Amazon, Endesa y Repsol han elevado el tono contra el futuro real decreto de centros de datos del Gobierno, una norma que el sector energético califica de «ideológica» y que amenaza inversiones millonarias.
Qué exige el real decreto y por qué lo rechazan las eléctricas
El borrador obligará a los centros de mayor tamaño a respaldar con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico. La exigencia supone un salto cualitativo frente a los actuales sistemas de garantías de origen y limita de facto la flexibilidad de las plantas, según han trasladado las compañías.
La acreditación horaria significa que no basta con firmar contratos de suministro renovable a largo plazo: el operador tendrá que demostrar que la generación verde coincide en cada franja con su demanda real. Para centros que operan 24 horas al día, la restricción encarece el almacenamiento y obliga a sobredimensionar la capacidad fotovoltaica o eólica.
El nuevo consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, lo ha definido como «claramente parte de una decisión ideológica» durante el XI Foro Energía de elEconomista.es. Armani ha defendido que si Europa necesita independencia tecnológica, la infraestructura «tenemos que tenerla aquí». A su juicio, la norma frena el desarrollo económico y la productividad.
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha ido más allá: los centros de datos «existirán en todas partes del mundo». Si no se instalan en España, ha advertido, lo harán en Francia o Portugal «bien pegadito a la frontera», consumiendo la energía barata que la Península exporta. «No le pongamos puertas al campo», ha rematado.
La consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez, ha asegurado que las condiciones actuales hacen «prácticamente inviables desde un punto de vista físico» los proyectos. Solo quedarían operadores con compromisos de sostenibilidad muy exigentes, lo que implica una «pérdida como país».
El 80% horario convierte la viabilidad de los centros de datos en un problema de física, no solo de costes.
Las posiciones del sector energético pueden resumirse en tres bloques:
- Endesa vincula la norma a una decisión ideológica que frena la productividad.
- Iberdrola advierte de que la demanda se instalará en Francia o Portugal si no hay incentivos en España.
- Engie considera que el 80% horario hace físicamente inviable la mayoría de proyectos.
Amazon reclama un periodo de gracia para sus proyectos en España
Amazon habría pedido al Gobierno que sus proyectos avanzados queden exentos del nuevo decreto, según fuentes del mercado. La tecnológica, cuyo brazo de infraestructura Amazon Web Services mantiene comprometidas inversiones en la Península, sumaría así su peso al de Repsol, cuyo consejero delegado, Josu Jon Imaz, participó en el mismo foro y ha sido crítico con la regulación energética.
El debate no enfrenta solo al Ejecutivo con las grandes eléctricas. En la mesa redonda también intervinieron la presidenta de bp España, Olvido Moraleda, el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, y la consejera delegada de Acciona Energía, Arantza Ezpeleta. Moraleda puso el foco en la seguridad de suministro y destacó que España está mejor preparada que Europa gracias a sus inversiones en renovables. Wetselaar reconoció que la electrificación europea avanza «lenta» y que el país necesita más refino y moléculas verdes.
La fuga de inversiones, el precedente que el sector no quiere repetir
La controversia no es un episodio aislado. En Irlanda y Países Bajos, las restricciones a los data centers ya desplazaron proyectos hacia otras jurisdicciones. Las eléctricas españolas temen que el borrador coloque a la Península en una posición similar justo cuando los fondos de infraestructura —entre ellos BlackRock y otros grandes gestores— buscan desplegar capital en activos digitales y renovables. La CNMC tendrá que evaluar además el impacto sobre las tarifas de acceso.
Es una discusión de oferta y demanda eléctrica: un centro de datos de gran escala puede consumir tanta energía como una ciudad media. Si no se construye en España, la demanda no desaparece, se desplaza al otro lado de la frontera y presiona igualmente el sistema ibérico, pero sin dejar empleo ni inversión local.
El precedente del sector tecnológico es claro: cuando la regulación penaliza la instalación, el capital se mueve con rapidez. En ejercicios anteriores, Microsoft y Google ya ajustaron sus planes en Europa ante restricciones similares. La Península Ibérica, con una de las mejores ratios de penetración renovable y precios eléctricos competitivos en horas valle, dispone de una ventana de oportunidad que podría cerrarse si el marco regulatorio no acompaña.
El Gobierno defiende el decreto como herramienta para evitar que la demanda de los centros de datos presione al alza los precios mayoristas y comprometa los objetivos climáticos. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que la norma admite excepciones para proyectos estratégicos, aunque no han detallado los criterios. Las eléctricas, las tecnológicas, y los fondos de inversión coinciden en que el pulso está servido.
Las acciones de Endesa y Repsol han registrado volatilidad al calor de cada anuncio regulatorio. El mercado descuenta ya un impacto en el coste de capital de los proyectos digitales, aunque las cifras definitivas dependerán del texto final y de su calendario de aplicación.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La publicación del real decreto y el margen de alegaciones que se abra antes de su aprobación definitiva.
- Reacción del valor: Endesa, Repsol e Iberdrola han mostrado sensibilidad a la regulación energética y al nuevo riesgo de fuga de demanda.
- Precedente sectorial: Las restricciones en Irlanda y Países Bajos ya desplazaron inversiones; en la Península Ibérica la competencia es directa con Portugal y Francia.
