Un decreto de Putin pone los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia bajo gestión rusa.
El texto, difundido por el Kremlin y recogido por las principales cabeceras internacionales, traslada el control operativo de las filiales a una sociedad designada por el Ejecutivo. Ni el nombre del gestor ni el plazo de la medida se han detallado por ahora. Las tres compañías comparten un rasgo incómodo: son grupos que nunca terminaron de irse del mercado ruso, incluso cuando buena parte de sus competidores occidentales ya habían vendido, cerrado o abandonado.
Ahí están Nestlé, la suiza del gran consumo; Auchan, la cadena de hipermercados del grupo Mulliez; y Leroy Merlin, la enseña de bricolaje que la familia Mulliez controla a través de Adeo. Las tres aparecen en el decreto que Moscú presenta como respuesta a las medidas occidentales y que, en la práctica, equivale a una expropiación de facto.
El decreto que traspasa la gestión de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin
Según las informaciones publicadas por CNN en Español, El Mundo, El País y La Vanguardia, el decreto presidencial no habla de nacionalización en sentido estricto. Habla de gestión temporal externa: un mecanismo que ya se ha aplicado antes contra otras compañías europeas y que deja a la matriz sin voz ni voto sobre su propio negocio, aunque mantiene formalmente la titularidad. El decreto se inscribe en el marco legal que el sitio oficial del Kremlin ha ido publicando desde 2022, y que ahora se extiende a tres marcas de consumo masivo con millones de clientes diarios en el país.
El impacto económico directo es difícil de cuantificar. Nestlé dejó de desglosar el detalle de su negocio ruso, y Auchan y Leroy Merlin operan allí a través de estructuras societarias poco transparentes. Ni el Kremlin ni las compañías han publicado la valoración de los activos afectados. Las estimaciones que circulan entre consultoras del sector, sin confirmación oficial, hablan de una facturación conjunta de varios miles de millones de euros y de una plantilla que se cuenta por decenas de miles de personas, entre fábricas, tiendas y plataformas logísticas.
Quedarse en Rusia ya no protege a nadie: la empresa que resistió es hoy justamente la que el Kremlin puede intervenir sin coste político.
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La lógica no es nueva. Desde 2022, Moscú ha ido tejiendo un marco legal que permite intervenir empresas de países considerados hostiles cuando entiende que los intereses rusos están en riesgo. Lo que cambia con este decreto es el destinatario: ya no se trata de bancos, energéticas o tecnológicas con exposición financiera evidente, sino de grupos de gran consumo cuya presencia es visible en la calle y en la cesta de la compra.
Ahí está el mensaje político. Intervenir un banco se explica como una represalia técnica; hacerlo con una fábrica de galletas o una tienda de bricolaje se explica como una demostración de fuerza. Y las dos cosas se leen igual desde Bruselas.
En España, el efecto es indirecto, pero no menor. Las filiales españolas de las tres compañías, bajo sociedades distintas, no están afectadas por el decreto. Aun así, comparten matriz con los negocios intervenidos, y eso convierte una decisión tomada a miles de kilómetros en un asunto de conversación en la caja del supermercado. Nestlé, Auchan —que en España opera como Alcampo— y Leroy Merlin son tres nombres cotidianos para el consumidor español, y su exposición pública aquí amplifica cualquier ruido que llegue de Moscú.
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Hay una paradoja que merece subrayarse. Durante tres años, las compañías que permanecieron en Rusia justificaron su decisión con dos argumentos: proteger a sus empleados locales y no regalarle la salida a competidores rusos. Ese cálculo se ha agotado. El decreto demuestra que la permanencia no compra inmunidad; al contrario, identifica a las empresas que aún tienen algo que perder y las convierte en un objetivo asequible. Las que se fueron rápido no tienen nada que les puedan quitar. Las que se quedaron, sí.
El precedente importa más que las tres operaciones concretas. Rusia ha construido un repertorio de instrumentos —intervenciones temporales, administradores externos, permisos de salida con descuento obligatorio— que cualquier gobierno con tentaciones intervencionistas puede leer como un manual de instrucciones. Y las compañías occidentales, mientras tanto, siguen sin una doctrina común de desinversión: cada una ha decidido por su cuenta, con criterios de reputación, empleo y mercado que resultan difíciles de armonizar. Eso es, precisamente, lo que Moscú explota.
El riesgo inmediato es jurídico. Las matrices afectadas pueden reclamar ante tribunales internacionales o activar cláusulas de protección de inversiones, tal y como han hecho otros grupos europeos en los últimos años. Pero los procesos se cuentan en años, y las sentencias, cuando llegan, rara vez devuelven el control de un negocio que ya opera bajo otras reglas. El coste real se mide en contabilidad, no en derecho: deterioros, provisiones y una pérdida progresiva de valor de una filial que deja de reportar.
Merece la pena vigilar una fecha concreta. Cuando Nestlé publique sus ventas de los nueve primeros meses del año, previsiblemente en octubre de 2026, veremos si el grupo suizo cuantifica algún impacto en Rusia o si, como hasta ahora, diluye el dato en el conjunto de la región. Las cuentas corporativas están disponibles en la web de Nestlé y son el mejor termómetro para medir el alcance de un decreto que, en la práctica, ha reabierto una pregunta que muchos consejos de administración daban por cerrada: qué significa exactamente permanecer en un país que puede decidir, en cualquier momento, que tu negocio ya no es tuyo.
