El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Cultura, el Real Decreto que desarrolla el régimen de promoción de la obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística previsto en la Ley 13/2022, General de la Comunicación Audiovisual.
La norma regula las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva sobre cuotas de emisión y catálogo, prominencia de contenidos y financiación anticipada de obras europeas. También establece mecanismos de control, seguimiento y supervisión.
Cuotas de emisión y catálogo
El decreto se aplica a prestadores de televisión lineal y a petición establecidos en España, que operen en el ámbito estatal y sean responsables editoriales de sus contenidos. Algunas obligaciones de financiación se extienden a prestadores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea cuando dirijan sus servicios al mercado español.
Los servicios de televisión lineal deben reservar al menos el 51% del tiempo anual de emisión a obras audiovisuales europeas. De esa cuota, al menos la mitad debe corresponder a obras en castellano o en otras lenguas oficiales; un mínimo del 10% debe destinarse a obras de productores independientes y, de estas, al menos la mitad deben haberse producido durante los cinco años anteriores. Para el prestador público estatal también se establecen cuotas específicas para las lenguas cooficiales.
En los servicios a petición, al menos el 30% del catálogo debe estar compuesto por obras europeas y, de estas, al menos la mitad deberán realizarse en castellano o en alguna lengua oficial de las comunidades autónomas. La norma fija asimismo cuotas para las distintas lenguas cooficiales y exige a estos prestadores dar visibilidad adecuada a las obras europeas, por ejemplo, mediante espacios específicos, su presencia destacada en las páginas principales, herramientas de búsqueda o campañas publicitarias. Quedan excluidos determinados servicios especializados en informativos, deportes, juegos, publicidad o teletexto, así como prestadores con baja audiencia o ingresos reducidos.
Financiación y diversidad lingüística
La financiación anticipada de obra audiovisual europea podrá destinarse a películas cinematográficas, películas para televisión, series, documentales y obras de animación. El prestador público estatal debe invertir anualmente el 6% de sus ingresos computables, con reservas específicas para productores independientes, obras en lenguas oficiales, proyectos creados o dirigidos por mujeres y determinados géneros audiovisuales. Los prestadores privados deben destinar el 5% de sus ingresos computables a esa financiación.
Las obligaciones previstas en la Ley General de Comunicación Audiovisual varían según los ingresos: se establecen requisitos más amplios para quienes superen los 50 millones de euros, obligaciones específicas para quienes ingresen entre 10 y 50 millones y una exención para quienes no alcancen los 10 millones.
El decreto regula inversiones en obras realizadas en castellano y en otras lenguas oficiales de las comunidades autónomas, con reglas de reparto basadas en el peso poblacional y mínimos por lengua. También contempla contribuciones al fondo para la producción audiovisual en lenguas cooficiales y el cómputo específico de inversiones en obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.
Supervisión de las obligaciones
Los sujetos obligados deberán remitir periódicamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información sobre cuotas, prominencia, financiación, obras financiadas e ingresos computables.
La CNMC supervisará el cumplimiento, resolverá las solicitudes de exención y elaborará informes anuales, con intervención del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
