SpainDC, la asociación española de centros de datos, cifra en 9.000 millones de euros la inversión que puede frenarse si el Gobierno aprueba el real decreto de sostenibilidad y resiliencia digital. La alerta llega después de que tres inversores internacionales hayan avisado de que suspenderán sus proyectos en España si la norma avanza.
El proyecto normativo, impulsado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, obligaría a los centros de datos a acreditar que al menos el 80% de su consumo energético queda respaldado por nueva generación renovable, con correlación horaria. Esa exigencia, sumada a los requisitos medioambientales y de soberanía digital, está en el centro del choque entre el sector y el Ejecutivo.
La organización presentó ayer sus alegaciones al proyecto y denunció que desde el primer día solicitó una reunión con el Gobierno, sin que se haya agendado ningún encuentro. Emilio Díaz, presidente de la asociación, lo resumió sin matices: ‘España no compite consigo misma; si una inversión deja de cuadrar aquí puede hacerse en otro país.
Un real decreto que el sector interpreta como un veto
Las alegaciones de SpainDC no se limitan a la sostenibilidad energética. La patronal sostiene que el real decreto tendría efectos retroactivos sobre proyectos ya autorizados: determinadas instalaciones con permisos de acceso y conexión concedidos dispondrían de solo seis meses para adaptarse. Eso obligaría a replantear desde cero proyectos con suelo, licencias, financiación y contratos energéticos ya cerrados. El sector teme que el resultado sea una prohibición encubierta.
En términos de inversión, Díaz subrayó que el verdadero punto de disparo es la concesión del acceso a la red eléctrica. ‘Hasta que no está el punto de acceso concedido no se dispara la inversión’, afirmó. La práctica habitual del sector es firmar opciones de compra sobre los terrenos y no adquirir el suelo hasta asegurarse de que el punto de conexión es viable. La asociación reitera que sus alegaciones se nutren de de todo el sector. Por eso, advierte, la incertidumbre regulatoria frena decisiones que estaban a punto de materializarse.
La obtención del punto de acceso, no la compra del suelo, es el verdadero detonante de la inversión.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación, añadió que España se ha convertido en el mercado ‘menos atractivo’ de Europa desde que se conoció la norma. ‘Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa’, expuso. A su juicio, la inversión no desaparecerá del continente, sino que se desviará a Portugal y Francia, dejando a España con las externalidades y sin la riqueza asociada a los centros de datos.
Las cifras de la controversia
El sector maneja un horizonte de inversión de 66.900 millones de euros hasta 2030 en centros de datos en España. Dentro de esa bolsa, la asociación cifra en 9.000 millones los proyectos que ya están en riesgo por la norma. Las estimaciones de SpainDC dibujan un escenario de daño existencial para las nuevas inversiones: entre el 80% y el 90% de la inversión susceptible de elegir España podría desviarse. Entre el 40% y el 50% del total ya está comprometida.
Según adelantó Cinco Días, las compañías estudian reclamaciones patrimoniales y acciones judiciales contra el Gobierno si el real decreto se aprueba en los términos actuales. El sector considera que hay fundamentos para discutir el encaje competencial y la proporcionalidad de una regulación que, en la práctica, eleva las barreras de entrada y castiga a proyectos en desarrollo. Además, el decreto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre peajes y cargos, que SpainDC ve como sanciones camufladas.
Otro punto de fricción es la futura gigafactoría de inteligencia artificial que España defiende ante Europa. Villacís aseguró que ese proyecto, por su notoriedad, no cumpliría los requisitos que el propio Gobierno pretende fijar. ‘La propuesta estratégica que España abandera ante Europa no cumple los requisitos que el Ejecutivo exige en el ámbito nacional’, advirtió la asociación.
Encaje normativo y precedentes en Europa
El choque puede leerse como la primera gran prueba de resistencia entre la agenda digital europea y las prioridades energéticas de los estados receptores. España aspira a consolidarse como nodo del sur de Europa, y Madrid concentra ya una parte relevante de los data centers de la península. La patronal recuerda que el sector se ha agrupado de forma unánime contra la norma, un frente común empresarial singular frente a una regulación.
En términos comparados, el planteamiento del Ejecutivo introduce una condición de adicionalidad renovable más exigente que la de otros mercados competidores. La advertencia de Villacís apunta a que la competitividad no se mide solo por el precio de la energía: también pesan la seguridad jurídica, los plazos de conexión y la estabilidad regulatoria. Cuando esos factores se debilitan, el capital se desplaza hacia jurisdicciones con menor fricción administrativa.
El debate real no es si habrá centros de datos en Europa, sino dónde acabarán instalándose. La posición de SpainDC es clara: si el real decreto se mantiene sin cambios, el crecimiento del sector en España perderá tracción.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La respuesta del Gobierno a las alegaciones y la posible convocatoria de una reunión con el sector.
- Reacción del valor: La propia asociación admite que la incertidumbre del proyecto normativo ya ha dañado la percepción de España como destino de inversión.
- Precedente sectorial: El despliegue de centros de datos en Portugal y Francia confirma que la inversión busca mercados con menos restricciones.
