Un cártel es un grupo de empresas que mediante acuerdos o relaciones mercantiles consiguen una posición dominante en un determinado sector o área geográfica. Pues bien, España, bien porque no hay un tejido productivo muy extenso, bien porque no interesa que lo haya, es sencillamente un país donde es fácil monopolizar diferentes actividades, impidiendo la entrada a competidores más eficientes.
Pero el verdadero problema no es otro que el consentimiento que se hace de esta situación desde la época franquista, y que ningún gobierno se ha atrevido a cuestionar. En el único sector en el que se tomaron medidas hace ya tres décadas fue el Sector Eléctrico, con la creación de Red Eléctrica de España, entidad que cuenta con el capital público necesario para actuar como regulador del sistema, de manera que cualquier operadora eléctrica puede conectarse a la Red en igualdad de condiciones que las demás. Otra cosa es que haya muy pocas operadoras eléctricas y que se pueda en determinadas ocasiones funcionar como cártel, pero por lo menos la infraestructura operativa escapa al control de entidades privadas.
Hace falta un cambio legal que no permita la aparición sistemática de cárteles en sectores esenciales para la economía del país
Algo parecido debió en su momento hacerse con el Sector de las Telecomunicaciones, en vez de obligar a una de las operadoras, Telefónica, a mantener la infraestructura, y por tanto las inversiones y los costes, y obligarla asimismo por ley a prestársela al resto de las operadoras. Montar una Red Telefónica de España copiando el modelo eléctrico hubiera sido una solución más que adecuada, y luego que todas las operadoras se conectaran a la Red en igualdad de condiciones. Pero no se hizo, y sólo en los grandes despachos de los Ministerios y de la propia operadora sabrán por qué.
Sin embargo, los casos anteriores se corresponden con actividades claramente sectoriales y con un colectivo de empresas ya definidas. El problema surge cuando la evolución tecnológica impulsa la creación de nuevos productos en el área de sistemas de pagos, y resulta que el cártel bancario trata de impedir por todos los medios que entren nuevos actores; me refiero concretamente al pago por móvil y a las tarjetas prepago.
En el primer caso, treinta bancos españoles han lanzado Bizum, una entidad que sólo les pertenece a ellos y que trata de monopolizar el pago por móvil. En el resto de actividades los bancos compiten ferozmente unos con otros por captar hipotecas o depósitos, pero cuando ven que pueden entrar entidades tipo “fintech”, se unen para impedir la entrada de pequeños operadores más eficientes que podrían quitarles negocio; y se unen para que nadie pueda quitárselo, haciendo una plataforma común y aportando 100 millones de euros para defender su “castillo”… y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no tiene nada que decir, a pesar de que las “fintech” son entidades pequeñas cuyo presupuesto de marketing es exiguo en comparación con el poderío conjunto de toda la banca española.
El segundo caso es todavía más flagrante. Desde hace bastantes años, hay tres plataformas para la emisión de tarjetas y los movimientos de cajeros automáticos, concretamente Servired, 4B y Euro6000, las cuales además están en proceso de fusión, por lo que ya no será un cártel, sino simplemente un monopolio, en el que el Estado español, versión CNMC, parece que tampoco tiene nada que decir.
El único sector en el que se ha evitado una posición de abuso ha sido en el eléctrico con la creación de REE
Estas entidades están accionarial y operativamente controladas por entidades financieras, y nadie puede emitir una tarjeta bien sea de crédito, débito, prepago o regalo, sin que ellos lo autoricen. Evidentemente no lo hacen o tratan de dilatarlo todo lo posible, y eso hace que, como las tarjetas de crédito son mucho más rentables para ellos que las demás, el porcentaje de negocio de tarjetas prepago en España es tan solo del 1,5%, mientras que por ejemplo en Italia es del 20%.
Si una entidad de pago o de dinero electrónico (entidades tipo “fintech”) trata de entrar en el negocio, simplemente se le dilata la entrada poniéndole todo tipo de pegas. Por ejemplo, Servired le indica que para hacer el movimiento de fondos tendrá que hacérselo un banco de su organización, el cual obviamente no se presta a ello (o simplemente no contesta), con lo cual no se puede entrar. 4B dilata el proceso con peticiones de información, o aludiendo que no se ha podido reunir el Consejo, o que la decisión se demorará hasta después del verano, etc. El objetivo es ver si se aburren o se les acaban los recursos a estas entidades pequeñas y dejan de molestar.
Lo mismo ocurre con Iberpay, otra entidad del sistema de pagos que manejan los bancos, que son sus únicos accionistas, y en la que a pesar de que la legislación comunitaria indica que este tipo de plataforma debe estar abierta a otras entidades, se empeña en no permitir que entre nadie que no sea una entidad bancaria, lo cual impide a otras entidades financieras operar en materia de cobros y pagos sin utilizar a un banco como intermediario para que realice la operación.
No nos engañemos, todos sabemos que España necesita un cambio de modelo productivo, pero antes que eso hay que establecer un modelo legal de funcionamiento que no beneficie a los cárteles, y que sea atractivo para que otras entidades extranjeras puedan establecerse en España. Si nos encerramos en el búnker, tratamos de reflotar todas las entidades financieras aunque estén quebradas con dinero público (o sea, nuestro) y no permitimos que entre nadie nuevo, España se anquilosará aún más de lo que está, y como indicó hace dos meses el escritor Juan Manuel de Prada, “España se ha convertido en un país de camareros y p….”. Pero claro, no vamos a quitarles su dominio del sector productivo a las entidades financieras, no vaya a ser que luego dejen de funcionar las puertas giratorias.
