La cédula de habitabilidad en Cataluña vuelve al centro del pulso por la vivienda. Una plataforma ciudadana sostiene que más de 82.000 pisos están atrapados fuera del mercado por expedientes denegados o archivados, y ha convocado una protesta en Barcelona para forzar un cambio en la norma.
La cita es el 5 de noviembre. La Plataforma 2015 per l’Accés a l’Habitatge ha anunciado una acampada cubierta en la capital catalana con un objetivo declarado: trasladar a los partidos políticos y al president de la Generalitat una reforma concreta del decreto que regula las cédulas de segunda ocupación.
El texto que reparten no es una enmienda genérica. Es una propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 del Decreto 141/2012, redactada con formato de decreto pero con la numeración y las fechas en blanco. Un borrador, en suma. No una reforma aprobada.
Qué piden exactamente y a quién beneficia
La propuesta permite que, en las transmisiones de vivienda usada, comprador y vendedor acuerden ante notario sustituir la entrega de la cédula por una solicitud registrada acompañada de un certificado de habitabilidad emitido por un técnico competente. Ese profesional debería acreditar que el inmueble reúne las condiciones para obtener la cédula de segunda ocupación.
La plataforma quiere llevar la misma lógica a la contratación de suministros. Según su redacción, la solicitud y el certificado podrían presentarse ante las empresas suministradoras en lugar de la cédula concedida. Eso desatasca, sobre todo, pisos heredados, cerrados durante años o con documentación antigua.
Entre los argumentos de la entidad hay un catálogo de problemas técnicos que conoce bien cualquier arquitecto que haya tramitado una cédula: discrepancias entre la realidad del inmueble y su documentación, dificultades para demostrar que determinados espacios tenían antes uso residencial y cambios de uso de locales a vivienda donde se cruzan la habitabilidad y el planeamiento urbanístico. No todos los casos responden al mismo problema administrativo.
Una cédula denegada no es una vivienda vacía: es un expediente. Y un expediente no duerme en un piso, duerme en un archivo.
La Generalitat ha defendido, en el material difundido por la propia plataforma, que la Administración aplica la normativa junto con los ayuntamientos y cumple los plazos de resolución. Esa respuesta no es un pronunciamiento sobre el borrador que ahora se promueve.
De 82.762 a 82.672: la cifra que no cuadra
El dato estrella de la campaña son las viviendas afectadas. La plataforma habla de más de 82.000, pero ofrece dos cifras distintas en sus propios materiales. El correo electrónico menciona 82.762 viviendas. El burofax dirigido al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) recoge 82.672 y las vincula a solicitudes de cédula denegadas o archivadas entre 2013 y 2025.
Los adjuntos no incluyen un desglose que permita comprobar si el cómputo corresponde a viviendas distintas o a expedientes, ni separar los motivos de denegación y archivo. Tampoco detallan cuántos de esos inmuebles están desocupados ni cuántos propietarios estarían dispuestos a vender o alquilar si la reforma saliera adelante.
La diferencia importa. Un expediente denegado puede repetirse sobre el mismo piso varias veces a lo largo de una década; una vivienda, no. Sin ese desglose, la cifra no acredita por sí misma un volumen equivalente de oferta que se incorporaría al mercado.
En el frente institucional, la campaña incluye un burofax al COAC en el que solicita la adhesión del colegio y la difusión de la convocatoria entre colegiados. El escrito incorpora un espacio para formalizar el respaldo, pero la documentación remitida no incluye ninguna aceptación. La petición existe; el apoyo, de momento, no está acreditado.
El pulso real: oferta, precio y un decreto de 2012
Conviene separar dos cosas que la campaña mezcla. La primera es un problema administrativo verificable: hay viviendas usadas con certificados técnicos favorables que llevan años sin poder venderse por un trámite. La segunda es la promesa de que reformar ese trámite ampliará la oferta residencial en Cataluña. Lo primero está documentado. Lo segundo es una hipótesis que la propia plataforma no cuantifica.
Y no es un detalle menor, porque el precio de la vivienda en Cataluña es hoy el campo de batalla político. Cualquier medida que se presente como palanca de oferta entra en esa conversación con ventaja narrativa, aunque su efecto sea tardío e incierto. La tentación de los grupos parlamentarios de abrazar la propuesta sin pedir el desglose de los 82.000 expedientes es alta.
Hay además una objeción de fondo que el borrador no aborda. Sustituir la cédula por un certificado privado traslada la garantía del comprador desde el control público al criterio de un técnico contratado, en la práctica, por el vendedor. En un mercado con compradores extranjeros y operaciones rápidas, esa garantía no es un formalismo: es lo que evita que se transmita un piso sin condiciones mínimas de habitabilidad.
Eso no invalida la reforma. La obliga a diseñarse con contrapesos: responsabilidad civil del técnico, verificación posterior por la Agència de l’Habitatge de Catalunya y un plazo máximo de resolución que hoy no está tasado en el texto. Nada de eso aparece en el documento que se repartirá en Barcelona.
El 5 de noviembre se sabrá cuántos apoyos reales tiene la convocatoria y si alguna formación recoge el guante. Mientras tanto, la pregunta que ningún anexo responde sigue siendo la misma: cuántas de esas 82.000 viviendas estarían de verdad disponibles para venderse el día después de que el decreto cambie.
