El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido este viernes una reunión bilateral, por videoconferencia, con el titular del Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos, donde han abordado las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En concreto, ambos países han coincidido en la necesidad de llegar a un acuerdo que garantice la continuidad de la actividad de la flota pesquera.

Planas ha detallado que la posición española es la de defender los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC), mantener el acceso a las aguas y el reparto de cuotas según el principio de estabilidad relativa.

Esta reunión de ambos ministros tiene lugar en el marco de la próxima Presidencia del Consejo de la UE, que Portugal ocupará durante el primer semestre de 2021.

Además, ha expresado la preocupación de España ante la propuesta de la Comisión Europea sobre la limitación de los días de pesca en 2021 para la flota de arrastre en el Mediterráneo.

Planas ha señalado que es «necesario» adoptar un enfoque y aplicación progresivos y proporcionados al plan de gestión del Mediterráneo, como está establecido, hasta 2025.

Por otra parte, el titular del ramo ha señalado que España es partidaria de evitar nuevas reducciones en el TAC y cuotas de merluza sur para 2021, sobre todo tras los ajustes llevados a cabo en los últimos años en las posibilidades de pesca y que han supuesto importantes esfuerzos por parte de la flota española.

En relación con la protección de cetáceos en el Golfo de Vizcaya, Planas ha reiterado el compromiso de España con adoptar un enfoque equilibrado del problema, al tiempo que ha valorado que se haya adoptado una recomendación conjunta con Francia y Portugal en el Consejo Consultivo Regional de Aguas Suroccidentales.

Respecto al estado de las pesquerías de sardina ibérica, España y Portugal coinciden en señalar que los últimos datos disponibles demuestran que es «factible» solicitar a la Comisión Internacional para la Explotación del Mar, (ICES) una revisión de la situación del stock que permita incrementar las capturas asociadas.

En todo caso, consideran que las decisiones que se adopten deben basarse en la mejor información para tener las mayores garantías de éxito.

El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a varios miembros de su consejo de administración, dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con multas que ascienden a los 316.550 euros.

En concreto, el supervisor ha ampliado las multas difundidas en los días previos con dos sanciones firmes en vía administrativa a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, en calidad de consejera de Avalmadrid por importe de 47.500 euros, y al consejero de Avalmadrid José María Rotellar García, con 18.000 euros.

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves» al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo..

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Asimismo, han sido sancionados con multas firmes en vía administrativa Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.

TAMBIÉN AL BANCO SANTANDER, POR POPULAR

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

Las asociaciones de Hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa, junto con otros sectores como repartidores y transportistas, han llevado a cabo este viernes sendas manifestaciones en Bilbao y San Sebastián para pedir su «rescate» y no «limosnas ni parches» para el sector hostelero vasco afectado por la crisis derivada de la pandemia de covid-19.

Asimismo han reclamado un plan integral en forma de ayudas o indemnizaciones y la reapertura de los locales «a la mayor brevedad» en condiciones que hagan los negocios «mínimamente rentables» para que las empresas pueden cubrir los costes de funcionamiento.

Las marchas han sido convocadas «para hacerse ver y oír como sector económico y social» y han transcurrido tras una pancarta con el lema «Sin ayudas, todos desaparecemos, salvemos la hostelería». Los manifestantes portaban carteles que recogían sus principales demandas o denunciaban la culpabilización del sector de la actual situación, como «Arruinado, perdonen las molestias»; «Si fuésemos el problema, los hospitales estarían llenos de camareros»; «Urkullu, queremos trabajar, no limosnas»; «SOS, Ostalariza» o «Aburto, tus ayudas llegan más lentas que los coches en Bilbao a 30 por hora».

Mientras en Bilbao la marcha ha recorrido la Gran Vía para concluir en la plaza del Arriaga, en San Sebastián, los hosteleros han llevado a cabo un acto simbólico frente a la Diputación foral de Gipuzkoa entregando las llaves de sus establecimientos cerrados para que la institución foral los «gestione y pague sus impuestos».

La manifestación ha partido pasadas las 12 del mediodía del Boulevard donostiarra encabezada por una caravana de camiones de suministradores de los establecimientos hosteleros y una gran pancarta en la que se podía leer ‘Sin rescate, todo desaparecemos’ y que portaban, entre otros, el presidente de la asociación Hostelería Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena.

Durante la marcha los participantes, que lucían carteles con lemas como ‘limosnas no, rescate sí’ o ‘ahí están, ellos son, los que arruinarán el sector’ y pancartas con otros como ‘259 noches cerrados ¡indemnizaciones ya!’ se han coreado lemas como ‘Urkullu, atento, no estamos solos’, en castellano y euskera.

Tras recorrer el centro de la ciudad los manifestantes han pasado por delante del Palacio foral donde había colocada una urna de madera con un cartel dirigido al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, cuya dimisión han reclamado, y el diputado foral de Promoción Económica, Jabier Larrañaga, donde han depositado llaves de sus establecimientos cerrados.

En el texto denunciaban que «sin rescate» muchos de los más de 4.000 establecimientos hosteleros de Gipuzkoa «cerrarán pronto» y pedían a Olano y Larrañaga que si quieren cojan las llaves y los abran y gestionen «para poder pagar sus impuestos». La marcha ha finalizado en el Boulevard con la lectura de un manifiesto conjunto de las asociaciones de hostelería.

Previamente a la manifestación de Bilbao, el presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Boni García, ha comparecido ante la prensa, junto al gerente de la asociación, Héctor Sánchez, para trasladar el documento consensuado con Gipuzkoa donde se recogen las principales demandas del sector.

SIN PARCHES

Las asociaciones han criticado, en primer lugar, que «lo único que han recibido hasta ahora han sido parches, cuando no menosprecios en sede parlamentaria por parte de quienes deben liderar la recuperación de este país, tras haber pedido al sector hostelero vasco un nuevo esfuerzo, el enésimo ya, cerrando nuestros establecimientos, sin que el mismo venga acompañado de un plan integral de ayudas o indemnizaciones por parte de quien solicita este esfuerzo».

Por ese motivo, piden en primer lugar a los responsables políticos que se permita la reapertura de los locales de hostelería a la mayor brevedad en condiciones que permitan trabajar adecuadamente y hacer los negocios mínimamente rentables porque no vale cualquier tipo de apertura, tiene que garantizar que las empresas pueden cubrir sus costes de funcionamiento.

Desde su punto de vista, «la hostelería no es la culpable de la situación sanitaria, porque se ha preocupado de cumplir los protocolos y recomendaciones y, por el contrario, es el único sector económico que está cerrado en su práctica totalidad».

En segundo lugar, los hosteleros piden la eliminación, o al menos flexibilización, de las limitaciones de movilidad para que de esta manera el subsector de alojamiento y el resto de empresas vinculadas más directamente al turismo puedan volver a funcionar dentro de unos parámetros aceptables.

Por último, «pero no menos importante», han exigido que el plan de rescate, plan de ayudas o indemnizaciones de la hostelería vasca, se incorpore al debate de los presupuestos de ejercicio 2021 que deberá contar, además con el apoyo económico y político de todas las instituciones: Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos, aunque hayan sido estos quienes más sensibilidad y cercanía han demostrado con el sector.

«DRAMA»

En este sentido, Boni García ha calificado de «drama» la situación actual del sector y ha pedido que las ayudas anunciadas sean «inmediatas porque necesitamos oxigeno y el agujero en nuestras economías cada día se va haciendo más grande».

García ha afirmado que su futuro es «incierto para todos porque es posible que se vaya en Euskadi a una apertura con muchas restricciones, lo que demostraría que la actual situación de la hostelería no ha terminado porque, a nuestro pesar, nos hemos convertido al parecer en el problema y parece que en el enemigo a batir».

El presidente de los hosteleros vizcaínos ha calificado las ayudas previstas de «insuficientes» y, aunque ha reiterado que «la solución no la tenemos ninguno, si la hostelería fuera el problema nos habríamos extinguido porque estamos todo el día, de la mañana a la noche con personas y hubiéramos tenido casos graves que no se han dado. Comprendo que nos exijan, pero necesitamos oxígeno económico», ha puntualizado.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Por su parte, Héctor Sánchez ha señalado que la posible apertura antes de Navidad, «es nuestro deseo pero también se necesita la colaboración de la ciudadanía para que todos cumplamos con las recomendaciones y con las restricciones sanitarias impuestas a todos, porque esto es un tema de todos que atañe a todos».

En este punto ha pedido que «no se repita lo del último día antes del cierre de finales de octubre y la gente se comporte de una manera responsable», porque cree que «se puede compatibilizar el consumo en hostelería con el cuidado de la salud» y no quieren que «se repitan los mismos errores que se han cometido.

Finalmente, ha pedido al Gobierno Vasco que consulte con el sector afectado antes de aplicar nuevas medidas, para «evitar conflictos y malas interpretaciones, sobre todo cuando suponen limitar de una forma tan importante a una actividad, ya que lo último que necesita un sector como la hostelería es más incertidumbre».

Entre sus demandas, los hosteleros reclaman la exoneración al 100% de los costes de la Seguridad Social mientras duren los ERTE, ayudas directas a fondo perdido, una reducción proporcional del pago de los alquileres durante los periodos de cierre de franjas horarias o limitación de usos y de la actividad y medidas que supongan la reducción de la presión fiscal para empresas y autónomos.

Asimismo, piden la revisión y flexibilización de las normativas municipales de terrazas y la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos e hipotecas, durante todo el tiempo que perduren el estado de alarma o la declaración de pandemia.

El delegado del área de gobierno de Circulación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado que la capital pondrá en marcha un plan de renovación del parque de vehículos dotado con 20 millones de euros de presupuesto.

Así lo ha señalado Carabante durante la 8ª Asamblea de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA), a la que también han asistido, entre otros, el presidente de AMDA, Carlos Bustillo, que ha hecho referencia a las dificultades a las que se enfrentan los concesionarios debido a la pandemia.

«Los incentivos se van a incorporar en el Plan Estratégico de Subvenciones, que se aprobarán de manera inmediata. Y en las próximas semanas, se lanzará una convocatoria para buscar una entidad colaboradora que tramite de manera ágil, sencilla y transparente las solicitudes de los ciudadanos. La intención es que las ayudas se activen lo antes posible durante el primer trimestre de 2021», ha subrayado el concejal.

Estas subvenciones, según ha añadido Carabante, irán dirigidas a vehículos con etiqueta ‘Cero’, ‘ECO’ y ‘C’, con una mayor cantidad económica para los coches sin emisiones, y menores para el resto de tecnologías.

En todo caso, será obligatorio para la obtención de las cuantías que sean achatarrados los vehículos sin distintivo ambiental.

La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto de innovación que busca aumentar la transparencia de las licitaciones públicas con fondos europeos mediante el uso de datos abiertos.

El proyecto se pone en marcha gracias a la colaboración de Bruselas con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) y la Asociación para la Contratación Abierta. La experiencia piloto comenzará en Polonia y Grecia y dará apoyo a las autoridades públicas para mejorar la digitalización de los trámites de licitación.

La idea es hacer los procesos públicos más abiertos de modo que aumenten las oportunidades para las compañías, especialmente para la empresa mediana y pequeña. Al mismo tiempo se busca aumentar la transparencia sobre la gestión de los fondos comunitarios, lo que puede estimular la participación ciudadana y el seguimiento de proyectos que tengan un impacto en una comunidad concreta.

En concreto, el proyecto en Grecia está destinado a consolidar e integrar bases de datos en un registro público único. Esto permitirá tener acceso online a estos datos y facilitar el uso de herramientas de análisis de datos para hacer seguimiento a la licitación.

En Polonia, la experiencia piloto se centra en la automatización, estandarización y consolidación de información por parte de las autoridades públicas sobre todos los candidatos en procesos públicos.

Para la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, con el uso de nuevas tecnologías, las autoridades publicas podrán gestionar los fondos europeos de manera más efectiva y asegurar el mejor resultado posible para los ciudadanos y las empresas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes su «pleno convencimiento» de que si se cumplen las expectativas de vacunación contra la Covid-19 que la comunidad científica hace albergar, el 2021 será «uno de los mejores años para el turismo en España».

«Si en algún sector se va a producir con mayor fuerza un rebote de la actividad económica, ese va a ser el sector turístico», ha asegurado Sánchez durante su intervención en la clausura de la cumbre de innovación turística ‘Tourism Innovation Summit’ que se ha celebrado esta semana en Sevilla.

A corto plazo, Sánchez ha asegurado que si se sigue doblegando la curva en esta segunda ola, como está sucediendo durante estas últimas semanas, «el turismo comenzará a recuperar pronto su pujanza».

Para ello, Sánchez ha insistido en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que se acometan las transformaciones dirigidas a que el sector turístico español siga siendo líder en la próxima década en competitividad, creando para ello valor añadido y empleo de calidad.

En este proyecto de Presupuestos el sector turístico seguirá siendo esencial, motivo por el que hemos incrementado en más de 1.300 millones la partida para comercio, turismo y pymes y la mayor inversión para el sector de toda la historia democrática», ha apuntado.

Sánchez ha apuntado que desde el Gobierno son conscientes de las consecuencias provocadas por la pandemia en el sector y ha recordado el «tratamiento especial» en la respuesta ante la crisis, con la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las líneas ICO, el plan de impulso del sector dotado con más de 4.200 millones de euros y la apuesta por el sector en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gracias a los fondos europeos.

Con el apoyo de Europa vamos a poner un plan de modernización y competitividad del sector turístico que va a suponer una inversión pública de 3.400 millones a lo largo de los próximos tres años», ha explicado.

En concreto, con el plan se pretende transformar la cadena de valor del sector y mantener el liderazgo del país en competitividad turística, atendiendo al impacto trasversal del turismo. «Tenemos los recursos necesarios para transformar al sector y darle ese impulso cualitativo definitivo», ha remarcado.

En el marco de este evento de innovación turística celebrado en Sevilla, Sánchez ha destacado que la tecnología y el turismo son sectores que tienen un «gran potencial» de crecimiento económico, de bienestar social y de creación de empleo, por lo que merecen «toda la atención» por parte del Gobierno y los poderes públicos.

El presidente ha ensalzado la celebración de este evento en Sevilla, asegurando que la ciudad «tiene la oportunidad de convertirse en la capital de la transformación económica e industrial del sector turístico. «Sevilla reúne toda la excelencia turística», ha remarcado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , José Luis Ábalos, confía en poder llegar en dos semanas a un acuerdo con Unidas Podemos para alargar la prohibición de desahucios de población vulnerable, pues ya tiene una propuesta concreta que afina más el diagnóstico de los servicios sociales para acreditar ante el juez la necesidad de permanecer en la vivienda.

Además, ha avanzado que, de forma complementaria, van a prorrogar seis meses más las líneas de avales al arrendamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Covid-19, para ayudar así a pagar el alquiler a personas que ahora no disponen de recursos para ello.

En declaraciones a TVE, el ministro ha asegurado que el Gobierno tiene la «sensibilidad» y el «empeño» de enfrentar el «drama de los desahucios», pero debe hacerse desde el «rigor».

Por ello, su departamento ya trabaja en una propuesta concreta que va a someterse a debate con el Ministerio de Economía y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que pasa en principio por prorrogar un tiempo más la imposibilidad de desahucios por impago de arrendamiento de personas afectadas por el Covid-19, que ahora está vigente hasta enero del año que viene.

También buscan incorporar a todas las situaciones de desahucio previas a la pandemia y mejorar el diagnóstico de vulnerabilidad que el juez necesita previamente para evaluar la imposibilidad de lanzamiento, para lo cual requieren también la implicación de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, y los ayuntamientos.

Preguntado sobre si comparte las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que apuntaba a que el decreto estaría listo en un plazo de dos semanas, Ábalos ha respondido que «ojalá sea en 15 días» y que el Ministerio de Derechos Sociales ya tiene su propuesta. Por tanto cree que en breve podrán tener preparada la medida.

PRÓRROGA DE AYUDAS ICO

Finalmente, Ábalos ha desvelado que van a prorrogar el acceso a las ayudas ICO para arrendamiento, habilitadas por el Covid-19, durante seis meses más como medida complementaria, para que los beneficiarios puedan seguir en su vivienda pese a que aún no disponen de recursos suficientes.

En octubre, su Ministerio decidió prorrogar la ‘Línea de avales de arrendamiento Covid-19’ hasta el 30 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre la prórroga del plazo para su formalización, de acuerdo con la orden del BOE que ha entrado en vigor este jueves.

En el Real Decreto Ley de 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia y que regulaba una serie de medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, se establecía la aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del virus.

En este artículo se autorizaba al Ministerio de Transportes Movilidad y a Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), desarrollase una línea de avales con total cobertura del Estado para que las entidades de crédito pudiesen ofrecer ayudas transitorias de financiación a los arrendatarios de vivienda habitual que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables otros cuatro, y sin que «devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante».

Se estableció que podrían acceder a estas ayudas transitorias de financiación todos los arrendatarios que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del Covid, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definían a través de una orden del Ministerio publicada el pasado mes de mayo.

Posteriormente, el Ministerio y el ICO suscribieron un convenio para la gestión de los avales y la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento del coronavirus.