El plazo de tres meses que dio la ley del teletrabajo a las empresas para formalizar los acuerdos de trabajo a distancia no derivados de situaciones excepcionales del Covid se cumple este viernes, 22 de enero.

Según ha recordado en La Sexta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes entra en vigor la parte de la ley del teletrabajo que establece que las empresas que tenían pactos y acuerdos de trabajo a distancia deben tenerlos acomodados a la norma actual.

La ley del teletrabajo, vigente en su mayor parte desde el pasado 13 de octubre, contemplaba un plazo de tres meses para que el acuerdo de trabajo a distancia regulado en la norma se formalizara.

También se daba un plazo de tres meses para que las empresas efectuaran las adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes, que no derivaran de convenios o acuerdos colectivos.

Según la ley del teletrabajo, el acuerdo de trabajo a distancia debe realizarse por escrito, pudiendo estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior. En todo caso debe formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.

La empresa debe entregar a la representación sindical una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones en un plazo no superior a diez días desde su formalización, que la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega. Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo.

Cuando no exista representación legal de las personas trabajadoras también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.

Sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el acuerdo de trabajo a distancia debe recoger, entre otros puntos, el inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y los elementos muebles, y la enumeración de los gastos que pudiera tener el trabajador por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.

Además, debe figurar en dicho acuerdo la duración del mismo; el horario de trabajo; el porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia si lo hubiera; el centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita el trabajador a distancia; el lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador para desempeñar su labor; los medios de control empresarial de la actividad, y la duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la Covid-19 les resulta de aplicación la normativa laboral ordinaria, aunque sí están obligadas a dotar a sus teletrabajadores de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

Los trabajadores de Alcoa en Cervo (Lugo) han respaldado con un 87% de los votos el acuerdo entre comité y dirección para suspender la huelga, condición que la empresa ponía para reiniciar las negociaciones de la venta de la fábrica a la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI).

En concreto, el referéndum al que el comité sometió el preacuerdo durante toda esta semana ha salido a favor del sí con 648 votos (el 87,2%), frente a 84 votos en contra (el 11,3%), siete en blanco y cuatro nulos.

Hubo en total 743 votos emitidos de 964 censados, por lo que la participación se situó en el 77%, según los datos que traslada el propio comité.

Tras este «abrumador resultado a favor del sí», el presidente del comité, José Antonio Zan, ha informado de que han mantenido una reunión con la dirección en la cual se ha puesto el acuerdo «encima de la mesa», para que sea ahora la compañía la que lo devuelva también ratificado.

«En cuanto nos lo envíen firmado por ambas partes podrán empezar a tener paz social y a contratar a los ETT que son necesarios para el funcionamiento diario y hacer indefinidos a los trabajadores del acuerdo del 28 de febrero», ha destacado.

A partir de ahí, Zan espera «que cuanto antes la SEPI se ponga en contacto con Alcoa y ahora sí se siente a negociar» la operación que pueda suponer «la solución y la viabilidad» de la planta de A Mariña.

VUELTA A LA NEGOCIACIÓN

Esta vuelta a la negociación entre la multinacional del aluminio y la SEPI se producirá después de dos decisiones judiciales en contra de las pretensiones de Alcoa de cerrar la factoría de aluminio.

La primera de ellas fue la prohibición de parar las cubas de electrolisis, como medidas cautelares. La segunda, la anulación del despido colectivo que preveía aplicar para más de medio millar de trabajadores.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Teresa Ribera, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, comparecerán en Comisión la próxima semana en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas ante la subida del precio de la luz en las últimas semanas.

Ambas comparecencias habían sido solicitadas por el PP, ERC y Bildu con la intención de aprobarlas en la Diputación Permanente prevista para el próximo lunes, pero finalmente ha sido el Gobierno quien ha decidido comparecer a petición propia.

Concretamente, Ribera acudirá el próximo martes 26 de enero a las 16.00 horas a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para explicar medidas del Gobierno para favorecer la reducción del coste de la electricidad y la protección de consumidores vulnerables, pero también en relación al temporal ‘Filomena’.

En el caso de Garzón, el titular de la cartera de Consumo acudirá el miércoles a la Comisión de Sanidad para explicar este incremento del precio de la electricidad y exponer líneas de trabajo respecto a la misma.

MÁS PAÍS Y TERUEL EXISTE PIDEN UN PLENO CON RIBERA

Por otro lado, Más País y Teruel Existe han reclamado este viernes la celebración de un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para celebrar ahí la comparecencia de Teresa Ribera, cuestionando la razón por la que los precios son mayores pese a un mayor volumen de producción en un momento de mayor necesidad.

Por ello, ambas formaciones reclaman en un escrito, recogido por Europa Press, garantizar el control de las tarifas de servicios básicos, impulsar su descenso ante la transición energética y la disminución de los costes de producción, y diseñar una solución regulatoria de mercado eléctrica que reduzca los precios, reflejando la diversidad de costes de las diferentes tecnologías «de una manera limpia, transparente y ordenada.

Asociaciones de promotores y de propietarios de viviendas en alquiler han mostrado su rechazo a la modificación que ha hecho el Gobierno del real decreto que paraliza los desahucios, al considerar que amplía la protección a la ocupación ilegal.

Así lo han manifestado la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), que señalan que la modificación de este decreto «es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal, que genera graves problemas sociales y económicos».

«Esto convierte a España en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno ilegal. Con este cambio, se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas», aseguran.

Ambas asociaciones creen que esta limitación «carece de todo sentido», sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías.

«No se debe confundir, ni mucho menos equiparar, la necesaria protección de los vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración Pública a la ocupación ilegal», explican.

Por ello, instan al Congreso de los Diputados a votar en contra de la convalidación de este real decreto o, en todo caso, aceptarla a trámite como proyecto de ley, conservando los otros artículos que sí consideran necesarios, pero corrigiendo esta modificación.

Desde APCEspaña y ASVAL insisten en la necesidad de aplicar medidas extraordinarias para contribuir a aminorar el impacto de la pandemia sobre la sociedad, pero manteniendo un equilibrio entre la protección frente a la vulnerabilidad y la garantía de los derechos de los arrendadores.

En ASVAL y APCEspaña aseguramos que cuestionar un derecho fundamental para garantizar otro genera inseguridad jurídica, tanto en nuestro país como internacionalmente, en un momento donde la recuperación económica precisa de los mayores niveles de inversión posibles», concluyen.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado este viernes que enero es el peor mes para el empleo en la serie histórica y ha avanzado que este año no será distinto, pues «no va a ser el mejor mes» para el mercado laboral.

Díaz, en declaraciones a La Sexta ha subrayado que España cuenta actualmente con 3,7 millones de parados y ha criticado al líder de la oposición, Pablo Casado, por elevar esta cifra hasta los cinco millones. «Es mentir de manera contumaz», ha denunciado.

En relación a los cambios que prevé hacer su Ministerio en la reforma laboral de 2012 y a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la ministra se ha mostrado tajante, asegurando que se cumplirá el acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos firmó con el PSOE y que, según ha dicho, «avala» todo el Gobierno y no sólo una parte del mismo.

Así, y pese a dejar entrever que no está de acuerdo con que no se haya subido el SMI ahora, ha asegurado que esta renta mínima se situará a final de legislatura en el 60% del salario medio, tal y como se recoge en el acuerdo programático con el PSOE.

Sobre si subirá finalmente este año más allá de los 950 euros mensuales, ha reiterado que este asunto está en manos del diálogo social, que hay que dejar trabajar a sindicatos y patronal y que no se les pueden poner fechas para que tomen una decisión.

Preguntada por las movilizaciones que han convocado CCOO y UGT para pedir la derogación de la reforma laboral de 2012 y la subida del SMI, la ministra ha indicado que los sindicatos «tienen que hacer lo que tienen que hacer», al igual que el Gobierno.

«Yo respeto a los sindicatos. Hacen bien en defender sus derechos y los trabajadores hacen bien en organizarse. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer y el Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer», ha afirmado.

La ministra no ha querido responder a la pregunta de si hay miembros en el Ejecutivo que tratan con mano de hierro a los trabajadores y con mano de seda a la patronal y ha bromeado sobre su relación con los líderes sindicales y de la CEOE: «Hay tres hombres en mi vida, que son Antonio Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez».

Díaz tampoco ha querido entrar en la polémica del periodo de cálculo de las pensiones y se ha limitado a decir que las reformas en pensiones respetan el acuerdo del Pacto de Toledo, que se trabajarán en el diálogo social, y que las propuestas remitidas a Bruselas «transitan por múltiples borradores».

Asimismo, ha negado que exista una guerra entre ella y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciaciones, José Luis Escrivá, lo que no significa que piensen siempre lo mismo. «Yo conozco muy bien al ministro Escrivá y le tengo mucho cariño», ha agregado.

LO QUE SE ENVÍA A BRUSELAS HAY QUE CUMPLIRLO

Además de cumplir con el acuerdo de Gobierno, Díaz se ha mostrado muy clara respecto a las 17 reformas en el mercado de trabajo que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia: «Si le digo a Europa que voy a hacer esto, hay que cumplirlo. Tenemos la obligación de hacerlo y lo voy a hacer», ha asegurado la ministra, que ha añadido que ya le ha dicho a los agentes sociales «que se organicen» para empezar a discutir estas reformas.

Una de ellas, ha recordado, es la implantación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como un mecanismo estructural de flexibilidad interna para evitar despidos en las empresas. En relación a los ERTE de la pandemia, Díaz ha subrayado que el dinero que han supuesto (más de 20.000 millones de euros) no debe verse como un gasto, sino como una inversión para salvar empleos y empresas.

La ministra considera que las recomendaciones que en los últimos años ha hecho Bruselas a España sobre el mercado laboral son «certeras», dado que han puesto el acento sobre sus principales problemas: la temporalidad, la precariedad y la dualidad, aspectos que no se han corregido pese a haberse realizado más de 50 reformas laborales.

Por eso, las reformas enviadas a Bruselas -que ha reiterado que no tienen condicionalidad sobre los fondos- pretenden modernizar el mercado laboral con políticas nuevas, con un cambio «radical» en las políticas activas de empleo y con medidas para favorecer el empleo juvenil.

En este punto, Díaz ha afirmado se está terminando de elaborar la Estrategia de Empleo juvenil con los agentes sociales y las comunidades autónomas y que la intención del Gobierno es actuar sobre el contrato de formación, que no se utiliza por parte de las empresas para una parte de los jóvenes.

«En 2019 sólo se formalizaron 9.000 contratos de formación, que es la nada. Los empresarios no los usan porque tienen una panoplia de contratos precarios a su alrededor», ha expuesto la ministra, que ha añadido que, debido a esto, aunque un joven pueda estar muy preparado y hablar muchos idiomas, al final está en una empresa con una beca de 400 euros.

En su opinión, todo esto hay que cambiarlo promoviendo una formación incivilizada y personalizada, modificando el sistema de orientadores, reformando el marco de contratación, y desarrollando políticas que permitan a los jóvenes talentos que se expatriaron volver a su país a trabajar.

Respecto a si se puede obligar a las empresas a que ordenen a sus trabajadores que trabajen a distancia para evitar contagios de Covid, Díaz ha señalado que eso no se puede imponer, porque hay sectores que necesitan tener personal presencial, como el químico o la industria electrointensiva. Ahora bien, ha recordado que Sanidad ha recomendado a las empresas que, allí donde se pueda, se teletrabaje.

El precio medio diario de la luz en el mercado mayorista bajará este sábado un 34,5% con respecto al marcado este viernes, confirmando así la estabilización en los precios tras el paso de la ola de frío y la mayor participación de las renovables, fundamentalmente la eólica, en el ‘mix’ energético.

En concreto, el conocido como ‘pool’, cuyos precios diarios se fijan con un día de antelación, marcará para este sábado un precio medio diario de 27,5 euros por MWh, según datos del operador del mercado ibérico (Omie).

Este será el precio medio diario más bajo en el mercado mayorista de la electricidad desde el pasado 28 de diciembre, cuando registró 20,04 euros por MWh.

Este descenso será debido, principalmente, a la caída en la demanda, especialmente por ser fin de semana, y a la mayor participación de las renovables, especialmente la eólica, en la generación.

De esta manera, el precio de la electricidad deja atrás los máximos registrados en las semanas anteriores en plena borrasca ‘Filomena’. El pasado 8 de enero alcanzó un récord de 94,99 euros por MWh y el miércoles y jueves de la pasada semana registró 89,94 y 87,25 euros por MWh, respectivamente.

Entre las 22.00 y las 23.00 horas los consumidores que dispongan de tarificación por horas pagarán la electricidad más cara del día, con 49,98 euros por MWh, mientras que la hora más barata de este sábado se dará a las 5.00 horas, con 10,25 euros por MWh.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final de los consumidores que tengan contratada la tarifa regulada (PVPC), mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Mientras, están exentos de las oscilaciones en el precio diario los consumidores que están en el mercado libre, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

RIBERA PREVÉ PRECIOS MÁS BAJOS EN LOS PRÓXIMOS MESES.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cifró este martes entre 4 y 10 euros la subida de la factura de la luz para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) por «la excepcional» situación provocada por la borrasca ‘Filomena’ y la ola de frío, y vaticinó que el precio de la electricidad bajará en el próximo mes de febrero y en el segundo trimestre de este año.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera adelantó que prevé una caída a futuro en el precio de la luz, con un descenso para el mes de febrero del 37% con respecto a los niveles alcanzados durante la borrasca ‘Filomena’ y del 45% para el segundo trimestre.

De hecho, vaticinó que para 2022 y 2023, debido a la entrada masiva de renovables al sistema, los precios del mercado energético español estarán por debajo de otros tradicionalmente más baratos, «como el alemán o el francés».

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular de acceso y conexión de instalaciones de producción de energía eléctrica a las redes de transporte y distribución, normativa de vital importancia para el desarrollo ordenado de las renovables y para poner coto a la especulación en las solicitudes.

La normativa ha visto la luz tras su publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y pone fin así a un largo proceso para su aprobación, después de fuera de las primeras que inició su trámite por la CNMC del paquete de circulares con que el organismo estrenaba sus nuevas competencias en materia energética en 2019.

En concreto, fue objeto dos trámites de audiencia, en junio de 2019 y septiembre de 2020, a lo largo de los cuales se recibió decenas de alegaciones de administraciones públicas, gestores de redes, asociaciones sectoriales y promotores, entre otros sujetos.

Igualmente, fue analizada por la Comisión de Cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la CNMC, tras considerar inicialmente el Gobierno que había un problema de competencias. En su posterior informe del pasado mes de octubre, el Ministerio consideró que la propuesta de circular se adaptaba con carácter general a las orientaciones de política energética.

Posteriormente, tras el recorrido anterior, la circular fue sometida el pasado mes de septiembre al dictamen del Consejo de Estado de forma simultánea al proyecto de Real Decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, aprobado a finales del año pasado, norma con la cual está estrechamente relacionada.

Con la publicación y entrada en vigor de esta circular se da cumplimiento a lo previsto en Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, en el que se prevé una serie de medidas para el desarrollo ordenado y el impulso de las energías renovables y requiere al Gobierno y a la CNMC la aprobación de las disposiciones reglamentarias precisas para su desarrollo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Ahora bien, conforme a lo previsto en la disposición transitoria octava del citado Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, no será hasta la aprobación de las especificaciones de detalle previstas en el artículo 13 de la circular, necesarias para concretar el cálculo preciso de las capacidades de acceso en cada nudo, cuando los gestores de redes admitirán nuevas solicitudes de acceso y conexión y se darán, en este sentido, por superadas las previsiones contenidas en la disposición transitoria primera del citado Real Decreto-ley 23/2020.

A este respecto, se han producido ya varias reuniones del correspondiente grupo de trabajo organizado por el operador del sistema, informó la CNMC en un comunicado.

DERECHO DE ACCESO DE TERCEROS A LA RED

El ‘superregulador’ señaló que la circular se asienta sobre el principio regulatorio clave del derecho de acceso de terceros a la red, para impedir la discriminación entre usuarios y favorecer la cooperación y coordinación entre gestores y titulares de las redes de transporte y distribución, de un lado, y los titulares de las instalaciones de producción, de otro.

Entre otros aspectos, recoge el contenido mínimo de las solicitudes de los permisos de acceso y conexión, así como las condiciones que se deben detallar en caso de su aceptación o denegación -esta última, ya sea total o parcial, siempre debidamente motivada-, por parte de los gestores de redes. Igualmente especifica los elementos que deberán constar en los propios permisos de acceso y conexión.

En concreto, esta circular aprobada por el regulador tiene por objeto culminar el proceso de regulación relativa a la metodología y las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en un contexto de rápido desarrollo de la producción a partir de fuentes de energía renovables, tanto en forma de instalaciones a gran escala como de generación distribuida (en este último caso a menudo bajo una modalidad de autoconsumo).

En este entorno, la disponibilidad de capacidad suficiente en las redes constituye un factor decisivo a la hora de acometer nuevos proyectos, para lo que se hace necesario reducir la dispersión normativa y proporcionar una guía clara de cuáles son los pasos a seguir conducentes a la obtención de los permisos de acceso y conexión.

TRATAMIENTO DE CONSUMIDORES Y DISTRIBUIDORES, A OTRA CIRCULAR

La normativa del organismo presidido por Cani Fernández ha optado por limitar su alcance al acceso y conexión de los productores, dejando el tratamiento específico de consumidores y distribuidores para otra circular.

El principal motivo para acometer en primer lugar las especificidades propias de las instalaciones de generación es el gran volumen de solicitudes de acceso de este tipo que se han acumulado en los últimos años, hasta el punto de saturar la práctica totalidad de los nudos de transporte -y gran parte de la red de distribución de más alta tensión- en las zonas donde existe disponibilidad de recurso eólico o solar.

Con el fin de mejorar la transparencia del proceso y garantizar la publicidad de la información, la circular establece que los gestores de redes mantendrán accesible en su página web y mensualmente actualizados datos detallados sobre las capacidades disponibles en los nudos de sus redes de tensión superior a 1 kilovoltio (kV).

Además, los anexos de la circular comprenden una serie de criterios técnicos actualizados convenientemente según los recientes desarrollos tecnológicos y normativos. Dichos criterios son los necesarios para evaluar la capacidad de acceso, evaluar la viabilidad de conexión y determinar la influencia de la instalación de producción en otra red distinta de aquella a la cual se conecta.

UNOS DÍAS ANTES DE LAS NUEVAS SUBASTAS DE RENOVABLES

La circular se aprueba unos días antes de que se celebre la primera de las subastas de renovables bajo el nuevo marco definido por el Gobierno, que tendrá lugar el próximo 26 de enero, y complementa el real decreto aprobado a finales del año pasado por el gabinete dirigido por Teresa Ribera para establecer el nuevo proceso de concesión de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, paso previo y necesario para la instalación de nuevas plantas de renovables.

El pasado mes de septiembre, la CNMC ya decidió someter a un nuevo trámite de información pública la circular de acceso y conexión de instalaciones de producción de energía eléctrica, después de que la inicial recibiera alegaciones y chocara con la opinión del Gobierno respecto a las competencias.

El economista José María Gay de Liébana ha participado este viernes por la mañana en Negocios TV, el canal económico en Movistar+, para dar su opinión sobre los principales frentes abiertos de España en este comienzo de año en el que no han faltado situaciones de tensión, como la investidura de Joe Biden en EEUU y la borrasca Filomena en España.

«Veo la economía un poco tristona», comenzaba analizando de Liébana, haciendo un paralelismo con el grisáceo cielo de Barcelona. «Todo aquel anhelo que teníamos de 2021 parece que no se está cumpliendo». «Hay un proceso de vacunación que va muy lento (…) hemos tenido a Filomena, y tenemos esta indecisión y falta de acción de los poderes públicos, por lo que estamos viviendo todavía ese mal sueño y que se va alargando», diagnostica el economista, que además cita a Christine Lagarde, cuando la líder europea dijo que ya daba por perdido el primer trimestre de 2021.

«Hasta el segundo semestre no empezaremos quizá a animarnos suponiendo que vaya bien la vacunación y que las nuevas cepas del virus no sean mas agresivas, porque de lo contrario, las cosas se van a complicar», asegura de Liébana, entrevistado en Negocios TV.

Preguntado por José Antonio Vizner por cómo podría el Gobierno intentar ayudar un poco a los ciudadanos, de Liébana dice: «Por parte de los poderes públicos no se ha hecho absolutamente nada por salvar a la economía española, y por tanto, va a morir mucho tejido empresarial«, asevera el experto, citando como las mayores entidades en peligro a las pequeñas y medianas empresas o los autónomos.

«No sé por qué no se han tomado las medidas adecuadas, que eran en forma de ayudas directas, como dar dinero a los sectores afectados y a las empresas que sufren, y de ayudas indirectas, que son exonerar del pago de impuestos para que estas empresas tengan caja con la que ir surfeando». «La destrucción económica en España va a ser muy fuerte», concluye un de Liébana pesimista sobre el futuro próximo de la economía nacional post-pandemia.

GAY DE LIÉBANA SOBRE LA TASA GOOGLE

El amigo Biden es como más tranquilo, e imagino que dentro de su agenda, al margen de la reinserción en organismos internacionales como la OMS, va a ir en busca de un acercamiento y limar asperezas con Europa. Con China intentará también tranquilizar un poco las cosas», analiza Liébana sobre Biden. No obstante, sobre el papel de España en el tablero internacional, de Liébana opina: «España ha perdido muchísima influencia en los últimos años.

«Hemos hecho algo muy malo, que es lo de la tasa Google», censura el economista, para más inri sobre la relación con Estados Unidos, y alertando de la posible implantación de aranceles hacia los productos españoles como consecuencia. «Por parte de Europa hay un marcado complejo de inferioridad, porque los políticos se dan cuenta de que están ante un ciclón imparable», refiriéndose a los gigantes tecnológicos norteamericanos. «Lo que no puedes hacer es ir a contracorriente», aconseja.

Sobre este y otros temas habló el economista en Negocios TV, pasando por el problema de las pensiones: «Los jóvenes saben que no van a cobrar las pensiones», advierte.