ha lamentado.

Convencido de que hay «más debate de fondo político» de lo que a los empresarios les gustaría y de que una sensibilidad mayor hacia el mundo de la empresa les «gustaría más», ha apostado por la lealtad institucional, la transparencia y la «unidad de acción» dentro del Gobierno para solucionar esta situación.

Finalmente, interpelado sobre el debate entre sanidad o economía que se plantea durante la pandemia, Antonio Garamendi ha subrayado que «lo primero es la salud», pero sin olvidarse de la economía, ya que si lo hacemos, «vamos a tener un problema gravísimo que puede ser exponencialmente más grave». «Hay que compaginar todo» y «convivir con esta pandemia mientras que dure», con controles y con los medios para no contagiarse, ha indicado.

La Federación de Servicios Públicos de CCOO (FSC-CCOO) ve «graves deficiencias» en el borrador del real decreto ley para modernizar la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno «la falta de voluntad negociadora». «Una vez más hemos tenido que enterarnos por los medios de comunicación de las intenciones del Gobierno respecto al plan de modernización de la Administración, en el que no hay una referencia expresa a la recuperación de empleo público ni a la negociación», ha resaltado el sindicato.

El sindicato apunta que el proyecto de Real Decreto Ley presenta «toda una batería de medidas para tratar de agilizar y simplificar la gestión de los fondos europeos».

Desde su punto de vista, en el origen de las modificaciones está el problema que tradicionalmente España ha tenido para poder gestionar los fondos europeos, ya que es de los países con menor grado de ejecución y donde esta es más tardía, y la necesidad de que la «incapacidad de gestión y la lentitud» se corrijan con los fondos europeos extraordinarios acordados para afrontar la actual situación.

Para CCOO, «la mayor preocupación que les genera el proyecto es que obvia el problema de fondo que tienen el conjunto de las administraciones públicas», que se centra fundamentalmente en el empleo y en la falta de medidas «concretas» para afrontar este reto.

El conjunto de las administraciones públicas presentan en la actualidad serias carencias derivadas de años de austericidio y de falta de inversión: faltan recursos humanos, falta inversión tecnológica y en innovación, falta formación», ha alertado el sindicato, que cree que «de poco sirve apostar por un funcionamiento más ágil y eficiente si no se dota de los medios suficientes.

A CCOO también le preocupa que se vaya a dar un empujón a la privatización de los servicios públicos. «Somos conscientes de que buena parte del despliegue de las políticas estratégicas que deben instrumentarse con la ayuda de los fondos europeos requieren de la colaboración público-privada, pero eso no puede ser excusa para que, aprovechando la clara infradotación de medios del conjunto del sector público, se usen para un nuevo empujón a la privatización de los servicios públicos».

También echa de menos «una apuesta decidida» por establecer mecanismos que permitan la participación directa de las comunidades autónomas y administraciones locales en la gestión directa de los fondos.

Asimismo, ha dejado claro que la participación de los agentes sociales «no puede limitarse a un foro general de seguimiento». «Debe garantizarse su participación en todos los foros y ámbitos sectoriales de seguimiento de cada uno de los planes o líneas estratégicas», ha añadido.

Desde la federación de servicios a la ciudadanía, han remarcado que son conscientes del reto que, como Estado, hay que enfrentar y que están en disposición «de negociar y acordar, en el espacio más breve de tiempo posible, las medidas para afrontarlo con garantías».

Pero ello exige negociación previa y respeto a los marcos de derechos y garantías de los que nos hemos dotado. Si el Gobierno, de manera unilateral, sigue optando por la utilización solo de mecanismos arbitrarios, unilaterales y excepcionales, el sindicato actuará con la máxima firmeza y contundencia frente a lo que sería una grave agresión a los derechos de las empleadas y empleados públicos», ha subrayado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que los cambios y medidas de mejora o la posible prórroga de la normativa de extensión de la prohibición de desahucios la tomará el Consejo de Ministros cuando se acerque la expiración de la norma, que vence el 31 de enero de 2021, por lo que ha opinado que enmiendas como la presentada por Unidas Podemos, Bildu y ERC en los Presupuestos de 2021 «no tienen sentido».

Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre las negociaciones relativas a la enmienda de loa desahucios y el compromiso exigido por Unidas Podemos para impulsar la paralización de todos los desahucios y prohibición de cortes de agua, luz y calefacción.

«La iniciativa la tomará el propio Consejo de Ministros en el momento que esté próxima la finalización del período de vigencia de la norma actual (31 de enero de 2021) y, por lo tanto, no tiene sentido algunas de las enmiendas que se han presentado en relación con esta materia», ha afirmado Montero al respecto.

La ministra ha defendido que «desde el primer día» el Gobierno ha sido «muy consciente» de la necesidad de atender los desahucios, que aunque se producen «con menor frecuencia», todavía en se registran «algunos casos» y ante ello el Ejecutivo tiene una «gran sensibilidad.

Por ello, ha indicado que, tal y como anunció el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se va a seguir dando «respuesta» a esta situación tras el real decreto que contempló la imposibilidad de los desahucios, y se está trabajando para encontrar alternativas habitacionales fundamentalmente con las CCAA y los ayuntamientos para que puedan tener alternativas.

En todo caso, ha recordado que actualmente hay una norma con la extensión de la prohibición de desahucios hasta el 31 de enero de 2021 que sigue «plenamente vigente», por lo que «todavía quedan más de dos meses por delante para poder llegar a acuerdos para, o bien prorrogar la norma, o incorporar algún elemento que pueda resultar de interés y ser eficaces para una política importante para el Gobierno».

«NUNCA HA HABIDO NINGÚN TIPO DE DISCREPANCIA»

La portavoz del Gobierno ha remarcado que el Ejecutivo está «absolutamente concentrado» en «tareas muy importantes» en las dos últimas semanas, como las enmiendas ala totalidad, la Ley de Educación, las recomendaciones del Pacto de Toledo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el plan de vacunación y tiene además por delante 3.800 enmiendas parciales a las cuentas públicas de todos los grupos a discutir y votar en Comisión.

Por ello, ha dicho desconocer si la enmienda relativa a los desahucios ha sido retirada por parte de los grupos proponentes y ha reiterado que Ábalos ya aclaró que se incorporarán mejoras a la normativa actual para una mayor cobertura a colectivos, dirigida a personas con una situación de especial vulnerabilidad, incluso de antes de la pandemia.

«Nunca ha habido ningún tipo de discrepancia al interior del Gobierno», ha aseverado Montero, quien ha insistido en que se pondrá en marcha la media cuando se acerque el período de expiración de duración de las medidas actuales, que están permitiendo un «fuerte escudo social para que nadie se quede atrás».

La compañía de soluciones de automatización inteligente de procesos para empresas Blue Prism ha logrado incrementar sus resultados de negocio en España y Portugal en sus primeros seis meses de actividad institucional en España, en los que ha impulsado su crecimiento gracias a «importantes nuevos contratos» en clientes como Bankia, Sacyr o Abanca.

En un encuentro ‘online’ con la prensa, el director general de Blue Prism para España y Portugal, José García Gavilán, ha destacado que a nivel global la compañía elevó un 70% sus ingresos en el primer semestre de 2020 y, aunque no desglosan por países, ha apuntado que la evolución del negocio en España y Portugal acompaña y está yendo «muy bien».

En este sentido, ha detallado que la empresa tuvo que pisar «un poco el freno» en marzo y abril tras su desembarco en España por la pandemia del Covid-19, pero se ha mostrado «muy contento» con la evolución registrada en estos seis meses y se ha mostrado «muy optimista» respecto al futuro.

En esta línea, García Gavilán ha informado de que desde que se abrió la oficina de Madrid el pasado mes de marzo, la compañía ha pasado de dos a ocho empleados, fortaleciéndose en las áreas de ventas, canal, marketing y servicios profesionales, para poder así «atender mejor a sus clientes y socios estratégicos.

A este respecto, ha apuntado que tienen un plan «ambicioso» para el próximo año que les permitirá duplicar su plantilla en la Península Ibérica, que pasaría por crecer en Portugal y ampliar su presencia en geografías concretas de España, como Barcelona, Bilbao o Valencia.

Asimismo, remarca que, pese al impacto del Covid-19, a nivel mundial Blue Prism registró en el primer semestre 350 nuevos clientes, además de un aumento de negocio en más de 600 clientes de su base instalada, mientras que la tasa de retención se mantuvo en un 98%.

García Gavilán ha incidido en que España y Portugal acompañan esta tendencia con «importantes crecimientos en clientes existentes» y la firma de nuevas referencias que apuestan por la automatización, como Bankia, Sacyr, Abanca o diferentes administraciones públicas como la Junta de Andalucía.

DATOS POR SECTORES

Respecto a la evolución por sectores, Blue Prism remarca que el Covid ha obligado a acelerar la transformación digital de la industria financiera y apunta que ha estado gestionando las peticiones de los créditos ICO, donde más del 80% de las entidades los han procesado mediante su tecnología, que también se ha usado para la gestión de la moratoria hipotecaria, gestión de clientes y procesamiento de expedientes.

En este sentido, el director para el sector financiero de Blue Prism, Javier Anguiano, ha señalado que en la compañía ven como una «oportunidad» la consolidación que se está produciendo en el sector bancario español, ya que, en su opinión, va a aumentar la eficiencia de las entidades.

En este sentido, Anguiano ha añadido que la capacidad de crecimiento de la automatización en el sector bancario es «enorme», sobre todo en lo referente a la atención al cliente, y presenta un «potencial muy grande» para la empresa.

Asimismo, la compañía también resalta que el sector público comienza a adoptar tecnologías de automatización, ya que se han visto avances tanto en el gobierno central, como por parte de las administraciones regionales, como es el caso del proyecto lanzado por la Junta de Andalucía en mayo para automatizar las ayudas a autónomos.

Por otro lado, el director de Alianzas y Partners de Blue Prism, Javier Perán, ha destacado que la compañía tiene un plan «ambicioso» para duplicar sus socios en España y Portugal, donde cuenta con partners tanto internacionales como locales.

A este respecto, la empresa informa de que acaba de actualizar su programa de socios ‘Engage’, que unifica todos los recursos de apoyo al canal de distribución y les permite acceder a multitud de recursos a través del portal de socios ‘Connect’.

El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 251.050 euros.

En concreto, se amplían las multas difundidas este lunes con las sanciones firmes en vía administrativa a Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves» al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo, según informó este martes.

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente.

TAMBIÉN AL BANCO SANTANDER, POR POPULAR

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.