EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell de Ibiza cifró ayer en 9.000 las viviendas que faltan en la isla, dentro de un déficit de 17.000 en Baleares.
- ¿Quién está detrás? Govern balear, Consell de Ibiza, la patronal Proinba y el economista Fernando Pinto.
- ¿Qué impacto tiene? Suelo, fiscalidad insular y seguridad jurídica decidirán el precio del alquiler y la compra.
La vivienda en Ibiza arrastra un déficit de 9.000 unidades. La cifra la puso ayer el presidente del Consell, Vicent Marí, en la jornada sobre regulación y mercado que organizó la institución insular.
Baleares creció un 46% en población y solo un 31% en parque residencial
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, puso la primera cifra: entre 2000 y 2025 la población del archipiélago creció un 46% y el parque de viviendas, un 31%. De ahí sale el déficit de 17.000 viviendas que la Administración autonómica reconoce en las islas. Mateo admitió que ‘no todo lo hacemos bien’, pero defendió más suelo edificable, seguridad jurídica y menos trabas: ‘La inseguridad jurídica es el peor de los enemigos para los ciudadanos’.
Fernando Pinto, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y coautor de ‘Un país sin casas’, desplazó el foco a los salarios y la productividad, estancados desde hace tres décadas, y planteó seis líneas: construir donde ya hay ciudad, devolver inmuebles al uso residencial, dar seguridad a quien alquila, facilitar el acceso a los trabajadores esenciales, adaptar la fiscalidad a la insularidad y diseñar vivienda a precio limitado viable. Para esta última propuso suelo público en derecho de superficie a 75 años.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, aterrizó el déficit en los 9.000 inmuebles de la isla y habló de una ‘bomba demográfica’ que frena la emancipación juvenil y la captación de sanitarios y docentes. Coincidió en ampliar la oferta, pero puso una condición que incomoda al promotor: las nuevas promociones deben priorizar a quienes llevan más años residiendo en Ibiza. ‘No basta únicamente con construir más viviendas’, zanjó. Y reclamó colaboración público-privada: ‘La Administración pública por sí sola jamás solucionará el problema’.
Tres diagnósticos, una patronal y ninguna medida autónoma sobre el alquiler turístico
La vicepresidenta de Comunicación de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Alejandra Marqués, reclamó que la normativa se aplique igual en todos los municipios, apostó por por la inteligencia artificial para agilizar trámites y pidió consenso político: ‘La vivienda nos afecta a todos, independientemente de la ideología’.
El alquiler turístico, el condicionante que más pesa en el mercado insular, no figuró como línea de actuación autónoma entre las seis recetas expuestas. Late, eso sí, en la idea de devolver inmuebles al uso residencial y en la insistencia del Consell en priorizar al residente de larga duración. El nudo es ese: la isla ya no discute cuántas viviendas faltan, discute a qué uso se destinan las que existen.
Ibiza no tiene un problema de ladrillo, sino de suelo que compite con el mejor postor turístico sin que nadie haya decidido quién paga el equilibrio.
Cabe recordar que Baleares fue pionera en España en zonificar y limitar la vivienda de uso turístico a finales de la década pasada. Aquella arquitectura regulatoria convivió con subidas sostenidas del precio residencial. La lectura sobria incomoda: sin suelo nuevo y sin reglas homogéneas, restringir el alquiler turístico traslada presión al alquiler de larga estancia en lugar de eliminarla.
La Ficha del Inversor
La brecha de 15 puntos entre población y parque residencial es la métrica que manda en Ibiza, más que cualquier precio por metro cuadrado. Sobre esa escasez estructural se calcula hoy la rentabilidad: quien compre lo hará con una hipótesis de oferta rígida. El segundo dato es el derecho de superficie, la cesión del suelo público por décadas a cambio de un canon sin comprar la parcela, que abarata la promoción pero ata el activo y complica su reventa.
Tendencia a seis meses: cabe esperar más anuncios de suelo y de fiscalidad insular que grúas. Mateo no fijó calendario ni volumen de promociones, y una promoción anunciada hoy tarda años en entregarse. La prioridad al residente de larga duración puede acabar en cupos o baremos dentro de la colaboración público-privada.
Perfil al que le encaja la plaza: el inversor patrimonial de alquiler de larga estancia y el family office de segunda residencia, no el fondo de Build to Rent (promoción entera concebida para alquilar) puro. El precio del suelo y la litigiosidad normativa complican cerrar una cartera de alquiler asequible con los números que exige un institucional.
A cinco años, la isla se juega si el residente de renta media puede seguir viviendo en ella o si el parque se especializa en segunda residencia. El pulso es nítido: el Govern pide suelo, el Consell pide residentes, Proinba pide reglas iguales y los ayuntamientos no se han pronunciado en público. Habrá que ver si la unificación normativa llega antes que la próxima temporada turística.
