El coste de los servicios de operación del sistema eléctrico español ya suma 2.680 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 34% más que un año antes. Los servicios de operación ha elevado el coste acumulado de forma imparable, y cada megavatio hora consumido arrastra 15,60 euros de sobrecoste adicional, según el último informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación. Para un hogar medio acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), eso se traduce en un 9% más en la factura.
El desglose es aún más preocupante para la industria. Las pymes soportan un recargo del 10%, mientras que la factura de las empresas electrointensivas se engrosa en un 19%. El precio final de la luz, que en el mercado mayorista promedió 85,65 €/MWh, se convierte en 101,20 €/MWh al aplicar estos costes de operación. Y eso, solo en las dos últimas semanas de junio.
El peso creciente de los servicios de operación en la factura eléctrica
Los servicios de operación son mecanismos que activa Red Eléctrica de España (REE) para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda en cada instante. Incluyen los servicios de ajuste, la banda de regulación, el control de tensión y la interrumpibilidad, entre otros. En teoría, son imprescindibles para la seguridad del suministro. En la práctica, han pasado de ser un coste marginal a representar uno de cada seis euros del recibo, según fuentes del sector.
El sexto informe del Observatorio —que ya cuenta con la adhesión de la CEOE— detalla que en la segunda quincena de junio el impacto superó los 160 millones de euros. La media acumulada de 2026 alcanza ya los 22,59 euros por megavatio hora, una cota que se equipara al coste de las propias redes de transporte y distribución. No hablamos de un pico coyuntural: la tendencia es estructural y se ha intensificado desde la primavera de 2025.
La razón principal es la operación reforzada que se aplica desde el gran apagón del 28 de abril de 2025. Aquel incidente dejó sin luz a medio país durante horas y forzó a REE a extremar las precauciones. El resultado es un sistema más robusto, pero con una factura abultada que pagan todos los consumidores, sin distinción.
Uno de cada seis euros que abonan hogares y empresas se destina ya a estos mecanismos de estabilidad, sin que el usuario perciba una mejora directa en el servicio.
Un sobrecoste estructural que lastra la competitividad
El Observatorio, que agrupa a comercializadoras, grandes consumidores industriales y asociaciones de consumidores, advierte de que la señal de precios está distorsionada. En numerosos periodos, los costes de operación superan incluso al precio de la propia energía mayorista. Eso encarece artificialmente la electricidad y perjudica la competitividad de la economía española, especialmente en sectores donde el gasto eléctrico es un factor determinante.
Además, la incorporación de la CEOE a este foro no es menor. Refleja la preocupación del tejido empresarial por un lastre que afecta a la inversión y a los planes de electrificación. Si la transición energética pretende trasladar consumos fósiles a la red eléctrica, gravar cada vez más el kilovatio hora con costes ajenos al precio de la energía es contraproducente.
La operación reforzada y el debate regulatorio: ¿quién paga la seguridad del sistema?
El núcleo del problema no es si los servicios de operación son necesarios —lo son—, sino cómo se financian y quién asume su coste. En España, recaen íntegramente sobre los consumidores, a diferencia de otros países europeos donde una parte se cubre con tarifas de acceso o con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La presión del Observatorio se centra en exigir a la CNMC que refuerce la supervisión sobre estos mecanismos, especialmente los vinculados a la operación reforzada.
El propio REE cifró en 666 millones de euros el coste de la operación reforzada hasta finales de marzo. Una cantidad que no hace sino crecer. Las entidades impulsoras del informe reclaman soluciones regulatorias que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema, aliviando la presión sobre la factura doméstica e industrial. Además, proponen una reforma de la fiscalidad energética que elimine cargas que gravan dos veces la electricidad y alinee la regulación con la descarbonización.
Un estudio del Observatorio estima que un rediseño del mercado de servicios de ajuste podría ahorrar hasta 600 millones de euros al año. La clave radica en incorporar más competencia y tecnologías de almacenamiento, que ya permiten respuestas más rápidas y baratas que las centrales convencionales. El sistema actual, basado en un diseño pensado para otra época, penaliza al consumidor sin mejorar necesariamente la fiabilidad.
Yo creo que el debate es más de fondo. La seguridad absoluta tiene un precio, y el apagón de 2025 demostró que no podemos escatimar en redundancias. Pero trasladar todo el sobrecoste al consumidor, sin transparencia y sin un debate público sobre qué nivel de seguridad estamos dispuestos a pagar, es una decisión política que debería someterse a escrutinio. La CNMC tiene la herramienta para auditar esos costes; el problema es si existe voluntad para usarla.
No se trata de elegir entre apagones o facturas disparadas. Hay soluciones intermedias, pero exigen que el regulador actúe. El Observatorio ha puesto el dedo en la llaga; ahora corresponde al Gobierno y a la CNMC mover ficha. Mientras, los consumidores seguirán pagando una factura que crece cada semestre sin que nadie les explique por qué.
