Atlantica Sustainable Infrastructure cerró 2022 con una facturación total de 1.102 millones de dólares, lo que supone un incremento del 3% interanual en términos comparables. Asimismo, la compañía aumentó su Ebitda en un 2% interanual hasta los 797 millones de dólares en términos comparables.

Según informó la compañía, el flujo de caja operativo alcanzó los 586 millones de dólares, un aumento del 16% en comparación con 2021. Además, el Consejo de Administración de Atlantica aprobó un dividendo trimestral de 0.445 dólares por acción, cuyo pago está previsto para el 25 de marzo.

Atlantica seguirá con su actividad inversora en este ejercicio de 2023, donde ya ha comprometido inversiones por un importe de entre 165 y 185 millones de dólares, para actuaciones, entre otras, como la construcción de su primer sistema de almacenamiento de baterías de desarrollo propio, ubicado en California, y su primera planta de hidrógeno que se ubicará en España. Asimismo, destinará entre 80 y 85 millones a varias plantas solares fotovoltaicas en Norteamérica, Europa y Sudamérica.

Adicionalmente, Atlantica cuenta con una importante cartera de proyectos en desarrollo de 2 GW de capacidad en renovables y 5,7 GWh en almacenamiento. La mayor parte de las oportunidades se encuentran en Norteamérica, donde la compañía tiene muy buenas perspectivas de crecimiento con el ‘Inflation Reduction Act’, el plan de Biden de ayudas a renovables y almacenamiento.

La compañía, además, ha visto reconocida su estrategia ESG de manera continuada en los últimos meses en varios rankings y premios internacionales. Cerró 2022 liderando la clasificación mundial de Gresb ‘Infrastructure Public Disclosure’, así como logrando la puntuación más alta de CDP en transparencia medioambiental y acción en relación con el cambio climático en ‘A List’.

En enero de este año, fue reconocida por tercer año consecutivo en el ranking global de las 100 empresas más sostenibles del mundo, así como en el Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Por último, Atlantica ha entrado por segundo año consecutivo en el S&P Global Sustainability Yearbook.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha detectado un aumento de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas, según se desprende de su «Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2022».

Atendiendo al informe de la Plataforma, elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 6 días, pasando de 61 a 67 días, un registro superior al doble del plazo legal permitido, que está fijado en un máximo de 30 días para las Administraciones Públicas.

En opinión del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en esta subida ha podido influir que el año pasado no hubo grandes inyecciones de fondos, como sí ocurrió durante el anterior en el que el periodo medio de pago bajó.

En lo que se refiere al sector privado, la nueva edición del informe anual de la PMcM reveló un descenso de 5 días, situándose en 67 días frente a los 72 de 2021. Se trata de la cifra más baja de toda la serie analizada por la PMcM desde 2011.

A pesar de la mejora en el sector privado, el plazo medio de pago todavía dista del establecido por la ley 15/2010, que es de 60 días para las empresas. «Dado que empezamos a observar que la liquidez de las empresas empieza a reducirse, debemos aprovechar este momento, antes de que lleguen tiempos peores, para que pongan sus pagos al día, y ser más duros en la implantación de medidas contundentes para erradicar la morosidad», ha instado Cañete.

Por ello, la PMcM ha reclamado a la puesta en marcha de un Observatorio de la Morosidad «imparcial», y de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. Además, para la Plataforma, lo «ideal» sería que la directiva europea en materia de morosidad implantara un régimen sancionador en los países en los que, al igual que en España, existe un «verdadero problema estructural con la morosidad».

La PMcM se reunirá de nuevo con la Comisión Europea próximamente para continuar colaborando en el proceso de revisión de esta normativa a través del envío de material y análisis.

PIDE LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY CREA Y CRECE

El análisis de la PMcM ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media. En opinión de Cañete, si la Ley Crea y Crece empezara a funcionar se produciría una «mejora indiscutible» en la situación de los subcontratistas. Para PMcM «es imprescindible» la fiscalización del cumplimiento de la Ley Crea y Crece y la Estrategia nacional de contratación.

De su lado, la Plataforma señala que el 92% de los participantes en la encuesta que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 euros después de octubre 2022, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago.

«La PMcM, que está fiscalizando la implementación de esta ley, ha constatado que la información que parte de los Ministerios para la elaboración del certificado requerido, es contraria a la ley», se advierte.

Del mismo modo, se percibe una «cierta falta de información» por parte de los encuestados en tanto a las normativas relacionadas con la morosidad. Aunque el 62% asegura conocer legislación vigente en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y los derechos que ésta otorga a los acreedores, se da el caso de que el 81% no conoce todavía la Ley de Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022.

Bankinter Investment, la división de banca de inversión de Bankinter, cerró 2022 con una cartera de 4.000 millones de euros en financiación de proyectos en España y Portugal, según ha informado la entidad financiera este jueves.

En concreto, el banco financió con 1.527 millones de euros proyectos del sector energético y de infraestructuras, especialmente de energías renovables, gestión de aguas y residuos, actividades portuarias, logística y transporte, sector sanitario y hospitales.

Otros 1.189 millones fueron destinado a fines corporativos, destinados a cubrir las necesidades corporativas generales de las empresas, mientras que la financiación de activos hipotecables (oficinas, hoteles, aviones, material rodante, etc) alcanzó los 903 millones de euros.

En último lugar se situó la financiación de adquisiciones y planes de expansión de compañías, con 274 millones de euros. Esta financiación se puso a disposición de inversores financieros, industriales o grupos familiares.

En el área de asesoramiento, Bankinter participó en 25 operaciones en España y Portugal de compañías de tamaño medio. La entidad ha destacado la ampliación de capital de 24 millones de Umbrella Solar y su salida a bolsa en BME Growth, el asesoramiento de venta de participaciones de cuatro empresas a fondos de capital riesgo y otros operadores internacionales, la colocación de 10 programas de pagarés por 600 millones en el MARF y el asesoramiento para comprar un edificio en Lisboa por 200 millones.

En inversión alternativa, Bankinter cerró 2022 con 20 vehículos de inversión, con un capital comprometido por inversores de 4 .210 millones de euros. Si se le suma la financiación asociada, supone una cartera de activos bajo gestión superior a los 7.000 millones de euros y que se acercará a los 10.000 millones de euros una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado este jueves, durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro, que la subida del desempleo de 2.618 personas en febrero es «insignificante» y «muy por debajo de la media».

«Es muy buen dato en un contexto de menor crecimiento», ha expuesto el secretario de Estado, que ha recordado que febrero es «un mes que por definición marca el camino a la estabilidad positiva» en el mercado de trabajo español.

Tras el repunte de febrero, el número total de parados se situó en 2.911.015 desempleados, su menor cifra en un mes de febrero desde 2008, según ha destacado Trabajo.

Pérez Rey también ha precisado que esos 2.618 nuevos parados no se corresponden con pérdidas de empleo sino con la «incorporación de jóvenes y mujeres a las oficinas de los servicios públicos de empleo», como parte del colectivo sin empleo anterior.

El paro bajó en febrero en el sector servicios, con 3.868 desempleados menos (-0,19%); en la industria, donde disminuyó en 2.399 personas (-1%), y en la construcción, que restó 2.392 parados (-1,07%). Sin embargo, estos descensos no pudieron compensar los aumentos del desempleo en la agricultura (+1.138 parados, +1%) y, sobre todo, en el colectivo sin empleo anterior, donde subió en 10.139 personas (+4,1%).

«Se reduce en tres de cuatro sectores de actividad», ha precisado el secretario de Estado al exponer esos datos. El paro se incrementó en febrero entre las mujeres y bajó entre los hombres. En concreto, el desempleo femenino aumentó en 4.135 mujeres (+0,2%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.517 varones (-0,1%). Así, al finalizar febrero, el total de mujeres desempleadas ascendió a 1.744.220 personas, mientras que el número de hombres en paro totalizó 1.166.795 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años subió un 11,8% en febrero, con 11.862 parados más que a cierre de enero, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 9.244 desempleados (-0,3%).

Pérez Rey ha destacado «la capacidad del mercado de trabajo español» tras los «cambios estructurales» acometidos por la reforma laboral. Uno de los objetivos de esa reforma era reducir la temporalidad. Así, en febrero se registraron 1.084.802 contratos, un 24,9% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, 493.200 fueron contratos indefinidos, cifra que supera en un 55,6% a la de febrero de 2022.

En total, el 45,46% de los contratos realizados en febrero fueron indefinidos, porcentaje que supera el registrado en enero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,16%.

Del total de contratos indefinidos suscritos en febrero, 230.635 han sido a tiempo completo, un 32,6% más que en igual mes del año pasado; 141.305 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por casi tres la cifra de un año antes (+196,9%), y 121.260 eran contratos indefinidos a tiempo parcial (+27,2%).

«La contratación sigue la secuencia inaugurada por la reforma laboral, reduciendo de manera drástica las contrataciones temporales», ha añadido.

«NIVELES DESCONOCIDOS» DE AFILIACIÓN

En la misma rueda de prensa, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha presentado los datos de afiliación, con 88.918 cotizantes más en febrero, su mayor alza en este mes desde 2015.

«Estamos en unos niveles desconocidos y estamos constatando una capacidad sorprendente de nuestro mercado de trabajo de seguir avanzando», ha añadido Suárez. El secretario de Estado también ha recalcado la «subida significativa» en la afiliación de las mujeres.

Los datos publicados este jueves por la cartera dirigida por José Luis Escrivá muestran que la subida mensual de afiliados medios en febrero se notó en ambos sexos, aunque algo más entre los varones, que ganaron en el mes 45.206 cotizantes respecto a enero (+0,4%), frente a un avance del empleo femenino de 43.713 ocupadas (+0,4%).

De este modo, la cifra de mujeres trabajadoras se situó a cierre de febrero en 9.486.570 afiliadas, mientras que el número de varones ocupados finalizó el segundo mes del año en 10.683.573 cotizantes.

«La afiliación se está comportando de manera extraordinariamente positiva (…). Los cambios que se han producido en el mercado de trabajo, durante la pandemia, la renovación del marco legislativo… Todo esto permite constatar la consolidación de un mercado de trabajo que responde a dinámicas y lógicas distintas», ha indicado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones.

Suárez también se ha detenido en la afiliación por comunidades autónomas, ya que todas ganaron afiliados medios en febrero. Los mayores ascensos, en términos absolutos, se registraron en Cataluña (+25.603 ocupados), Baleares (+11.792), Madrid (+11.690), Comunidad Valenciana (+7.836) y Andalucía (+7.042 cotizantes).

Para el secretario de Estado, esto refleja «un crecimiento sano» que, además, «preserva la cohesión territorial». También ha destacado que la afiliación se esté dando en «actividades de alto valor añadido», con empleo de calidad.

Suárez ha incidido también en los avances hacia la reducción de la temporalidad. El porcentaje de afiliados con contrato temporal retrocedió en febrero hasta un mínimo histórico del 14%, frente a la media del 30% de antes de la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido 30 puntos, desde el 53% al 22%.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora 2,5 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Estas cifras, ha dicho Suárez, eran «inimaginables hasta hace muy poco» y relaciona la mejora con «la aprobación de la reforma laboral», que ha permitido «reducir la temporalidad de forma drástica y de forma contundente».

El secretario de Estado también ha recordado que los datos de afiliación aportan «certidumbre» y «confianza» a las empresas, ya que reflejan «la capacidad del mercado de trabajo de seguir avanzando», a la vez que ofrece a los trabajadores la posibilidad de «incorporarse al mercado de trabajo de manera mucho más estable».

El paro de la eurozona se mantuvo estable en enero de 2023 respecto del mes anterior en una tasa del 6,7%, con España a la cabeza del desempleo, al registrar un nivel del 13%, según los datos que ha publicado este jueves Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

La tasa de paro de la eurozona se situó así siete décimas por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro era del 7,4%.

Asimismo, en el conjunto de la Unión Europea la tasa de paro también repitió en enero de 2023 el 6,1% del mes anterior, el mínimo de toda la serie histórica.

La oficina estadística europea calcula que 13,227 millones de personas carecían de empleo en la UE en enero, de los que 11,288 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un descenso anual de 318.000 desempleados en la UE y de 220.000 en la zona euro.

Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro correspondieron a España, con un 13%; Italia, con un 7,9%; y Chipre, con un 7,4%, a falta de publicarse los datos de Grecia. Por el contrario, las menores cifras de desempleo se observaron en República Checa (2,5%), Malta y Alemania (3% cada uno).

En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la zona euro subió en enero al 14,4% desde el 14,3%, mientras que en el conjunto de la UE el dato bajó al 14,4% desde el 14,5% de diciembre de 2022.

En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó en el primer mes del año los 2,78 millones de personas, de los que 2,28 millones correspondían a la eurozona.

En el caso de España, en enero de 2023 se contabilizaron 3,06 millones de personas sin empleo, de las cuales 494.000 eran menores de 25 años.

De esta forma, la tasa de paro de juvenil de España fue del 29,6%, la más alta entre los Veintisiete, por delante del 22,9% de Italia y del 21,2% de Suecia.