La licencia MiCA que Binance esperaba conseguir en Grecia se ha quedado por el camino. Según ha publicado The Wall Street Journal, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, intervino para frenar la autorización que el regulador griego estaba a punto de conceder al mayor exchange de criptomonedas del mundo. Sin ese permiso, la compañía se queda, de momento, sin el pasaporte europeo que le habría permitido operar en los 27 países de la Unión con una sola licencia.
Un plan griego que se cayó en el último momento
Binance llevaba meses trabajando con las autoridades helenas para lograr una autorización bajo MiCA, el reglamento europeo de criptoactivos que exige un permiso nacional para después operar en todo el bloque. La solicitud estaba tan avanzada que, según las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el diario estadounidense, la empresa ya preparaba un comunicado de prensa para anunciar la aprobación.
El plan incluía que su consejero delegado, Richard Teng, viajara a Atenas para fotografiarse con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Era la puesta de largo de Binance en Europa. Pero, justo antes del visto bueno, un alto cargo de la Comisión Helénica del Mercado de Capitales, el regulador griego, trasladó a la firma que Lagarde había pedido al primer ministro no aprobar la licencia. Binance retiró la solicitud antes de que pudieran rechazársela de forma oficial y anunció que buscará autorización en otro país de la UE. Francia suena como candidata.
Conviene subrayar un matiz importante: no existe una decisión formal del BCE. Bajo MiCA, quienes conceden o deniegan las licencias son los reguladores nacionales, no el banco central. La intervención de Lagarde, tal como la describen las fuentes, sería una presión política, no una resolución legal. Ni el BCE ni el regulador griego han confirmado los hechos, y la Comisión Helénica ha negado que sus responsables hicieran esas declaraciones.
Por qué Lagarde frenó a Binance
Los motivos que se atribuyen a la presidenta del BCE son tres. El primero es el historial sancionador del exchange: en 2023 Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables de delitos financieros en Estados Unidos y pagaron una multa de 4.300 millones de dólares. Para Fráncfort, ese expediente pesa a la hora de dejar entrar a un actor de su tamaño.
El segundo tiene que ver con el dinero. Según los relatos recogidos, Lagarde temía que una plataforma tan grande reforzara el uso de las stablecoins (las criptomonedas atadas al dólar, diseñadas para mantener un valor estable) en el mercado europeo, justo cuando el BCE impulsa su propio euro digital. El tercer motivo apunta a una reforma pendiente: Bruselas estudia si la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA, asume las decisiones de licencia cripto que hoy toman los países. La entidad ve con buenos ojos ese cambio.
El BCE no tiene potestad para conceder ni retirar licencias cripto, pero su presidenta habría bastado para tumbar una desde la sombra.
Qué cambia para el usuario europeo
Para el aficionado de a pie, el caso importa más de lo que parece. MiCA fijó un calendario y Binance lo incumplió: al no contar con licencia a tiempo, dejó de promocionar algunos servicios entre clientes europeos en determinados mercados. La compañía insiste en que los usuarios pueden retirar sus fondos con normalidad y mantiene que su solicitud cumplía todos los requisitos.
El episodio recuerda a otros momentos en los que la política se cruzó con el sector. Cuando Facebook intentó lanzar su Libra en 2019, los reguladores europeos y estadounidenses la frenaron antes de que viera la luz. Y tras la quiebra de FTX en 2022, Bruselas aceleró MiCA precisamente para evitar que un solo actor concentrara demasiado poder. Lo que está en juego ahora no es solo el futuro de Binance en Europa, sino quién decide ese futuro: si los reguladores nacionales, la ESMA o, en la práctica, el banco central.
Hay un riesgo que conviene no perder de vista. Si el mensaje que queda es que un país puede completar un proceso técnico y luego verlo tumbado por una llamada política, la seguridad jurídica de todo el sector se resiente. Las autoridades lo niegan, pero el episodio deja preguntas incómodas sobre cómo se reparte el poder regulatorio en la UE. La próxima cita será ver si Bruselas mueve ficha y le da a la ESMA la última palabra sobre las licencias cripto.
