CC.OO. ha exigido que los fondos para políticas activas de empleo y formación no sigan sufriendo recortes, según ha señalado en un comunicado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el Plan Anual de Política de Empleo para este año.

Para el sindicato, sería necesaria una evaluación del Plan en este año, que se traslade al desarrollo de la nueva estrategia de activación 2021-2024, «cuyos trabajos ya deberían haber comenzado para no presentar un documento en el último momento sin las propuestas y contribuciones del sindicato».

Así, ha recordado que en la reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, celebrada el pasado 30 de septiembre, en la que se informó sobre los asuntos tratados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, el sindicato manifestó no compartir algunas decisiones porque «no contribuyen a construir un modelo de formación compartido».

De hecho, la organización sindical planteó su malestar porque no se repartieran los fondos del eje 2 de formación, «retraso que perjudica a las personas en desempleo y a la planificación formativa que se debe realizar en los territorios». Asimismo, CC.OO. expresó la insuficiencia de los fondos.

CC.OO. ha recordado que lleva ya tiempo solicitando una modificación del real decreto de políticas activas de empleo por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Servicio Nacional de Empleo.

La Junta fiscal Europea ha pedido este martes a la Comisión Europea y a los gobiernos de la UE que inicien «lo antes posible» una reflexión sobre la reforma de las reglas fiscales comunitarias para que esté acordada antes de que se vuelvan a aplicar, bajo el pretexto de que recuperarlas sin modificaciones en la recuperación podría incluso ser perjudicial.

Así consta en el informe que este organismo independiente ha publicado sobre la situación fiscal en el bloque en 2019. En el texto, la Junta Fiscal Europea remarca que la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento estaba «totalmente justificada» para que los países pudieran aumentar el gasto público y ayudaran a reducir el impacto de la pandemia.

«Sin embargo, una vez se superen las circunstancias excepcionales, el Pacto tendrá probablemente que ser adaptado en términos de su aplicación o legislación, o ambos, para reflejar las nuevas circunstancias», expone el texto.

El miembro de Junta Fiscal Europea Mateusz Szczurek ha advertido en concreto de que desactivar la cláusula general de escape sin actualizar las reglas fiscales puede conducir a una situación en la que éstas sean «ignoradas». O, por el contrario, cumplirlas completamente sería incluso «perjudicial» porque haría necesarios ajustes presupuestarios en plena fase de recuperación.

No obstante, el organismo fiscal comunitario enfatiza que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque sea modificado, «debe seguir siendo uno de los pilares» del marco económico europeo.

La Junta Fiscal Europea ya había denunciado en informes anteriores que el marco fiscal europeo es demasiado «complejo y ambiguo», así como que había provocado una caída de la inversión pública a niveles «muy bajos».

Ahora, según expone en el nuevo documento, el deterioro «repentino y significativo» de las finanzas públicas como consecuencia de la pandemia provoca la aparición de nuevas dudas sobre la idoneidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en su forma actual.

El debate sobre la revisión de las normas fiscales europeas ya tuvo sus primeras discusiones en el Eurogrupo, pero quedaron relegadas a un segundo plano con la explosión de la pandemia de Covid-19. De hecho, este organismo independiente ya había lanzado una serie de recomendaciones que ha recuperado en el nuevo texto.

A grandes rasgos, propone una reforma para que simplificar el Pacto y que éste pivote en tres elementos: un objetivo de deuda pública, un límite al crecimiento del gasto público para aquellos países que superen el primer punto y una cláusula de escape general.

El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, cree que España saldrá mejor posicionada después de la crisis del Covid-19 si los recursos que van a llegar de la Unión Europea se invierten correctamente.

Así lo ha puesto de manifiesto Aboukhair durante una reunión con varios jóvenes emprendedores, ganadores de dos concursos de emprendimiento internacional que la entidad ha desarrollado en los últimos meses a través de su área Santander Universidades, el Santander X Tomorrow Challenge y el Santander X Global Award.

«Este país puede hacer las cosas bien y creo que hay conciencia de que como país respondemos; tenemos que pensar en qué futuro es el que queremos y cómo queremos recomponernos», ha respondido Aboukhair a los emprendedores que le han preguntado por el futuro de España.

Aboukhair ha felicitado a los participantes y ha asegurado que tiene mucho mérito que se reconozca un proyecto en el actual mundo tan competitivo y con tanto talento.

Además, ha afirmado que el banco quiere estar al lado de los jóvenes, de las startups, de la educación y del talento universitario para aprender a valorar proyectos, poner en valor el mundo digital y apostar por la diversidad de perfiles.

«En el caso de España, a diferencia de otros países, a veces no nos damos cuenta de lo realmente buenos que somos, ni le damos suficiente valor al talento que hay y el alto nivel de compromiso de las personas», ha añadido.

El Congreso contará en 2021 con un presupuesto de 97,10 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,64% respecto a las cuentas que tenía prorrogadas desde 2018 y del 6,02% en comparación con el presuesto consolidado de este año.

Tanto el Congreso como el Senado cuentan con autonomía para aprobar sus propias cuentas, aunque su entrada en vigor estará a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que el Gobierno enviará a la Cámara en las próximas semanas.

Los Presupuestos Generales están prorrogados desde 2018 y en consecuencia lo mismo ha ocurrido en los dos últimos años con los del Congreso, si bien la insuficiencia de las cantidades contempladas para aquel año ha hecho necesario realizar incrementos de crédito por valor de 4.277.000 euros en 2020, con lo que el presupuesto consolidado asciende a 91.260.111,83 euros.

El capítulo más abultado del Presupuesto del Congreso vuelve a ser el que contiene los gastos de personal, que, para 2021, asciende a 45.635.000 euros, con un incremento del 16,42% respecto al de 2018. Este crecimiento, según explica la Cámara a través de un comunicado, se debe al aumento de personal laboral y eventual y al aumento de las retribuciones experimentado en 2019 y 2020, similar al resto de Administraciones Públicas para los mismos periodos.

Para el año próximo se contempla una dotación adicional del 0,9% para hacer frente a una eventual subida de retribuciones similar a la que, en su caso, pudiera acordarse en el ámbito de la Administración General del Estado.

Habitualmente las subidas a los funcionarios se trasladan al sueldo de los diputados en la misma cuantía. Así se hizo, de hecho, tanto en 2019 como a principios de este año, incluso con los Presupuestos del Congreso prorrogados. Sin embargo en esta ocasión la Mesa del Congreso ha decidido finalmente mantener congeladas la retribuciones de los parlamentarios y lo mismo ha hecho el Senado.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO

Lo que sí recoge el presupuesto para 2021 es un incremento del 8,04% en el artículo de «Retribuciones de Altos Cargos» debido al aumento del número de comisiones constituidas en la presente legislatura, de tal forma que la cuantía pasa de 19.984.122,50 euros a 21.590.000 euros. Vox ha explicitado públicamente su desacuerdo con el incremento de esta partida.

Además, las cuentas aprobadas este martes prevén una dotación para personal de una futura Oficina de Ciencia y Tecnología, por importe de 200.000 euros.

El capítulo para «Gastos corrientes y servicios», asciende a 37.354.232,49 euros, un 13,39% más que en 2018. Con motivo de la situación sanitaria del COVID-19, se ha incrementado la dotación para la adquisición de material sanitario, prevista en hasta 115.000 euros.

OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Por contra, el capítulo relativo a «Transferencias corrientes», disminuye respecto a 2018 debido a «razones de mejora de la estructura presupuestaria» y se queda en 11.302.580,00 euros. Se ha incluido también, entre las transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro, la dotación para la futura Oficina de Ciencia y Tecnología en el Congreso, por importe de 45.000 euros.

El concepto de «Subvenciones a Grupos Parlamentarios» experimenta una subida del 13,17%, de 9.547.440,02 euros en 2018 a 10.805.000 euros, dado el incremento del número de grupos parlamentarios en la presente legislatura.

La dotación para el capítulo VI, «Inversiones reales», disminuye a la vista de la ejecución de sus partidas en ejercicios anteriores, en relación con la inversión nueva y de reposición de repuestos para maquinaria e instalaciones en los ámbitos de Tecnologías de la Información, Departamento de Infraestructuras y Patrimonio de la Cámara.

PLAN DE IGUALDAD

Además, las Mesas del Congreso y el Senado ha aprobado en sesión conjunta el Presupuesto de Cortes Generales para 2021, que se sitúa en 63.237.752,16 euros. También aquí el capítulo de «Gastos de personal» –57.149.696,16 euros– contempla una dotación adicional del 0,9% para hacer frente a una eventual subida de retribuciones de los funcionarios.

Para «Gastos corrientes de bienes y servicios» se destina 2.407.202 euros, en los que se incluye una dotación para desarrollar el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales. Las Mesas han acordado además la designación de las vicepresidentas segunda y tercera del Congreso, Ana Pastor y Gloria Elizo, y los secretarios primero y segundo del Senado, Francisco Manuel Fajardo e Imanol Landa, para la Comisión de Seguimiento de la implantación de dicho Plan.

Junto con el presupuesto de Cortes Generales, las Mesas de ambas Cámaras han aprobado también el de la Junta Electoral Central, de 456.680 euros y el del Defensor del Pueblo, que se sitúa en 17.529.200 euros.

El patrimonio medio en planes de pensiones del sistema individual superó los 10.623 euros a cierre de 2019, lo que supone un crecimiento del 11,3% respecto al año previo, según los datos del Observatorio Inverco.

Este incremento se produjo en todas las comunidades autónomas y Navarra se mantiene como la región con mayor ahorro medio por partícipe, con 15.733 euros. Es seguida de País Vasco, con 14.164 euros –excluyendo las entidades propias de previsión voluntaria vascas (EPSV)–, y de Madrid, con 13.397 euros de media.

El perfil de inversión medio del partícipe en planes de pensiones ha ido evolucionado hacia posiciones con una mayor exposición al riesgo, de forma que los fondos mixtos han pasado de representar el 29% del patrimonio total en 2012 a situarse en el 60,1% en 2019.

Por su parte, los productos garantizados han perdido importancia y apenas representan el 10,2% del total, frente al 33,6% en 2012. En los últimos siete años, el patrimonio con alguna exposición a mercados de acciones (mixto o renta variable) ha pasado del 37,4% al 74,2% del total.

Los buenos rendimientos de los mercados de acciones en 2019 elevaron el patrimonio medio por partícipe en planes de renta variable por encima del resto de categorías, hasta los 13.611 euros por partícipe.

MÁXIMOS EN 2019

El ahorro acumulado por las familias españolas en Planes de pensiones individuales creció un 10,6% a lo largo de 2019, hasta situarse en 79.896 millones de euros, lo que supone un máximo en la serie histórica, gracias a las revalorizaciones experimentadas por efecto mercado y la mejora en las aportaciones netas de los partícipes.

Todas las comunidades autónomas incrementaron su patrimonio en planes de pensiones a lo largo del año pasado, destacando Aragón, cuyos partícipes registraron un aumento patrimonial del 13,4%.

Así, cuatro comunidades autónomas acumulan el 64,1% del ahorro en planes de pensiones individuales (Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia), por encima de su porcentaje de población, que se sitúa en el 62,1% del total de España.

AHORRO EQUIVALENTE AL 6,4% DEL PIB

El 40% de las familias españolas ahorra en planes de pensiones, destacando Madrid, La Rioja y Aragón, donde más de la mitad de sus hogares es partícipe de algún plan de pensiones individual.

El ahorro acumulado en planes de pensiones individuales se incrementó en 2019 dos décimas, hasta alcanzar el 6,4% del PIB. Ocho comunidades autónomas presentan un porcentaje de patrimonio acumulado en planes de pensiones sobre su PIB regional superior a la media nacional, si bien destacan La Rioja, Castilla y León, Aragón y Navarra, donde supera el 8%.

«Todavía estamos lejos del alcanzar la media de los países de la OCDE, donde el porcentaje sobre el PIB se sitúa en el 60,1%», ha señalado el director de Estudios del Observatorio Inverco, José Luis Manrique.

Las reglas de la Unión Europea impiden a los Estados miembros aplicar un tipo reducido a las mascarillas, pero la Comisión Europea no abrirá un expediente a aquellos países que aprueben reformas en este sentido porque los socios comunitarios tienen en sus manos desde hace cuatro años una propuesta que daría más libertad a la capitales en la aplicación de este gravamen.

La normativa actual contempla una lista de productos a los que se les puede aplicar un IVA reducido o superreducido y en ella se incluye una categoría para productos farmacéuticos. Según un portavoz comunitario, las mascarillas no entrarían dentro de este grupo de productos.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no actuará contra los países que apliquen a partir de ahora un IVA reducido a las mascarillas, cuyo uso se ha disparado a raíz de la pandemia de Covid-19 y que en muchos casos es obligatorio.

Bruselas avanzó en 2016 que no abriría procedimientos de infracción por comportamientos contrarios a las normativas comunitarias en aquellos casos en los que exista una propuesta legislativa pendiente de aprobar que avalaría dicha reforma.

En dicho documento, el Ejecutivo comunitario avanzó su renuncia a iniciar infracciones que «estén en contradicción con la línea adoptada» por una propuesta legislativa presentada por el colegio de comisarios.

Y este es el caso de la directiva que rige el IVA en el bloque. La Comisión Europea planteó en abril de 2016 una reforma que prevé una mayor flexibilidad para que las capitales apliquen el IVA reducido a los productos que deseen. Es decir, de ser aprobada, eliminaría la lista armonizada de productos que pueden disfrutar de un tipo inferior al general.

Como todas las propuestas legislativas en materia fiscal, la reforma comunitaria del IVA debe recibir el visto bueno de todos los Estados miembros, algo muy complicado de conseguir, y por eso no ha sido todavía aprobada.

El portavoz comunitario ha enfatizado que esta reforma permitiría incluso aplicar un tipo cero o nulo a los bienes sanitarios y ha mostrado su confianza en que los Estados miembros «sean capaces de pactar pronto» la reforma.

La Comisión Europea ha captado 17.000 millones de euros en su primera emisión de bonos para financiar el fondo europeo contra el desempleo (bautizado como SURE) y ha registrado en la operación una demanda casi catorce veces superior, de 233.000 millones de euros, según datos de Bloomberg consultados por Europa Press.

En concreto, Bruselas ha colocado 10.000 millones de euros en bonos a diez años y 7.000 millones de euros en títulos con un vencimiento de veinte años. En el primer caso ha registrado una demanda de 145.000 millones, mientras que en segundo las peticiones han alcanzado los 88.000 millones.

La Comisión Europea, sin embargo, ha evitado confirmar estas cifras o hacer algún comentario al respecto y ha remitido a la rueda de prensa que ofrecerá este miércoles a mediodía el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.

Como resultado de la fuerte demanda, la UE imprimió un poco más de lo que se esperaba originalmente, 10.000 millones de euros del bono a 10 años y 7.000 millones de euros del bono a 20 años», destacó Konstantin Veit, senior portfolio manager at PIMCO, señalando que el emisor ofreció el mismo o algo más de rendimiento que los bonos del Gobierno francés dependiendo del vencimiento.

«En general, y como se esperaba, un fuerte comienzo para la misión multianual de la UE de convertirse en el quinto mayor bono de la zona euro durante la próxima década», afirmó el analista, para quien el proceso ha sido razonablemente rápido y la fuerte demanda significó poca concesión en el mismo.

Se trata de la primera emisión de deuda que el Ejecutivo comunitario ejecuta para financiar el fondo SURE, creado para apoyar con hasta 100.000 millones de euros a los Estados miembros que han puesto en marcha sistemas para sostener el empleo durante la pandemia de Covid-19.

España, en concreto, recibirá próximamente un préstamo de 21.325 millones de euros de este fondo para financiar parte del gasto extraordinario incurrido para pagar ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos.

Será por tanto el segundo país más beneficiado del SURE por detrás de Italia, que recibirá un préstamo de 27.400 millones de euros. Juntos aglutinan casi el 56% de toda la ayuda comprometida por el momento.

Más de 9.000 organizaciones de toda España han publicado este martes un manifiesto en el que piden al Gobierno que apruebe una regulación para regular el precio de los alquileres, basándose en la ley vigente en Cataluña desde septiembre, con el objetivo de contener los precios del arrendamiento en municipios con mercados tensionados, según ha informado el sindicato de inquilinos en un comunicado.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo tras el encuentro que los sindicatos de inquilinos mantuvieron con el vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado viernes, en la que el sindicato vio voluntad por parte del Ejecutivo para ponerla en marcha «cuanto antes».

Entre las organizaciones firmantes del manifiesto destacan EAPN España (entre las que figuran ONCE, Caritas o Cruz Roja), REAS estatal, Ecologistas en Acción, el Consejo de Juventud de España o Facua.

En el texto, las organizaciones alertan de que la situación en materia de alquiler se ha vuelto «insostenible», puesto que entre 2013 y 2019 «el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España».

«Actualmente siete de cada diez desahucios son por impago de alquiler», dice el manifiesto, que remarca que el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios en el último lustro.

De hecho, denuncian que el 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

«A pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán muchos años antes de que podamos alcanzar este objetivo, así que es imprescindible contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda», piden.

Asimismo, aseguran que si impulsar esta medida antes de la pandemia ya era necesario, con la actual caída de ingresos de las familias «la hacen aún más urgente».

Hablamos de un problema que no solo afecta a quienes viven de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad, porque los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en la economía«, denuncian, tras insistir en que «ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para los miles de familias asfixiadas que viven de alquiler.

Precisamente la regulación de los precios del alquiler es uno de los escollos que separan en este momento a PSOE y Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos de 2021, ya que los de Pablo Iglesias quieren incluir ya en las cuentas del próximo año la limitación de los precios del alquiler, un compromiso de ambas formaciones en el programa de Gobierno, mientras que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, afirmó ayer que prefiere esperar a que pase la pandemia e incluirlo en una nueva Ley de Vivienda.

El volumen de negocio de las compañías de seguridad creció un 4% en 2019 con respecto al año anterior, hasta los 4.855 millones de euros, lo que supone un máximo histórico en el sector, según el observatorio sectorial DBK de Informa.

El análisis destaca que los servicios de vigilancia siguen conformando la principal área de actividad, con unos ingresos generados de 2.650 millones de euros durante 2019, un 1,9% más que el año anterior, y concentrando el 54,6% del total.

Por su parte, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos se incrementó un 6,3%, hasta los 1.830 millones de euros, concentrando el 37,6% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio.

El estudio detalla que el mayor dinamismo del segmento de sistemas respecto al resto de áreas de seguridad privada se explica por la tendencia de sustitución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el desarrollo tecnológico, que está permitiendo la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas.

Por su parte, el mercado de transporte de fondos generó unos ingresos de 375 millones de euros en 2019, un 7,8% más que el año anterior, que representa el 7,7% del negocio total.

Pese a los buenos datos de 2019, las previsiones apuntan a un cambio de tendencia en la evolución del volumen de negocio sectorial, que caerá en 2020 tras cinco años consecutivos de crecimiento.

El estudio recoge que el incremento puntual de la contratación para atender actividades esenciales durante los meses más críticos de la crisis sanitaria del coronavirus y el positivo impacto que actualmente tienen los nuevos protocolos de seguridad no podrán compensar el notable recorte de la demanda en ámbitos como el aeroportuario, el comercial y el de ocio.

Por el lado de la oferta se observa una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes. Los cinco primeros operadores reunieron en 2019 de forma conjunta el 58% del valor total del mercado, elevándose al 72% en el caso de los diez primeros.