La primera vuelta de las presidenciales brasileñas se celebró este domingo con una paradoja incómoda: los ciudadanos podían votar, pero no consultar quién iba a ganar. Desde hace meses, el gobierno de Lula mantiene bloqueado el acceso a los grandes mercados de predicción, plataformas donde miles de personas arriesgan dinero real sobre el resultado electoral. En su último análisis, Juan Ramón Rallo sostiene que la medida no busca proteger a nadie, sino evitar que los votantes vean información que incomoda al poder.
El detalle no es menor. En esas mismas plataformas, el actual presidente había dejado de ser favorito para la segunda vuelta desde semanas atrás. El bloqueo, subraya Rallo, entra en escena justo cuando los datos empiezan a dibujar un escenario adverso para el oficialismo. Un votante brasileño llega así a las urnas sabiendo menos sobre su propia elección que cualquier observador desde el extranjero.
Brasil bloquea los mercados de predicción sin pasar por el Congreso
La prohibición se adoptó por vía ejecutiva, sin pasar siquiera por el Congreso, recuerda el economista. Afecta a plataformas como Polymarket y Kalshi, mercados donde los participantes arriesgan su propio dinero y, por tanto, tienen incentivos poderosos para acertar. Para Rallo, esa es precisamente su virtud: agregar información dispersa mejor que cualquier encuesta o tertulia televisiva.
La justificación oficial habla de ludopatía, de endeudamiento y de adicción. El analista no niega que esos riesgos existan, pero señala que el argumento paternalista sirve igual para censurar cualquier cosa. Si el Estado puede decidir qué lee un adulto para protegerlo de sí mismo, el catálogo de prohibiciones no tiene fondo.
El episodio brasileño, insiste, no es una rareza local. Es el primer capítulo de un patrón que se repite con excusas distintas: primero fueron las apuestas, después los menores y mañana puede ser cualquier asunto que incomode al poder de turno.
Cuando el Estado decide qué webs pueden ver los adultos, la excusa de proteger a los menores se convierte en un caballo de troya contra las libertades.
— Juan Ramón Rallo
La Ley Kids y la escalera de edades de Bruselas
Dos semanas antes de las elecciones brasileñas, el 17 de septiembre, la Comisión Europea presentó su Ley Kids, un proyecto con un objetivo declarado: proteger a los menores en internet. La norma despliega una escalera de edades. Los menores de 13 años no podrán tener cuenta en redes sociales, entre los 13 y los 15 solo dispondrán de perfiles vinculados a un adulto con un límite de una hora diaria, y a partir de los 15 podrán abrirse cuenta propia.
El alcance es mucho mayor de lo que sugiere su nombre. Afecta también a plataformas de vídeo, videojuegos en línea, tiendas de aplicaciones, sistemas operativos y chatbots de inteligencia artificial. Prohíbe el desplazamiento infinito de los formatos cortos, las notificaciones nocturnas entre las diez de la noche y las ocho de la mañana y las cajas de botín. Además invierte la carga de la prueba: ya no será Bruselas quien deba demostrar que una plataforma incumple, sino la plataforma quien deba acreditar que su servicio es seguro por diseño.
Rallo concede que buena parte de esas restricciones le parecen razonables. Su objeción no es de fondo educativo, sino de quién las aplica: son medidas defendibles para que las decidan los padres, no para que las imponga el Estado a todas las familias por igual.
Verificar la edad sin entregar la cara a cualquiera
Y ahí aparece el problema práctico. Comprobar que un usuario tiene 13, 15 o 18 años no se resuelve marcando una casilla. El analista enumera cuatro vías: subir una foto del documento de identidad junto a un selfi, dejar que una inteligencia artificial estime la edad a partir del rostro, verificarla a través del banco o del operador de telefonía, o recurrir a una credencial emitida por el Estado. Las tres primeras entregan datos sensibles a la plataforma o a una subcontrata.
La cuarta se vende como la más respetuosa con la privacidad y, sobre el papel, lo es: el certificado solo acredita que el usuario supera una edad mínima sin revelar su identidad, y se emite por lotes para que cada credencial se use una sola vez. Rallo marca dos condiciones que nadie garantiza. La primera, que el sistema sea inatacable desde fuera. La segunda, que los políticos no lo aprovechen para recortar libertades. Los antecedentes no invitan al optimismo: en abril, la aplicación de verificación de edad presentada por Bruselas fue vulnerada por un consultor de seguridad en menos de dos minutos. El mismo investigador descubrió que almacenaba sin cifrar las fotografías faciales extraídas del documento y que los selfis nunca se borraban. Tres días después llegó un parche y lo calificó de teatro de seguridad.
De la credencial para TikTok al pasaporte de internet
Para Rallo, el fondo del asunto no es la app ni su calidad técnica. Hasta ahora, entrar en internet no exigía pedir permiso a nadie. Con este tipo de normas, acceder a una parte creciente de la red empieza a requerir una credencial digital que emite el Estado, igual que hoy se necesita un pasaporte para salir del país. Y quien puede emitirla también puede negarla, retirarla o graduarla. La misma infraestructura que hoy distingue entre 13, 15 y 18 años mañana puede segmentar el acceso de toda la población con cualquier otro criterio.
VPN: la salida que el legislador quiere cerrar
Frente a ese escenario, el analista señala una salida que de momento funciona: la VPN. Una red privada virtual cifra la conexión y la hace pasar por un servidor de otro país, de modo que el bloqueo geográfico deja de aplicarse. El precedente británico es elocuente. Con la entrada en vigor de las verificaciones de edad el 25 de julio de 2025, el uso diario de VPN en el móvil pasó de unas 650.000 personas a más de 1,4 millones a mediados de agosto. Según el regulador británico, el grueso de ese aumento fueron adultos que preferían conectarse desde otra jurisdicción antes que entregar una foto personal a cualquier web.
La reacción política no se hizo esperar. En enero, la Cámara de los Lores aprobó por 207 votos frente a 159 una enmienda para prohibir el uso de VPN a los menores de edad, con una contradicción evidente: para impedir que un menor la use habría que verificar la edad de todos los usuarios, incluidos los adultos que precisamente recurrían a ella para no dar sus datos. En julio, la ministra de Tecnología, Liz Kendall, descartó prohibirlas, pero pidió a las plataformas que detecten y eviten su uso para eludir los controles.
En Bruselas la lógica es parecida. El servicio de estudios del Parlamento Europeo describió en mayo el uso de VPN como un agujero de la legislación que conviene cerrar. En Estados Unidos, Utah intentó tratar como residente local a cualquiera que se conectara a través de una VPN, y un juez federal suspendió cautelarmente esa parte de la norma. Los contrapoderes resisten, admite Rallo, aunque la clase política mantiene un incentivo claro para restringir la herramienta.
Una infraestructura difícil de desmontar
Lo que une el caso brasileño y el europeo no es la anécdota regulatoria, sino la arquitectura. Una vez construido el sistema que exige identificarse antes de entrar en un servicio digital, da igual que el primer motivo sea la ludopatía o la protección de la infancia: el mecanismo queda montado y se puede reutilizar para cualquier fin. Ese es el punto que Rallo repite con más insistencia.
Para el lector español la conexión es directa. La Ley Kids es un reglamento europeo y se aplicaría también en España, con las mismas obligaciones para las plataformas y los mismos sistemas de verificación. Quien hoy usa una red social sin identificarse podría necesitar mañana una credencial emitida por una administración publica para seguir haciéndolo, y esa credencial no es neutral: depende de quién gobierne y de qué considere aceptable.
La lectura del analista es que el debate no debería centrarse en si los padres limitan el móvil a sus hijos, algo que da por sensato, sino en si el Estado debe tener la llave maestra de lo que se puede leer en internet. Su respuesta es que no, y que cuando esa llave existe, la excusa inicial siempre acaba sustituyéndose por otra.
Queda una pregunta abierta: si los bloqueos se multiplican y las VPN terminan en el punto de mira, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el legislador para que nadie esquive su filtro? Rallo cree que la respuesta ya está escrita en los borradores que circulan por Bruselas y Londres. El tiempo dirá si los contrapoderes aguantan.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
