Los representantes públicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se volverán a reunir este jueves con el sector del transporte para seguir buscando una solución a sus reivindicaciones y con el fin de evitar el cierre patronal decretado por las empresas para tres días de diciembre.
Fuentes del sector precisan que esta reunión tendrá lugar este jueves a las 12.00 horas. Un día antes, el miércoles, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, organismo convocante del paro, se reunió para abordar el texto que el Gobierno les trasladó el lunes con las principales líneas de actuación.
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, aseguró esta semana que ya está activada la mesa de trabajo correspondiente para dar respuesta a las reivindicaciones de los transportistas. Pardo de Vera señaló que, a parte de la labor de interlocutor que ejerce su Ministerio, también es necesaria la participación de otras sedes ministeriales –«ya que de este Ministerio no dependen las cuentas», precisó–, cuya respuesta a este problema ha sido «buena».
«Comparto varias de las inquietudes del sector, a las que se le dará respuesta. Ya se está trabajando en un acuerdo de Gobierno para que esta respuesta sea viable y la receptividad de todos los ministerios ha sido buena. Cuando alcancemos un consenso se lo trasladaremos al sector, con el que volvemos a tener una reunión esta semana», detalló.
Respecto a unos de los asuntos ligado a estas reivindicaciones, el de la introducción de peajes en las carreteras, la secretaria de Estado insistió en que lo que más sorpresa le causa es que «en este país no se pueda hablar». «Un país que no tiene un sistema de mantenimiento de las infraestructuras, uno equitativo que no genere brechas territoriales», añadió.
«Los que tenemos una responsabilidad, tenemos que proponer alternativas. Será el momento de hablar de ellos en los próximos meses, apelando a la responsabilidad de todos, puesto que los ciclos políticos no coinciden con la planificación de las infraestructuras», indicó, asegurando que el mantenimiento de las carreteras es actualmente deficitario.
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR
Fuentes del Ministerio explican que las reivindicaciones de la patronal tienen cuatro vertientes y que ya se está trabajando en todas ellas con el fin de evitar cualquier impacto que este posible cierre del transporte podría tener sobre los ciudadanos.
En primer lugar, existe un conflicto de índole privada entre los camioneros y los cargadores. La ley ya deja claro que los camioneros no tienen que hacer la carga y descarga, si bien sí deja la puerta abierta a que se negocie entre las partes. Por ello, en búsqueda de una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato los transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realice esta carga y descarga.
Algo parecido ocurre con los carburantes. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios, pero suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva, por lo que acaban ellos asumiendo la gran subida que está experimentando el diésel. En tercer lugar, las patronales, y en esto también coinciden los sindicatos, reclaman áreas de descanso seguras y vigiladas en las carreteras. El cuarto problema es el derivado de los futuros peajes.
POCA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN
Javier Escribano, cofundador de Ontruck, una agencia de transportes digital que conecta a transportistas con cargadores, explicó que son muchos los factores de incertidumbre en el sector, como el 40% de kilómetros que se hacen de media en España con los camiones vacíos, las esperas en los almacenes, las condiciones sobre la carga y descarga o la excesiva media de período de pago de 90 días en el sector, entre otros muchos.
En su opinión, el principal problema es que el sector está muy atomizado, con muchos autónomos y pymes sin capacidad de negociación sobre estos asuntos. Como ejemplo, empresas como Ontruck permiten reducir al 10% los kilómetros en vacío, negociar los precios para paliar el efecto de la gasolina o reducir a 30 días el periodo de pago, según defiende la compañía.
La capacidad de negociación también permite empezar a cobrar a los cargadores por más de 30 minutos de espera, que en el fondo este retraso le hace perder dinero al transportista, o cobrarles en caso de que sea el camionero el que realice la carga. Esta última práctica se ha generalizado en los almacenes para ahorrar costes en la contratación de mozos de carga, asumiendo esta actividad, en su defecto, el camionero.
