Fenin advierte de que la falta de indexación de los contratos públicos de tecnología sanitaria pone en riesgo la viabilidad de todo el sector en España, donde una de cada cinco compañías cerró 2025 con pérdidas.
Qué denuncia Fenin y a quién afecta
El presidente de la federación, Pablo Crespo, sostiene que la congelación de precios en los contratos con la administración está llevando a compañías con cartera pública a operar directamente a pérdidas. La desindexación impide ajustar la vida del contrato a la realidad económica, de modo que el proveedor asume en solitario un encarecimiento que no controla.
La patronal insiste en que el riesgo alcanza a todo el sector y no a un segmento concreto. Una de cada cinco empresas cerró el último ejercicio en números rojos, una pérdida de rentabilidad que la federación sitúa entre los grandes problemas de una industria que, pese a ganar dimensión económica e inversión, depende en buena medida de la contratación pública.
La receta: volver a indexar los contratos al 85% del IPC
Fenin reclama recuperar el mecanismo que estuvo vigente hasta 2015 y que actualizaba el precio de los contratos plurianuales al 85% del IPC, medido a través del Índice de Precios al Consumo. Según la patronal, aquel sistema acompañaba la vida del contrato sin trasladar el cien por cien del coste de la vida y obligaba a las empresas a generar eficiencias para absorber la diferencia.
El contraste con otros sectores es el argumento central. En 2023 el Gobierno aprobó medidas de revisión de precios para la obra pública, pero quedaron limitadas a las constructoras. El resto de proveedores de la administración, entre ellos la industria sanitaria, siguen sin poder indexar sus contratos.
Trasladar el cien por cien del coste al proveedor condena al sector a elegir entre vender a pérdidas o renunciar al contrato público.
Fenin defiende que sus productos son de primera necesidad y que el acceso a la tecnología no debería depender de la escalada de costes que provocan factores externos como la energía o los conflictos en la cadena de suministro. La federación admite que no ha habido renuncias formalizadas, pero subraya que ya existen indicadores de alerta en en el suministro.
Qué cambia con la nueva ley de compra pública
El proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios llega con una aproximación que Fenin valora mejor que la de Bruselas. La norma española apuesta por criterios de calidad con más fuerza que el reglamento europeo de compra pública, un texto generalista pensado para cualquier producto que necesite la administración. La patronal lo considera coherente: la tecnología sanitaria, subraya, es un bien de primera necesidad.
Los puntos que la federación aplaude son tres:
- Un límite al criterio precio, con mayor peso de la calidad en la adjudicación de tecnología.
- La creación de un plan Protech para el sector, similar al Profarma de la industria farmacéutica.
- Un marco normativo diferenciado que, por primera vez, separa la tecnología sanitaria de los medicamentos.
Quedan dos flecos por cerrar. Fenin pide que la ley incorpore expresamente la indexación de los contratos públicos de tecnología sanitaria al IPC. Y rechaza la disposición final sexta sobre mecanismos de sostenibilidad, porque gravar la recaudación del sector podría desincentivar la inversión en innovación que, paradójicamente, hace más eficiente al propio sistema.
Lo que está en juego para el sector y la sanidad pública
Fenin no habla de riesgo teórico. El precedente está en el desabastecimiento de bolsas de orina, un episodio que la propia patronal atribuye a la pérdida de competitividad y de seguridad jurídica para suministrar en España. Es la prueba de que la tensión de precios puede acabar traduciéndose en falta de producto.
El otro termómetro del sector son los plazos de pago. El periodo medio se sitúa en 63 días, ligeramente por encima del plazo legal de 60 días, frente a los más de 300 días de hace décadas. La mejora es notable y evita que las compañías tengan que financiarse para sobrevivir a los retrasos de la administración, aunque se queda a tres días de la referencia legal.
En renovación de equipos, la federación defiende pasar de los planes puntuales —INVEAT y AMAT-I— a una estrategia de inversión sostenida. Su argumento es de manual financiero: renovar todo el parque de golpe genera un pico de obsolescencia diez años después, mientras que una planificación continua mantiene la tecnología actualizada sin concentrar el gasto.
El pulso de Fenin se libra en un momento delicado. La huelga de médicos está ralentizando la actividad sanitaria y, con ella, el ritmo al que se incorpora nueva tecnología. La patronal admite que hacer previsiones para el conjunto de 2026 es complicado: la demanda estructural crece por el envejecimiento de la población, pero la actividad se resiente. Para los proveedores, el desenlace de la indexación en la ley será tanto o más determinante que el volumen de contratación.
La dependencia de la contratación pública es estructural. A diferencia de la industria farmacéutica, que ya cuenta con un marco de apoyo propio, los fabricantes de tecnología sanitaria han operado históricamente sin un plan sectorial ni un mecanismo de revisión de precios. La ley en tramitación aspira a corregir esa asimetría, pero el resultado dependerá de si la indexación entra en el texto final o queda como una declaración de intenciones.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El debate parlamentario del proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios y si incorpora la indexación al IPC que reclama Fenin.
- Reacción del valor: Las cotizadas del sector descuentan una mejora de márgenes si vuelve la revisión de precios; el mercado ya mira la letra pequeña de la norma.
- Precedente sectorial: La revisión de precios de 2023 quedó limitada a la obra pública; la industria sanitaria espera ahora su propio mecanismo tras una década de desindexación.
