La extensión de vida nuclear de los siete reactores españoles vuelve a la mesa. Foro Nuclear reclamó este viernes que España asuma la recomendación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de evaluar, caso por caso y con revisión previa de seguridad, la continuidad de las centrales más allá del calendario de cierre vigente.
En una nota difundida este viernes, la patronal —integrada por empresas y organizaciones del sector, con Iberdrola, Endesa y Naturgy entre sus socios— sostiene que el criterio de la agencia con sede en París coincide con lo que viene reclamando desde hace tiempo: contar con la energía nuclear a largo plazo para afrontar los retos de la transición energética y la descarbonización de la economía.
El informe de la AIE se conoció a comienzos de noviembre. En él, el organismo subraya la importancia de gestionar ‘cuidadosamente’ el calendario de cierre español, que de mantenerse la hoja de ruta actual culminará en 2035 con Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). ‘La eliminación gradual prevista tiene importantes implicaciones para la seguridad del suministro energético y la descarbonización de España’, señala el documento.
Qué pide la AIE: revisión caso por caso y marco fiscal
El argumento de la agencia no es ideológico, sino de sistema. Las centrales proporcionan electricidad fiable y con bajas emisiones de carbono, y contribuyen al buen funcionamiento del sistema eléctrico. Su salida exige, por tanto, un seguimiento que garantice que las renovables y los mecanismos de flexibilidad y estabilidad se integran con la suficiente rapidez, teniendo en cuenta la situación geopolítica y económica y los riesgos asociados.
Tras la aprobación de la miniprórroga para la central extremeña de Almaraz, la AIE recomienda un marco transparente que permita evaluar caso por caso futuras decisiones sobre la continuidad de las instalaciones, considerando los costes y beneficios para los consumidores y para el conjunto del sistema. Un procedimiento reglado, en la práctica, frente a la lógica del calendario cerrado.
El informe entra también en la carga fiscal. Los impuestos asociados a la nuclear —el gravamen del 7% sobre la producción eléctrica y la tasa sobre el combustible nuclear gastado, entre otras figuras— deberían garantizar, a juicio de la agencia, que el marco económico reconozca tanto la contribución de esta tecnología al sistema como los costes de sus externalidades: gestión de residuos y desmantelamiento.
La AIE no pide alargar la vida de los reactores: pide un procedimiento reglado para decidirlo con costes, residuos y seguridad sobre la mesa.
El calendario de cierre choca con la seguridad de suministro
El parque nuclear español suma siete reactores y del orden de 7.100 megavatios de potencia, en torno a una quinta parte de la electricidad que se genera en el país. El calendario vigente, pactado en 2019 entre el Ministerio y las propietarias, escalona las desconexiones entre 2027 y 2035. La prórroga parcial de Almaraz ya rompió la secuencia por la vía de los hechos.
Foro Nuclear sostiene que la decisión no admite improvisación. Cada tramo de la transición que se apoye en el cierre anticipado de un reactor traslada presión al resto del sistema: más ciclos combinados, más dependencia del gas y un precio marginal expuesto a la volatilidad de los mercados internacionales, en un contexto de tensión geopolítica sobre el suministro.
El contexto europeo acompaña esa lectura. Bélgica revirtió su plan de salida y extendió la vida de Doel 4 hasta 2035, Suecia diseña nuevos reactores, y Países Bajos e Italia han reabierto el debate sobre la generación nuclear en sus respectivos planes energéticos. La Agencia Internacional de la Energía lleva dos años advirtiendo de que la electrificación de la demanda crece más rápido que la capacidad firme que la respalda.
Hay además una dimensión territorial que no aparece en los balances. Almaraz, en Cáceres, y Trillo, en Guadalajara, sostienen empleo directo e indirecto en comarcas con poca industria alternativa, y sus ayuntamientos han construido una parte relevante de su financiación sobre la actividad de la planta. La extensión de vida no solo se mide en megavatios.
El coste es otro de los ejes del debate. Según los cálculos que maneja el propio sector, una extensión de vida se mueve en un orden de magnitud muy inferior por kilovatio al de una planta nueva, aunque la comparación depende del estado de cada reactor y del alcance de las inversiones de seguridad que exija el regulador. Ninguna de esas cifras es definitiva sin el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Puedes consultar la posición de la patronal en la web de Foro Nuclear.
El coste de cerrar un reactor no desaparece: se traslada al respaldo, al gas y a la volatilidad del precio mayorista del año siguiente.
Análisis: la contradicción entre el calendario y el mercado
La petición de Foro Nuclear tiene un aliado incómodo: el propio sistema eléctrico. El cierre de un reactor no elimina los costes asociados a su existencia; los desplaza de sitio. Aparecen en forma de más gas en el hueco nocturno, de más baterías o de más interconexiones. Y, con frecuencia, en forma de factura más volátil.
Alemania apagó sus últimos reactores en abril de 2023 y, desde entonces, ha recurrido al carbón y al gas como respaldo en episodios de baja producción renovable, con precios mayoristas más altos y más emisiones en el balance. No es un experimento replicable sin matices —el sistema alemán está mucho más interconectado que el ibérico—, pero marca el tipo de tensión que la AIE quiere evitar en España.
El riesgo evidente es de calendario, no de tecnología. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima proyecta una cuota renovable muy alta para 2030, pero no detalla con qué respaldo firme cuenta el sistema en las noches sin viento. La contradicción queda ahí: se planifica la entrada de renovables con precisión y se planifica la salida de la nuclear con la misma precisión, mientras el nexo entre ambas —almacenamiento y flexibilidad— avanza a un ritmo que nadie garantiza por escrito.
Hay un segundo flanco, fiscal. Si el marco que grava la generación nuclear no reconoce su aportación al sistema, el propietario internaliza un coste que el conjunto acaba pagando por otra vía. La AIE lo formula en lenguaje técnico; el sector lo traduce en una pregunta simple: quién paga la estabilidad del sistema cuando el reactor se apaga.
Queda por ver si la recomendación se convierte en procedimiento. El siguiente hito será la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica al informe y el encaje de la fiscalidad nuclear en el próximo paquete normativo. Si antes de 2027 existe un mecanismo formal de revisión caso por caso, la fecha de Vandellós II dejará de ser un dogma. Si no existe, el calendario seguirá decidiendo por sí solo.
