José Pablo López asumió la presidencia de RTVE el 2 de diciembre de 2024, tras ser elegido por el Congreso, y lo hizo con un diagnóstico explícito: la corporación necesitaba una reestructuración profunda. Desde entonces ha aplicado cambios en la cúpula, en la parrilla, en el organigrama y en la estrategia digital, con un ritmo que le ha granjeado tanto apoyos internos como conflictos con la oposición y con parte de la plantilla.
Ahora que se acercan las elecciones del 29N y un posible terremoto en la dirección de RTVE, recogemos los cinco movimientos que más han alterado el funcionamiento de la corporación pública en esta legislatura: quién decide en los Informativos, cómo se compite por el prime time, con qué dinero se sostiene la corporación, cómo se organiza por dentro y hacia dónde se orienta su futuro, que la dirección sitúa en las plataformas digitales y el audio.
3La exigencia de un nuevo modelo de financiación
José Pablo López ha convertido la reivindicación de un nuevo modelo de financiación en el eje de su discurso institucional. Frente a las acusaciones de despilfarro, sostiene que el problema de RTVE “no es de gestión, sino de financiación”, y reclama que se cumpla la ley: el contrato-programa derivado del mandato-marco, que sigue sin firmarse, y que con su actualización anual conforme al IPC elevaría el presupuesto hasta cerca de 1.500 millones de euros, frente a los alrededor de 1.200 con los que opera. Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 —la partida ordinaria ronda los 1.193 millones—, la corporación ha tenido que recurrir a inyecciones extraordinarias para cuadrar las cuentas: 105 millones para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de 2024 y, ya en 2025, 63 millones del Ministerio de Hacienda y 40 millones avalados por la SEPI.
El presidente no se ha limitado a pedir más dinero: ha abierto frentes que cuestionan los cimientos del sistema vigente desde la Ley 8/2009. Ha planteado “abrir el melón de la publicidad”, es decir, revisar la norma que en 2009 retiró los anuncios convencionales de TVE, y defender una mayor vía comercial —máxima histórica con 85,5 millones de ingresos en 2025— que incluye la explotación del Mundial 2026 y ha llevado a la patronal Uteca a amagar con acciones legales. A ello se suma el contencioso del IVA, una contingencia que la propia corporación cifra en más de 800 millones, que el Gobierno ha intentado despejar primero con un real decreto-ley rechazado en el Congreso y después con un real decreto ordinario, además de comprometerse a aprobar un nuevo contrato-programa.
