El ‘rey de los piratas de la luz’ se sienta en el banquillo por defraudar 61 millones a Endesa, Naturgy y Repsol

La Fiscalía pide 16 años de prisión para Esteban Roig Padrosa, señalado como cabecilla de la trama, y cifra en 50,3 millones el dinero desviado a otras sociedades. El juicio se celebra en la Audiencia Nacional contra 17 acusados por estafa continuada, organización criminal y blan

La Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo a Esteban Roig Padrosa, el ‘rey de los piratas de la luz’, acusado de defraudar 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol a través de una red de comercializadoras eléctricas.

Qué dice el escrito de acusación de la Fiscalía

El ministerio público atribuye a los 17 acusados delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo de capitales. Para el presunto cabecilla, Roig Padrosa, la Fiscalía reclama 16 años de prisión, según el escrito de acusación de 69 páginas al que ha tenido acceso la agencia Efe.

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La cuantificación del perjuicio parte de los cálculos de Red Eléctrica Española (REE). De los más de 61 millones defraudados, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación, 17,29 millones a Naturgy y 4,84 millones a Repsol. El resto del daño, hasta los 61,3 millones, recae sobre distribuidoras y otras sociedades del sistema eléctrico.

En total, la trama habría desviado 50,3 millones de euros hacia distintas sociedades, mediante transferencias destinadas a ocultar fondos e introducirlos en circuitos económicos aparentemente lícitos.

Cómo operaba la red de comercializadoras

La acusación describe una estructura organizada de sociedades que captaba clientes, facturaba el consumo y después dejaba de pagar parte de la energía y de los servicios que debía abonar a a otras empresas del sistema. El gancho para atraer consumidores eran unos precios muy por debajo del mercado.

Constituidas las sociedades y depositadas las garantías iniciales, la apariencia de legalidad quedaba cubierta. Una vez captada la clientela, las comercializadoras reducían de forma progresiva sus compras de electricidad y, en algunos casos, llegaban a adquirir solo un 5% de las necesidades previstas mientras seguían facturando a sus clientes.

La trama no necesitaba dejar de vender luz: bastaba con facturar a los clientes y comprar apenas una fracción de la energía que decía suministrar.

Cuando una sociedad acumulaba impagos y era inhabilitada, los clientes y parte de la actividad se trasladaban a otra firma del entramado. El retraso de siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos permitía prolongar la operativa antes de conocer el alcance real de la deuda, según la Fiscalía.

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Impacto en Endesa, Naturgy y Repsol

El perjuicio no se limitaba a las productoras. Según el ministerio público, también golpeaba a las distribuidoras y podía repercutir en el precio final de la electricidad. Los centros de operación de la trama se situaban, principalmente, en Barcelona, y Madrid.

Empresa o conceptoImporte defraudado
Endesa Generación19,83 millones de euros
Naturgy17,29 millones de euros
Repsol4,84 millones de euros
Distribuidoras y otras sociedades19,34 millones de euros
Total del perjuicio61,3 millones de euros

Para las tres compañías, el golpe se concentra en su actividad de generación. Endesa, Naturgy y Repsol forman parte del núcleo energético del Ibex 35, un grupo en el que también opera Iberdrola, y desarrollan su actividad bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que vigila las garantías y la solvencia de las comercializadoras.

El juicio se sustancia en la Audiencia Nacional, el órgano que enjuicia los delitos económicos de mayor gravedad en España. La Fiscalía sostiene que el objetivo de la organización era obtener beneficios ilícitos, desviar el dinero a otras sociedades y ocultar su destino.

Una grieta estructural del mercado eléctrico

Más allá del caso concreto, el escrito de acusación retrata un modelo de fraude que explota un punto débil del sistema: el desfase temporal entre lo que una comercializadora cobra a sus clientes y lo que liquida al resto de los agentes. Ese margen de siete u ocho meses es el que permite sostener la apariencia mientras la deuda se acumula fuera del radar de las grandes eléctricas.

Para las compañías damnificadas, el impacto contable directo es acotado. Una cifra de 19,83 millones de euros no altera de forma material el balance de un grupo del tamaño de Endesa. El daño relevante es otro: la litigiosidad recurrente, el coste reputacional y el refuerzo del argumento a favor de endurecer las garantías exigidas para operar como comercializadora.

La clave técnica está en la liquidación: los desvíos se conocen con meses de retraso, de modo que las compañías generadoras detectan el impago cuando la comercializadora ya ha desaparecido o ha trasladado su cartera a otra sociedad. Ese desfase convierte al sistema en un objetivo recurrente para estructuras organizadas.

El modelo descrito, con sociedades que se suceden al ritmo de las inhabilitaciones, ilustra una vulnerabilidad conocida del mercado minorista. La mecánica de trasladar cartera de una firma a otra antes de que aflore la deuda cuestiona la eficacia del sistema de garantías y coloca el foco en un debate que afecta a todo el sector.

📊 Las Claves para el Inversor

  • Qué vigilar: El calendario de vistas en la Audiencia Nacional y cualquier resolución sobre responsabilidades civiles.
  • Reacción del valor: El impacto en la cotización de Endesa, Naturgy y Repsol será limitado frente a su balance.
  • Precedente sectorial: La mecánica de comercializadoras que facturan por encima de la energía que compran ya tensionó la liquidez del sistema.

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