El IPC de agosto de 2026 cierra en el 4,3%, la tasa más alta en más de tres años. El INE confirma el dato y el verano más caro se lleva por delante las subidas salariales pactadas en los convenios, que han viajado todo el año con el paso cambiado respecto a los precios.
No es un susto de un solo mes. La escalada venía avisada desde la primavera y agosto la ha rubricado con la temporada alta en pleno apogeo. La tasa se instala en un terreno que no se pisaba desde el primer trimestre de 2023, cuando la economía digería todavía el shock energético y cada revisión de hipoteca dolía de verdad.
El INE confirma el 4,3% y el verano se lleva la subida pactada
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato definitivo de agosto: el IPC se sitúa en el 4,3% interanual, la tasa más alta en más de tres años. Lo que en primavera parecía un repunte pasajero se ha convertido en la referencia con la que se negociará cada convenio del último trimestre.
La letra pequeña importa más que el titular. Todo apunta a que buena parte del empujón viene de los servicios que se encarecen con la temporada —hostelería, alojamiento, transporte—, de los alimentos básicos y de una factura energética que no ha dado tregua a los hogares. El resultado es incómodo: la cesta de la compra y la nómina han vuelto a cruzarse en direcciones opuestas.
Hay un detalle que conviene no perder de vista. A comienzos de año, con los precios más contenidos, varias mesas de negociación cerraron al alza y con la sensación de que el peor tramo había quedado atrás. Agosto ha desmentido esa confianza, y las empresas que ya firmaron sin red son las que ahora miran el calendario con más incomodidad.
De la nómina al carrito: UGT exige reabrir la mesa del SMI
La reacción sindical no se ha hecho esperar. El sindicato UGT ha exigido una revisión del SMI y mantener el escudo social ante el repunte de los precios, y ya ha anunciado un otoño caliente en Extremadura por los bajos salarios y la siniestralidad laboral. La revisión salarial de 2026 deja de ser un asunto de despacho.
Donde de verdad se nota es en la cuenta de resultados. Un convenio firmado con cláusula de salvaguarda se reabre por obligación; uno firmado sin ella deja al trabajador con la subida pactada y una pérdida de poder adquisitivo que nadie compensa después. Para la hostelería, el comercio y el transporte de mercancías, que operan con márgenes estrechos, la pregunta ya no es si subirán los costes laborales, sino cuánto pueden absorber antes de trasladarlo al precio de venta. ¿Aguanta una pyme de ocho empleados otra revisión del 4,3%?
La inflación no reparte la factura por igual: la paga quien firma convenios sin cláusula y quien no puede repercutir el coste al cliente.
El problema no es el 4,3%, es lo que la economía hace con él
Aquí conviene salir del corto plazo. Llevamos años discutiendo la inflación como si fuera un fenómeno meteorológico, y no lo es: el índice de precios de consumo mide, sobre todo, un pulso de poder entre quien fija precios, y quien negocia salarios. La revisión que reclaman los sindicatos es legítima y negarlo con el dato delante resulta difícil de sostener. El problema es otro: buena parte de la economía española ha convertido la indexación en su mecanismo por defecto, y los sectores que más suben precios en verano son también los que menos productividad ganan.
La experiencia de la escalada anterior dejó dos lecciones. La primera, que las cláusulas de revisión salvan el poder adquisitivo de quien las tiene. La segunda, que muchos convenios las perdieron justo después, cuando la vuelta a la calma se aprovechó para cerrar textos más rígidos. Si el 4,3% se consolida en el último trimestre, esa rigidez se pagará con conflictos y con mesas que se reabrirán a la fuerza.
Hay una contradicción que merece reconocerse. España encadena récords de empleo y, al mismo tiempo, tiene una parte de su plantilla que pierde capacidad de compra en los meses de mayor actividad. Las dos cosas son ciertas y ninguna cancela a la otra. El anuncio de movilizaciones en Extremadura no es un exabrupto sindical: es el aviso de lo que puede pasar en otoño si las nóminas se quedan quietas mientras el carrito sube.
El próximo examen llega a finales de este mes, cuando el INE publique el avance del IPC de septiembre. Si la tasa se modera, la revisión quedará en un ajuste técnico y las empresas respirarán. Si no lo hace, el último trimestre se jugará en dos frentes a la vez: la mesa del SMI y los miles de convenios que vencen en diciembre. Ahí se sabrá si el verano caro fue un episodio aislado o el anticipo de un 2027 con las nóminas otra vez en disputa.
