Amancio Ortega ha completado su salida de Redes Energéticas Nacionais (REN) con la venta al Estado portugués del 13,7% del capital por 389,8 millones de euros, una operación que ha encendido el debate político en Lisboa por la prima pagada.
La transacción se articuló a través de Parpública, la sociedad que administra las participaciones empresariales del Estado luso, que adquirió 91.723.676 acciones de REN a Pontegadea, el vehículo inversor del fundador de Inditex. El precio unitario se fijó en 4,25 euros por acción, según la documentación remitida al Tribunal de Cuentas portugués.
Los números de la salida de REN
La operación pone fin a la presencia directa de Amancio Ortega en el operador de las redes de transporte de electricidad y gas de Portugal. El fundador de Zara completa así una desinversión que reabre el debate sobre la presencia pública en un activo que el Estado luso privatizó en 2014, cuando vendió su último 11% por unos 157 millones de euros.
El importe total abonado por Parpública asciende a 389,8 millones de euros e incorpora una prima cercana al 15% sobre la cotización media ponderada por volumen de REN durante los seis meses anteriores. En términos absolutos, esa diferencia se aproxima a 51 millones de euros, aunque no se configuró como un pago separado ni como un derecho especial reconocido a Pontegadea.
El expediente autorizado por el tribunal recoge que Pontegadea planteó inicialmente una prima de entre el 17% y el 20%, y que finalmente se situó alrededor del 15,3%. El despacho que dio luz verde a la compra fijaba un precio máximo de 4,28 euros por acción y una inversión límite de 392,58 millones, por encima de los 4,25 euros y los 389,8 millones finalmente ejecutados.
La prima del 15% no se discute por su legalidad, sino por el precio político que asume el Estado al recuperar una posición estratégica.
El precio que desata la polémica en Lisboa
El Partido Socialista portugués exige al Gobierno de Luís Montenegro toda la documentación de la compra y cuestiona que el Estado haya pagado 389,8 millones por el 13,7% de REN, doce años después de haber vendido un 11% por aproximadamente 157 millones. La diferencia alimenta las críticas del principal partido de la oposición, que atribuye a la operación una prima injustificada.
Entre los asuntos que el PS quiere aclarar figura quién tomó la iniciativa: si fue el Ejecutivo el que se dirigió a Pontegadea para recuperar la participación o si fue la sociedad de Ortega la que puso en venta el paquete. El diputado Perestrello ha centrado el reproche en el coste asumido por las cuentas públicas.
El PS anuncia además un proyecto de ley para reforzar los controles sobre compras de activos por el Estado y otras entidades públicas. La formación quiere que estas operaciones cuenten con un estudio de viabilidad económica y financiera, una fundamentación técnica y política y, al menos, dos valoraciones independientes.
El Tribunal de Cuentas autorizó la operación el pasado 31 de agosto y notificó su decisión a Parpública el 1 de septiembre, lo que permitió ejecutar la compraventa acordada con Pontegadea el 14 de agosto. El organismo puntualizó, no obstante, que su análisis se limitó a verificar la legalidad y la regularidad financiera de la adquisición y que no evaluó el mérito, la oportunidad ni la conveniencia de la decisión política.
La mayoría de los diputados socialistas espera que el expediente aclare quién fijó el precio y si se negoció al margen de los informes económicos. El tribunal señaló además que en la documentación recibida no figuraban acreditados posibles papeles sobre las negociaciones entre las partes.
El regreso del Estado portugués y la ambición del 20%
La compra a Pontegadea es solo la primera fase de un plan más amplio. Un despacho conjunto de los ministerios de Finanzas y de Medio Ambiente y Energía, fechado el 6 de julio, encargó a Parpública adquirir hasta el 20% de REN. La operación marca el regreso del Estado al capital del operador de red doce años después de la privatización de su última participación.
En términos financieros, el precio incorpora el historial de dividendos de REN, cuya rentabilidad por dividendo se situó alrededor del 5% en 2025. Ese flujo recurrente, unido al carácter regulado del negocio de transporte de electricidad y gas, es el argumento económico que sostiene la adquisición frente a las críticas políticas.
| Concepto | Autorizado | Ejecutado |
|---|---|---|
| Precio por acción | 4,28 euros | 4,25 euros |
| Inversión total | 392,58 millones | 389,8 millones |
| Prima inicial | 17%-20% | 15,3% |
Análisis: una prima con justificación financiera y lectura política
La prima no es ilegal. El órgano fiscalizador comprobó la regularidad financiera y autorizó la compra, pero evitó pronunciarse sobre su conveniencia. Ese silencio es precisamente el hueco que el PS quiere cubrir con un marco normativo más exigente para las compras públicas de activos.
Desde el punto de vista del comprador, pagar por encima de la cotización media semestral puede justificarse por la estabilidad del negocio regulado y por el flujo de dividendo. Sin embargo, el contraste con la venta de 2014 pone al Gobierno ante una pregunta incómoda: por qué el Estado consideró estratégico desprenderse entonces de REN y recupera ahora el 13,7% abonando una prima que el principal grupo de la oposición cifra en más de 50 millones.
El proyecto de ley socialista busca que operaciones de este calado queden sujetas a viabilidad económica, fundamentación técnica y doble valoración independiente. Si prospera, cambiará los márgenes de discrecionalidad con los que Parpública ejecuta compras de participaciones empresariales en nombre del Estado portugués.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La tramitación del proyecto de ley socialista y la petición de documentación sobre quién inició las negociaciones entre Pontegadea y el Estado.
- Reacción del valor: La prima del 15,3% sobre la cotización semestral fija una referencia de precio para las compras públicas sobre activos regulados.
- Precedente sectorial: La vuelta del Estado luso al capital de REN reabre el debate sobre la titularidad pública de infraestructuras críticas de energía.
