Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú.

Para ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables, según recoge el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, normativa concebida para producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

Asimismo, la norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.

En concreto, los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.

Asimismo deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.

La ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada, para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.

«La intención del Gobierno con esta Ley es llamar a un debate social sobre la alimentación, la adquisición de alimentos, el tener una alimentación sana, segura y sostenible y que sea a buen precio. No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura y se despilfarra», ha recalcado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del anteproyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel.

Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha celebrado la aprobación de la norma que busca evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo.

El proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional, según ha insistido Planas, que añade que la norma busca producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, 31 kilogramos por litro per cápita. Con la ley, el Gobierno ratifica su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente (objetivo número 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

Para el Gobierno, combatir el despilfarro es un imperativo ético que debe implicar al conjunto de la sociedad en el que se enmarca esta normativa ya que perjudica al conjunto de la sociedad porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos, aumenta los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.

La iniciativa legislativa pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

Así, establece que «todos» los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento (artículo 5), la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

DONAR ALIMENTOS

Para la donación de alimentos, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos.

Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales.

Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos (artículo 7). En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.).

Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Otra de las nuevas obligaciones para los agentes de la cadena agroalimentaria pasa porque estos tendrán que impedir el desecho de alimentos en la basura. Para ello, los agentes que operan en la cadena alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío.

Por otro lado, los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y RESTAURACIÓN

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Pare ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables.

Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor, sea con medios propios o ajenos, deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley.

Todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención.

Del mismo modo, las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Las tiendas de 400 metros de superficie o más tendrán que fomentar la venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo.

En esa línea tendrán que incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.

Por otro lado, el proyecto de ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada (artículo 9), para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.

Otra de las novedades es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico.

Igualmente, las administraciones públicas estarán obligadas a realizar campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.

La ley contempla cuatro tipos de sanciones en materia de donación e alimentos que pueden ser penadas con multas que van de 6.001 euros a 150.000 euros.

La Ley de Cambio Climático, aprobada por el Congreso de los Diputados, establece que para el año 2050 no circularán coches de combustión en el territorio nacional. Para cumplir este objetivo, el Gobierno se ha propuesto llegar a un parque de 5 millones de coches eléctricos para el año 2030, una previsión que, para cumplirse, necesitará que la venta de vehículos eléctricos aumente un 13.500%, según el Grupo Moure.

«Me parece un objetivo difícil de conseguir», señala en un comunicado Manel Montero, director general de Grupo Moure, quien explica que, según datos de la DGT, en el 2020 se han matriculado un total de 36.948 vehículos eléctricos, mientras que entre vehículos diésel o de gasolina se llegaron a matricular 1.253.538 durante todo el ejercicio.

Estos datos muestran, según el experto «un aumento considerable de la compra de vehículos eléctricos», que crecieron un 27% entre 2019 y 2020, pero no es suficiente para cumplir los objetivos de la ley.

Además, el experto alerta de que los fabricantes siguen comercializando vehículos de combustión, que tienen una vida media de 10 años. «Esto significa que cuando se prohíba la venta de coches de gasoil, estos seguirán existiendo durante al menos diez años», señala.

Montero explica que existen una serie de condicionantes que hacen que las perspectivas de ventas sean «poco realistas», más allá de los números. «Los vehículos eléctricos siguen siendo más caros que los convencionales, y con un gran problema para sus compradores, que es la autonomía que tienen respecto al vehículo tradicional», aunque matiza que «es una cuestión de tiempo» que se solucionen estos inconvenientes.

Por ello, el experto apuesta por «trabajar conjuntamente con la industria del automóvil» para ayudarles a conseguir bajar los precios y que mejoren sus capacidades técnicas y así poder acelerar la presencia del vehículo eléctrico.

«Quizás sería mucho más interesante crear unas leyes y que los gobiernos se marquen unos objetivos de mejora de las infraestructuras, sobre todo en las ciudades, donde la movilidad eléctrica podría ser mucho más fácil de instaurar y tendría una mayor lógica», reflexiona Montero, quien ve «más realista» la adaptación de los vehículos eléctricos a espacios urbanos.

Montero alerta de que, para acabar con la comercialización de los vehículos de gasolina, se debe «luchar contra una de las industrias más grandes del planeta, que es toda la que rodea los coches de motor de combustión interna, con márgenes pequeños y con grandes compañías petroleras sobreviviendo a su alrededor», con las dificultades que esto conlleva.

Asimismo, Montero cree que la industria automovilística es técnicamente capaz de superar los retos que marquen los gobiernos para evolucionar hacia movilidades alternativas, pero considera que «llegará un momento que plantará batalla y exigirán a los Estados que estén vinculados los objetivos de la industria en la reducción del CO2 con el compromiso de estos para dotar de infraestructuras la red».

«Se tienen que crear infraestructuras lo suficientemente potentes para que esos cargadores puedan proporcionar electricidad», concluye el experto.

El secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, ha explicado en la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de España que están trabajando en la tramitación de la orden de bases y convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC) para que «a finales de año esté ya disponible esta línea de 3.000 millones de euros».

Blanco ha insistido en que todas las convocatorias serán publicadas en el BOE y de manera única desde la Secretaría General de Industria y Pyme, bajo criterios de «concurrencia competitiva» y con un impacto en un mínimo de dos comunidades autónomas.

Asimismo, ha recalcado que los proyectos aprobados siempre deberán contar con un participante de cada uno de los tres bloques obligatorios: fabricante de baterías, fabricante de automóvil y fabricante de componentes, por la importancia de «todos los elementos de la cadena de valor».

El representante de Industria ha señalado que la asignación de fondos se hará con arreglo a la inversión que realice cada empresa y que de la línea de 3.000 millones convocada este año, 1.500 millones se concederán en forma de subvenciones y otros 1.500 millones a través de préstamos.

El PERTE del VEC es el primero de los establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por Bruselas. «Se trata de una oportunidad única para garantizar la transformación de la industria en España, con el objetivo de llegar al máximo», ha destacado Blanco, al tiempo que subrayaba la importancia de contemplar toda la cadena de valor para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red.

Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión, Ricardo Rojas, responsable de Airbus Operations, ha recordado el papel que como órgano consultivo tiene la Cámara de España y la trascendencia económica y social de la industria para el país. Rojas, también ha señalado la relevancia del automóvil, siendo el cuarto sector exportador y representando el 15% de las exportaciones españolas.

La Mesa del Tabaco y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han firmado un acuerdo de entendimiento para la prevención y lucha contra el comercio ilícito de tabaco, que se suma a los esfuerzos que tanto la AEAT como el sector del tabaco en su conjunto vienen realizando para atajar este grave problema social, según han informado en un comunicado.

En concreto, este acuerdo se enmarca dentro del Plan Estratégico 2020-2023 de la Agencia Tributaria, que prevé entre otras acciones la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, enmarcada en la Directiva de Productos del Tabaco y en el Protocolo de la OMS sobre el comercio ilícito de tabaco, ratificado por España y que entró en vigor en 2018.

Para el sector del tabaco, este acuerdo, que establece un sistema de colaboración regular en relación al comercio ilícito de tabaco, se suma a las acciones que viene desarrollando en diferentes ámbitos para luchar contra una actividad ilícita que perjudica a la sociedad en su conjunto.

El comercio ilícito implica la pérdida de recaudación fiscal, la ausencia de controles de calidad y seguridad en los productos ilegales, la facilidad de acceso de los menores de edad al tabaco en los canales ilegales o la financiación de otras actividades criminales.

El comercio ilegal de tabaco está afectando principalmente a los cigarrillos y a la picadura de tabaco (venta a granel de tabaco en rama o picado). En el caso de los cigarrillos, un problema reciente y en auge son las fábricas clandestinas. Hasta la fecha se han desmantelado 25 en España, algunas únicas en Europa como la primera oculta bajo tierra.

En 2020, en el marco de las actuaciones de la Agencia Tributaria se han aprehendido ocho millones de cajetillas de tabaco y alrededor de 293 toneladas de picadura y otras labores de tabaco, procediéndose a la detención de 154 personas.

Estos datos son muy superiores a los correspondientes a 2019, año en que se aprehendieron 4,8 millones de cajetillas de tabaco y alrededor de 102 toneladas de picadura y otras labores de tabaco, procediéndose a la detención de 106 personas.