La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participó telemáticamente el pasado jueves en el Foro Ecomov sobre movilidad ecológica, en el cual defendió el sector de la automoción como un «motor de la recuperación económica» tras la crisis del coronavirus.

«El sector de la automoción y todo el ecosistema que lo rodea es uno de los motores económicos de nuestro país y de la innovación», afirmó Calviño, que ha insistido en aprovechar la actual crisis como una oportunidad tecnológica para España, a través de las ayudas europeas y el plan de recuperación.

El evento, organizado por el diario ‘Las Provincias’, contó con la presencia de diferentes personalidades del sector del motor, así como con el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, que recordó las iniciativas de su gobierno respecto a la movilidad sostenible.

El Director de Relaciones Institucionales de Nissan en España, Juan Luis Pla, que participó en el encuentro, ha trasladado las inquietudes del sector a la ministra y ha afirmado que su empresa apuesta por el desarrollo de la automoción en España «a través de la electrificación», según ha recogido la compañía en un comunicado este viernes.

Pla ha celebrado la posibilidad de compartir con la ministra su visión de la situación actual, así como con otros actores del sector, y ha explicado que Nissan celebrará próximamente su cita anual del Foro Nissan: «Allá podremos seguir conversando con actores de primer nivel con el fin de dirigir propuestas hacia lo que nos demandan en la actualidad los clientes», ha añadido.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a insistir este viernes en la necesidad de mantener las medidas de estímulo para apoyar la reactivación de la economía, pero de una forma selectiva, porque «la política económica no puede estar para sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad».

Durante su participación en el Foro La Toja 2020, Hernández de Cos ha indicado que tras la primera fase de «puro confinamiento» y parón de la actividad, en la que había que acometer «una especie de ‘whatever it takes’ de don Mario Draghi» con apoyo a todos los sectores sin discriminación, se ha pasado a una segunda de recuperación.

Hernández de Cos ha indicado que los datos de empleo publicados este viernes indican una «mejora adicional» en la tasa interanual de afiliación, la afiliación efectiva, es decir, incluyendo también los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)», si bien constata una recuperación «incompleta» y «muy desigual» por sectores, ya que la caída interanual del 7% del empleo en agosto en la hostelería todavía era del 30% mientras que en otros sectores se lograban datos incluso positivos, como el sanitario.

En este sentido, ha indicado que se da una recuperación «muy incierta y muy frágil» ya que las nuevas medidas de confinamiento por los rebrotes están afectando a las decisiones de inversión y es un contexto «muy difícil» para que los empresarios inviertan, así como para las decisiones de consumo de los hogares.

En este contexto, ha remarcado que la política fiscal y monetaria tienen que mantener los estímulos pero de una manera «mucho más focalizada», lo que hace «más difícil» la gestión de política económica, ya que hay que pensar en elementos estructurales como el teletrabajo o la combinación o las pautas de consumo, puesto que «uno no consume lo mismo cuando va al trabajo que en casa y tiene consecuencias negativas para algunos o beneficios para otros».

En todo caso, ha defendido que «la política económica no puede estar para sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad y eso es lo que el gestor de política económica tiene que ser capaz de identificar, cuáles son los sectores que estructuralmente vana reducir su actividad».

En cuanto al turismo, ha indicado que se trata del sector «más golpeado» por la crisis y ha considerado que hasta que no haya una vacuna y probablemente tras varios trimestres después no se recuperará la normalidad en el sector.

Eso sí, cree que si España va a estar mejor «preparada» para futuras pandemias -«no hay ningún indicador que muestre que se van a recibir estructuralmente menos turistas»-, si bien ha dicho que puede estar «equivocado».

Ha insistido en que se mantengan los estímulos de apoyo a este tejido particular, ya que lo contrario tendría efectos «destructores» y de deuda y déficit, que es precisamente lo que se trata de evitar cuando se plantea no seguir con esos estímulos.

REALIZAR «YA» REFORMAR ESTRUCTURALES

Concretamente, ha apuntado que mecanismos como son los ERTE «tienen que estar muy focalizados» y ha instado a permitir la utilización de la legislación laboral, dado que «es capaz de ajustar la estructura interna de las empresas» para que encaren los cambios estructurales.

Igualmente, ha incidido en la necesidad de actuar en materia de formación y políticas activas de empleo, que sigue siendo un «déficit» en España por no ser efectivas pese a los numerosos cambios, con el fin de poder «reciclar» a los trabajadores afectados de empresas que pierdan actividad.

De cualquier forma, Hernández de Cos ha recordado que al margen de la pandemia España ya presentaba déficits estructurales como el crecimiento y las finanzas públicas, algo que estaba ya «claro» a final de 2019, así como la baja productividad debido al bajo capital tecnológico y humano y a la baja competencia empresarial y el reducido tamaño empresarial.

A su vez, se ha referido al mercado de trabajo «disfuncional» que genera dualidad en el mercado de trabajo y desigualdad, además del paro de larga duración, asuntos que cree que hay que resolver con más urgencia al agravarse con la crisis.

En este sentido, ha citado también el problema de déficit estructural de las cuentas públicas superior al 3% en 2019 que se agudiza con la crisis, por lo que cree que el expansionismo fiscal de corto plazo tiene que venir acompañado del diseño de un programa de consolidación fiscal, a aplicar más tarde, aunque es «imposible» de fijar su fecha por el momento.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que la red financiera global es «insuficiente» en caso de que se produzca una crisis extrema.

«El diagnóstico que teníamos y que tenemos hoy es que para, digamos crisis normales, la capacidad de movilización de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado del resto de organismos multilaterales, era suficiente, pero que por supuesto para crisis extremas, no», ha señalado el gobernador durante su intervención el Foro La Toja 2020.

Preguntado por el impacto de la pandemia en América Latina, De Cos ha señalado que no se puede dejar caer a los países de la región, y ha indicado que en ese sentido tiende a ser optimista sobre la capacidad de reacción del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«¿Realmente podemos dejar caer América Latina? ¿Alguien en el globo se lo puede permitir?… Yo entiendo que no, la verdad, casi por egoísmo personal, más que por lo fundamental, que es echarle una mano a los países de América Latina. En ese sentido tendería a ser optimista sobre la capacidad de reacción del FMI y de las jurisdicciones que están detrás del FMI y del resto de organismos multilaterales para, llegado ese momento (…) podamos estar en situación de movilizar esos recursos, en ese sentido tiendo a ser optimista», ha manifestado.

En lo que concierne a la región, el economista y exjefe del departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, ha explicado que el 75% del ciclo económico del continente responde a factores externos como el crecimiento del comercio, el precio de las materias primas, el acceso a los mercados de capital, el envío de remesas o el peso del turismo sobre el PIB.

En lo que respecta al acceso al mercado, Ruiz ha indicado que si bien algunos países tienen acceso, otros no disponen de él, y mientras que hace un año entraban 60.000 millones de dólares (51.200 millones de euros), ahora están entrando en torno al 10% de esa cantidad.

Con respecto a la respuesta al virus por parte de las administraciones latinas, el economista destaca que se basan en dos ejes, que son los confinamientos, que ha calificado como «legalmente muy restrictivos» y «superestrictos»; y los apoyos financieros de los Gobiernos, que han dependido, según Ruiz, de la ideología del Ejecutivo de turno, yendo del 20% del PIB desplegado de Perú, que en el caso europeo sería equiparable a lo movilizado por Alemania, al 1% destinado por México.

Por otro lado, ha puesto el foco en la pérdida de la renta per cápita, que llegará a niveles de finales del siglo pasado, y al recrudecimiento de la pobreza, que podrá alcanzar a 40 millones de personas.

El pronóstico de Ruiz sobre las consecuencias financieras futuras para América Latina es el de un incremento en la inflación generalizado, dado el aumento de la deuda generado por la pandemia y la baja recaudación impositiva en la región, que es de aproximadamente un 16%.

El secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que sería un «problema muy grave de dimensiones incalculables» si el Gobierno contemplara una subida del IVA hasta el 21% en los Prespuestos Generales del Estado (PGE) a la sanidad y la educación privadas, como recogen algunos medios.

Cañete ha asegurado que subir la presión fiscal en las actuales circunstancias de la pandemia es «como meterse en una autopista en dirección contraria» porque considera que complicaría la situación a muchas empresas que ya están sufriendo.

«No somos conscientes de la situación real que tenemos por un cierto dopaje de los créditos ICO», ha afirmado Cañete, y ha añadido que cuando estas medidas se retiren se verá la magnitud de la crisis, y que una subida de impuestos la empeorará.

También ha destacado que las pymes calculan que deberán destinar el 90% de sus recursos al retorno de los créditos que han contraído durante la pandemia para mantener la actividad, y que serán «más difícil si se aumenta la presión fiscal».

Cañete ha explicado que no han tenido conocimiento oficial de estas medidas, pero que durante todo este viernes han recibido una gran cantidad de llamadas de asociados relacionados con los sectores preocupados por las publicaciones en la prensa.

La subida del IVA es una de las opciones que baraja el equipo encargado de elaborar el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, que debaten la posibilidad de eliminar determinadas exenciones en el pago del tributo, como ocurre actualmente con la educación y la sanidad privadas.

La medida se recogía en una de las recomendaciones que la Autoridad Fiscal (AIReF) ha propuesto para las cuentas del próximo año.

Fuentes del Ejecutivo señalan que se han debatido y analizado «todas las medidas» del documento de la AIReF, que calculaba que el coste fiscal para de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas era de 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente.

De eliminarse finalmente esos beneficios fiscales a la educación y la sanidad privada, podrían verse afectados por la aplicación del IVA al 21% actividades privadas como las clínicas de salud, los colegios privados, los laboratorios, las autoescuelas, los centros de formación y otras actividades similares.

El Banco Central Europeo (BCE) ha intensificado los trabajos en relación con la posible introducción de un euro digital, cuestión sobre la que iniciará una consulta pública el próximo 12 de octubre y espera adoptar una decisión «a mediados de 2021», aunque el Eurosistema continuará emitiendo efectivo, según ha informado la entidad.

«Hacia mediados de 2021, el Consejo de Gobierno del BCE considerará la posibilidad de lanzar un proyecto de euro digital, que comenzaría con una fase de investigación dirigida al desarrollo de un producto mínimo viable», indicó  un portavoz del banco central.

De este modo, abarcaría las dimensiones clave de un euro digital y no solo abordaría los requisitos técnicos, con el fin de informar del diseño del euro digital y sus procesos de modo que pueda satisfacer las necesidades de los posibles usuarios. «El objetivo es garantizar que el Eurosistema esté preparado para emitir un euro digital si decide hacerlo en el futuro», explicó la entidad.

No obstante, el BCE advirtió de que antes de que se pueda tomar cualquier decisión sobre la emisión de un euro digital, se debe cuantificar el alcance y el coste de dicho proyecto, con el fin de comparar esta solución con posibles alternativas, subrayando que los costes asociados con la emisión de un euro digital no serían solo financieros, sino también a nivel organizativo, ya que el banco central tendría que desarrollar nuevas competencias y procesos y gestionar nuevos riesgos.

Por otro lado, desde el BCE confirmaron  que el pasado mes de septiembre la institución presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de información para la marca ‘digital euro’, tramitada a través del bufete bock legal Partnerschaft von Rechtsanwälten, domiciliado en Fráncfort, según reflejan los registros de EUIPO.

La solicitud de información de marca presentada cubre cuatro categorías, según la clasificación de Niza, incluyendo las relativas a software de comercio electrónico para realizar transacciones comerciales; asuntos financieros y monetarios, servicios bancarios, servicios de tarjetas de crédito y débito; servicios de programación en el ámbito de la tecnología de la información en relación con software para el comercio electrónico y la prestación de servicios de autenticación de usuarios en el ámbito de las transacciones de comercio electrónico.

COMPLEMENTO DEL DINERO EN EFECTIVO.

«El euro pertenece a los europeos y nuestra misión es salvaguardarlo», ha afirmado Christine Lagarde, presidenta del BCE, para quien el papel de la institución es garantizar la confianza en el dinero, lo que significa asegurar que el euro sea adecuado para la era digital. «Debemos estar preparados para emitir un euro digital si fuera necesario», ha sentenciado.

En este sentido, la institución ha señalado que un euro digital «sería un complemento del efectivo, no un sustituto» del dinero en efectivo, destacando que sería una forma electrónica de dinero de banco central que todos los ciudadanos y empresas podrían utilizar -como los billetes, pero en formato digital- para realizar sus pagos diarios de manera rápida, fácil y segura.

«Deberíamos estar preparados para emitir un euro digital siempre y cuando la evolución de nuestro entorno lo haga necesario. Esto significa que ya debemos prepararnos para ello», ha afirmado Fabio Panetta, representante italiano en el directorio del BCE y presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Dinero Digital de Banco Central.

Este grupo de trabajo, en el que participan expertos del BCE y de los 19 bancos centrales nacionales de la zona del euro, ha identificado posibles escenarios que requerirían la emisión de un euro digital, incluyendo un aumento de la demanda de pagos electrónicos en la zona del euro, un descenso significativo del uso del efectivo como medio de pago en la región, la creación de medios de pago privados a escala mundial que podrían generar problemas regulatorios y representar riesgos para la estabilidad financiera y la protección del consumidor, así como un uso generalizado de dinero digital de banco central emitido por bancos centrales extranjeros.

De este modo, el Eurosistema comenzará el próximo 12 de octubre una consulta pública sobre esta cuestión y mantendrá contactos frecuentes con los ciudadanos, el mundo académico, el sector financiero y las autoridades públicas para valorar en detalle sus necesidades, así como los beneficios y los retos que esperan de la emisión de un euro digital.

El Ibex 35 ha roto su racha de cuatro semanas consecutivas en negativo con un avance semanal del 1,9%, hasta colocarse en los 6.754,5 puntos.

Los avances farmacéuticos y la posibilidad de un nuevo paquete de ayudas en Estados Unidos impulsaron las bolsas al principio de la semana, aunque en las sesiones posteriores perdieron fuerza ante la debilidad de los datos macro y el positivo por Covid-19 de Donald Trump.

El analista de XTB Joaquín Robles ha explicado que el aumento de casos de coronavirus en España, Francia, Bélgica y Reino Unido aumenta el riesgo de sufrir nuevas paralizaciones económicas para contener la propagación, mientras que los avances farmacéuticos siguen siendo la mayor esperanza para los inversores.

En Europa, Boris Johnson intervendrá este sábado en las negociaciones del Brexit por primera vez desde junio, y se acerca el plazo para una salida forzosa del Reino Unido el próximo 15 de octubre.

En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en ‘verde’, con un avance del 0,35% en la sesión de este viernes, en la que se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus, lo que ha motivado que las bolsas americanas hayan abierto con caídas y ha puesto en peligro la celebración del próximo debate electoral fijado para el 15 de octubre en Miami.

Por otro lado, la Comisión Europea ha dicho que está estudiando la posibilidad de prolongar seis meses más, hasta el 30 de junio de 2021, la flexibilización de las reglas sobre ayudas públicas adoptada para ayudar a las empresas a capear el impacto económico de la pandemia, así como ajustar su alcance.

También se ha publicado que la tasa de paro de Estados Unidos cayó al 7,9% en septiembre y se crearon 661.000 empleos y que la inflación de la eurozona se debilitó al -0,3% en septiembre.

El protagonista de la sesión bursátil de este viernes ha sido ACS, que se ha disparado un 25,85%, hasta los 23,42 euros, tras comunicar que negocia la venta de la mayor parte de su división industrial, Cobra, al grupo francés Vinci después de recibir una oferta no vinculante por alrededor de 5.200 millones de euros.

En el terreno positivo también han destacado Grifols (+2,54%), Pharma Mar (+2,11%), Ferrovial (+1,71%), Sabadell (+1,55%), Acciona (+1,19%), Colonial (+0,83%) y Endesa (+0,7%).

Por el contrario, las mayores caídas han sido para IAG (-2,28%), Indra (-2%), Amadeus (-1,91%), Meliá (-1,62%), Enagás (-1,26%), Siemens Gamesa (-1,07%), Viscofan (-1,05%), CaixaBank (-1,01%), Inditex (-0,82%) y Bankia (-0,81%).

El resto de plazas europeas también han cerrado este viernes en positivo, a excepción de Fráncfort (-0,33%). La Bolsa de Londres ha avanzado un 0,39%, la de París un 0,02% y la de Milán un 0,01%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 37,7 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 39,84 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 76 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,217%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1711 ‘billetes verdes’.

La próxima semana seguirá condicionada por la evolución de la crisis sanitaria, el estado de salud de Donald Trump y la reunión del BCE y de la Reserva Federal, que ofrecerán nuevas previsiones económicas.

Desde XTB esperan que el Ibex 35 continúe cotizando dentro del rango de los 6.600 y los 7.200 puntos, a la espera de novedades, y señala que los altos niveles de incertidumbre «podrían disparar la volatilidad en función de los próximos acontecimientos».

La economía madrileña sufrirá un pérdida de más de 8.000 millones si las restricciones, que entran en vigor hoy en diez municipios de la Comunidad, se mantienen durante un mes.

Así lo ha detallado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en la rueda de prensa en la que ha detallado el recurso que ha interpuesto el Ejecutivo autonómico contra la orden ministerial que recoge las nuevas medidas de restricción.

Las medidas afectarán a la movilidad de un total de 4.786.948 habitantes de los diez municipios afectados en LA región: Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Por su parte, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) estima que las nuevas restricciones supondrán en la región un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento, según han explicado a Europa Press fuentes de la patronal.

La organización ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos». En esta línea, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, pidió que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; ya que tras aplicar iniciativas similares en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».

ESTIMACIONES DEL SECTOR

De su lado, los hosteleros de Madrid cifran en 1.131 millones el lucro cesante previsto para el último trimestre, según Hostelería Madrid, que estima que las medidas del Ministerio de Sanidad para diez municipios madrileños «impactarán de forma drástica» en la actividad de 23.014 locales de hostelería de las localidades afectadas, un 75%.

Con las limitaciones de horario previstas y la reducción de los aforos el sector perderá, en el último trimestre del año, una facturación de 1.131 millones de euros, que supone el 7 por ciento de la facturación anual del sector, y que se suma al 50 por ciento de descenso de facturación acumulado en lo que va de año.

En términos de empleo, el sector tiene en juego 15.841 empleos que se perderán en el último trimestre del año con la reducción de aforo y horarios, que se suman a los 40.042 empleos que ya se han perdido en lo que va de año, de enero a agosto de 2020, en el sector de la hostelería de la Comunidad de Madrid.

Según Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid, «la situación es insostenible para más de 23.000 empresas que ven perdidos los turnos de cenas con los cierres a las 23 horas». «Si las medidas persisten, ponemos en juego la campaña de navidad de miles de restaurantes que facturan en estas fechas el 20 por ciento de su facturación anual», ha señalado.

El Gobierno francés ha recaudado un total de 2.786 millones de euros de los operadores de telecomunicaciones en la subasta de 310 MHz de espectro en la banda de 3,4-3,8 GHz, clave para el desarrollo de la nueva tecnología móvil 5G, que había tenido que posponer por la pandemia del Covid-19.

En un comunicado, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y Postales de Francia (Arcep por sus siglas en francés) ha informado de la conclusión de la subasta tras 17 rondas y en la que han participado Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange y SFR.

En concreto, al final de la subasta los operadores han pagado un precio unitario de 126 millones de euros por cada uno de los once bloques de 10 MHz que se han subastado. En concreto, Orange se ha quedado con cuatro bloques, SFR con tres y Bouygues Telecom y Free Mobile con dos cada uno.

Además, recuerda que las cuatro compañías ya obtuvieron en una primera fase un bloque de 50 MHz por 350 millones de euros cada una a cambio de cumplir ciertos compromisos cuando fueron elegidos el pasado 2 de abril para participar en este proceso.

De esta manera, Orange se convierte en el operador que más espectro ha conseguido, con 90 MHZ a un precio total de 854 millones de euros, seguido de SFR, que obtiene 80 MHz por 728 millones de euros. Por su parte, Bouygues Telecom y Free Mobile pagarán cada uno 602 millones de euros por 70 MHz.

Un vez concluido este proceso, se celebrará este mes de octubre una subasta de posicionamiento para determinar la parte concreta de la banda que se asignará a cada uno de los operadores, tras lo cual tendrá lugar la adjudicación de las licencias en función de sus preferencias.

Arcep ha completado finalmente la subasta de los 11 bloques restantes que quedaban por asignar en esta banda de frecuencias, que estaba inicialmente prevista para finales del mes del abril, pero que tuvo que ser pospuesta por las medidas «sin precedentes» de confinamiento adoptadas para frenar la expansión del coronavirus.

Esta segunda fase ha consistido en una subasta en multi-ronda de las frecuencias que quedaban disponibles, divididas en bloques de 10 MHz, con una precio inicial de 70 millones de euros por bloque. Todos los ganadores tenían que tener un mínimo de 40 MHz y un máximo de 100 MHz.

Para la asignación de los 310 MHz de espectro habilitados en esta banda de 3,4-3,8 GHz, la autoridad francesa ha diseñado un mecanismo que no se basaba únicamente en las ofertas financieras presentadas por los operadores.

De hecho, en la primera fase del proceso los operadores aceptaron varios compromisos relacionados con impulsar la competitividad de otros sectores de la economía francesa con el 5G, así como la innovación y la competencia; la cobertura en interiores; el suministro de productos de acceso fijo en redes móviles, y una mayor transparencia.