La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su confianza en que todos los socios habituales del Gobierno tendrán el «sentido común» necesario para aprobar en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. Este paso es crucial para que el Ejecutivo pueda tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 a tiempo y en la forma prevista.

Montero ha señalado que la aprobación de esta senda presupuestaria es beneficiosa tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos, que perderían importantes recursos económicos si no se aprueba. Por ello, la titular de Hacienda confía en que, incluyendo al partido Junts, todos los grupos parlamentarios actuarán con «sentido común» ya que el esfuerzo lo hace el Estado.

Aprobación Inminente del Decreto Anticrisis

El Gobierno también se enfrenta este martes a la votación del decreto anticrisis en el Congreso. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció esta mañana que su formación ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para apoyar la convalidación de este decreto, a cambio del mantenimiento hasta finales de año del bono social eléctrico, cuya vigencia estaba prevista que caducara en septiembre.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confirmado que su partido también votará a favor del decreto anticrisis, señalando que siempre han intentado mejorar la agenda legislativa del Gobierno, lo cual incluye este decreto.

Importancia de la Aprobación de Objetivos Presupuestarios

La aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública es fundamental para que el Gobierno pueda elaborar y presentar a tiempo los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Estos presupuestos son clave para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y mantener el Estado de bienestar, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y desaceleración.

Además, la aprobación de esta senda presupuestaria beneficia tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, al evitar que pierdan importantes recursos económicos. Esto permite a las administraciones públicas disponer de los fondos necesarios para prestar servicios públicos de calidad a la ciudadanía y atender sus necesidades.

Por ello, el sentido común y la cooperación de todos los grupos parlamentarios son cruciales para que el Gobierno pueda cumplir con sus objetivos presupuestarios y, de este modo, impulsar la recuperación económica y el bienestar social.

En un esfuerzo por impulsar la transición hacia un sistema energético más sostenible y resiliente, el Gobierno español ha anunciado una inversión de 100 millones de euros en cuatro proyectos innovadores de almacenamiento de energía a través de centrales hidroeléctricas de bombeo reversible. Estos proyectos, enmarcados en el Perte-ERHA de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, tienen como objetivo desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio en el campo de las energías limpias.

Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se estima que estos proyectos, ubicados en Extremadura, Castilla y León y Cataluña, podrán incrementar la potencia de turbinación en aproximadamente 2.000 megavatios (MW), con un aumento de la capacidad de almacenamiento de casi 30.000 megavatios hora (MWh). Esta línea de ayudas, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), contribuirá a consolidar el almacenamiento como un pilar esencial de la transición hacia un sistema energético renovable y descarbonizado.

Proyectos Seleccionados y sus Características

El primero de los proyectos, con una inversión de casi 45 millones de euros, está situado en Alcántara (Cáceres) y pertenece a Iberdrola. Este proyecto, denominado «José María de Oriol I», aprovecha las infraestructuras de dos embalses existentes -Alcántara II y Cedillo- para añadir capacidad de bombeo.

Los otros tres proyectos corresponden a nuevas centrales reversibles que aprovechan la diferencia de altura entre dos balsas o depósitos donde se integrará el sistema de bombeo. Estos proyectos se ubican en Torre del Bierzo, en León (35,3 millones de euros), Velilla del Río Carrión, en Palencia (10,69 millones de euros), y La Fatarella, en Tarragona (9,08 millones de euros). Este último proyecto ha obtenido una ayuda parcial debido al presupuesto remanente.

Criterios de Selección y Objetivos Estratégicos

En el proceso de selección de la convocatoria, además de la viabilidad económica de los proyectos presentados, se han valorado las características técnicas habilitadoras para la integración de renovables, que contribuirán al objetivo general de incrementar la capacidad de almacenamiento y dotar de estabilidad a la red, garantizando el suministro y la operación segura del sistema.

Otros aspectos considerados incluyen la creación de empleo, la contribución al reto demográfico y a la transición justa, el impacto del proyecto en la zona en la que se ubica y en la cadena de valor industrial, así como cuestiones medioambientales, de equidad de género, la participación de pymes y el nivel de innovación de los proyectos.

El Ministerio señaló que con esta línea de ayudas se busca fortalecer la infraestructura eléctrica del país, cumplir con las necesidades de almacenamiento establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde los sistemas de bombeo reversible jugarán un papel crucial para alcanzar los objetivos de energía renovable previstos para el año 2050, fomentar el uso de energías renovables y contribuir a los objetivos de sostenibilidad y descarbonización a largo plazo.

En una época en la que las grandes cadenas y el comercio en línea han transformado por completo los hábitos de consumo, el pequeño comercio de Madrid se enfrenta a un desafío sin precedentes. Sin embargo, la Administración municipal reconoce la importancia de este sector, no solo por su actividad económica y generación de empleo, sino también por su papel fundamental en la dinamización y el mantenimiento de los barrios de la ciudad.

Diagnóstico Detallado y Planes Especiales para Revitalizar el Pequeño Comercio

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido tomar medidas concretas para apoyar al pequeño comercio de la ciudad. En colaboración con las entidades representativas de comerciantes y las asociaciones vecinales, se llevará a cabo un diagnóstico pormenorizado por distritos, barrios, ejes comerciales y sectores de actividad, con el objetivo de entender la situación real del pequeño comercio madrileño.

Para los barrios con una mayor pérdida de tejido comercial, se redactarán planes especiales que regulen las condiciones de implantación de usos y actividades en los locales, con el fin de garantizar la generación y el mantenimiento del tejido comercial. Según la concejala de Más Madrid, Sara Ladra, «cada 48 horas cierran cinco tiendas en Madrid», y en algunas zonas, como Puente de Vallecas, Villaverde o Carabanchel, casi la mitad de los locales comerciales están cerrados.

Apoyo a la Transformación Digital y Adaptación a Nuevos Hábitos de Consumo

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, reconoce que el auge de la venta online es una realidad a la que el pequeño comercio debe adaptarse. Por ello, la Estrategia de Comercio 2023-2027 implementada por el Ayuntamiento incluye incentivos y cofinanciación para la transformación digital de los comercios, así como actividades de dinamización y promoción para atraer a los consumidores. Además, se contempla la renovación del entorno urbano de las zonas comerciales y la reducción de la presión fiscal.

La delegada de Hacienda también señala que el debate sobre la liberalización de horarios comerciales está superado, y que lo importante es adaptar el pequeño comercio a los nuevos hábitos de consumo. Esto implica no solo la digitalización, sino también la innovación en los modelos de negocio y la diversificación de la oferta, para hacer frente a los desafíos planteados por las grandes cadenas y el comercio electrónico.

Importancia del Pequeño Comercio para la Dinamización de los Barrios

Más Madrid ha insistido en la necesidad de una protección especial por parte de la Administración para el pequeño comercio, no solo por su actividad económica y la creación de empleo, sino también por el servicio que presta a los vecinos de Madrid. El pequeño comercio es un elemento fundamental en la dinamización de los barrios, evitando su degradación y abandono.

Según la concejala Sara Ladra, fue el pequeño comercio el que salvó a la ciudadanía durante la pandemia, demostrando su importancia estratégica para la ciudad. Por ello, el diagnóstico y las medidas de apoyo deben desarrollarse con los comerciantes y con los vecinos, y no solo con grandes consultoras, para garantizar que se atienden las necesidades reales del sector y de los barrios.

En resumen, el Ayuntamiento de Madrid reconoce la crucial importancia del pequeño comercio para la ciudad, y ha puesto en marcha una estrategia integral para apoyar su supervivencia y adaptación a los nuevos tiempos. Desde el diagnóstico exhaustivo hasta el apoyo a la transformación digital y la renovación del entorno urbano, la Administración municipal está comprometida con la revitalización del tejido comercial de proximidad, fundamental para el desarrollo y la cohesión social de los barrios de Madrid.

La Junta de Andalucía ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía. Esta ley tendrá como objetivo principal impulsar y favorecer el derecho a la vivienda en la comunidad autónoma. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que esta nueva normativa «establecerá las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes, la habitabilidad de las viviendas y la protección a las personas con más dificultades».

Asimismo, la Junta prevé que el «borrador definitivo» de esta ley sea aprobado «en marzo de 2025», acompañada de un «plan de choque» para afrontar el «problema» de la vivienda en la comunidad autónoma. Cabe resaltar que Andalucía será la primera comunidad en impulsar una ley propia después de la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, la cual, según Rocío Díaz, «no ha resuelto los problemas de la vivienda» en la región.

Ejes Principales de la Ley de Vivienda de Andalucía

El anteproyecto de ley se sustenta en varios «ejes principales». En primer lugar, se «centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible», mediante la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático, así como la «incorporación inmediata» de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial.

En segundo lugar, se «apostará por el incremento de la oferta de vivienda», en línea con las subvenciones a promotores públicos y privados que el Gobierno andaluz ha venido realizando desde 2019. Además, se crearán las «áreas prioritarias», en las que existen «mayores dificultades para el acceso a la vivienda», y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Por otro lado, se «simplificará» la construcción de vivienda protegida, asimilándola a la libre, y se impulsará la colaboración público-privada para garantizar una oferta adecuada. Asimismo, la ley «perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda», defendiendo el uso residencial habitual y permanente, e incorporando nuevas formas de residencia como los alojamientos temporales.

Plan de Choque para Afrontar el Problema de la Vivienda

Finalmente, el Gobierno andaluz ha incluido una «disposición adicional primera» para «hacer frente al problema de la vivienda» con un plan de choque, que «actuará de forma inmediata y pondrá a disposición suelos y nuevas viviendas que destensen un escenario que está marcado por la ley estatal de vivienda», según ha señalado la consejera Rocío Díaz.

Este plan permitirá construir VPO en suelos dotacionales «sin acudir a la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística», y se destinarán a vivienda protegida en alquiler permanente. Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado, y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.

La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ha implementado en el último año diversas mejoras en el ámbito de las ayudas sociales para agilizar su gestión. Uno de los principales avances se ha dado en la resolución de expedientes de pensiones no contributivas (PNC) por jubilación, que han pasado de una media de 417 días en 2021 a tan solo 23 días en 2024.

En el caso de las PNC por invalidez, el plan de mejora ha logrado reducir el tiempo de resolución de 184 días (2021) a 69 días (2024). Esto se debe, en parte, a la automatización de procesos que ha permitido doblar el número de resoluciones de PNC de jubilación, llegando a que en el 25% de las solicitudes el ciudadano reciba automáticamente la aprobación o denegación de la prestación, frente al 12% de los casos en enero de 2023.

Además, la prestación complementaria a la PNC, que abona la Generalitat a las personas que no se pueden incorporar al mundo laboral, ha visto cómo el porcentaje de expedientes resueltos se ha duplicado, pasando del 48,60% en enero de 2023 al 82,15% en junio de 2024.

Mejoras en otras ayudas sociales

Más allá de las PNC, el Departamento de Derechos Sociales también ha implementado mejoras en otras prestaciones, como la prestación por nacimiento, adopción, tutela y acogimiento, donde el porcentaje de resoluciones ha aumentado en 13 puntos respecto al año pasado, situándose ahora en el 94,95%.

En este ámbito, el 40% de las resoluciones se realizan de forma automática, gracias a la inversión en sistemas de información realizada por el Departamento de Derechos Sociales.

En cuanto a la ayuda que reciben las familias en situación de vulnerabilidad, en junio de 2024 se han resuelto el 89,66% de los expedientes, lo que supone un incremento del 74,19% desde enero de 2023.

Asimismo, se han digitalizado formularios, simplificado el proceso para aportar documentación y automatizado los certificados de los títulos de familia numerosa y monoparental, reduciendo el tiempo de resolución de estos expedientes de 5-6 meses hace dos años a tan solo un mes en la actualidad.

Digitalización y atención al ciudadano

Otra mejora destacada ha sido la incorporación de los títulos de familia numerosa y monoparental en ‘La meva Cartera’, el monedero digital de la Generalitat. Esto permite a las familias descargarse el carné en sus dispositivos móviles, mejorando su disponibilidad y reduciendo el plazo de entrega, ya que el carné está activo al día siguiente de la aprobación del reconocimiento.

En resumen, la Conselleria de Derechos Sociales ha implementado un ambicioso plan de mejora en la gestión de las ayudas sociales, logrando agilizar los procesos, digitalizar trámites y automatizar resoluciones, todo ello con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente y ágil a los ciudadanos que necesitan de estas prestaciones.

El Gobierno ha aprobado un real decreto que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta normativa define el diseño de la organización interna de los órganos superiores y directivos, así como el reparto de las funciones que les corresponden a cada uno de ellos y de sus órganos dependientes. Con esta iniciativa, se completa el diseño institucional del Departamento que lidera Luis Planas y se concreta su programa de acción para la actual legislatura.

Entre los principales cambios, se establece la creación de la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, que refleja la «importancia estratégica» que el Gobierno otorga a este sector. Bajo la dependencia directa del ministro, esta nueva Secretaría de Estado tendrá entre sus funciones la gestión de las políticas relacionadas con el impulso del desarrollo rural. Para ello, se adscribe a esta Secretaría la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, que anteriormente dependía de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.

Fortalecimiento de la Sanidad Animal y Vegetal, y el Bienestar Animal

En el marco de la Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, se han establecido nuevos organismos y se han llevado a cabo reajustes de competencias internas y entre sus direcciones generales, con el objetivo de lograr una mayor eficacia en el desempeño de las funciones asignadas.

Dentro de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, se ha constituido una nueva Subdirección General de Laboratorios de Sanidad Animal y Vegetal, que permitirá aglutinar las funciones en este importante ámbito, en especial para la proyección exterior de las producciones españolas. Además, se ha creado una nueva División de Bienestar Animal para dar respuesta al creciente número de funciones ligadas a esta cuestión.

Mayor Énfasis en la Proyección Ambiental de las Medidas Pesqueras

En cuanto a la Secretaría General de Pesca, se ha constituido un órgano encargado directamente de la proyección ambiental de las medidas pesqueras, para asegurar su mejor despliegue. Asimismo, algunas subdirecciones generales han cambiado su denominación para reflejar de una manera más adecuada su ámbito competencial, como es el caso de la nueva Subdirección General de Investigación Pesquera y Recopilación de Datos, antigua Subdirección General de Investigación Científica y Reservas Marinas, o la Subdirección General de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal, antes denominada Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal.

En resumen, la reestructuración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca optimizar el funcionamiento del Departamento, fortaleciendo áreas clave como el desarrollo rural, la sanidad animal y vegetal, el bienestar animal y la proyección ambiental de las medidas pesqueras. Estas modificaciones reflejan la importancia que el Gobierno otorga a estos sectores y su compromiso por mejorar la eficiencia y el desempeño del Ministerio en beneficio de los ciudadanos y del sector agroalimentario y pesquero.