EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El ministro Pablo Bustinduy ha urgido al Congreso a tramitar el decreto de vivienda y ha advertido a sus socios de que asumirán el coste político si lo tumban.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, con el pulso abierto entre el PSOE, Podemos, Junts, PP y Vox.
- ¿Qué impacto tiene? La norma prorrogaría alquileres hasta junio de 2028, regularía el alquiler de temporada y subiría el IVA de los pisos turísticos al 21%.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha urgido este miércoles al Congreso a tramitar el decreto de vivienda sin más demoras y ha avisado a sus socios de que, si lo tumban, deberán asumir el precio político y social.
Por qué la prórroga de alquileres vuelve al debate tras fracasar en abril
El decreto recupera la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta el 30 de junio de 2028, el mismo mecanismo que ya fue tumbado en abril. Según el texto que defendió el Ejecutivo, los inquilinos cuyos contratos venzan hasta esa fecha podrían solicitar la ampliación, lo que elevaría los beneficiarios potenciales en casi un millón de personas adicionales.
La norma debía haberse presentado antes del receso estival de agosto. Bustinduy ha insistido en que defendió ‘por activa y por pasiva, en público y en privado’ la tramitación a finales de julio, y ha señalado que el bloqueo responde a la aritmética parlamentaria. ‘El argumento es siempre el mismo: que la mayoría es muy complicada y que Junts, y en este caso Podemos también ha expresado algunas reticencias, no lo va a apoyar.’
Para el ministro, los partidos que bloquean el decreto no buscan debilitar al Ejecutivo ni responden a discrepancias personales. ‘Lo hacen porque están blindando los intereses de quien se está forrando con la crisis de vivienda’, ha remarcado con una frase que anticipa el tono de la negociación. La crisis, ha añadido, no es ‘una crisis meteorológica’ sino el reverso del lucro de grandes tenedores y fondos internacionales.
En paralelo, Bustinduy ha criticado la votación celebrada el martes en el Pleno del Congreso, en la que se rechazó admitir a trámite una proposición de Sumar para prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas. El PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo, una abstención que el ministro ha calificado de ‘incomprensible’.
Qué contiene el decreto más allá de la prórroga de alquileres
El borrador del decreto incluye la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, los límites de precios en las zonas tensionadas y un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA. También contempla endurecer el régimen sancionador sobre sobre la publicidad de estos alojamientos en plataformas y negociar medidas para evitar desahucios de familias vulnerables.
La prórroga no es solo una medida social: marca quién acepta intervenir el mercado de la vivienda y quién protege el rendimiento de los grandes tenedores.
La Ficha del Inversor
La métrica clave para inversores y propietarios es el salto del IVA al 21% sobre los pisos turísticos y la ampliación de los contratos hasta 2028. Si el decreto se convalida, el alquiler de temporada queda más acotado, lo que reduce la vía para esquivar la LAU —la Ley de Arrendamientos Urbanos— con fórmulas turísticas y obliga a recalcular el rendimiento neto de muchas viviendas en Madrid, Barcelona, Valencia y la costa.
La tendencia a seis meses apunta a una presión reguladora sostenida. El Gobierno necesita el sí de Junts o Podemos, y la negociación se estanca en si los precios intervenidos se extienden o no a los pequeños propietarios. Si el PSOE mantiene la abstención ante las propuestas de Sumar, la fractura con el socio de coalición se agranda y el decreto puede nacer con una vida parlamentaria corta.
El perfil recomendado cambia según la posición. El pequeño propietario con vivienda turística debe preparar la subida fiscal y revisar la publicidad en plataformas. El inversor institucional en alquiler residencial se enfrenta a límites en zonas tensionadas y a una eventual restricción a la compra por fondos. El inquilino con contrato que venza antes de mediados de 2028 gana tiempo, pero solo si la norma se convalida. La litigiosidad y el calendario electoral son el verdadero riesgo de extensión.
La tramitación puede seguirse en los canales oficiales del Congreso de los Diputados. El precedente de abril demuestra que el apoyo municipal y autonómico no garantiza los votos en la Cámara, y que la prórroga de alquileres se ha convertido en moneda de cambio parlamentaria.
