EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Benidorm retira por unanimidad la condición de agente urbanizador a Prometosa Construcciones en el PAU-1 Murtal, un sector bloqueado desde 2003.
- ¿Quién está detrás? El consistorio, con la concejala de Urbanismo Lourdes Caselles al frente, después de que el TSJ de la Comunitat Valenciana constatara en 2023 un alza del 118 % en las cargas de urbanización.
- ¿Qué impacto tiene? Desbloquea casi 3.000 viviendas sobre más de 900.000 metros cuadrados en Poniente, la última gran bolsa de suelo residencial de Benidorm.
El Ayuntamiento de Benidorm ha desbloqueado el plan urbanístico del PAU-1 Murtal al retirar a Prometosa como agente urbanizador. La decisión, aprobada por unanimidad en pleno extraordinario, abre la puerta a casi 3.000 viviendas en la Costa Blanca.
Veinte años de litigios que terminan con la salida del urbanizador
El sector ocupa más de 900.000 metros cuadrados en la zona de Poniente, una de las pocas áreas por desarrollar que quedan en el municipio. El planeamiento contempla algo más de 2.900 viviendas, una reserva estratégica para una ciudad que ha agotado su suelo urbanizable.
La historia del Murtal resume las disfunciones clásicas del agente urbanizador. La adjudicación a Prometosa data de 2003, pero los problemas arrancaron casi de inmediato: un recurso contra una sentencia de 2007 que fijaba su retribución abrió una cadena de litigios de dos décadas. En 2011 el ayuntamiento ejecutó subsidiariamente el proyecto de urbanización; en 2019 se inscribió la reparcelación, pero el agente no pagó su cuota.
El detonante llegó en 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana constató que las cargas habían crecido un 118 % respecto a 2000. Ese incremento habilitó una resolución objetiva al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que no exige probar culpabilidad. El ayuntamiento no puede incautar la garantía de 1,6 millones de euros.
La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, insistió en que el planeamiento y el proyecto de reparcelación se mantienen vigentes por su utilidad al interés general.
El bloqueo del Murtal no es una anomalía: es la radiografía de un urbanismo que tarda veinte años en resolver lo que la ley permite en cinco.
Los propietarios toman el relevo con la vista puesta en 2027
El consistorio reconoció que no puede asumir la gestión directa del sector, pero apuntó que los propietarios ya se organizan para constituir una Agrupación de Interés Urbanístico. Uno de ellos controlaría más del 60 % del suelo, umbral que le permitiría presentarse como nuevo agente urbanizador sin pasar por concurso.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume la operación es el suelo: algo más de 2.900 viviendas sobre 900.000 metros cuadrados equivalen a unas 32 viviendas por hectárea, una densidad moderada para el litoral. El dato relevante es otro: Benidorm ha agotado casi todo su suelo urbanizable y el Murtal es una de las últimas bolsas disponibles.
La tendencia a seis meses apunta a estabilidad del precio de la vivienda nueva mientras se despeja la incógnita jurídica. El calendario realista no es 2026, sino 2027 o incluso 2028: la constitución de la agrupación, la asunción del proyecto y, la ejecución de la urbanización difícilmente se cerrarán antes de dos años.
El perfil al que apela la operación es doble. Por un lado, el promotor mediano que busca suelo finalista para producto de segunda residencia. Por otro, el inversor patrimonial que sigue el mercado alicantino como alternativa al tensionado eje Madrid-Barcelona. No es una operación para fondos institucionales de gran tamaño.
El pulso entre agentes está claro. El Ayuntamiento ha hecho su parte —retirar al agente bloqueante y preservar el planeamiento—, pero el balón está en el tejado de los propietarios. Prometosa queda fuera del desarrollo aunque conserva sus derechos indemnizatorios frente a la Administración. La garantía de 1,6 millones permanece intacta.
La lectura histórica no es halagüeña. El Murtal recuerda a los desarrollos atrapados entre la burbuja y la crisis, desde Marina d’Or hasta los PAIs valencianos que arrastraron litigios una década. La diferencia es que el marco legal permite ahora salidas objetivas más rápidas. El riesgo sigue siendo el de siempre: que el relevo del agente se dilate o que aparezca un nuevo recurso. La ventana crítica se abre en los próximos doce meses.
