La vicepresidenta tercera del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses, pidió este jueves en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias comprobar si las ayudas extraordinarias al sector primario llegan a las pequeñas explotaciones de la isla. Durante el debate del proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, reclamó que los cabildos dispongan de personal técnico y financiación suficiente para asumir las funciones previstas.
El Decreto ley 7/2026, de 30 de octubre, modifica las ayudas aprobadas en abril para compensar los sobrecostes derivados de la crisis en Oriente Medio. García Meneses valoró que el mínimo subvencionable en agricultura se haya reducido a 30 euros, una medida que, según señaló, facilita el acceso a las explotaciones de menor tamaño. En ganadería, destacó que la ayuda para comprar pienso mantiene en La Gomera el incremento del 16% por doble insularidad y pidió conocer cuántas explotaciones familiares no alcanzan el mínimo de cinco unidades de ganado mayor.
Ayudas al sector primario
La representante insular solicitó también que el Gobierno de Canarias y los cabildos compartan información sobre las subvenciones sujetas al mismo régimen de ayudas de minimis. El límite acumulado por beneficiario en tres años es de 50.000 euros en agricultura y ganadería, y de 40.000 euros en pesca. Una ayuda insular previa puede reducir la cuantía que el productor reciba de la comunidad autónoma.
Para la flota artesanal gomera, García Meneses pidió comprobar cómo se contabilizarán los gastos de transporte. Además, ofreció la colaboración del Cabildo para ayudar a los productores con la tramitación electrónica y señaló: «Sería conveniente reforzar la asistencia administrativa para esta gestión».
Aplicación de la futura ley
Sobre la futura ley de biodiversidad, defendió que cada autorización ambiental tenga un órgano responsable y que se detallen los informes necesarios y sus plazos. También reclamó aclarar quién financiará los planes insulares de recuperación de especies y las campañas de control de especies invasoras, tareas que requieren personal especializado sobre el terreno.
García Meneses propuso priorizar la colaboración cuando un cabildo se retrase por falta de medios o esté pendiente de una autorización de otra administración. Asimismo, planteó revisar si el año previsto para adaptar los centros de recuperación de fauna silvestre basta para adecuar sus instalaciones, equipamiento y plantillas. «Nuestro objetivo es que la ley pueda aplicarse con seguridad jurídica y eficacia», concluyó.
