El proyecto de real decreto de centros de datos ha puesto en vilo inversiones por unos 9.000 millones de euros. Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos, advierte de reclamaciones multimillonarias si la norma sale adelante en sus términos actuales.
Según publica El Periódico de la Energía, la organización calcula que alrededor de 9.000 millones de euros en inversiones ya se han visto afectados, aunque la cifra no está cerrada y podría ser superior. La advertencia llega después de que tres inversores internacionales hayan trasladado su intención de abandonar España si el decreto se aprueba. A la presión se suman Templus y el Gobierno de Aragón, que reclaman la retirada total del proyecto.
La norma, elaborada por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, introduce obligaciones de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital. Para la asociación, esas exigencias resultan de ‘imposible cumplimiento’.
Esas inversiones representan aproximadamente el 15% de los 66.900 millones de inversión directa e indirecta que la asociación prevé para el desarrollo del sector hasta 2030. El aviso se habría producido incluso antes de la aprobación de la norma, lo que evidencia el impacto que la incertidumbre regulatoria ya está teniendo sobre la capacidad de atraer nuevos proyectos.
El presidente de Spain DC, Emilio Díaz, reclamó abrir un proceso de diálogo con el sector y criticó que la industria no haya sido consultada previamente. La asociación presentó alegaciones al proyecto normativo y asegura que todavía no tiene ninguna reunión formal agendada con el Gobierno pese a haberla solicitado desde el primer momento.
El malestar no es solo por los requisitos: es por el giro regulatorio sobre proyectos que ya tenían reglas claras.
Las exigencias energéticas que tensionan al sector
El principal punto de conflicto se encuentra en las condiciones renovables. El proyecto establece que los centros de datos deberán respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético y, además, introduce un criterio de correlación horaria por el que la energía consumida en una hora tendría que haber sido producida mediante generación renovable en esa misma hora.
La correlación horaria no tiene recorrido con las tecnologías disponibles; la adicionalidad, en cambio, admite cierto margen de negociación.
A esa exigencia se suma que los parques renovables destinados a dar servicio a los centros no podrían tener una antigüedad superior a 18 meses, un plazo que, según el sector, no encaja con los tiempos reales de desarrollo eólico o fotovoltaico. Spain DC reclama flexibilizar el criterio de adicionalidad y permitir el aprovechamiento de instalaciones renovables ya existentes.
El almacenamiento constituye otro obstáculo. La asociación sostiene que las baterías actuales no permiten garantizar de forma económicamente viable la correlación exigida. Como referencia, un centro de datos de 100 MW podría necesitar una infraestructura de almacenamiento equivalente a unos 15 campos de fútbol. Incluso una eventual flexibilización a diez megavatios de generación renovable por cada megavatio de centro de datos seguiría suponiendo una carga económica desproporcionada.
Frente a la imagen de sector intensivo y ajeno al sistema, Spain DC defiende que los centros de datos ya operan bajo estándares elevados de eficiencia energética. Sostiene que el 100% de la energía consumida puede considerarse sostenible mediante los mecanismos reconocidos por la legislación y que buena parte de las nuevas instalaciones utilizan refrigeración mediante circuitos cerrados sin pérdidas de agua.
El sector rechaza además que las nuevas obligaciones se apliquen a proyectos en desarrollo. El texto contempla que determinados centros con permisos de acceso y conexión tengan que adaptarse en un plazo de seis meses, lo que afectaría a iniciativas con terrenos, licencias, financiación, equipamiento y acuerdos con clientes ya comprometidos. La pérdida del permiso de acceso y conexión figura entre los principales focos de alarma.
El presidente de Spain DC ha advertido de que un centro de 100 MW puede implicar una inversión próxima a 1.000 millones de euros y que ningún inversor comprometería ese capital si existe el riesgo de perder el permiso. La directora ejecutiva, Begoña Villacís, considera que el anuncio del real decreto ha tenido ‘efectos devastadores’ sobre el atractivo de España como destino para estas inversiones.
Spain DC recuerda que estas infraestructuras son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la digitalización y la industria tecnológica, al proporcionar capacidad de computación, baja latencia y servicios digitales críticos. Frenar su implantación podría dificultar la llegada de otras actividades tecnológicas.
Recargos de hasta el 500% y dudas jurídicas
El régimen económico también genera rechazo. El proyecto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, que aumentarían en caso de reiteración y podrían terminar vinculados a la pérdida del permiso. Villacís considera que estas medidas podrían constituir de facto un régimen sancionador.
Las dudas jurídicas alcanzan a la cobertura legal de las nuevas obligaciones. Spain DC sostiene que el real decreto podría vulnerar el principio de reserva de ley al introducir requisitos especialmente gravosos, además de generar un posible problema de retroactividad sobre permisos ya concedidos. Cuestiona también la proporcionalidad de la pérdida del permiso frente a alternativas menos gravosas.
La asociación añade objeciones al reparto competencial, al considerar que el Ministerio asumiría funciones sobre acceso y conexión que corresponden a la CNMC, y denuncia un trato discriminatorio frente a otras industrias intensivas en energía. Los centros de datos representan alrededor del 0,8% del consumo eléctrico total.
La directora ejecutiva resumió la posición del sector con un mensaje directo: ‘Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa.
La paradoja de frenar demanda en plena era de vertidos renovables
El pulso regulatorio esconde una contradicción de fondo. Spain DC recuerda que España atraviesa un escenario de elevada producción renovable y falta de demanda capaz de absorberla. Según Villacís, en junio de 2026 se alcanzó un récord de vertidos de energía renovable de 1,2 GW. Obligar a nueva generación cuando ya existe energía que se vierte resulta, para el sector, un contrasentido técnico y económico.
Los centros de datos, lejos de ser un problema de demanda, pueden generar precisamente la capacidad de absorción que el sistema necesita. La asociación calcula que la inversión directa e indirecta podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030, aunque sitúa la capacidad realista en 2-3 GW, no en los 12 GW que baraja el Gobierno. La capacidad instalada a cierre de 2025 fue de 439 MW.
Spain DC sostiene que no todas las solicitudes de acceso y conexión representan proyectos reales y que las cifras de hasta 12 o 15 GW no reflejan necesariamente las inversiones de los operadores consolidados. La asociación reclama que cualquier futura regulación tenga en cuenta el consumo real de las instalaciones y no únicamente la potencia de acceso concedida. Alrededor del 40% del capital previsto podría estar ya comprometido.
La disputa llega en un momento en el que la competencia entre países por captar infraestructura digital es intensa. Francia y Portugal aparecen como destinos alternativos si los proyectos no se desarrollan en España. La pérdida de centros de datos tendría efectos sobre la inteligencia artificial, la digitalización y la soberanía digital, advierte Spain DC.
La asociación mantiene abierta la negociación. Agrupa a 308 compañías y sus alegaciones recogen aportaciones de la industria. Reclama que las reglas sean viables, proporcionadas y comparables con las del resto de Europa. El objetivo inmediato es una mesa de diálogo técnico antes de la aprobación.
Sin ella, el riesgo es una desviación silenciosa de capital.
