Veintisiete años encadenando contratos temporales en el mismo consistorio. La protagonista es una auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Firgas, en Gran Canaria, que empezó a trabajar el 1 de octubre de 1997 y que acaba de ver cómo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) califica esa cadena de abuso. La Sala no le concede una plaza fija, pero sí la condición de indefinida no fija y una indemnización de 7.501 euros.
No es la primera vez que los tribunales hablan de su caso. En 2014, otra sentencia ya le reconoció la condición de personal laboral indefinido no fijo. Es decir, la Administración asumió el abuso hace doce años y siguió prorrogando la misma precariedad hasta 2025. Ella reclamó entonces 10.000 euros. El juzgado de lo social de Las Palmas rechazó la demanda; el TSJC la ha revocado en parte y le ha reconocido tres cuartas partes de lo solicitado.
Qué significa indefinido no fijo y por qué no equivale a una plaza
La figura es una categoría intermedia del empleo público. Reconoce estabilidad en la relación laboral, sin cese libre, pero no otorga la propiedad de una plaza. La jurisprudencia descarta que los temporales de la Administración se conviertan en fijos de forma automática: el acceso al empleo público exige igualdad, mérito y capacidad, y esa puerta no se abre por la vía judicial.
El Supremo ha ido dibujando la frontera. Si el trabajador superó en su día un proceso selectivo sin lograr plaza, la relación puede acabar convirtiéndose en fija. Si nunca aprobó una oposición, solo cabe indemnizar.
Hay un agravante que la Sala subraya. Firgas es el único municipio de Canarias que no había puesto en marcha el procedimiento de estabilización de su personal laboral, un trámite que debía estar cerrado en 2024. El sindicato Sepca lo denunció en enero de 2025 y el propio consistorio había preguntado al Ministerio de Función Pública, que le respondió en diciembre de 2024. Para los magistrados, el Ayuntamiento conocía las consecuencias de no convocar.
Veintisiete años después del primer contrato, el Ayuntamiento seguía sin convocar la plaza que la ley le obligaba a estabilizar en 2024.
El baremo del TSJC: cuánto se paga por cada tramo de temporalidad
La Sala canaria ha querido evitar que cada juez improvise una cifra a mano alzada y ha fijado tres tramos mínimos según la duración del abuso:
- Entre tres y ocho años: 1.000,1 euros.
- Entre ocho y dieciséis años: 2.000,1 euros.
- A partir de dieciséis años: 5.001 euros.
Los decimales son literalidad del fallo, no una errata de transcripción. Y son mínimos: quien acredite daños mayores puede reclamar más. El tribunal parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril de 2026, el asunto Obadal, y de la doctrina del Supremo fijada el 11 de mayo. Otros tribunales superiores, como los del País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cataluña, y Andalucía, se han movido en horquillas de entre 1.000 y 10.000 euros.
A los 5.001 euros se suman otros 2.500 por «la gravedad y la persistencia» de no haber estabilizado el puesto. De ahí los 7.501. La indemnización es independiente de la que correspondería por un despido y no se calcula sobre el salario: el perjuicio de la precariedad no guarda relación con lo que se cobra, sino con el tiempo que se pasa en la incertidumbre.
Lo que esta sentencia revela sobre la temporalidad en el sector público
El caso es extremo, pero no aislado. En el primer trimestre de 2026, el sector público sumaba 981.000 asalariados temporales, un 26,8% del total frente al 14,7% del conjunto de la economía. En Canarias la tasa sube al 37,8%, la segunda más alta del país solo por detrás del País Vasco (38,5%). Más del doble de la media estatal. Y la plantilla pública no deja de crecer: sumó 89.900 personas en el tercer trimestre hasta los 3.736.800 empleados, mientras el empleo privado perdía 16.300.
Conviene mirar la cifra con frialdad. 7.501 euros repartidos entre 27 años salen a unos 278 euros por anualidad de temporalidad. Para un ayuntamiento pequeño es calderilla; para la trabajadora, la constatación de que el castigo económico al abuso roza lo simbólico. La palanca real puede estar en otro sitio: la Sala ha remitido el caso a la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por posible vulneración de la normativa sobre contratos de duración determinada.
Ahí el consistorio se juega un expediente sancionador, no una factura menor. El fallo, además, no es firme: cabía recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Supremo, con un plazo de diez días que ya ha vencido. La propia empleada habla de «un antes y un después» y anticipa una judicialización masiva de situaciones parecidas.
Queda el coste que ninguna sentencia cuantifica. Un metaanálisis de 2019 encontró un 52% más de probabilidades de sufrir problemas de salud mental entre quienes trabajan con inseguridad laboral, y una revisión posterior de 50 estudios asoció al menos un año de empleo precario con un 44% más de síntomas de malestar psicológico. Es el núcleo del asunto, aunque el fallo lo mencione de pasada.
Si arrastras una cadena de contratos temporales en una administración, la clave está en la documentación. Reúne contratos, prórrogas, nóminas y llamamientos; acredita la continuidad y cruza esas fechas con las convocatorias de estabilización que tu organismo debía haber publicado. El tribunal canario valora precisamente la duración como criterio objetivo del daño.
📝 Cómo enviar el currículum
Aquí no hay vacante ni currículum que enviar: lo que se presenta es una reclamación. Estos son los pasos que siguió la trabajadora de Firgas y que puedes replicar si acumulas años de contratos temporales en la Administración.
- Paso 1: Solicita a tu departamento de Recursos Humanos el historial contractual completo: contratos, prórrogas, nóminas y llamamientos.
- Paso 2: Comprueba si tu administración convocó el proceso de estabilización que debía cerrarse en 2024. Si no lo hizo, guarda la evidencia.
- Paso 3: Acude a la asesoría jurídica de un sindicato con representación en tu organismo, como CCOO o UGT, para valorar la reclamación.
- Paso 4: Presenta la papeleta de conciliación ante el servicio de mediación de tu comunidad y, si no hay acuerdo, la demanda ante el juzgado de lo social de tu provincia.
- Paso 5: Aporta como prueba la duración de la cadena contractual. Es el criterio que los tribunales usan para fijar el tramo indemnizatorio.
Plazo de inscripción: no existe plazo de inscripción; las reclamaciones laborales distintas del despido prescriben al año, aunque en cadenas de contratos temporales conviene actuar cuanto antes. Requisito mínimo: acreditar la continuidad de la relación laboral y la ausencia de un proceso selectivo superado.
