La UNED y el CEPC reúnen a expertos sobre justicia climática y derechos

La UNED y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) celebraron el Congreso Internacional Justicia climática, ciencia y derechos. Desafíos y horizontes, que congregó en Madrid, los días 22 y 23 de octubre, a más de 40 especialistas. El encuentro abordó los retos jurídicos, científicos y sociales del cambio climático y destacó la importancia de estrechar la colaboración entre ciencia y derecho para proteger los derechos humanos, en particular los de las poblaciones vulnerables y las generaciones futuras.

La cita se desarrolló en dos jornadas: la primera, en la sede del CEPC, y la segunda, en la UNED. En la inauguración participaron el rector de la UNED, Ricardo Mairal; la decana de la Facultad de Derecho, Sonia Calaza; la directora del CEPC, Rosario García Mahamut, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, investigador de la UNED y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Entre los asistentes estuvieron Elisa Morgera y Astrid Puentes, relatoras especiales de Naciones Unidas sobre cambio climático y medio ambiente, respectivamente, y Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También participaron representantes de tribunales internacionales, del Tribunal Constitucional español y de cortes constitucionales latinoamericanas, además de científicos, investigadores y especialistas en derechos humanos.

Ciencia y derecho ante la crisis climática

Los debates plantearon que la crisis climática requiere abordarse desde la justicia, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, además de sus dimensiones ambiental y tecnológica. Aunque sus efectos son globales, sus consecuencias se distribuyen de forma desigual y perjudican especialmente a poblaciones que a menudo han contribuido menos a generar el problema.

Los participantes destacaron la relevancia de incorporar el conocimiento científico a las decisiones jurídicas. La investigación ayuda a identificar riesgos, anticipar daños y evaluar sus consecuencias; el derecho, por su parte, debe establecer mecanismos de prevención, protección y reparación. La cooperación entre ambos ámbitos también es relevante para determinar las obligaciones de los Estados y las responsabilidades vinculadas a determinadas actividades económicas.

El papel de los tribunales internacionales y constitucionales centró parte de las sesiones. Sus decisiones contribuyen a definir las obligaciones de los poderes públicos frente al cambio climático y a garantizar el acceso a la justicia de las personas y comunidades afectadas. El congreso permitió comparar experiencias de distintos sistemas jurídicos y tratar la incorporación de la mejor evidencia científica disponible a la protección de los derechos humanos.

Colectivos vulnerables y generaciones futuras

La protección de los colectivos vulnerables y los derechos de las generaciones futuras fueron otros ejes del encuentro. Los especialistas analizaron cómo las decisiones actuales pueden condicionar la vida de quienes todavía no han nacido y señalaron la importancia de incorporar esa perspectiva intergeneracional a las políticas públicas y a los mecanismos de protección jurídica.

Las nueve mesas de trabajo trataron la prevención de desastres naturales, la sostenibilidad, las obligaciones de las empresas y la participación ciudadana en las decisiones ambientales. También examinaron el posible uso de datos e inteligencia artificial para analizar riesgos y diseñar políticas climáticas, junto con los retos de fiabilidad de la información, transparencia y garantías para un uso responsable.

La jornada concluyó con una reflexión sobre el acceso a la información pública y la lucha contra la desinformación climática, aspectos considerados fundamentales para una participación ciudadana informada. La conferencia de clausura estuvo a cargo de Ricardo Pérez Manrique, juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el cierre participaron Carlos Vidal Prado, director del Departamento de Derecho Constitucional de la UNED, y Javier Sanz Gonzalo, vicerrector de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica.


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